La victoria del No al Tratado Constitucional de la UE en Francia y probablemente en los Países Bajos el 1 de junio supone un golpe muy importante al proyecto neoliberal de construcción europea. Un golpe que agravará una profunda y progresiva crisis de legitimidad, de la que son exponentes el ciclo de luchas sociales iniciado […]
La victoria del No al Tratado Constitucional de la UE en Francia y probablemente en los Países Bajos el 1 de junio supone un golpe muy importante al proyecto neoliberal de construcción europea. Un golpe que agravará una profunda y progresiva crisis de legitimidad, de la que son exponentes el ciclo de luchas sociales iniciado con la huelga general del sector público en Francia en 1995 y que se prolonga hasta hoy, con huelgas generales o parciales en casi todos los países de la zona euro; el No del primer referéndum irlandés sobre el Tratado de Niza; la crisis de las Comisiones Santer y Prodi (y ahora Barroso) por escándalos de malversación o corrupción; la división entre la «vieja» y la «nueva» Europa por la guerra de Iraq y la alta abstención en las elecciones al Parlamento Europeo y el referéndum de ratificación español.
Crisis de legitimidad y crisis del proyecto neoliberal europeo
Esta crisis de legitimidad del proyecto neoliberal tiene razones estructurales y subjetivas. El proceso de reestructuración neoliberal de la economía europea, iniciado en su fase actual con el Tratado de Maastricht, responde y agrava a la vez un bajo nivel de crecimiento económico y de capacidad de competir en la economía global con EE UU y Japón. El bajo crecimiento medio de la productividad de la economía europea, resultado de una débil inversión tecnológica, obliga desde los años 90 al capital europeo a buscar un aumento de los beneficios a través de la explotación del trabajo, bien directamente reduciendo salarios y aumentando las horas de trabajo, o desmantelando el llamado «modelo social europeo».
Pero ese «modelo social europeo», es decir la extensión del estado del bienestar a los trabajadores europeos, era la clave de bóveda del pacto social construido tras la II Guerra Mundial como consecuencia de la Guerra Fría. Era la base del «europeismo» de las direcciones sindicales cristiano-demócratas y social-demócratas que apoyaron el proceso de construcción europeo. Todo eso se ha ido desmoronando después de Maastricht a golpe de las políticas económicas neoliberales que preparaban la introducción del euro y extendían el mercado único. La ampliación a los nuevos estados miembros de Europa Central ha llevado este proceso más allá, al ejercer una presión exterior sobre los salarios y los derechos laborales con el chantaje de las deslocalizaciones. La precarización y la competencia desregulada con los trabajadores emigrantes están siendo la última fase de este proceso, que no solo esta reestructurando la composición misma de la clase obrera europea, sino también sus identidades y sus lealtades políticas.
La Unión Europea se ha desarrollado por encima de la correlación de fuerzas concreta y del pacto social de la postguerra en cada estado-miembro. Es en realidad una acumulación de regimenes y acuerdos intergubernamentales, gestionados por una burocracia prácticamente autónoma, que aplica las «mejores practicas» de las políticas neoliberales para establecer un nuevo mercado único más allá de las regulaciones internas de los estados miembros. Responde a la necesidad de un nuevo instrumento de gobernanza de las oligarquías europeas que no dependa de los equilibrios de intereses de los estados nacionales, que sustentan en definitiva su legitimidad en el voto de los trabajadores a través de los partidos políticos y el sistema de representación parlamentario y están limitados por ella. Una correlación de fuerzas que es mucho más favorable a las clases dominantes de los EE UU, que cuentan con un sistema constitucional mucho menos vulnerable a las presiones de las otras clases sociales. De ahí que la oligarquía del viejo continente ni es federalista ni quiere en realidad establecer un sistema político europeo basado en la democracia representativa. Lo que quiere es legitimar la situación actual de un aparato administrativo y burocrático capaz de asegurar con los mínimos controles sociales y ciudadanos las condiciones necesarias para el funcionamiento del mercado único europeo y apoyarlo en la economía mundial frente a sus competidores.
El Tratado Constitucional ahora rechazado en Francia intenta convertir en ley esas políticas neoliberales y dotarlas de una legitimidad ficticia. A ellas y al aparato burocrático, la Comisión, dependiente de los ejecutivos de los estados miembros, mediante una parodia de democracia. La derrota sufrida por la oligarquía europea en uno de los dos países centrales de su proyecto de construcción europea es tan importante porque el Tratado Constitucional era la respuesta estratégica a la crisis de legitimidad popular, a los problemas de gestión e integración tras la Ampliación, y a la competencia en el mercado mundial con EE UU, para lo que es imprescindible un aparato administrativo capaz de cumplir muchas de las funciones estatales de la Administración norteamericana, sumando y coordinando los recursos de los estados miembros pero sin crear un estado federal democrático liberal europeo.
El gólgota neoliberal del proceso de ratificación
Solo dos estados miembros, Irlanda y Dinamarca, necesitan constitucionalmente ratificar por referéndum el Tratado Constitucional de la UE. Y la experiencia previa en ambos estados no había podido ser más negativa. La decisión de España, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, República Checa, Polonia, Portugal y Gran Bretaña de ratificar el Tratado mediante un referéndum consultivo respondía en buena medida o a la confianza de que un resultado positivo seguro tendría un efecto benéfico para el conjunto del proceso (y se podrían beneficiar internamente frente a sus oposiciones los gobiernos que lo convocasen), o era un paso inevitable ante una fuerte oposición popular que, de no ser consultada en referéndum, pasaría factura a los partidos implicados nacionalmente durante mucho tiempo.
Ni los estados miembros nórdicos, ni Alemania o Italia decidieron correr riesgos innecesarios ante la debilidad de sus propias coaliciones de gobierno, y en muchos de los estados de Europa central, el peligro era simplemente una fuerte abstención tras los referéndum de ampliación de la UE.
La decisión de convocar los referéndums consultivos se hizo en un momento de euforia tras el fin de la Convención y para responder una vez más al problema de la legitimación del Tratado Constitucional. Después llegó la alarmante señal de la abstención en las elecciones europeas, la creciente resistencia social en el 2003-2005 (hasta los Países Bajos tuvieron su primera huelga general en muchos años) y la erosión electoral de Schroder, Chirac como consecuencia de sus políticas económicas, y de Blair por la guerra de Iraq.
En el referéndum español ya se vio que la apuesta podía ser arriesgada, cuando el 57,68% de los votantes se quedaron en casa, aunque el NO obtuvieron solo un 17,24% de los votos. El efecto bola de nieve positivo se empezaba a volver negativo y a amenazar con arrastrar a todo el proceso de ratificación comunitario si Francia decía NO.
La importancia de la campaña francesa
De todos los estados que habían decidido el referéndum consultivo como método político de legitimar su ratificación, Francia es la verdadera clave.
Países Bajos es un país importante como plataforma de inversiones de EE UU en Europa y es con Bélgica y Luxemburgo un eslabón importante en el proceso de toma de decisiones comunitario como representantes de los países pequeños. Pero no tiene peso demográfico propio ni alternativa a una decisión comunitaria mayoritaria. Para Polonia, donde el euroescepticismo es importante, quedar fuera supone debilitar enormemente su posibilidad de ser el principal receptor de ayudas comunitarias en las Perspectivas Financieras 2007-2013 y verse condenada a una marginalidad periférica cuando su clase dominante aspira a jugar un papel político en la UE similar al de España. Gran Bretaña, en el filo del proceso comunitario por su relación estratégica privilegiada con EE UU, es un caso excepcional en el proceso de construcción europeo y, fuera del Euro, puede quedar excluido del núcleo duro de las cooperaciones reforzadas previstas en el Tratado Constitucional y ver reducida su capacidad de influencia política en Europa, sin que ello cuestione el desarrollo del «corazón»de la UE, mientras se mantenga en una periferia definida por la pertenencia al mercado único. Su referéndum además, es el último del proceso y orientado no tanto a la legitimidad global del Tratado Constitucional como a cambiar la orientación de su opinión pública interna.
Francia, por el contrario, es no solo un contribuyente neto y con Alemania el principal motor del proceso de construcción europea, sino que la propia UE es impensable sin la pertenencia y el papel predominante en el proceso de toma de decisiones de la burguesía francesa. No en vano alguien como Giscard ha sido el presidente designado de la Convención por el Consejo Europeo. El relativo debilitamiento de este peso central en la UE tras la reunificación alemana y la Ampliación daba al referéndum francés una importancia nacional mayor, en la medida en que en Alemania la ratificación del Tratado Constitucional ha sido exclusivamente parlamentaria. Y el hecho de que en Francia gobierne la derecha, mientras que en Alemania lo hace una coalición socialdemócrata-verde por muy neo-liberal que sea su política, refuerza también el papel de Francia como defensora de los intereses directos de la gran burguesía europea.
Chirac pensaba utilizar todo ello para reforzar al mismo tiempo su posición política interna: la del gobierno de la derecha frente a las movilizaciones sociales; la del sector más dependiente de su poder presidencial en del partido gubernamental UMP frente a un posible rival como Sarkozy; cara a las elecciones presidenciales francesas del 2007 contra un Partido Socialista, dividido en dos, incapaz de liderar una nueva «izquierda plural», repitiendo quizás la situación de las presidenciales del 2002 cuando se quedó solo en nombre de la República frente a Le Pen, ahora defensor del NO de derechas. Es decir ocupando ya, con dos años de antelación, todo el centro del espectro político francés.
La experiencia del referéndum sobre Maastricht de 1992 empujaba en el mismo sentido. El PS había utilizado su posición en el Gobierno para estructurar el bloque del SI, arrastrar a sus socios Verdes, a la UDF y a una minoría del RPR gaullista, sobre la base del apoyo del voto de mayor edad (56%); las profesiones liberales (62%) y los titulados universitarios (61%), unas cifras casi idénticas a las que reflejaban las encuestas de opinión en el 2005, y que ahora forman mayoritariamente el electorado de la derecha francesa.
La división del PSF y la campaña unitaria del NO de izquierdas
La crisis del PSF tras la derrota del Gobierno Jospin y la debacle en las presidenciales del 2002, combinada con la creciente resistencia social a la política neoliberal del Gobierno Rafarrin, han ido reforzando el peso relativo interno de las distintas corrientes críticas y de la izquierda socialista, que han confluido tácticamente o por principios en el NO. Incluso una parte del aparato del partido, encabezada por Fabius, comprendió pronto que un SI conjunto con Chirac era un anticipo de derrota en las presidenciales del 2007.
En este contexto, la victoria en la consulta interna del PSF del SI no fue suficiente para que Holland impusiera su disciplina a los disidentes. El PSF se dividió en la práctica en dos partidos que hicieron sus propias campañas y organizaron sus propias estructuras paralelas. El aparato oficial socialista sin poder apoyarse en el Gobierno, mientras que el del sector crítico podía arroparse en la capacidad de movilización en la calle de la CGT, el PCF, la LCR y los movimientos sociales como ATTAC o la Confederación Campesina. La dinámica unitaria de la izquierda social permitió crear una campaña política unitaria por el NO de la izquierda, apoyada en la opinión contraria al Tratado de un 67% de los trabajadores y de una proporción aun mayor entre los jóvenes.
El efecto multiplicador de esa campaña unitaria, con la creación de 900 colectivos unitarios en toda Francia, ha sido enorme. Ha desmarcado además el NO de izquierdas completamente del NO de la derecha lepenista, que podría haber recogido, según las encuestas un 17% del voto. No solo hace difícil una posible recuperación de este movimiento contra las políticas neoliberales en una nueva reedición de la «izquierda plural» hegemonizada por el sector socio-liberal del PSF, sino que plantea políticamente la necesidad de una alternativa más la izquierda, apoyada en las fuerzas políticas y sociales del NO.
El debate de cual debe ser esa alternativa esta abierto y como se plasme dependerá de que forma adopte la crisis de la derecha francesa, de la mayoría del PSF y de la capacidad de mantenerse de las protestas sociales. La LCR ha lanzado ya la idea de unos Estados Generales del No de Izquierdas y ha adelantado un programa de lucha contra las políticas neoliberales del gobierno de la derecha en los próximos meses, cualquiera que este sea tras la inevitable reestructuración.
El Plan B de la oligarquía europea y de la burocracia comunitaria
La campaña del miedo orquestada en apoyo de Chirac por la Comisión, el Banco Central Europeo y las demás instituciones comunitarias, que amenazaban con una crisis institucional, el debilitamiento del Euro, la subida de los tipos de interés y cosas por el estilo, ha estado acompañada por una participación directa de Schroder y Zapatero en la campaña por el SI del PSF. La derrota del SI es su derrota y les pasará factura a nivel interno, sobre todo a Schroder, en pleno declive electoral y con la primera escisión en su partido por la izquierda, aunque sea pequeña, desde hace casi ochenta años.
El famoso Plan B en caso de derrota, que según Giscard no existe, puede consultarse en internet en la web de la Fundación Bertelsmann. Consiste en:
· Continuar con el proceso de ratificación en la UE y reiterar que el Tratado Constitucional no esta muerto ni su contenido es renegociable;
· Repetir el referéndum en un año, siguiendo el precedente irlandés;
· Comenzar a aplicar por la vía de los reglamentos comunitarios, las decisiones del Consejo y los acuerdos inter-gubernamentales partes sustanciales del Tratado Constitucional;
· En caso de no ratificación definitiva del Tratado, ir a una reforma del Tratado de Niza, incorporando capítulos sustanciales del Tratado Constitucional en un nuevo Tratado «Niza Plus», que no tendría que ser sometido a referéndum mas que en Irlanda y Dinamarca.
El problema de este Plan B, más allá de la voluntad política que refleja, es que es difícilmente imaginable un nuevo referéndum en la situación política francesa antes de las presidenciales del 2007. Que por otra parte daría pie a argumentar que porque no se celebra también en aquellos estados miembros como en España donde el SI ha triunfado con menos de un 50% de participación.
Y la negociación de un Tratado «Niza Plus» es cuanto menos muy complicada en medio de las negociaciones sobre las Perspectivas Financieras 2007-2013, de las que dependen intereses estratégicos como la política agraria común, las subvenciones para la «Agenda de Lisboa», los fondos de cohesión y estructurales para los nuevos estados miembros, el «cheque británico» y la «fase transitoria española». Añadamos a ello el efecto político que tendrá el NO francés en las luchas de resistencia a las políticas neoliberales en otros países y en otros referéndum (empezando por el de Países Bajos el 1 de junio), en la crisis de la nueva Comisión Barroso y en la confianza de los sectores empresariales, con la economía ya en recesión en Alemania, Italia o Portugal y a punto de entrar en otros países comunitarios.
El agravamiento de la crisis comunitaria será sin duda grave, aunque hay que subrayar que el triunfo del NO francés es una manifestación de la misma antes de ser una causa añadida. Tampoco conviene olvidar que la oligarquía europea y la burocracia comunitaria afrontan esta crisis desde una serie de instituciones que no dependen formalmente para su funcionamiento de ningún proceso de legitimación que no sean las decisiones de los ejecutivos de los estados miembros y, en el caso del Banco Central Europeo -que controla las tasas de interés del Euro- ni siquiera de ellos, porque es completamente autónomo. El Tratado de Niza sigue en funcionamiento, como estaba previsto en cualquier caso, hasta el 2009 y establece unas reglas de votación para la adopción de las nuevas Perspectivas Financieras que no están en discusión.
Es necesaria una alternativa de izquierdas al proceso de construcción europeo
Que la crisis del modelo de construcción neoliberal de la Unión Europea sea terminal o pueda recuperarse tras el NO francés depende en buena medida si se extienden las luchas sociales en toda la UE y si la izquierda del NO es capaz de ofrecer y construir una alternativa política tanto a nivel de cada estado miembro como a nivel europeo.
Necesita para ello, en primer lugar, una táctica unitaria de acumulación de fuerzas que supere todos los sectarismos del pasado y se plantee las tareas que tiene que acometer en el presente y en el futuro desde nuevas formulas políticas. La campaña unitaria por el NO en Francia es un ejemplo que hay que extender, combinando la movilización social de resistencia con la construcción de plataformas organizativas, como los Comités por el NO. En cada estado miembro de la UE adoptará una formula distinta. Lo importante es que la experiencia conjunta de resistencia cobre una forma organizativa unitaria desde los niveles más inmediatos de barrio, centro de estudio o de trabajo, hasta las coordinaciones sindicales y las plataformas de organizaciones políticas. En ese esfuerzo deben estar desde las izquierdas de los partidos socialistas que, como en Francia o en Alemania han dicho NO, hasta las organizaciones de la izquierda alternativa, los PC, Ecosocialistas y la izquierda revolucionaria, impulsando un programa de acción por encima de debates de identidad ideológica.
El Partido de la Izquierda Europea, que es el principal instrumento organizativo de la izquierda alternativa que existe a nivel institucional europeo, debería convocar una Convención Europea de la Izquierda del NO, abierta a todas las fuerzas políticas que están dispuestas a movilizar en esta perspectiva y debatir un programa de acción europeo conjunto. Al mismo tiempo hay que reforzar el movimiento de los Foros Sociales Europeos como lugar de encuentro y concertación de los movimientos sociales.
En segundo lugar, hay que ofrecer un Plan B de la izquierda para hacer un giro de 180 grados en el proceso de construcción europea, rompiendo con el neoliberalismo. Es necesaria una Constitución europea que recoja los derechos sociales y proteja un auténtico «modelo social europeo», poniendo las bases de una Europa de los ciudadanos que tenga en un Parlamento Europeo con poderes reales su centro de legitimidad e iniciativa legislativa. Las próximas elecciones al Parlamento Europeo deberían abrir un auténtico proceso constituyente europeo. Un Parlamento Europeo que, en debate abierto y público, elaborase una Constitución europea que fuese sometida a un único referéndum europeo y ratificada por todos los ciudadanos de la UE.
Ahora es el momento de concretar esa otra Europa posible que queremos.