Este 5 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales panameñas.
Las mismas que se desenvuelven en un contexto peculiar y contradictorio donde una mayoría de la opinión pública cuestiona la extracción minera anti ambiental, es sensible a la corrupción y la migración, y es sorprendida por un crecimiento fenomenal de la economía, pero que no disminuye la desigualdad social (un tercio de la población no tiene vivienda, 60% de la PEA está en la informalidad, la pobreza alcanza el 21.7% de la población, etc.). No obstante, a pesar de estos indicadores, los candidatos que liderarían las encuestas (Doxa y Gallup del 13/04), prometen más de lo mismo.
Raúl Mulino, del partido derechista Realizando Metas (RM) es quien aparecería encabezando la lista con más del 30% de los votos. Mulino es sucesor del ex presidente Ricardo Martinelli, quien aparecía como favorito y fue inhabilitado tras recibir una condena de 10 años por lavado de dinero. El segundo lugar se encontraría en disputa entre Martín Torrijos, del Partido Popular, y el abogado Ricardo Lombana, del partido Otro Camino, con un empate técnico del 15%.
En cuarto lugar, estaría Rómulo Roux, del derechista Cambio Democrático, con el 11% de los votos, seguido por el actual vicepresidente, José Carrizo (PRD), con 5% (expresión del rechazo popular al gobierno de Cortizo), mientras que la abogada Zulay Rodríguez, alcanzaría el 4%.
Todos estos candidatos integrarían la casta política de derecha (funcionarios de alto nivel que representan los intereses de poderosas empresas como Minera Panamá), que han llevado a ese hermoso país a una situación de crisis política y moral (escándalos de corrupción), con una deuda externa que bordea los $50,000 millones (20% del presupuesto nacional) y que ha merecido que la “calificadora Fitch” le quite el “grado de inversión” a Panamá. En una extorsión espectacular al pueblo, el FMI, señaló que el cierre de la mina del Donoso, va a “disminuir el crecimiento del 7.5% al 2.5% el 2024” (NYT, 02/04), lo que a su vez implicaría que el próximo gobierno tenga que replantear la apertura de la mina o aplicar un plan de ajuste contra los trabajadores.
En este marco de crisis, la única candidatura que marcaría la diferencia por su decencia es la de la catedrática en economía, Maribel Gordón, quien además se reclama anti neoliberal y propone el Plan para la Vida Digna.
“Este es un país que ha crecido a una tasa de dos dígitos, pero la pobreza, la inequidad, la exclusión y el desempleo se profundizan…Una economía que crece concentrada y con el séptimo lugar con peor distribución de la riqueza en el mundo y segundo en AL” (La Estrella de Panamá, 23/05/23). Sobre salud, plantea que, “un 600% más en el precio de un medicamento no es ganancia, es especulación”. Además, propone mejorar el poder adquisitivo de la población aumentando los salarios, lo que implicaría mayor demanda de productos y servicios.
Gordón proviene de los movimientos sociales y lleva en su fórmula a Richard Morales, un joven profesional con estudios en Ciencia Política en Panamá y Harvard. Van en la casilla 11 en estas elecciones. No tienen plata para grandes afiches publicitarios. Pero han estado en las luchas sociales y no tienen, como decimos en Perú para calificar a los corruptos, “anticuchos” con la justicia.
Es la candidatura de la decencia que marca la diferencia y que tendría que segmentar su mensaje político hacia el 20% de electores indecisos que definen su voto el mismo día de las elecciones, entre los cuales se debe encontrar la migración peruana y latinoamericana.
César Zelada. Director de la revista La Abeja.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.