“El carácter de la situación política peruana es la volatilidad, la misma que es producto de la crisis del régimen político capitalista que se ha visto detonado por la pandemia. La asunción de Castillo al poder no ha cerrado la crisis. Todo lo contrario. La ha acentuado más”, señalamos en una nota anterior titulada Perspectivas para Castillo (Rebelión, 26/08/21).
Y en efecto, la tendencia al pacto político con la derecha en aras de la “gobernabilidad”, por parte de Castillo, es el que lo está llevando a un callejón sin salida.
La derecha vio en las retractaciones de Castillo respecto a sus promesas de campaña (disolución del TC, Defensoría del Pueblo, Asamblea Constituyente, aumento de salarios, etc.), la ruptura con Vladimir Cerrón y Perú Libre (PL), y las concesiones hechas al pedir la renuncia de sus ministros Béjar, Maraví y Bellido, no las señales de un presidente “dialogante o estadista” sino timorato. “La debilidad invita a la agresión”, dice el dicho. Y la contrarrevolución se envalentonó.
Un elemento de análisis de la lucha de clases peruana de la que muy pocos tomaron nota fue la confrontación entre el ex premier Bellido contra el poderoso consorcio gasífero Camisea (que tiene entre uno de sus accionistas más importante a la fenomenal empresa yanqui Hunt Oil), quien planteó la nacionalización de la misma si no se allanaba a la renegociación del contrato ley, que le permite vender el gas a los peruanos como si fueran extranjeros (a precio internacional). Incluso a analistas destacados como Isaac Biggio, se le pasó por alto este factor importante en la crisis peruana. Y es que, con la eyección de Bellido, Castillo, no logró una “jugada astuta” (como señalaba Biggio), sino al contrario: Colocarse a merced de los designios de la derecha.
Es así como las bancadas parlamentarias y la gran prensa de derecha arremetieron de nuevo contra el nuevo y moderado gabinete Vásquez, pidiendo ahora la “cabeza” de los ministros del Interior y de Educación. A la misma vez, aprobaron, en un pleno extraordinario (19/10), con 79 votos a favor (de 130), una Ley que apunta a blindar al Congreso frente a una intentona de disolución del mismo por parte del Ejecutivo como sucedió anteriormente durante el gobierno de Martin Vizcarra (quien finalmente terminó gobernando solo semibonapartizandose –sin contrapesos de poder- a punta de Decretos Supremos y precarizando los derechos laborales de los trabajadores).
La Constitución Política dictatorial 1993 establece e en su artículo 133 que: “El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”. Y el artículo 134 de la misma establece que: “El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”.
Hay claramente en esta aprobación legal la tendencia de un sector de la ultraderecha racista y clasista a querer vacar al presidente Castillo porque no lo consideran de su clase. Esto a pesar que el presidente, como decimos líneas arriba, ha hecho casi todo por complacerla. No obstante, actualmente, no habría condiciones para una vacancia, como agita la aristocracia liberal de izquierda con el fin de “victimizarse”.
Y es que la centroderecha (APP, PP, SP, AP), sería bien bruta para arriesgarse a una aventura como esa ya que no cuenta con la venia del Imperio yanqui (Biden reconoció a Castillo como presidente no solo porque él mismo fue víctima de un intento de golpe de estado por parte de Trump sino porque, por ahora, los golpes auspiciados por EE.UU. contra Venezuela y Bolivia, han terminado en un fracaso), ni con el respaldo de las mayoría popular movilizada (a lo mucho la derecha ha movilizado unos cuantos miles en Lima, de más de 8 millones de habitantes).
Un golpe, bajo estas circunstancias, donde el campesinado todavía tiene expectativas en la segunda reforma agraria de Castillo y éste último tiene menos de 90 días en el poder, pues, abriría las compuertas a una irrupción violenta del pueblo agricultor y empobrecido de las periferias pobres.
Más bien, como hemos señalado desde mayo de este año, la agitación de las diversas facciones de la derecha apunta a utilizar la amenaza de la vacancia para “moderarlo e institucionalizar” a Castillo hasta hacerle perder su bolsón electoral y desmoralizar a sus bases. Por ahora, Castillo, tiene el doble de aprobación (40%), que el Congreso de la República. Y un sector de la derecha (la CONFIEP, a diferencia de la Unión Nacional de Gremios, reconoció desde un principio a Castillo como presidente), es consciente de que un error político puede llevar a su disolución como sucedió con el Congreso anterior. Además, un golpe tendría que apelar a la sorpresa como hizo Merino y no como ahora donde ya la sociedad está advertida.
Aunque no podemos descartar que la Derecha Bruta y Achorada (DBA), a lo Trump, también es estúpida y en la desesperación haga un disparate, pues, por ahora, creemos que ésta no es la tendencia a imponerse. Más bien, la estrategia del desgaste y arrinconamiento del gobierno de Castillo es la que se impondría. En ese sentido, es probable que la tendencia a que la nueva premier (sin partido institucional que la respalde), Mirtha Vásquez, ceda la cabeza del Ministro del Interior, Barranzuela, se termine imponiendo, y con esto dar la señal que esperaba la centroderecha para darle el voto de confianza. Habría que anotar, que, según el portal, El Foco, que fue el que difundió “el chat de la vacancia” y el “Plan de la vacancia”, aludiendo al empresario Martinot, vinculado a la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), pues, no señala que fue el presidente de este mismo ente, Ricardo Márquez, el que acompañó al presidente Castillo en su gira por América del Norte.
A esto hay que agregar que el escenario político es de un nuevo ascenso de la lucha de clases, con una tendencia favorable a la clase trabajadora. La base social del fascismo todavía es débil en las calles logrando movilizar, en el mejor de los casos, 10,000 personas. Sin embargo, por el lado del pueblo, hay tres paros en Loreto contra la trasnacional petrolera PlusPetrol, otras dos huelgas en Apurímac, dos más en Lima (Quichas y Oyon), un paro cocalero en Puno (que se acaba de levantar sin ninguna concesión real), y otro en Huánuco. Y hay varias más que están por detonar como el paro de transportistas contra el alza del combustible el próximo 26 de octubre. La mayoría de protestas son contra transnacionales de explotación de minerales y petróleo, así como contra la erradicación de la hoja de coca.
Finalmente, lo único que puede acelerar un golpe de esta naturaleza es que Keiko se sienta desesperada por una sentencia que la condene a la cárcel por los delitos de corrupción que se le imputan. Aun así, va a depender de la centroderecha, que tiene mayoría en el Parlamento, y que al parecer, tiene como estrategia “exprimir como un limón” a Castillo hasta que éste ya no tenga base social o capacidad de respuesta y ahí sí darle la estocada final.
César Zelada. Director de la revista La Abeja (teoría, análisis, debate y organización).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.