Cuatro años resistiendo para construir un diálogo, para tejer el plan de una Consulta en Buena Fe, para poder decidir el futuro en base a sus usos y costumbres y al derecho consuetudinario. Pero la Comunidad Ixil ha visto negado otra vez su pedido de diálogo, y no está pudiendo contra la voracidad de una […]
Cuatro años resistiendo para construir un diálogo, para tejer el plan de una Consulta en Buena Fe, para poder decidir el futuro en base a sus usos y costumbres y al derecho consuetudinario. Pero la Comunidad Ixil ha visto negado otra vez su pedido de diálogo, y no está pudiendo contra la voracidad de una multinacional y el racismo de un Estado que no protege sus pueblos originarios sino que defiende y protege los intereses del capital foráneo.
Sobre esta grave situación que está viviendo la región Ixil he sostenido una conversación con Arnoldo Curruchic abogado guatemalteco y asistente legal de las comunidades y quien es uno de los encargados de dar a conocer la protesta de las comunidades indígenas guatemaltecas en Italia, para que en este país europeo se conozca cómo la compañía italiana Enel con la pusilanimidad y la complicidad del gobierno del Guatemala está llevando acabo no sólo un saqueo de recursos naturales sino una grave violación de las leyes sobre los pueblos originarios.
Denuncia el abogado Curruchic que:
«Tanto en la municipalidad de San Juan Chajul como en la municipalidad de Cotzal, las multinacionales y el gobierno actual han violado los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. Pueblos que desde hace miles de años han conservado sus montañas, forestas y ríos. Con respecto al Proyecto de Enel Green Power la población Ixil no ha sido ni consultada ni informada, y no ha dado el consenso para la exploración y el aprovechamiento de los bienes que madre naturaleza ha dado a los territorios indígenas.
Es por esta razón que la población Ixil se ha alzado con su voz de protesta de frente a tanta violación de sus derechos a vivir y gozar de los bienes que le ha dado la madre naturaleza .
Y el actual gobierno que se define «gobierno del rostro maya» ha respondido acusando a la población Maya Ixil que reivindica sus derechos, de ser terroristas, cometer actos ilícitos y salvajismo y en estos términos está criminalizado la lucha indígena.
Hasta ahora el gobierno ha utilizado el sistema de administración de la justicia oficial para tratar de encarcelar las autoridades ancestrales y los líderes comunitarios contra los cuales ha emitido mandatos de captura».
¿Quién es la Comunidad Ixil?, pregunto a Arnoldo Curruchic
«La mayor parte de los Ixiles son sobrevivientes de las masacres políticas, de la tierra quemada y del genocidio que el Estado del Guatemala impuso como Política de Estado durante el conflicto armado interno. Heridas que todavía están abiertas, no obstante hayan pasado 14 años de la firma de los acuerdos de Paz. Porque a causa del abandono y la ausencia de Estado y de una sólida tradición de resistencia indígena ha sido la Comunidad Ixil quien casi en su totalidad, participó en la revuelta revolucionaria que tuvo lugar a partir de la mitad del siglo pasado, y por ésta sufrieron 114 masacres, genocidio y etnocidio por parte del Estado guatemalteco, inclusive hasta poco antes de que se firmaran los Acuerdos de Paz en 1996″.
¿Qué dice la legislación del Estado guatemalteco en relación a sus pueblos indígenas?
«La Constitución Política del Guatemala es bien clara, en su artículo 66 establece que «el Estado del Guatemala está formado por varios grupos étnicos entre los cuales se encuentran grupos indígenas descendientes de Los Mayas. Nuestra Constitución reconoce, respeta y promueve sus modos de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, etc». Pero estas normas están siendo violadas por el Estado, así como han sido violadas las normas jurídicas internacionales en materia de pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del cual el Guatemala es uno de los firmatarios».
¿Cómo se entera la Comunidad del Proyecto del Enel?
«En el 2005 el entonces Alcalde de San Juan de Cotzal, Baltasar Toma Sambrano, durante un encuentro con los representantes de los Consejos Comunitarios para el Desarrollo (COCODES): Un órgano de la administración local que está reglamentado por leyes del 2002 sobre la gestión municipal y la descentralización, informó a los dirigentes de la comunidad y a los Alcaldes Auxiliares de la realización de una central hidroeléctrica en el Municipio de San Juan de Cotzal en el interno de la Finca San Francisco.
En aquella ocasión tanto los dirigentes de la comunidad como los Alcaldes Auxiliares, siguiendo la tradición, informaron a los habitantes de la comunidad sobre el proyecto hidroeléctrico con el propósito de conocer su opinión al respecto. Y sus respuestas fueron de rechazo total al proyecto, mas a partir de ese momento las comunidades no supieron más nada sobre este proyecto.
Sucesivamente, el 23 de enero del 2007, el gobierno del Guatemala emitió un Decreto en el cual autorizaba la construcción de la central hidroeléctrica Palo Viejo, que usará el río Cotzal y sus tres afluentes: Chipal, El Regadío y El Arroyo Escondido. El proyecto prevé una represa, un tanque, un canal, un túnel, una vía de acceso y la instalación de turbinas y demás obras.
Es así que sin consultar e informar a las comunidades indígenas, y violando la legislación nacional interna del país y las convenciones internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, en el mes de enero del 2008, la compañía italiana Enel con la complicidad del gobierno central del Guatemala y de las autoridades municipales de San Juan Cotzal inicia la construcción del proyecto hidroeléctrico Palo Viejo en la Finca San Francisco, propiedad privada de un terrateniente y cuyas tierras están localizadas en la región Ixil.
La biodiversidad rica y abundante del territorio donde se asientan los Ixil desde hace miles de años posee grandes ríos, forestas, montañas, riqueza arqueológica, siete micro climas y estas características de la tierra han visto el aumento significativo de la presencia de multinacionales de la minería, del petróleo y de la energía hidroeléctrica.
De frente a la tremenda violación de su auto determinación, la comunidad Ixil apeló a sus derechos como reza en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas estipulado por la Organización Internacional del Trabajo, que ampara y sostiene a los pueblos indígenas, y que según lo establecido en el Convenio afirma:
«Los pueblos indígenas deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en relación a la elección de un modelo de desarrollo, en la medida en que éste incida negativamente sobre sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y sobre las tierras que éstos ocupen o utilicen en cualquier manera. Y tendrán el derecho de tener el control, por cuanto posible, de su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, tiene el derecho y deben participar en la formulación, actuación, y evaluación de planos y programas de desarrollo nacional y regional que los puedan involucrar directamente.»
Transcurren algunos meses y en mayo del 2008 el Alcalde José Pérez Chen, quien actualmente se encuentra en la cárcel, informa a las comunidades sobre la puesta en marcha de la construcción de la central hidroeléctrica Palo Viejo.
Después de numerosas reuniones que se organizaban con el objetivo de precisar el punto de vista de las comunidades, los líderes comunitarios se reúnen en la Escuela Oficial Mixta de Santa Avelina, para elaborar un memorial que se entregará al Consejo Municipal el 16 de junio del 2008. En este memorial se les pedía a las autoridades gubernamentales de realizar una Consulta en Buena Fe antes de iniciar cualquier obra relacionada con el proyecto hidroeléctrico. Pero el memorial fue ignorado por el Consejo Municipal y en vez inicia una ola de intimidación y represión contra los líderes de la comunidad.
Ya en agosto del 2008 tanto el Alcalde como funcionarios de la Compañía Italiana Enel comienzan a dividir la comunidad con engaños y ofreciendo la realización en varias localidades de proyectos de desarrollo tales como: Proyectos de agua potable, donación de 16 hojas de zinc llamadas «Techo Mínimo», proyectos de cría de pelibueyes (una raza de oveja), de drenaje de aguas, de construcción de calles y edilicia escolar mas otros.
Sostenía Enel de que estos proyectos serían realizados sólo a condición de que los líderes comunitarios firmaran un acta que estipulara como cláusula final la aceptación de la construcción del proyecto de la central hidroeléctrica».
¿Cómo evoluciona la situación?
«Los líderes de la comunidad en sesión permanente a Santa Avelina el 1 de septiembre del 2008 deciden activarse para defender sus propios derechos; actuar a través de una marcha pacífica en las calles que se concluiría en la plaza principal de Cotzal.
El objetivo de la iniciativa era hacer valer sus propios derechos a ser informados, consultados y de recibir respuesta al primer memorial que ellos habían elaborado y presentado el 16 de junio donde pedían la realización de una «Consulta Comunitaria en Buena Fe». Pero el Alcalde no hizo acto de presencia sino que la comunidad lo que obtuvo fue repercusiones, represión y graves amenazas a sus líderes.
13 de enero del 2009, las comunidades nuevamente organizan una manifestación de protesta en la comunidad de Pulay, mas el alcalde José Pérez Chen envía personas armadas para intimidar y atacar a quienes estaban participando a la manifestación. Hubo heridos, y se oyeron muchos disparos para provocar el terror en quienes pedían respeto de sus propios derechos .
Tres meses después, el 15 de marzo del 2009, Francisco Vásquez de 21 años, estudiante de la Escuela Normal Bilingüe de Santa Cruz del Quiché y Leonardo Ixcoy Hernández, un estudiante de tercer año de bachillerato, son atropellados por uno de los camiones de la Compañía italiana Enel; camiones que circulan a altas velocidades por los centros habitados. Francisco Vásquez muere instantáneamente mientras Leonardo Ixcoy Hernández es transferido de urgencia al Hospital Nacional de Santa Cruz del Quiché donde muere 48 horas más tarde, a causa de la gravedad de sus heridas.
A pesar de esta tragedia, representantes de la Compañía Italiana Enel y de funcionarios municipales logran comprar el silencio de los padres de las víctimas indemnizándolos con un total de 500 000 Quetzales, es decir el equivalente de 50 mil euros, para así evitar que las familias denunciaran el caso. No obstante, la comunidad se opuso a está solución, pero el gobierno mandó policías antidisturbios para disipar la gente de Santa Avelina que estaba protestando.
En abril del 2009, uno de los líderes de la comunidad, Baltazar de la Cruz, fue capturado por un grupo de gente armada en la aldea de Santa Avelina, encerrado en las oficinas del alcalde Auxiliar y torturado psicológicamente por el Vice- Alcalde de San Juan de Cotzal.
Durante el curso del 2010 los funcionarios de la compañía italiana Enel y de la Alcaldía de Cotzal, se acercan otra vez a las comunidades del Municipio para ofrecer proyectos comunitarios. Pero al final del mismo año, frente a las falsas promesas del Enel en relación a los proyectos ofrecidos, los líderes comunitarios deciden retomar las acciones de resistencia, por los engaños del cual estaban siendo burla con la complicidad del gobierno central y de la alcaldía de San Juan de Cotzal.
Uno de los proyectos ofrecidos, y no respetado, ha sido la promesa de construir un edificio escolar para la comunidad de Ojo de Agua y San Felipe Chenla: la construcción se quedó paralizada por lo tanto los estudiantes reciben sus lecciones al aire libre y no obstante, la Compañía Enel en su portal Enel Cuore Onlus publicita el hecho de que ha financiado el 70 por ciento de la construcción*».
12 de Octubre de 1492 – 12 de Octubre 2011. 519 años, pero no acaba la historia del choque y el desencuentro entre dos mundos, Arnoldo podría relatarme cronológicamente la situación de la agresión al pueblo Ixil durante el transcurso de este año en curso?
«Debido a la ausencia de respuestas sobre los pedidos de la población Ixil a principios de este año, la resistencia pacífica continua y el 3 de enero del 2011, 18 comunidades deciden interrumpir el pasaje de máquinas pesadas de la compañía Enel y de los medios de transporte directos a la Finca San Francisco, ejerciendo así el derecho a la resistencia pacífica prevista en el Artículo 45 de la Constitución del Guatemala, como forma de presión para exigir el respeto de sus derechos.
El 7 de enero los funcionarios del Enel y personal de la oficina del Presidente de la República piden un encuentro con las comunidades; encuentro al cual no se presentaron ni el Enel ni el gobierno sino que como portavoz enviaron al comandante de la zona militar de Huehuetenango. El acto de no presentarse a la reunión convocada por ellos mismos fue sentida en la comunidad como acto de racismo, exclusión y discriminación; acciones típicas del Estado del Guatemala que históricamente se ha caracterizado por ser un Estado racista.
Después de un encuentro con el Alcalde de San Felipe Chenlá,y sin preaviso, el 10 de enero funcionarios del Enel y del gobierno explican a miles de persona provenientes de diferentes comunidades que ellos habían firmado un Acuerdo con el Municipio de San Juan de Cotzal, que varios proyectos estaban en fase de realización y que anualmente estaban entregando 800 000 Quetzales a las autoridades comunales.
Las comunidades, sus autoridades ancestrales y los líderes indígenas desconocían esta situación, y el mismo día a través de sus autoridades ancestrales entregan una lista de pedidos en los cuales la población Ixil muestra su voluntad política y proponen la apertura de un diálogo con la compañía italiana Enel exigiéndoles de reparar las violaciones de los derechos indígenas que han cometido ypidiendo que el 20 por ciento de la riqueza creada por las montañas y los ríos del territorio indígena vengan administradas por los indígenas para promover su propio desarrollo.
En el documento las comunidades se comprometieron a eliminar la barra que bloqueaba el tránsito a condición de que la Finca San Francisco cumpla con la obligación de permitir a los habitantes de la comunidad de hacer uso de su libertad de locomoción garantizada en la Constitución de la República, considerando que por decenios dicha finca ha obstaculizado este derecho.
17 de enero, en una reunión sucesiva, Enel se acerca a los dirigentes de varias comunidades indicando que habría ayudado y respondido a los pedidos de las comunidades, cada comunidad suscribió un acta que fue firmada tanto por funcionarios del Enel como por algunos representantes gubernamentales quienes prometieron de dar una respuesta en una reunión fijada para el 31 de enero.
Pero el 31 de enero los funcionarios gubernamentales se dedicaron en manera extra oficial a defender a la compañía italiana que se negó completamente a responder a los pedidos de la comunidad y de sus autoridades ancestrales; de esta forma no se respeta a las comunidades y se anula un intento de diálogo. Por esto en San Felipe Chenlá, la población retoma la protesta obstaculizando de nuevo los camiones y las máquinas pesadas de Enel.
El 2 de febrero el Presidente de la República del Guatemala Alvaro Colom en un mensaje radiofónico defiende los intereses del Enel, en su mensaje acusaba a los habitantes de las comunidades indígenas y a sus autoridades de ser terroristas, salvajes y de actuar fuera de la ley.
Mientras es lo contrario, pues la situación planteada por las comunidades es, que exigen que se respeten la aplicación de los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que fue ratificada por el Estado de Guatemala y los artículos 3, 4 y 5, entre otros, de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El 14 de febrero y sin preaviso, a San Juan de Cotzal llegaron aproximadamente mil agentes de la Policía Nacional y de soldados con pasa montañas, presumiblemente para capturar al Alcalde municipal, José Pérez Chen, acusado de haber incitado el linchaje de un agente de la policía Municipal ocurrido el 1 de noviembre del 2009.
El 23 de febrero, mientras las comunidades, las autoridades ancestrales y las guías espirituales celebraban el año nuevo Maya, llegó otro pelotón de mil policías y soldados, siempre con pasa montañas como hacían durante la política del genocidio y etnocidio en la región Ixil durante el conflicto armado. Llegaron con el propósito de capturar una persona acusada de haber derrumbado unas torres de alta tensión , ese día no realizaron detenciones ni ejecutaron órdenes de captura, mas los policías y soldados llegaron a San Felipe Chenlá con el propósito de intimidar a las comunidades.
El acto más reciente de represión ocurrió el 18 de marzo con la llegada de 500 policías y soldados con pasa montaña, apoyados de 3 helicópteros; semejante operación causó el terror entre la gente porque les recuerda las operaciones de los gobiernos militares que cometieron genocidio y etnocidio contra la población Maya Ixil durante la guerra. Llegaron a la comunidad de San Felipe Chenlá, destruyeron la barra construida por la comunidad para controlar el pasaje de los vehículos y con una lista de nombres empezaron a buscar a las autoridades ancestrales, para capturarlos y arrestarlos.
Niños, mujeres y hombres de la comunidad no obstante el terror, obligaron a policías y soldados a salir de la comunidad. Afortunadamente los soldados que estaban escondidos entre la vegetación no dispararon y no usaron los gases lacrimógenos contra la población. Lastimosamente desde el 18 de marzo del 2011 la presión, el terror, la coerción y el abuso de poder contra las comunidades indígenas, las autoridades ancestrales y los dirigentes de la comunidad han aumentado».
¿ Qué esperan en la región Ixil de la civilizada Italia?
«Solidaridad, sólo pide solidaridad. Por esto hago un llamado urgente a los organizadores de la campaña italiana en defensa del pueblo Ixil para que organicen un encuentro a la mayor brevedad posible donde den a conocer la postura del Enel con respecto al fracasado intento de diálogo y que la opinión pública sepa lo que está sufriendo un pueblo, que tiene todos sus derechos, a causa del rol del Estado guatemalteco que está defendiendo intereses multinacionales; que se conozcan los pormenores del fracasado diálogo entre las comunidades de San Juan Cotzal y el ENEL, ya que la situación es muy seria y va para largo.
Claman porque no se posterguen las agendas de la campa ña de solidaridad. Es necesario que en Italia se sepa que los líderes indígenas de la Región Ixil están muy preocupados, y ahora más que nunca es cuando urge la solidaridad y la resonancia sobre lo que está pasando en Guatemala donde los lideres comunitarios, tienen miedo a que ENEL, haga presión a las autoridades Guatemaltecas, para que éstos capturen y encarcelen a las autoridades indígenas como ya ha pasado en otras regiones del país».
*Veáse:http://www.enelgreenpower.com/enGB/ena/events_news/press_releases/release.aspx?iddoc=1642625
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.