A cinco semanas del asesinato de Berta Cáceres, un grupo de expertos de las Naciones Unidas* reiteraron al Gobierno de Honduras la necesidad de que se haga justicia y se esclarezca el asesinato de la defensora de los derechos humanos. A través de la declaración hecha pública este 11 de abril, exigen también que se […]
A cinco semanas del asesinato de Berta Cáceres, un grupo de expertos de las Naciones Unidas* reiteraron al Gobierno de Honduras la necesidad de que se haga justicia y se esclarezca el asesinato de la defensora de los derechos humanos. A través de la declaración hecha pública este 11 de abril, exigen también que se garantice la seguridad y la protección de todos los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en ese país centroamericano.
Berta Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada a balazos el 3 de marzo de 2016 pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió a Honduras que la protegiera, subraya la declaración dada a conocer en Ginebra. La misma es suscrita por ocho Relatores Especiales de las Naciones Unidas, quienes forman parte de los «Procedimientos Especiales», el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos.
«A pesar de repetidos actos de intimidación, incluidos atentados específicos por su condición de mujer, así como las detenciones y violencia sufridas en los últimos años, Berta Cáceres siguió defendiendo los derechos de la comunidad Lenca de Río Blanco, denunciando y oponiéndose a la explotación de los bienes naturales autóctonos, especialmente por el proyecto hidroeléctrico de ‘Agua Zarca’, sostiene el documento.
El asesinato de Berta Cáceres, directamente vinculado con su trabajo y «con el hecho de que era una mujer e indígena», ilustra tristemente una terrible reacción contra las defensoras de los derechos humanos y especialmente, contra las defensoras de los bienes naturales, afirma el grupo de destacados relatores quienes trabajan de manera voluntaria y no son persona de planta de la ONU. Su labor es ampliamente reconocida por su independencia de Gobiernos y todo tipo de poder.
Las defensoras de derechos humanos están generalmente más expuestas a represalias, acoso y violencia «puesto que suelen desafiar la cultura patriarcal y los estereotipos de género profundamente arraigados sobre el papel que las mujeres deberían desempeñar en la sociedad», subrayan.
Los expertos insisten en que «Honduras debe intensificar sus esfuerzos para poner fin al persistente clima de impunidad e inseguridad para las defensoras de derechos humanos, líderes indígenas y ecologistas».
Las y los expertos de la ONU, por otra parte, saludan la decisión del gobierno hondureño de permitir finalmente que el testigo Gustavo Castro Soto haya regresado a México. Y toman nota del arresto de un sospechoso del asesinato de otro miembro de COPINH, Nelson García. Es necesario, dicen, «investigar quién ordenó este crimen».
Asimismo, expresan su esperanza de que los responsables del asesinato de Berta Cáceres sean llevados rápidamente ante la justicia. «Sin embargo, nos preocupa que los responsables de este crimen aún estén libres y que los familiares de Berta Cáceres y otros defensores de derechos humanos se encuentren en grave riesgo de represalias y violencia», indican los expertos onusianos.
«Alentamos a Honduras a actuar con la debida diligencia en la investigación del asesinato de Berta Cáceres, y a garantizar eficazmente la protección de sus familiares e integrantes del COPINH como solicita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», añadieron.
«Quisiéramos reiterar la importancia de conducir una investigación totalmente independiente, imparcial y transparente del asesinato de Berta Cáceres y en este sentido apoyamos la solicitud formulada por los familiares de la víctima que se establezca un grupo de expertos bajo la autoridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», recomendaron.
Las y los expertos en derechos humanos de la ONU acogieron con satisfacción la decisión de los inversores del proyecto hidroeléctrico de ‘Agua Zarca’ de suspender su financiación, tras los recientes asesinatos y ataques.
(*) Las y los expertos: Eleonora Zielińska , Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Victoria Tauli-Corpuz , Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Michel Forst , Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Maina Kiai , Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David Kaye , Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; John Knox, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; y Başkut Tuncak , Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.
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