Guatemala publicó el lunes un decreto por el cual suspende las garantías constitucionales en un remoto departamento a donde envió soldados y policías para combatir a bandas de la droga mexicanas cuya actividad delictiva está en aumento. La empobrecida nación centroamericana lucha por contener la creciente violencia causada por la expansión de las actividades de […]
Guatemala publicó el lunes un decreto por el cual suspende las garantías constitucionales en un remoto departamento a donde envió soldados y policías para combatir a bandas de la droga mexicanas cuya actividad delictiva está en aumento.
La empobrecida nación centroamericana lucha por contener la creciente violencia causada por la expansión de las actividades de los cárteles de la droga de México hacia el sur.
Durante años, Centroamérica ha sido una ruta de tránsito de cocaína desde Sudamérica hacia el norte, pero analistas y funcionarios aseguran que los cárteles mexicanos están comprando tierras, almacenando armas y contratando miembros de redes delictivas locales para que les ayuden a mover y vender drogas.
El decreto declara un «estado de sitio» en el departamento de Alta Verapaz, donde opera la banda mexicana llamada los Zetas.
La prensa local ha informado de una ola de asesinatos y robos en ese sitio en semanas recientes.
«El Estado de sitio se decreta en virtud de que en los últimos días se han suscitado en Alta Verapaz una serie de hechos graves que ponen en riesgo el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y poniendo en riesgo la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo», dice el decreto publicado en el diario oficial.
El decreto limita durante un mes los derechos de libertad de acción, de reunión y de manifestaciones.
Fuerzas de seguridad -que resguardan desde el domingo carreteras, calles, aldeas y ciudades importantes del departamento, fronterizo con México- podrán hacer detenciones e interrogatorios a detenidos.
El Congreso unicameral de Guatemala deberá ratificar la medida en esta semana.
Defensores de derechos humanos criticaron el decreto, diciendo que una suspensión de garantías no ayudará a resolver los casos criminales.
Los activistas también están preocupados por la presencia de militares debido a su involucramiento en ejecuciones masivas de civiles durante la guerra civil del país en 1960-1996.
Fuente: http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXN2020367320101220