La lucha no violenta por el agua, la vida y el territorio. Fue la consigna con la que, en marzo de 2012, el movimiento Resistencia Pacífica La Puya comenzó su oposición al proyecto minero «El Tambor», que incluye la extracción de oro y plata en los municipios de San José del Golfo y San Pedro […]
La lucha no violenta por el agua, la vida y el territorio. Fue la consigna con la que, en marzo de 2012, el movimiento Resistencia Pacífica La Puya comenzó su oposición al proyecto minero «El Tambor», que incluye la extracción de oro y plata en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc (departamento de Guatemala). En 2016 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió el proyecto, cinco años después que el Ministerio de Energía y Minas otorgara la licencia a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua). La razón es que no se realizó una consulta previa a las poblaciones indígenas, según lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Exmingua es filial de la firma estadounidense Kappes Cassiday & Associates, que en 2012 adquirió las participaciones de la canadiense Radius Gold Inc. Ante la paralización de la iniciativa, denominada «Progreso VII Derivada»- en mayo de 2018 la minera Exmingua anunció la intención de presentar una demanda -en un procedimiento de arbitraje internacional- contra el Estado de Guatemala por 300 millones de dólares. La demanda de indemnización se fundamentaría en las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana.
El pasado 11 de junio más de 50 organizaciones sociales de Guatemala e internacionales remitieron una carta al embajador de Estados Unidos en el país centroamericano, Luis Arreaga, en la que señalaban la «continua interferencia del Gobierno de los Estados Unidos y las amenazas de demandas internacionales». Además de a la mina de oro «El Tambor», la misiva hace referencia a las minas de plata El Escobal, emplazadas en el municipio de San Rafael Las Flores (Santa Rosa), en el sureste de Guatemala. Según la compañía que explota el yacimiento, Tahoe Resources (con oficinas en Canadá, Estados Unidos y Perú), se trata de la tercera mina de plata más grande del mundo. En julio de 2017 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió provisionalmente la licencia de explotación otorgada en 2013 a la subsidiaria guatemalteca Minera San Rafael (Minerasa), por no realizarse las consultas previas a las comunidades Xinca. La carta de las organizaciones populares denuncia que representantes del Departamento de Comercio y congresistas estadounidenses, así como la Embajada de Estados Unidos en Guatemala han realizado «esfuerzos extraordinarios» para que el litigio, pendiente del fallo de la Corte de Constitucionalidad, se resuelva a favor de las empresas.
En enero de 2017 el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala contabilizaba 307 licencias mineras vigentes (270 de explotación y 37 de exploración) y 599 solicitudes en trámite (420 de exploración, 173 de explotación y seis en fase de reconocimiento). El informe de 2017 de la Organización No Gubernamental UDEFEGUA documenta 493 agresiones/ataques (incluidos 52 asesinatos) contra defensores de los derechos humanos, 230 más que en 2016.
El documento resalta que el 26,7% de las agresiones se concentran en cinco departamentos (de la Región Occidente) -Huehuetenango, El Quiché, Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán- de los 22 en que se organiza el país; Huehuetenango es el segundo departamento en número de agresiones a defensores (105), por detrás de Guatemala (210). Los ataques en la región tienen como objeto principal a la población indígena, «por sus demandas en torno al derecho a una consulta libre, previa e informada y al derecho sobre el territorio y un ambiente sano», sostiene la ONG. Además, entre 2012 y 2017 UDEFEGUA registró 239 acciones de criminalización contra mujeres defensoras de los derechos humanos.
Uno de los casos que cita el informe es el de Yolanda Oquelí, lideresa de la Resistencia Pacífica La Puya hasta 2015, y que como consecuencia de su activismo recibió amenazas de muerte vía telefónica en abril de 2017. En junio de 2012, la dirigente del Frente Norte del Área Metropolitana (FRENAM) también fue herida de bala, al tirotearla dos individuos cuando regresaba de una protesta contra el extractivismo minero en la aldea La Puya. Un año después se registraron disparos frente a la casa donde Oquelí residía con su familia. En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Guatemala medidas para garantizar la integridad física de la activista y su núcleo familiar. Sin embargo, tuvo que afrontar las denuncias por parte de extrabajadores de Exmingua. La defensora, que todavía lleva una bala alojada cerca de la columna vertebral, fue una de las judicializadas por la resistencia pacífica en La Puya, acusada por la fiscalía de presunta detención ilegal, coacción, lesiones leves y amenazas. Madre de tres hijos, desde enero de 2018 y por un año se halla en Cataluña, acogida al programa de protección de Amnistía Internacional.
«Nuestro país está en el ojo de las multinacionales, en muchos casos se trata de las mismas empresas y accionistas sólo que cambian de nombre; en el comienzo del Corredor Seco (por las escasas precipitaciones) y a 20 kilómetros de la capital nos impusieron este megaproyecto, que representaba la puerta de entrada a otras iniciativas mineras; lo hicieron sin consultar a las comunidades y diciéndonos que la gente ya había vendido los terrenos, son las estrategias habituales», explica Yolanda Oquelí en un acto organizado por el Comité de Solidaridad CEDSALA en Valencia. En julio de 2015 la Resistencia Pacífica La Puya celebró una victoria, cuando un juzgado de lo civil constituido en Tribunal de Amparo falló a favor de los alcaldes comunitarios de San Pedro Ayampuc, y ordenó detener los trabajos de construcción en el Proyecto minero «Progreso VII Derivada».
El dos de marzo de 2012 comenzó el plantón (acampada) a un lado de la carretera de entrada al proyecto minero, señala un estudio de 2014 publicado por el colectivo ecologista Madreselva. La madrugada del ocho de mayo, añade el estudio, la empresa y 400 policías intentaron introducir las máquinas perforadoras de pozo, pero se enfrentaron a mujeres tendidas en el suelo que rezaban y cantaban. En diciembre la Resistencia evitó -con el apoyo de observadores en materia de derechos humanos- otro intento de desalojo policial; seis dirigentes del movimiento resultaron detenidos. Así, durante más de dos años, las activistas impidieron la irrupción de las máquinas. Según Yolanda Oquelí, «nos organizábamos en turnos de 24 horas sin caer en provocaciones; enviaron a centenares de policías antimotines para desalojarnos ilegalmente; al comienzo la presencia de las mujeres fue escasa, pero en los últimos intentos de desalojo las mujeres se ponían al frente, como barricadas humanas… Y hoy cuentan sus experiencias. Al comenzar los ‘turnos’ de resistencia, había compañeros que pensaban que ellas iban a La Puya sólo para cocinar, o los esposos les negaban el dinero para trasladarse a las reuniones, pero esto lo fuimos cambiando».
En julio de 2013 tres balas por la espalda y dos disparos de gracia terminaron con la vida de Santos Fidel Ajau, activista de Resistencia La Puya; «había recibido amenazas de personas que participaron en los hostigamientos organizados por Kappes Cassiday & Associates», denunciaron las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. También informaron que la empresa contrató, como gerente de operaciones, a un exteniente que participó en las agresiones a los activistas. El 23 de mayo de 2014 cerca de 500 agentes de la Policía Nacional Civil, que custodiaban el acceso de la maquinaria, desalojaron de modo violento a los resistentes. Durante una hora y treinta minutos, observaron los voluntarios de Peace Brigades International-Guatemala, los antimotines utilizaron «de manera indiscriminada» gases lacrimógenos, palos y piedras contra los integrantes del plantón, que resistían «pacíficamente con cantos y rezos». Además de los arrestados, heridos y líderes sometidos a juicios penales, ese día se denunció la destrucción de enseres y cosechas de maíz.
Yolanda Oquelí forma parte de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario (Tzk’at). «Las mujeres que luchamos contra el sistema, las empresas y el patriarcado llevamos mucho dolor en nuestros cuerpos y espíritus», afirma. En la Red participa también la defensora y feminista comunitaria Lorena Cabnal, de la etnia Xinca y cofundadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Xalapán (Jalapa), que participó desde los inicios en las luchas contra la minería metálica. «En 2011 se pronuncia el destierro de mi persona de la comunidad; eso va a ser una de las pérdidas muy fuertes; el hecho de verme caminar con mi hija de territorio en territorio, porque tuve un mandato patriarcal y no lo cumplí», afirmó Lorena Cabnal en una entrevista publicada por la agencia Cimacnoticias. Asimismo la defensora defiende, frente al «patriarcado ancestral», el Feminismo Comunitario: «La sanación cósmica-política de los cuerpos en relación con la tierra para armonizar»; en otros términos, «la recuperación y defensa de nuestro territorio cuerpo-tierra». Con Yolanda Oquelí y Lorena Cabnal comparte lucha y experiencias Aura Lolita Chávez, lideresa K’iche’ que en junio de 2017 fue amenazada, junto a otros activistas, por una decena de individuos armados cuando se aproximaban a Santa Cruz del Quiché. Antes de sufrir las intimidaciones, habían parado un camión con maderas procedentes de talas ilegales en los territorios indígenas.
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