Cuando se creía superada la crisis de gobernabilidad reciente, la decisión del Tribunal Constitucional desestimando el recurso referido a la “incapacidad moral permanente”; ha vuelto a poner en evidencia la necesidad de hacer cambios más profundos en la vida nacional.
En otras palabras, ha puesto sobre la mesa un requerimiento básico: cambiar la Constitución del Estado porque ésta, nos tiene inexorablemente, atados a la voluntad de una Mafia que haciendo uso de ciertos resortes del Poder, puede actuar a su antojo, en detrimento, incluso, del sentido común.
Y es que puesto en la disyuntiva de optar entre por un Poder Actuante y otro caído, el TC se inclinó por la fuerza, y no por la razón
De ese modo, y según este organismo supremo del Estado, el Congreso de la República tiene absoluta libertad de acción y puede definir, por sí y ante sí; en qué casos y por qué razones, puede considerar al Jefe del Estado moralmente incapaz, y susceptible, de ser echado de su función. Todo habrá de depender del número de votos que alcance a obtener esa iniciativa en el contexto concreto. Lo ha explicado Ernesto Blume. El país está advertido.
Por lo pronto, sabemos que si en los próximos días, 87 congresistas se ponen de acuerdo para echar de Palacio de Gobierno a Francisco Sagasti, no tienen que tener razones. Tan solo, votos. Y con ellos, proceder.
En este marco entonces, es que adquiere mayor relieve el sentido de la propuesta que me permití formular hace algunos días, bajo el título de “Consejos de un veterano”. Ellos, están conectados entre sí, y encarnan una sola voluntad: asegurar un tránsito hacia una sociedad mejor. Veamos lo que recomiendo:
1.- Respaldar la transición arrancada luego de la derrota de los conspiradores del 9 de noviembre, asegurando que se consolide, y coronae sus objetivos de enfrentar la Pandemia, garantizar el sufragio, aliviar la economía y respetar los derechos de la población. Este respaldo implica una fiscalización severa, tanto al Ejecutivo como al Legislativo.
2.- Revisar las disposiciones y normas dictadas por los golpistas, desconociendo acuerdos y contratos contraídos o suscrito en el lapso de su ejercicio del Poder. Castigar los crímenes y las violaciones de Derechos Humanos perpetrados en los aciagos días de la “Semana trágica” y sancionar a sus responsables. Adicionalmente, eliminar los mecanismos de represión ilegal puestos en práctica en el Perú desde los años de la barbarie
3.- Agilizar las investigaciones y procesos judiciales referidos a la corrupción, respetar el debido proceso y sancionar a personas o instituciones responsables de delitos, con las penas que correspondan; y eliminar las estructuras políticas criminales puestas al servicio de la reacción.
4.- Asegurar los comicios del 11 de abril sin postergación alguna y sin nuevos cambios en materia electoral Y asegurar, un ánfora adicional que permita plebiscitar así la necesidad del cambio de la Constitución vigente.
5.- Cerrar filas en torno a la candidatura presidencial de Verónica Mendoza para garantizar la derrota de la reacción y el inicio de un proceso de transformaciones sociales y económicas en el país. Sin menoscabo de la importancia del Frente Amplio y la actitud positiva de algunos de sus dirigentes, su candidato presidencial -Marco Arana- se coludió con la Mafia para el Golpe del 9 de noviembre, y respaldó sus iniciativas, en tanto que Pedro Castillo, otro candidato de la izquierda, simplemente desapareció del escenario político en estos días aciagos. Este comportamiento, los descalifican para pretender liderar al movimiento popular, sin menoscabar, en el caso de éste último, la valía de “Perú Libre”, el Partido que lo promoviera.
6.- Levantar la consigna de cambio de Constitución presentando al país un documento de bases mínimas para la nueva Carta Magna y un proyecto para ser debatido y analizado desde la base de la sociedad; asegurando así un proceso constituyente genuinamente democrático y participativo.
7.- Mantener la más clara y absoluta independencia frente al Gobierno y al Congreso de la República, no aceptando cargos, nombramientos o funciones que comprometan nuestra identidad ante la población. Y demandando del Poder Central una política independiente y soberana, así como la solidaridad con la causa de los pueblos de nuestro continente. Y
8.- Alentar el trabajo y la actividad de las organizaciones sociales y de masas, manteniendo alerta a la población. Para actuar cada vez que ello se torne indispensable.
Es claro ahora que el Golpe del 9 de noviembre fue rechazado por el 94% de los peruanos y que las proclamadas autoridades golpistas, fueron masivamente repudiadas por más de tres millones de peruanos movilizados, y muchos más desde sus hogares o desde las redes sociales, fortalezas de la denuncia pública.
Sin distingo alguno, hombres, mujeres y niños de todo el Perú y de todos los segmentos sociales condenaron esta acción sediciosa que debe ser sancionada por el bien de la República. Y en cuanto a lo reciente, hay que rechazar la decisión de quienes hacen de las suyas porque se sienten por encima del pueblo.