Los inmigrantes ilegales, que tengan un puesto de trabajo, podrán acogerse a la medida anunciada por Madrid el mes pasado. Para obtener sus papeles deben presentar un documento de identidad al día y pruebas de encontrarse en España desde hace por lo menos seis meses. Se calcula que entre 800 mil y un millón de […]
Los inmigrantes ilegales, que tengan un puesto de trabajo, podrán acogerse a la medida anunciada por Madrid el mes pasado. Para obtener sus papeles deben presentar un documento de identidad al día y pruebas de encontrarse en España desde hace por lo menos seis meses.
Se calcula que entre 800 mil y un millón de personas están en condiciones de obtener este beneficio de integración. Los que resulten aprobados conseguirán un permiso de residencia y de trabajo por un año. El Gobierno español manifestó que la medida tiene por objeto terminar con los abusos contra los extranjeros ilegales. Pero, el Gobierno también tiene una motivación económica; los trabajadores legalizados pagarán impuestos que irán directamente a las arcas fiscales.
Entre los países de la Unión Europea la iniciativa española ha provocado división. La ministra holandesa de Integración, Rita Verdonk, y el ministro alemán del Interior, Otto Schily, preparan el envío de una carta de protesta al Gobierno español. El temor es que los inmigrantes legalizados no se queden en España y que en corto tiempo se desplacen hacia otros países europeos, en busca de mejores trabajos. Según Madrid, este será un problema menor, dado que la mayoría de los inm¡grantes provienen de Ecuador y Colombia. Con un puesto de trabajo en España, estas personas no tendrán mayor motivación para salir hacia países donde no se habla castellano.
Al interior de la UE, son notables las diferencias en las políticas de inmigración. Mientras España sorprende con su perdón general, Holanda deporta a 26 mil solicitantes de asilo. La semana pasada, en una reunión con sus colegas europeos en Luxemburgo, la ministra Verdonk aseguró que su posición en esta materia es diametralmente opuesta a la española. «Holanda tiene una política muy clara», dijo Rita Verdonk: «los ilegales deben ser devueltos a sus países de origen. La legalización no es algo que nos interese considerar».
Estas diferencias mueven a preguntarse cómo harán los países de la Unión Europea para alcanzar, en un plazo relativamente corto, una política común de asilo e inmigración, tal como se viene discutiendo desde hace años. Durante la presidencia holandesa de la Unión, que terminó en diciembre pasado, se acordó que esta política común debería estar lista en 2010. Luxemburgo, actual presidente de la UE, anunció una propuesta detallada para abril o mayo próximos. Países como Italia o España son partidarios de una política común de inmigración. Otros como Holanda, Alemania o Austria han señalado repetidamente sus reparos y con más claridad ahora, cuando el Gobierno español ha tomado una iniciativa como el perdón general.
Parece evidente que las políticas restrictivas y progresivas seguirán duramente enfrentadas en Europa. Las diferencias de aproximación al tema de la inmigración parecen dividirse por grados de pragmatismo. En oposición al caso holandés, España enfrenta decrecientes cifras de natalidad y su Gobierno parece dispuesto a atraer más inmigrantes en los próximos decenios, para mantener el equilibrio de las prestaciones sociales, en particular las jubilaciones. Este punto de vista, en cualquier caso, cuenta con la simpatía de la Comisión Europea.
Según el eurocomisario de Justicia, Franco Frattini, Europa deberá abrir sus fronteras a la inmigración, para compensar el envejecimiento progresivo de su población. El mes pasado, Frattini decía: «debemos ver a los inmigrantes como un beneficio, no como un riesgo». A causa del envejecimiento, la población trabajadora en la Unión Europea irá en descenso. De continuar la tendencia actual, en 2030 habrá 20 millones de trabajadores menos, en los países europeos. Según Frattini, una política común de inmigración debería dar las pautas para atraer inmigrantes de fuera de la Unión. En cualquier caso, parece dudoso que la medida de perdón general implementada por España vaya a servir de base para una política común de inmigración en la Unión Europea.