La política anti-obrera del presidente Ricardo Martinelli tiene sus seguidores en la región. En este caso, se trata del nuevo gobierno hondureño, producto de un golpe militar, presidido por Porfirio Lobo. Dándole seguimiento a propuestas por los sectores más conservadores de su clase empresarial y escudándose en políticas neo-liberales, el gobierno de Tegucigalpa está creando […]
La política anti-obrera del presidente Ricardo Martinelli tiene sus seguidores en la región. En este caso, se trata del nuevo gobierno hondureño, producto de un golpe militar, presidido por Porfirio Lobo. Dándole seguimiento a propuestas por los sectores más conservadores de su clase empresarial y escudándose en políticas neo-liberales, el gobierno de Tegucigalpa está creando lo que llama un «Plan Solidario de Empleo Anticrisis». Al igual que en Panamá el «plan» ha desatado una protesta social generalizada.
El «Plan Solidario» consiste en flexibilizar el empleo creando puestos de trabajo «por hora» o sólo por jornada de medio día. Según José Luis Baquedano, «es un proyecto político que pretende impulsar una mayor flexibilización y precarización laboral, a través de contratos de trabajo por hora y de media jornada. Una propuesta que de ninguna manera va a resolver el grave problema del empleo, ni mucho menos el del valor del salario versus el costo real de la canasta básica». Baquedano es el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y miembro del comité ejecutivo de del Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP).
El gobierno panameño impuso esta legislación hace varios años creando zozobra en la familia del trabajador e incrementando el crimen organizado en el país. La flexibilización del trabajo le permite al empresario minimizar el salario del trabajador y emplearlo de la manera que considere más apropiado. El trabajador se vuelve una máquina. Este arreglo destruye a la familia que pierde a su proveedor principal y desarticula a la comunidad cuyas familias son diezmadas. La flexibilización es la causa de la aparición de las pandillas y la violencia criminal.
Hace un mes Martinelli promulgó la Ley 30 que, entre sus múltiples objetivos, eliminó la organización sindical en Panamá. La legislación fue rechazada por el pueblo panameño con un costo de varias vidas en las fincas bananeras de Changuinola (Bocas del Toro) producto de la represión policíaca. En la actualidad, el gobierno panameño busca fórmulas para imponer sus medidas por encima de la oposición popular.
Según Baqueadano, el gobierno está legislando en Honduras a pedido de los empresarios maquiladores. Los «trabajos son transitorios, sin beneficios sociales. Una total explotación de la mano de obra… De hecho va a modificar de forma ilegal el Código del Trabajo y la relación obrero-patronal. La empresa privada ha hecho un negocio con el desempleo. Los niveles son tan elevados que los trabajadores se someten a cualquier vejamen y propuesta que le haga el patrón».
En este contexto, los presidentes Martinelli y Lobo tuvieron oportunidad de conversar en julio de 2010 sobre un acuerdo para exportar trabajadores de ese país a Panamá, donde recibirían remuneraciones inferiores al salario mínimo panameño. En su momento, Martinelli veía la importación de trabajadores como una medida para frenar las protestas de los trabajadores en las obras relacionadas con la ampliación del Canal de Panamá. Las empresas contratadas para trabajar en la vía acuática son de origen extranjero (española e italiana). Aparentemente, se consideran por encima de la ley y no se han hecho miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) que tiene un convenio colectivo con los 50 mil trabajadores del Sindicato de la Construcción panameño (SUNTRACS).
Baquedano, en una entrevista concedida a Giorgio Trucchi, periodista uruguayo, agrega que la legislación hondureña que se quiere imponer crearía un sistema de trabajo «totalmente precarizado, no van a poder organizarse sindicalmente, no van a tener acceso a ninguna prestación laboral. Van a ser explotados y con salarios de hambre. Las mismas organizaciones sindicales van a salir gravemente afectadas. Eso es parte del plan desestabilizador».
Los trabajadores hondureños están pidiendo que «se respete el Convenio que firmamos con los diputados, en el que acordamos que ningún proyecto de ley que afecte a los trabajadores y trabajadoras puede ser discutido y aprobado sin haberlo previamente consensuado con las confederaciones sindicales». Hay que recordar que ese fue un pacto alcanzado con el presidente destituido por los militares en 2009, Manuel Zelaya. Según Baquedano, también «vamos a exigir que se ponga en práctica el Plan Nacional de Generación de Empleo Digno. Ese Plan fue consensuado de forma tripartita antes del golpe, en el seno del Consejo Económico y Social, y cuenta con el apoyo de la OIT.
Los sindicatos hondureños saben que su lucha es cuesta arriba. Reconocen que en Guatemala siguen «asesinando» a obreros y en «Panamá están masacrando a los trabajadores». Según Baquedano, «los hondureños necesitan el apoyo internacional para fortalecer al movimiento sindical centroamericano, ante esta estrategia para desestabilizar al movimiento social y criminalizar la protesta».
Marco A. Gandásegui, hijo, es Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA
Fuente: http://alainet.org/active/39996