Wanda, Misiones, Argentina. 1 de octubre de 2011 (Revista Superficie) – El Tribunal Popular del «Juicio Ético y Popular a las Transnacionales de la Triple Frontera» -que concluyó este sábado en la localidad de Wanda, provincia argentina de Misiones-, declaró Culpables de Genocidio y Ecocidio a las empresas Alto Paraná, Cargill y Monsanto. El fallo […]
Wanda, Misiones, Argentina. 1 de octubre de 2011 (Revista Superficie) – El Tribunal Popular del «Juicio Ético y Popular a las Transnacionales de la Triple Frontera» -que concluyó este sábado en la localidad de Wanda, provincia argentina de Misiones-, declaró Culpables de Genocidio y Ecocidio a las empresas Alto Paraná, Cargill y Monsanto.
El fallo se conoció luego de dos intensas jornadas de audiencias, en las que se analizaron las denuncias, testimonios y casos testigos presentados por las poblaciones directamente afectadas por la presencia y forma de operar de las transnacionales.
El Tribunal advirtió que «hay en curso un ecocidio y genocidio silencioso», tras comprobar «violaciones fragrantes a los derechos fundamentales de las poblaciones y de la naturaleza; así como la violación de normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos políticos, sociales, culturales, ambientales, y ancestrales de los pueblos originarios».
Por ello, resolvió denunciar y condenar ante a la opinión pública como anti ético y violatorio de los Derechos Humanos «al sistema neoextractivista imperante, que tiene a las transnacionales como uno de sus principales protagonistas».
Asimismo, demandó a los gobiernos nacionales y provinciales a garantizar «la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses de los sectores privados; el acceso rápido y eficiente a la justicia; y la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, los Derechos Ancestrales, y de Protección al Medio Ambiente».
Instó a «suspender los megaproyectos de desarrollo de monocultivos, agronegocios, grandes represas, hidrovías, caminos y puertos de la Iniciativa para Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), hasta que se sometan a un proceso de evaluación de impactos social y ambiental, con una real participación de las comunidades y poblaciones que se vieran afectadas».
Y resaltó que las autoridades políticas tienen, a su vez, la responsabilidad por la omisión de medidas a su alcance que podría modificar la situación actual. «Las políticas implementadas desde los estados, como establecer marcos legales e institucionales favorables a las empresas y omitir la aplicación de las leyes que protegen los derechos de las poblaciones, incrementan el poder de las empresas transnacionales y refuerzan su impunidad, de tal manera que los gobiernos se convierten en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que esas empresas cometen. Además, en muchas ocasiones, esos marcos legales e institucionales hacen jurídicamente imposible para las víctimas prevenir e impedir esas violaciones y obtener una reparación por sus consecuencias».
A partir de las denuncias presentadas por las fiscalías, el Tribunal Popular destacó que una de las estrategias implementadas por las corporaciones, en complicidad con los organismos estatales, es la criminalización de la pobreza y la protesta social, la represión y amenazas a las poblaciones que se niegan a la implementación y avance de las transnacionales.
Observó que es la respuesta al surgimiento de resistencias populares que han implementado diversas formas de lucha contra el avance de las corporaciones. Y valoró «el coraje de quienes habiendo sufrido en sus cuerpos semejantes crímenes, continúan luchando para que se haga justicia y que esa justicia beneficie a todas y todos».
Justicia popular
El Tribunal Popular propuso trabajar en la creación de una instancia de justicia popular que actúe como lazo entre los movimientos populares y el poder judicial, a la que las víctimas de las transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia.
Incentivó a las comunidades, a los pueblos indígenas, a las poblaciones afectadas, a lo/as trabajadore/as y a todas las víctimas del «modelo de desarrollo» que imponen las empresas transnacionales a «profundizar su organización, a resistirse y a movilizarse en defensa de los derechos humanos y ancestrales, por la autodeterminación y la soberanía popular, y en resguardo de sus territorios, su cultura, su identidad y sus formas de vida, contra la mercantilización de la vida que implica el modelo neoextractivista que se profundiza en nuestro país.
Conforme a estos enunciados, el Tribunal del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales desarrollado en la Triple Frontera propuso que a partir del crecimiento de la movilización popular «se creen las condiciones para las corporaciones sean expulsadas de los territorios y sean obligadas a la restitución y remediación del ecosistemas, tal como lo encontraron al momento de iniciar su explotación, decisión unánime de las comunidades afectadas».
Al concluir el Juicio Ético a las Transnacionales, las y los participantes a la audiencia de la Triple Frontera, se declararon «en estado de movilización, de unidad, de encuentro, de solidaridad, para borrar las fronteras de nuestras resistencias a las políticas de recolonización del continente. Para levantar una voz unánime de Nuestra América en defensa de la soberanía alimentaria, la agricultura familiar, el respeto a nuestras identidades y formas de organización y de vida, nuestros derechos como hombres y mujeres, los derechos de las generaciones venideras, los derechos de la Naturaleza. En definitiva: un grito contra las políticas de saqueo, destrucción y muerte. Un grito y muchas acciones por la vida, la libertad, la plena emancipación y la esperanza».