Organismos de derechos humanos critican la política de inmigración
Polonia inició la última semana de enero la construcción de un nuevo muro de 186 kilómetros, desplegado casi en la mitad de su frontera común con Bielorrusia. El control férreo de la inmigración constituye una prioridad de la Unión Europea (UE), sorda ante voces críticas del mundo asociativo, de organismos de los derechos humanos y de una parte de la clase política continental.
Este muro de 5,5 metros de altura estará terminado a mediados
del año y tendrá un costo de 340 millones de euros, de los cuales 24 millones
son destinados, exclusivamente, para instalar cámaras de seguridad y sensores
de movimiento.
Durante el año pasado, miles de inmigrantes provenientes en su mayoría de
Kurdistán iraquí, Siria, Líbano y Afganistán, intentaron atravesar la frontera polaca
para entrar en la UE. Polonia creó una zona especial de alta seguridad, en
parte protegida con alambres de púas y cerrada totalmente a las organizaciones
no gubernamentales (ONG) humanitarias y a la prensa.
Esta nueva muralla en construcción viene a engrosar un entramado de vallados
que existen en distintos puntos del continente. Algunos con más historia, como
los de Ceuta y Melilla, en España; el de Chipre; el de Kaliningrado, entre
Lituania y Rusia. Otros, más recientes: el del río Évros en Grecia; el ubicado
entre Bulgaria-Turquía; el de Puerto de Calais (entre Francia y Gran Bretaña);
el de la Ruta Artica; así como el construido en Macedonia del Norte y el del
Norte de los Balcanes.
Mas represión
Más de 200.000 inmigrantes irregulares llegaron
a la Unión Europea en 2021, lo que representa la cifra más elevada desde 2017.
Es casi un 57% superior a la de 2020 y un 37% más alto que en 2019, según
informaciones oficiales comunicadas por Frontex, la Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y Costas (https://frontex.europa.eu/es/ ). Al
presentar su informe anual en la segunda semana de enero, Frontex destacó que
más de 65.000 personas llegaron a través de la zona central del Mediterráneo,
la que constituye el principal corredor inmigratorio hacia territorio europeo.
El mismo informe indica, que solo en el primer semestre del 2021, fueron devueltas 8.239 personas que trataban de ingresar a Europa. Lo que constituye un récord de la política anti migratoria de la Unión Europea, la que ya en 2020 había definido un “pacto migratorio” apoyado en dos pilares esenciales: el blindaje de las fronteras y la expulsión de personas irregulares.
Frontex, creada en el 2004 y reforzada significativamente en 2016, en los últimos años fue ganando tanto en fuerza propia como en críticas de parte de sectores europeos progresistas. Cuenta con más de 1.500 funcionarios provenientes de los Estados miembros desplegados en territorio continental y como lo subraya Fabrice Leggeri, su director ejecutivo, “en varios años, contará con 10 000 agentes de la guardia de fronteras y costas para ayudar a los países europeos en el control de las fronteras y la gestión de la migración”.
Crítica frontal contra Frontex
Desde hace años, Amnistía Internacional viene documentando la
existencia de rechazos ilegales en las fronteras terrestres y marítimas de la
Unión Europea, en países como Grecia, Italia, Malta, España, Francia, Bosnia y
Herzegovina, Croacia y Eslovenia. Esas acciones, señala la ONG de derechos
humanos, “ponen en peligro la vida de las personas y son ilegales según la
legislación europea e internacional”.
Amnistía Internacional recuerda, por ejemplo, que desde 2017 Frontex lleva a
cabo una vigilancia aérea sobre el Mediterráneo central. Cuando se detecta una
embarcación con migrantes suele avisar a los guardacostas libios, quienes
interceptan la embarcación y desembarcan a las personas a bordo en Libia. “Los
hombres, mujeres y niños interceptados al cruzar el Mediterráneo y devueltos
por la fuerza a los centros de detención libios están expuestos a graves
violaciones de los derechos humanos”.
La ONG ha condenado en repetidas ocasiones las desastrosas consecuencias de la cooperación de Europa con Libia. También ha denunciado la violencia y los malos tratos sistemáticos por parte de las autoridades croatas en sus fronteras. Mediante la vigilancia aérea, Frontex ayuda a las autoridades croatas a identificar a las personas que intentan ingresar de forma irregular a ese país.
En Grecia, desde 2013, se producen reenvíos por la fuerza. Las personas y las familias son retenidas en asentamientos informales antes de ser devueltas ilegalmente a Turquía a través del río Evros. En 2021, AI denunció que la policía fronteriza griega interceptaba por la fuerza a migrantes y refugiados, incluso a cientos de kilómetros de la frontera, y los deportaba a Turquía. Ante estas presiones contrarias al derecho internacional, pide a Frontex que suspenda sus operaciones en Grecia o se retire completamente de ese país.
Entre sus exigencias, Amnistía Internacional exige que Frontex rinda cuentas, incluso en las operaciones realizadas conjuntamente con otras autoridades migratorias. Y señala que es imprescindible que cada operación de Frontex incluya un mecanismo transparente de información. “Es imprescindible que la agencia que protege las fronteras exteriores de la UE en cooperación con sus Estados miembros respete el derecho internacional”.
Numerosas otras organizaciones de la sociedad civil europea, así como personalidades políticas, alzan sus voces contra el accionar de Frontex. Critican a la agencia por falta de transparencia en su accionar, aunque reconocen que responde a los lineamientos políticos de la Unión Europea para intensificar su blindaje contra migrantes extras comunitarios.
“Debemos asegurarnos de que Frontex no se convierta en un Estado dentro de otro Estado, que la organización haga su trabajo de forma transparente y proporcione suficiente información al respecto. Además, los controles fronterizos deben ir de la mano de la protección de los derechos humanos” declaró Tineke Strik, eurodiputada holandesa del Partido Verde al semanario suizo Die WoZ (Wochenzeitung) ya en abril del año pasado.
Suiza votará sobre Frontex
Por primera vez en un país europeo, el electorado suizo deberá pronunciarse próximamente sobre Frontex. La Red de Solidaridad con Migrantes de Suiza junto con otras asociaciones lanzó un referéndum contra el financiamiento a esa agencia. Por el mismo, se opone al aumento — aceptado en octubre pasado por el Parlamento helvético — de la contribución a dicha agencia, que pasaría de 24 a 65 millones (23 a 62 millones de euros) en un plazo de seis años. Si las firmas que apoyan el voto son validadas por el ente oficial, el referéndum será sometido a la población el próximo 15 de mayo. En ese caso, se abrirá un acalorado debate de sociedad, tanto sobre el respeto de los derechos humanos de los migrantes así como sobre las hoy complejas relaciones entre Suiza y la Unión Europea.
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