Contra la impunidad. El Estado debe enjuiciar a los responsables
Expertos de las Naciones Unidas (ONU) condenaron el martes 26 de marzo el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, defensor de derechos humanos y líder indígena, ocurrido el pasado 18 de marzo en Costa Rica. Rojas Ortiz, de 59 años, que había sido objeto de otros atentados, amenazas y detenciones en el pasado, gozaba de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Rojas Ortiz, según el comunicado difundido por la ONU en Ginebra, Suiza, «defendió los derechos de su pueblo y de otros pueblos indígenas del país, durante más de cuatro décadas, contra la ocupación ilegal de sus territorios».
«Exigimos a las autoridades costarricenses que identifiquen a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y los lleven ante la justicia, de acuerdo con la ley», expresa dicho comunicado. El mismo es suscripto por el francés Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; su compatriota Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y Victoria Tauli Corpuz de Filipinas, Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
Sergio Rojas Ortiz, activo miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) , fue asesinado en su casa, en Yeri, cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, tras haber acudido a la Fiscalía con otros dos miembros de la comunidad para denunciar agresiones y amenazas. En ese clima de tensión había decidido dejar de vivir con su familia para no ponerla en peligro.
Los expertos internacionales urgen, también, al Estado costarricense para que «aborde las causas subyacentes de esta violencia, en particular garantizando los derechos de los pueblos indígenas a territorios y recursos».
Los expertos añadieron que las familias indígenas que intentan recuperar sus tierras se enfrentan a grandes peligros, en particular en las comunidades Bribri de Palmital, Río Azul y Puente, así como el pueblo Brörán en el territorio de Térraba.
La ley costarricense dispone que los territorios en cuestión son para uso exclusivo de los pueblos indígenas. El pueblo Bribri ha presentado decenas de denuncias tanto por la vía legal como la administrativa, reclamando la aplicación de la ley. Frente a la falta de implementación de las decisiones de desalojo en su favor y el estancamiento de los procedimientos judiciales, también iniciaron recuperaciones de territorio. Todo ello ha dado lugar a agresiones constantes por parte de los terratenientes.
«Las autoridades costarricenses deben proporcionar inmediatamente una protección culturalmente apropiada a los integrantes de los pueblos indígenas en situaciones de riesgo por la defensa de sus derechos», enfatizan los relatores internacionales.
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a las autoridades del país centroamericano a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del pueblo Teribe y Bribri en Salitre. Sin embargo, «el Estado no ha llevado a cabo investigaciones adecuadas, enjuiciado ni castigado a los responsables de los ataques continuos», sentencian.
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