El juicio que se estaba celebrando en las últimas semanas contra el expresidente de Guatemala Efraín Ríos Montt y el general José Mauricio Rodríguez Sánchez se suspendió el viernes pasado. La vista era un precedente en la jurisprudencia internacional porque por primera vez se juzgaba por genocidio a un acusado y perpetrador dentro del marco […]
El juicio que se estaba celebrando en las últimas semanas contra el expresidente de Guatemala Efraín Ríos Montt y el general José Mauricio Rodríguez Sánchez se suspendió el viernes pasado. La vista era un precedente en la jurisprudencia internacional porque por primera vez se juzgaba por genocidio a un acusado y perpetrador dentro del marco legal guatemalteco.
El pasado viernes 19 de abril se suspendió el juicio, por orden de la Corte Constitucional, contra el expresidente de Guatemala Efraín Ríos Montt y contra el que fue general del Ejército José Mauricio Rodríguez Sánchez por la masacre contra el pueblo indígena ixil cometida entre 1982 y 1983.
De continuar, este juicio tendría la posibilidad de reparar las heridas que dejó el terrorismo de Estado de los años ’80 en Guatemala. Un mes después de que comenzara el proceso por genocidio contra el expresidente de Guatemala Efraín Ríos Montt y su exjefe de Inteligencia Militar, Mauricio Rodríguez Sánchez, los acusados se levantaron con una sonrisa del banquillo desde el que habían escuchado las declaraciones de más de 100 testigos y 61 peritos que relataron los horrores perpetrados por el Ejército durante el mandato del dictador.
Por el momento, las declaraciones de los testigos y una parte de los peritajes sobre los asesinatos masivos, las torturas y todo tipo de vejaciones, principalmente contra las poblaciones ixiles, no han sido suficientes para la Suprema Corte del país. Se esperaba a que se dictara sentencia a finales del mes de abril pero el veredicto oficial, que ya ha esperado más de treinta años, tendrá que posponerse hasta que la Corte Constitucional permita revertir la resolución en la que la fiscal general, Claudia Paz y Paz, ha «incurrido ilegalmente«. La fiscal Yassmín Barrios, sujeta a una gran presión, intentó sacar el proceso adelante e intentará revocar la resolución en que se anula el juicio.
La polémica actual sobre la legitimidad del juicio
Uno de los grandes debates que se discuten actualmente en Guatemala es la legitimidad del juicio, debido a que se enmarca en un régimen presidido por Otto Pérez Molina, quien también fue señalado como jefe militar participante en masacres durante el conflicto. Sin embargo, frente al panorama actual, independientemente de que se pretenda o no un Estado de derecho, en palabras de Marko Chib’alam-Carrillo, investigador de uno de los centros de Ciencias Sociales más comprometidos de Guatemala: «Nosotras, todas somos Ixiles… Nosotras estaremos insistiendo en imaginar y crear relatos más vivibles. El relato único y universal del amo nos ha producido tanta congoja y muerte; relato del que nunca nos hemos fiado; así, sin más».
La violencia sexual es genocidio
La sonrisa de los militares acusados de ser los responsables intelectuales de la muerte de 1.771 indígenas ixiles, en 16 diferentes matanzas colectivas ocurridas entre marzo de 1982 a agosto de 1982, cuando Ríos Montt gobernó de facto el país, y el segundo fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, no permite sanar la memoria de las más de 200 mil muertes que dejó el conflicto.
Aunque todavía no se haya dictado una sentencia oficial, las voces de las mujeres ixiles, que denunciaron en el juicio los abusos sexuales y las terribles torturas que sufrieron durante ese atroz periodo de la historia guatemalteca, resultan de una verdad innegable. Cada caso es el eco del dolor de mucha gente, el eco de miles de historias similares. Así han repetido otras mujeres en algunas pancartas: «su verdad es nuestra verdad», «la violencia sexual es genocidio».
Por qué sí hubo genocidio
Las manifestaciones de rechazo ante la suspensión del juicio por parte de las víctimas, los familiares y organizaciones han comenzado a marchar por las calles centroamericanas con pancartas en las que se lee: «¡Justicia!, ¡Justicia! ¡En Guatemala sí hubo genocidio!»
Marta Elena Casaús Arzú, negociadora de la oposición durante el conflicto y quien recientemente participó con su peritaje en el juicio, demostró cómo el racismo de Estado justificó ideológicamente las acciones militares al catalogar a las comunidades ixiles como enemigos públicos y equiparar a todos los «indígenas» o a los ixiles como subversivos.
La misma investigadora en Ciencias Políticas demostró que lo sucedido en Guatemala cumple con todas las condiciones propuestas como presunciones de intencionalidad por lo que de haber continuado con el juicio se habría podido condenar el genocidio en contra de la población Ixil y los crímenes de lesa humanidad.
Llevar adelante un juicio como el de Ríos Montt significaría un resarcimiento mínimo para la sociedad guatemalteca y de una manera simbólica sanar la memoria colectiva, sobre todo, la de «esas bellas mujeres, con sus huipiles rojos, con sus caras ajadas por el sufrimiento y el recuerdo del dolor, quienes esperan pacientemente una sentencia que les asegure que ellas no tuvieron la culpa de nada, que ellas no hicieron nada, que fueron violadas, humilladas y vejadas sin saber por qué y sin culpa alguna. Ahora solo quieren que se haga justicia, que se cuente al mundo la verdad de los hechos, esa no es una verdad absoluta, es simplemente la verdad basada en los terribles hechos acaecidos durante ese negro periodo de nuestra historia».
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/guatemala-si-hubo-genocidio.html