El legado de Thatcher en Irlanda

Margaret Thatcher fue una figura extremadamente divisiva en la política británica. Sus políticas derechistas la alinearon con algunos de los regímenes más represivos y antidemocráticos de las postrimerías del siglo XX, incluida la Sudáfrica del apartheid y el Chile de Pinochet. Su descripción del CNA y de Mandela como terroristas dejó en evidencia su visión ultraconservadora del mundo.

Abanderó la desregulación de las instituciones financieras, los recortes de los servicios públicos y fue rabiosamente contraria a los sindicatos. Se marcó como meta acabar con el movimiento sindical. El enfrentamiento con los mineros y la brutalidad de la policía británica pudieron contemplarse en las pantallas de televisión noche tras noche durante meses. La actual crisis de las instituciones bancarias y la recesión económica deben mucho a esas políticas. Y se fue a la guerra en las Malvinas.

Sin embargo, para el pueblo de Irlanda, especialmente en el norte, los años de Thatcher se cuentan entre los peores años del conflicto. Durante más tiempo que con cualquier otro Primer Ministro británico sus decisiones políticas radicalizaron las divisiones sectarias, otorgaron poderes militares draconianos a los segurócratas y vulneraron los derechos humanos fundamentales.

Thatcher se negó a reconocer a los ciudadanos su derecho a votar a los representantes de su elección. Fue célebre la modificación legal que introdujo cuando Bobby Sands fue elegido en Fermanagh Sur Tyrone. Y cuando en 1982 yo y otros dirigentes del Sinn Féin fuimos elegidos para la Asamblea se nos prohibió la entrada a Gran Bretaña.

El gobierno de Margaret Thatcher defendió en el norte la discriminación política y religiosa estructurales y el veto político, reglamentó la censura política e institucionalizó hasta unos extremos nunca vistos la colusión entre las fuerzas estatales británicas y los escuadrones de la muerte unionistas.

Fue bajo su liderazgo que se creó en 1982 la Unidad de Investigación de la Fuerza (Force Research Unit- FRU) como una unidad dentro del Cuerpo de Inteligencia del Ejército británico. Esta rama del ejército británico reclutó a agentes que luego fueron utilizados para asesinar a ciudadanos. Entre ellos estaba el unionista Brian Nelson, un antiguo soldado del ejército británico miembro de la Asociación de Defensa del Ulster que fue reclutado por el FRU en 1983. Se convirtió en un alto oficial de inteligencia de la UDA y sus socios del FRU le ayudaron a actualizar sus archivos de inteligencia, incluyendo fotomontajes de víctimas potenciales.

En el verano de 1985 Nelson viajó a Sudáfrica, donde ayudó a negociar un acuerdo por el que la UDA, el UVF y la Ulster Resistance adquirieron 200 fusiles automáticos AK-47, 90 pistolas Browning, 500 granadas de fragmentación, munición y 12 lanzacohetes RPG. El envío llegó al norte a finales de 1987 o principios de 1988.

El gobierno de Thatcher estaba al corriente de todos los detalles de esa transacción. El impacto de esas armas en las calles del norte es evidente con solo observar las estadísticas de víctimas mortales [de la época]. En los tres años anteriores a la llegada del cargamento de armas los escuadrones de la muerte unionistas mataron a 34 personas. En los tres años siguientes a la recepción del alijo mataron a 224 personas e hirieron a incontables decenas más.

El grado de implicación del FRU en el asesinato de ciudadanos es enorme. Sin embargo, es el asesinato del abogado de derechos humanos Pat Finucane, perpetrado en febrero de 1989, lo que muestra la profundidad de la política estructurada de colusión del Estado fomentada por el gobierno de Thatcher.

Pat fue uno de los abogados marcados como objetivos por los escuadrones de la muerte unionistas que operaban bajo las órdenes de la RUC y de los servicios de inteligencia británicos. Los agentes y servicios británicos intervinieron en su asesinato a todos los niveles. El líder del grupo de la UDA que llevó a cabo el asesinato era un agente de la Brigada Especial (Special Branch) llamado Tommy Lyttle. La persona que más tarde confesó ser el pistolero de la UDA que asesinó a Pat Finucane era Ken Barrett, otro agente de la Brigada Especial. El hombre de la UDA que suministró el arma era William Stobie, un agente de la Brigada Especial a quien la UDA asesinó en 2001 por haber amenazado con tirar de la manta sobre el caso Finucane. Y, por supuesto, la persona que proporcionó la información que posibilitó el asesinato era Brian Nelson, agente del ejército británico.

Todo eso forma parte del legado de Thatcher en Irlanda.

Thatcher será especialmente recordada por muchos a causa del vergonzoso papel que jugó durante las épicas huelgas de hambre de 1980 y 1981.

El gobierno de Thatcher pensaba que la criminalización de los prisioneros republicanos doblegaría la lucha republicana. No tenía ningún interés en buscar una solución.

Ello es evidente si se leen los documentos gubernamentales que salieron a la luz hace dos años. Por ejemplo, en un informe de una reunión en Chequers celebrada el 27 de mayo, tras la muerte de Bobby Sands, Francie Hughes, Raymond McCreesh y Patsy O’Hara, se describe cómo Thatcher comentó que «el Gobierno debe ser ‘duro como una roca’ contra cualquier concesión a los huelguistas de hambre del IRA».

Al día siguiente, en una visita a Belfast Thatcher declaró que la huelga de hambre «bien podría ser la última carta [del IRA]».

Los sucesos de aquel terrible verano del 81 polarizaron a la sociedad irlandesa, tanto del norte como del sur. Fue un momento decisivo en la política irlandesa. La política del gobierno Thatcher en la década de 1980 fue básicamente una política de guerra. Todas las estrategias surgidas de esa política tuvieron como objetivo derrotar o aislar al republicanismo. En esa línea se diseñó el superficial e ineficaz Acuerdo Anglo-Irlandés de 1985 cuyo propósito era crear una alianza política entre el stablishment de Dublín, el SDLP y los británicos para derrotar al republicanismo irlandés. Margaret Thatcher fue su principal promotor.

También aumentaron significativamente los operativos de las fuerzas británicas desarrollados bajo la consigna de tirar a matar. Esa política se hizo evidente cuando [comandos británicos] mataron a tiros a tres activistas desarmados del IRA en Gibraltar en marzo de 1988. Mi opinión es que Thatcher autorizó la matanza de Gibraltar.

Más tarde, cuando la BBC y la IBA programaron dos emisiones sobre los sucesos de Gibraltar, Thatcher trató de impedirlo. Se mostró «indignada» cuando los programas se emitieron. Posteriormente, ese mismo año hizo que se aprobara el veto televisivo al Sinn Féin.

Dos años más tarde Thatcher autorizó al entonces Secretario de Estado británico Peter Brooke para que reabriera el canal confidencial de contacto con los republicanos. Nosotros teníamos muchas prevenciones. Sin embargo, durante casi una década el Sinn Féin había intentado poner en marcha un proceso de paz, y la evolución de los acontecimientos en el escenario internacional, entre ellos el desmantelamiento del muro de Berlín, la reunificación de Alemania y la liberación de Mandela, constituía la prueba de que los gobiernos, así como las situaciones aparentemente irresolubles, podían cambiar. Así que aceptamos reactivar el canal de contacto.

Pero para Thatcher todo terminó en noviembre de 1990, cuando su partido la obligó a dimitir al sentir que había dejado de ser un activo electoral. La desalojaron de Downing Street con toda la crueldad, traición y distorsionada humanidad características de eso que llaman alta política.

Los 12 años en los que Thatcher dictó la política británica en Irlanda han dejado un legado de amargura y profunda división. Su política irlandesa fracasó miserablemente.

Fuente: http://leargas.blogspot.co.uk/