El presidente francés impide a la coalición progresista del Nuevo Frente Popular que forme un Gobierno para evitar que derogue la reforma de las pensiones y suba un 15% el salario mínimo.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reforzado esta semana su reputación de dirigente que ejemplifica la deriva autoritaria del neoliberalismo. Tras el balance esperpéntico hace cinco años de la violencia policial contra los chalecos amarillos (un muerto, más de 2.500 manifestantes heridos, 29 que perdieron un ojo y cinco a los que arrancaron una mano) y la imposición el año pasado por decreto de una impopular reforma de las pensiones, el jefe del Estado galo ha vulnerado ahora una de las tradiciones de la Quinta República: dejar que gobierne —o al menos que lo intente— la primera fuerza en la Asamblea Nacional.
Macron descartó a principios de semana la designación como primera ministra de Lucie Castets, la candidata propuesta por el Nuevo Frente Popular (NFP). A pesar de que esa coalición unitaria de la izquierda venció por la mínima las elecciones legislativas del 7 de julio (con 193 diputados, lejos de los 289 de la mayoría absoluta), su aspirante no tendrá la posibilidad de enfrentarse al hemiciclo. El presidente la excluyó con el argumento de la “estabilidad institucional”. Y justificó su decisión con el pretexto de que Castets haría frente “de manera inmediata” a una moción de censura del resto de las formaciones.
Estos argumentos reflejan la voluntad del mandatario de dar una aureola constitucional a su criticada decisión. El presidente “utiliza las nociones constitucionales con fines políticos”, denunció Paul Cassia, un conocido profesor de Derecho Constitucional, en declaraciones al diario L’Humanité. Más que el clásico rol de árbitro del jefe del Estado, Macron ha actuado desde el 7 de julio para que haya un Gobierno afín a sus intereses. Una opción continuista que choca con el resultado de las urnas. El macronismo quedó tercero en la primera vuelta con el 22% de los votos y perdió más de 80 diputados en la segunda, en que apenas obtuvo 166 escaños (de un total de 577).
Tras cerca de 50 días con un Gobierno en funciones, el presidente nombrará en los próximos días al primer ministro. Los nombres que más suenan en la prensa francesa son los de veteranos dirigentes de la derecha de Los Republicanos (Xavier Bertrand, Michel Barnier, Valérie Pécresse…) o de la órbita del Partido Socialista, como el ex ‘premier’ en 2017 Bernard Cazeneuve, el histórico diputado Didier Migaud o Karim Bouamrane, alcalde de la ciudad de la “banlieue” parisina donde se encuentra la Villa Olímpica.
“Los mercados financieros entrarán en pánico”
Cualquiera de ellos compondrá un Ejecutivo con ministros de derecha, centro y centro-izquierda. En realidad, se trata de una “gran coalición” que parece un calco ideológico de lo que ha encarnado Macron desde 2017. Uno de sus asesores en el Elíseo bautizó esta fórmula como “un perfume de cohabitación”, es decir, como una sensación de cambio de la línea política.
Pese al pretexto de la “estabilidad institucional” —la misma “estabilidad” olvidada con la convocatoria anticipada de los comicios—, el principal objetivo de este cambio lampedusiano consiste en preservar las reformas neoliberales aplicadas durante los últimos siete años. Además, elaborar unos próximos presupuestos bajo el signo de la austeridad. “La urgencia del país no es de destruir lo que hemos hecho, sino de construir y avanzar”, defendió Macron en una entrevista televisiva a finales de julio.
Aún más cristalino se mostró recientemente en pequeño comité justificando su rechazo a un Ejecutivo encabezado por Castets u otro dirigente del Frente Popular. “Si la nombro (…), derogarán la reforma de las pensiones y aumentarán el salario mínimo a 1.600 euros netos, los mercados financieros entrarán en pánico y Francia se hundirá”, afirmó, según el semanario L’Express. La Reagrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen comparte esta visión caricaturesca del programa del Frente Popular, que describió como “un peligro para los franceses”.
En las últimas semanas, irrumpió un eje en la política francesa que se opone de manera frontal a la enmienda al neoliberalismo que propone el Frente Popular. El cordón sanitario a la extrema derecha “unió a la izquierda y el centro en la segunda vuelta de las elecciones. Pero esta lógica coexiste con otra: los intereses económicos que unen el centro con la ultraderecha”, explica a El Salto el politólogo Christophe Bouillaud. “Macron cree en sus reformas neoliberales y no quiere para nada que deshagan lo que tanto le costó aprobar”, añade este profesor en Sciences Po Grenoble.
El Medef, equivalente galo de la CEOE, celebró a principios de semana su escuela veraniega en París. En ese acto, el presidente de la patronal, Patrick Martin, dijo que el programa del Frente Popular resultaría “insoportable” para el país. Insistió en que los comicios no habían “sancionado la política económica del gobierno actual”, a pesar de que la subida de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años (con 43 años cotizados para recibir una pensión completa), la falta de inversiones en los servicios públicos o las rebajas fiscales a los más ricos nutren el malestar contra el macronismo.
“Necesitará la abstención” de la extrema derecha
Una de las primeras tareas del nuevo Gobierno consistirá en la elaboración de los presupuestos del año que viene. Pese a estar en funciones, el primer ministro, Gabriel Attal, ha empezado a elaborarlos. En concreto, ha pedido a los distintos ministerios que congelen sus partidas, lo que representa de por sí un recorte teniendo en cuenta la inflación. Este se sumará al tijeretazo de 10.000 millones de euros aplicado en las cuentas de este año.
“Para aprobar los presupuestos del año que viene marcados por la austeridad —Francia está bajo la lupa de la Comisión Europea por su déficit público del 5,5% en 2023—, el macronismo necesitará seguramente la abstención de RN”, sostiene Bouillaud, quien considera poco probable que las formaciones progresistas, incluido el Partido Socialista (PS), voten unas cuentas de este tipo. “Ha convertido a la extrema derecha en el hacedor de reyes”, lamenta el periodista Pablo Pillaud-Vivien, jefe de redacción de la revista Regards.
Aunque el macronismo defiende oficialmente una “gran coalición” con todos los partidos excepto RN y la Francia Insumisa (la principal fuerza del Frente Popular), difícilmente los verdes y los comunistas se sumarán a esta operación, que dejaría a la izquierda en minoría en el seno del Ejecutivo. Todas las formaciones del Frente Popular, incluido el PS, se ausentaron de la segunda ronda de consulta, tras el portazo de Macron a Castets. De momento, la alianza progresista aguanta el pulso con el presidente y se mantiene unida.
“Ahora mismo el objetivo de Macron no es dividir al NFP, sino al Partido Socialista, donde hay una línea de fractura interna, sobre todo en torno a la conveniencia de pactar con la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos)”, explica Pillaud-Vivien. La dirección de los socialistas ve en la aparición en la prensa de dirigentes de centro-izquierda —algunos de ellos, como Cazeneuve, abandonaron el partido hace unos años— como un intento de los macronistas para alimentar las divisiones en sus filas.
¿Una rentrée caliente en la calle?
Sin embargo, el muy hipotético apoyo del PS tampoco garantizaría la estabilidad a la “gran coalición” que anhela el jefe del Estado. La suma de todos los diputados macronistas, de la derecha republicana y los socialistas representan 269 escaños, es decir, por debajo del umbral de la mayoría absoluta (289). En Francia, el voto de investidura no es obligatorio. El futuro del Ejecutivo dependerá de las mociones de censura que se presentarán en la Cámara Baja. Probablemente, la ultraderecha moldeará su posición en función de sus intereses, consciente de que el actual embrollo la beneficia ante un eventual regreso a las urnas a partir del verano del año que viene.
Ante el “golpe de fuerza” del jefe del Estado, organizaciones juveniles y estudiantiles cercanas a la Francia Insumisa han organizado las primeras protestas para el 7 de septiembre. La CGT, segundo sindicato del país, prepara su rentrée en las calles para el 1 de octubre. A diferencia de lo que ocurrió en la campaña de las legislativas, en que la movilización de sindicatos, asociaciones y medios comprometidos resultó clave para frenar a la ultraderecha y propiciar la inesperada victoria del NFP, la sociedad civil se encuentra ahora menos movilizada tras un verano marcado por el somnífero social de los Juegos Olímpicos de París.
“Consignas demasiado políticas como ‘Lucie Castets a Matignon’ no parecen las más propicias para movilizar a la mayoría de los franceses, que suelen manifestarse por cuestiones más sociales como el sistema de pensiones”, reconoce Pillaud-Vivien. El jefe de redacción de Régards advierte, sin embargo, que “el pueblo galo se cabrea rápidamente”. Excediéndose más allá de su rol de árbitro, el presidente corre el riesgo de trasladar la “inestabilidad” de una muy fragmentada Asamblea Nacional a la calle. Y fomentar un enésimo episodio de erupción social en su convulsa presidencia.