La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte en un informe de que las políticas de consolidación fiscal han contribuido a elevar la pobreza y exclusión social, que ya afecta a 123 millones de personas en la Unión Europea, es decir, al 24% de su población. En su informe ‘Tendencias políticas mundiales de la protección social […]
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte en un informe de que las políticas de consolidación fiscal han contribuido a elevar la pobreza y exclusión social, que ya afecta a 123 millones de personas en la Unión Europea, es decir, al 24% de su población.
En su informe ‘Tendencias políticas mundiales de la protección social 2010-2015’, la OIT señala que 120 países reducirán el gasto público en 2015, de los cuales 86 son países en desarrollo. En 2016, los países que recortarán el gasto público alcanzarán los 131.
Mientras muchos países reducen su gasto público, la mayoría de los países de ingresos medios están extendiendo «considerablemente» sus sistemas de protección social, con repercusiones inmediatas sobre la reducción de la pobreza y de las desigualdades, según la OIT, que destaca que, aun en los países más pobres, existen soluciones para ampliar el margen de maniobra fiscal para la protección social.
Así, la OIT resalta que países como Argentina y Sudáfrica introdujeron recientemente prestaciones universales por hijos a cargo, mientras que otros, como Bolivia, Botswana, Brasil, China, Maldivas, Namibia, Panamá, Sudáfrica, Swazilandia y Timor Leste han logrado la cobertura universal o casi universal de las pensiones. Muchos otros han introducido transferencias sociales para los desempleados, las madres, los niños y los ancianos.
El informe apunta que algunos países de ingresos más bajos también han ampliado la protección social a través de redes de seguridad temporales de alcance limitado, con un nivel de prestaciones muy bajo.
En los países en desarrollo que no están invirtiendo en protección social, la OIT avisa de que las medidas de ajuste afectarán negativamente a millones de hogares.
El informe analiza las políticas de protección social entre 2010 y 2015 y constata dos fases: una primera, de 2008 a 2009, en la que cerca de 50 países adoptaron planes de estímulo fiscal, con un papel importante de la protección social, y una segunda, a partir de 2010, en la que se emprende una política de consolidación fiscal en muchos países, que contraen «prematuramente» los gastos a pesar de la necesidad urgente de apoyo hacia sectores vulnerables de la población.
Según la OIT, una quinta parte de los países ha experimentado una contracción fiscal «excesiva», caracterizada por un gasto público inferior al nivel anterior a la crisis, entre los que se encuentran Eritrea, Sudan, Yemen, Sri Lanka, Etiopía, Nigeria, Guinea-Bissau, Guatemala y Burundi.
Los ajustes realizados en estos y otros países para recortar el gasto público pasan por eliminar o reducir los subsidios a los alimentos y a la energía; restringir el gasto salarial; limitar las prestaciones de protección social; y reformar los sistemas de pensiones y de atención sanitaria.
La OIT recomienda que gobiernos, empleadores, trabajadores y sociedad civil desarrollen un diálogo nacional para garantizar una recuperación «socialmente responsable», orientada hacia el crecimiento inclusivo, la protección social y la justicia social.
La organización recuerda que existe un consenso entre los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores de 185 países sobre la necesidad de extender la Seguridad Social, creando un suelo de protección social, tal y como aprobó el G20 y Naciones Unidas.