Proscripción nada caprichosa Ya al iniciar a abordar el tema de la ‘Guerra contra el narco’ como se denomina en México a la más renombrada persecución de productores y comercializadores de sustancias ilegales del hemisferio occidental en este momento, nos encontramos con la dificultad de un tema que tan sólo en sus definiciones se encuentra […]
Proscripción nada caprichosa
Ya al iniciar a abordar el tema de la ‘Guerra contra el narco’ como se denomina en México a la más renombrada persecución de productores y comercializadores de sustancias ilegales del hemisferio occidental en este momento, nos encontramos con la dificultad de un tema que tan sólo en sus definiciones se encuentra plagado de equívocos e imprecisiones.
El mismo término ‘narcotráfico’, es una expresión inexacta utilizada como generalización muy manoseada, pues los narcóticos como tales científicamente son sustancias aletargantes en nada comparables por ejemplo con la cocaína, psicoactivo enervante especialmente proscrito. No obstante, las autoridades prohibicionistas internacionales comandadas por EE.UU. han utilizado el vocablo para referirse a las drogas vedadas en general con porfiada insistencia.
También el hecho de ser catalogada la persecución de la producción y comercialización de aquellas como una Guerra Contra el Narcotráfico, necesariamente distorsiona el hecho de que el tráfico de sustancias es la regla general en las sociedades desde tiempos inmemoriales, y que se prohíbe de forma más o menos caprichosa ciertas sustancias, no por su carácter nocivo para la salud en seres humanos, pues en este caso el alcohol o el tabaco serían de censura absoluta. Hoy sorprendente que la marihuana fuera proscrita en EE.UU. hasta 1937; es decir por más de una década, durante la prohibición del alcohol (1919-1933), era lícita la tenencia de canabis y no era motivo de proscripción legal consumir un cigarrillo de marihuana, e injerir un vaso de cerveza acarreaba una sanción penal.
Tampoco se puede pasar por alto como la Ley Seca estadounidense generó una gran expansión del crimen organizado, y cuando le llegó el turno a las sustancias como la marihuana la situación fue idéntica.
Estas ambigüedades no son meramente gramaticales, semánticas o anecdóticas, pues con ellas se observa justamente la perspectiva histórica de que lo hoy perseguido fue ayer permitido, y el asunto puede regresar al punto de partida, dependiendo de ciertas circunstancias políticas, sociales o económicas.
Así mismo es necesario resaltar como las políticas depredatorias impuestas al sur por los ricos del norte facilitan que los campesinos de esta región del planeta deban cultivar sustancias contemporáneamente estimadas como ilícitas. En el norte son subvencionados los productos agrícolas, en consecuencia los campesinos del sur deben labrar la tierra con algo rentable de acuerdo a la situación del momento, y la prohibición de ciertos productos eleva el riesgo de grupos de comerciantes ilegalizados, pero también las ganancias, cumpliendo en todo momento la implacable lógica capitalista. Como dice Gore Vidal hablando de los Estados Unidos:
«Los medios de comunicación se dedican constantemente a vilipendiar la cultura de la droga y a culpar de modos diversos a países como Colombia de responder a la ley de hierro de la oferta y la demanda a la que en tanto que noción y en tanto que nación hemos jurado eterna lealtad [1] «.
En este mismo sentido es indispensable poner de presente que para la elaboración de una sustancia como la cocaína, la cual no fue creada en América Latina, África o Asia, sino en Alemania en el siglo XIX, se requiere un proceso químico donde se emplean ingredientes especiales y el 90% de estos proviene de EE.UU. [2]
En el tema de los efectos de estas drogas en la salud de los consumidores, son de público conocimiento estudios de organismos como la Rand Corporation, la cual no puede ser acusada de ser un ente antiimperialista, que concluyen como en EE.UU. el tratamiento y rehabilitación de consumidores adictos a sustancias como la cocaína es 23 veces más rentable en términos capitalistas que la eliminación de cultivos de coca en el extranjero [3] . De su parte lo empleado en prevención así mismo es efectivo y económico respecto a los tratamientos de desintoxicación [4] . Por tanto no es comprensible el motivo de la insistencia en planes costosos, inútiles y destructores de pueblos enteros; a menos que sean apreciadas razones de estado y de dominación obviamente ocultos.
La misma prohibición general de las drogas a un siglo de instaurada, es cuestionada en la actualidad por personalidades como jefes de estado que juraron combatirlas, secretarios de las Naciones Unidas, excomisionados de Derechos Humanos, escritores, etc. [5] De vez en cuando surgen ante el público estas opiniones, y sin embargo a pesar del avance en la liberación implícita en tales posturas, se está muy lejos de eliminar las proscripciones de las sustancias psicoactivas hoy perseguidas.
Continuando con las aclaraciones debemos alertar que los beneficios de los bancos del primer mundo por el tráfico ilegal son asombrosos, y muy poco de este dinero se queda en donde se producen las Guerras Contra las Drogas. Se ha estimado que el 80 por ciento de las ganancias del comercio de psicoactivos ilegales termina en los bancos de los países ricos o de sus filiales en los países del Tercer Mundo donde existe menor control legal. [6] Las acusaciones a las grandes capitales financieras del mundo como Londres y Nueva York por este motivo son recurrentes aunque pasan desapercibidas [7] .
Ya hablando de la guerra en sí, la persecución y captura de traficantes como actualmente se lleva a cabo primordialmente patrocinada por el gobierno de Washington, es de entrada cuestionada por estudiosos del tema cuando analizan que estas actividades no reducen sustancialmente la dimensión del mercado ilegal [8] : «Las drogas siguen tan accesibles como siempre en las calles de Estados Unidos» [9] . Además en el campo de las bases políticas y la efectividad de tal cacería en el presente inmediato, «la guerra contra las drogas es un mal precedente para la guerra contra el terrorismo, no una base de la que partir. [10] »
No obstante, como toda actividad política esta guerra tiene una cara positiva para ciertos intereses reducidos pero significativos. El tráfico ilegal ha ido en aumento proporcionalmente a los gastos y las personas encargadas de su persecución las cuales han crecido hasta constituir una burocracia extensa, con poder y ya tradición en la administración de EE.UU., a pesar de sus nulos resultados:
«Cuando Richard Nixon inició su guerra contra las drogas, la partida presupuestaria federal anual era de 110 millones de dólares. Veintiocho años después, en el 2000, dicha partida ascendía a 17.000 millones de dólares y el resultado consistió en más droga en EE.UU., más barata y más potente que en 1972. [11] »
La declaratoria del combate contra las sustancias psicoactivas ilegales, es más precisamente contra grupos de traficantes, comúnmente denominados carteles, los cuales resultan ser uniones de comerciantes para el mejoramiento de sus actividades de producción e intercambio, en ultimas, mayor rentabilidad.
El antecedente de estas alianzas de comerciantes de psicoactivos lo encontramos en el imperio británico con la Compañía Inglesa de la Indias Orientales en el siglo XIX y el tráfico de opio a la China generador de dos guerras (1839-1842, 1856-1860), de innegable estilo colonialista. El primer traficante del citado narcótico en incursionar en la política una vez su poder económico se acrecentó gracias a su oficio, fue William Jardine quien llegó a tener, sin inconveniente conocido, un escaño en el parlamento británico en 1841 [12] . Jardine tuvo el primer cartel privado de tráfico de drogas que se conoce en la historia.
El tráfico y su contexto en México.
Desde los años cincuenta del siglo pasado existe un tráfico ilícito de sustancias en el estado de Sinaloa, con bastante violencia entre quienes se dedican a estas actividades. Era la parte oculta de la situación de los estados norteños de México productores de marihuana, la cual se perseguía a través de fumigaciones con productos químicos tóxicos patrocinadas por el gobierno de EE.UU.
Unos años después con la vigilancia a las rutas de los traficantes colombianos en los años ochenta y noventa se hace difícil que las sustancias ilícitas penetren en EE.UU. por el Caribe; es cuando la ruta de Centroamérica adquiere transcendencia, haciendo de México puerto de llegada previo a su destino final. Por entonces en la presidencia de Ronald Reagan se militariza el combate a las drogas, con el antecedente de 1972 cuando Richard Nixon había declarado la guerra a las mismas.
La situación de crecimiento de organizaciones de traficantes no surge de repente. De acuerdo a la DEA en 1997 México era el punto de tránsito del 70% de la cocaína y de la mayor parte de la heroína y la mariguana que entraba a EE.UU. Las ganancias de la producción y tránsito de psicoactivos eran cerca del 10% del PIB de aquel país. [13]
El fenómeno del tráfico ilegal de psicoactivos hacia Norteamérica, existente de mucho tiempo atrás, desde finales de los años noventa, cambia hacia una mayor presencia y se menciona ya con certeza a los narcotraficantes como acaudalados y poderosos en los EE.UU. [14] . Desde 1994 con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se empieza a hablar abiertamente de la constitución de una ‘narcodemocracia’ a la mexicana [15] .
Lo anterior ocurre en una sociedad como la mexicana colmada de conflictos. Las circunstancias sociales, económicas y políticas hacia el final del siglo XX de una nación tan rica en recursos humanos y ambientales, son de abierta injusticia; estaba fieramente dividida entre ricos y pobres, como lo había estado al inicio de la revolución de 1910, a pesar de que formalmente había declarado el control de sus recursos naturales, realizado una reforma agraria, entregado autonomía de las universidades y escuelas y culturalmente facilitado una conciencia indigenista.
El estado mexicano ideado como protector e impulsor de progreso durante la revolución, desde los años ochenta en adelante se convierte en un agente de la privatización de las empresas creadas con el trabajo común de millones. La oligarquía local, la más nacionalista y defensora de la soberanía de todas las latinoamericanas, ya una década atrás había desistido de serlo habiendo perdido su carácter de progresista [16] , dejando campo abierto al capitalismo salvaje prohijando el sometimiento cultural y económico al vecino del norte sin mayores resistencias; el nacionalismo mexicano pasa a ser parte una liturgia sin contenido pues el despojo de los bienes comunes se acelera año tras año.
Concurrentemente también se presentan unas condiciones de constante inconformidad y latente rebeldía, lo cual se hace público de manera concreta desde 1994 cuando en el estado sureño de Chiapas el más empobrecido del país, aparece la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El mismo día de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio entre EE.UU., Canadá y México (en inglés NAFTA), todo ello bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Las consecuencias no tardan en aparecer profundizando injusticias anteriores. La riqueza de los 24 multimillonarios de México es igual a lo que poseen los 24 millones de las personas más pobres de la nación [17] . Unos 24 millones de personas se encentran en condiciones de pobreza alimentaria. A su vez 31 millones están en condiciones de pobreza de capacidades y 53 en condiciones de pobreza de patrimonio [18] . El 64.7% de los mexicanos carece de seguridad social, el 40.7 no tiene acceso a los servicios de salud, el 18.9 no tiene acceso a servicios básicos de vivienda, 47 millones se hallan en condiciones de pobreza, por lo menos 20 millones sufren carencias alimenticias; y esto de acuerdo con las estadísticas oficiales [19] . El grueso de la población está marginado.
El NAFTA suscrito sin discusión del pueblo mexicano a pesar de que le afecta directamente, por el gobierno de Salinas De Gortari quien le decía a sus ciudadanos que México podría llegar al primer mundo en donde se encontraban el vecino del norte y Canadá, no mejora la condiciones de vida de los mexicanos. Como en otros tratados de similares características, los resultados son justamente los opuestos.
Hubo muchos que estimaron este tratado de ‘alianza’ entre naciones dispares era llanamente una maniobra de los EE.UU. de extender su ‘espacio vital’ más allá de su frontera sur, entre ellos los más decididos y quienes serían los más afectados por una situación como la planteada: los indígenas de Chiapas y su EZLN. Debemos observar que la sublevación zapatista es parte de un largo proceso: «La represión estatal de las protestas pacíficas de la gente de Chiapas y el impacto destructivo cada vez más profundo del capitalismo neoliberal fueron los elementos finales que condujeron al levantamiento zapatista. [20] »
Paradójicamente el secretario de hacienda de México afirma concluyentemente que su país es ya una nación de clases de ingreso medio [21] , mientras que los jerarcas católicos lo desmienten categóricamente [22] .
Naturalmente el NAFTA produce la quiebra de los agricultores mexicanos que deben en consecuencia emigrar inicialmente a las ciudades pauperizándose aún más o lejanamente al norte, a EE.UU., allí los esperan las correspondientes medidas de rechazo, como la militarización cada vez más fuerte de la frontera para impedir su paso. Desde 1994 el presidente Clinton militariza la frontera con la ‘Operación Guardián’, justo cuando entra a regir el NAFTA [23] . Con lo cual podemos establecer que la quiebra del sector rural mexicano y los flujos de personas tanto aztecas como centroamericanas en busca de sustento estaban dentro de las consideraciones de quienes implantaron una red de tratados de vasallaje económico y militar como lo son todos los tratados de protección de inversiones, conocidos como Tratados de Libre Comercio (TLC), y complementarios.
Realmente los efectos del tratado permiten que México se convierta en un depósito de mano barata, con la total complacencia de las oligarquías mexicanas; y así mismo facilitan ser golpeados con desempleo y bajos salarios los trabajadores al norte del Río Bravo [24] . Acuerdos como el aludido únicamente benefician a los capitalistas de cualquier lado de la frontera.
Las cadenas de papel.
Gobiernos tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como del Partido de Alianza Nacional (PAN), ejecutando políticas neoliberales han vendido centenares de empresas estatales en sectores estratégicos de la economía, como teléfonos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, minería, bancos, electrificación, y se espera algo igual pero en el momento apropiado respecto de la industria petrolera (PEMEX), por ahora de carácter estatal por mandato constitucional.
En medio de un ambiente de inconformidad, el gobierno de Calderón suscribe con el de EE.UU. un documento denominado ‘Iniciativa Mérida’ (en México se daba por un hecho que se llamaría ‘Plan México’) en el año 2007, con unas características muy especiales pues no puede estimársele como un tratado o un acuerdo interinstitucional, y además no pasa por el control del órgano legislativo competente de acuerdo a la constitución mexicana: el Congreso. Se dice oficialmente que es un ‘compromiso político’ o un ‘acuerdo de cooperación’.
En octubre de ese año emiten un comunicado conjunto los gobiernos de las dos naciones donde estipulan que han suscrito un «un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad» frente a las ‘amenazas comunes’ identificadas como organizaciones transnacionales del crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas, actividades financieras ilícitas, tráfico de divisas y trata de personas. Bush hijo y Calderón manifiestan públicamente: «acordamos coordinar de mejor manera nuestras acciones para enfrentar el crimen organizado en ambos lados de la frontera.» [25]
En los efectos prácticos la ‘Iniciativa Mérida’ es un pacto secreto, al menos frente a la estructura legal mexicana.
El pacto como es de su naturaleza contiene obligaciones para las partes signatarias. De la parte de EE.UU. se estipulan aportes en especie a México por 1.400 millones de dólares en varias anualidades. Más tarde trasciende que las especies estregadas a México son una variada clase de avituallamientos de guerra y control violento de la población, y las obligaciones de este son de forma realista la cesión de la soberanía en favor del vecino del norte en la forma de imposición de reformas legales, de entrenamiento judicial y militar por parte de la fuerzas imperiales, así como de reorganización bajo directrices gringas de todos los organismos relacionados con la represión [26] . Si esto no es una toma semiculta de una nación con la aquiescencia de sus gobernantes, es lo más parecido que se conoce.
La canciller mexicana para tranquilizar al pueblo afirma fantasiosamente:
«En ningún momento se ha contemplado la presencia de tropas o la participación operativa de agentes o empresas estadounidenses en las acciones que se emprenden para combatir el crimen organizado en el territorio nacional. [27] »
Sin embargo, debemos leer entre líneas que tampoco expresamente se ha prohibido tal presencia y participación en territorio mexicano; los hechos con el tiempo darán la razón sobre aquello de que lo no se prohíbe en el pacto secreto está permitido.
La puesta en práctica de toda esta estructura de suave intervención, acorde con las políticas gringas de control de pueblos potencialmente insumisos, había sido erigida como un vínculo adicional a los lazos de dependencia económica y política ya establecidos [28] . Se impone la institucionalización por compromiso internacional de una ‘seguridad nacional’ entendida de forma que no puede ser distinta a la exigida en otros países de la región a sus fuerzas armadas, es decir, la población interna como enemigo a vigilar, perseguir y desmoralizar.
Los tratados como el NAFTA, Iniciativa Mérida, ASPAN, etc., básicamente impuestos desde el norte tienen en común la creación abstracta de cadenas de papel, obligantes para los débiles y coludidos gobiernos latinoamericanos, además ser firmados a espaldas de los pueblos y previamente ‘negociados’ en secreto [29] , como auténticos pactos de adhesión. Una actitud tan afrentosa y causante de perjuicios es rechazada por la población, ¿Qué pueden hacer los gobernantes ante el posible desafío?
México: Persecución militarizada
El presidente Calderón Hinojosa, con una muy precaria legitimidad debida a que buena parte de los mexicanos le considera electo mediante un gigantesco fraude [30] , por tanto es catalogado como espurio por aquellos, y sin haberse referido al tema del crimen organizado en su campaña, declara la Guerra al Narcotráfico dando la orden de desplegar tropas (inicialmente unos 6 mil hoy de entre 45 y 60 mil) para combatir a bandas de traficantes estimadas por su gobierno como el primer peligro para México. En los hechos está dirigida contra unos doce grupos delincuenciales con territorios propios más o menos definidos, situados especialmente al norte y al centro del territorio nacional.
Dicha declaratoria no es del todo inesperada, pues ya era notable la presión de ciertos sectores internos, solicitando reformas en la lucha y prevención del terrorismo en México, considerándolo como parte de una potencial alianza, justamente con la delincuencia organizada, para establecer una ‘cabeza de playa’ y amenazar la seguridad nacional, citando ejemplos ‘comprobados’ de vínculos entre los carteles de droga y grupos terroristas en tres continentes: Afganistán, Chechenia. Colombia e indonesia [31] . Estas peticiones de cambios en la estrategia son previas y funcionales a la sustentación de las razones expuestas por el gobierno de Washington y de Ciudad de México para militarizar la persecución del crimen organizado.
Además como el lector puede haber ya establecido, de las naciones citadas como modelos probatorios de las relaciones mencionadas del tráfico ilegal y el terrorismo (en la acepción del gobierno de la Casa Blanca), en ese orden, una sufre una ocupación militar de parte de un grupo de naciones lideradas por EE.UU. desde hace casi una década, la siguiente se encuentra en medio de una situación de guerra independentista muy lejos los extremos de violencia sentidos en estas altitudes, otra tiene una estrecha relación de dependencia del aparato civil y militar estadounidense desde hace décadas que la hace escenario de todas las formas de la contrainsurgencia formado parte del problema del tráfico ilegal llegado a México, y la restante así mismo ha estado bajo los parámetros de estado cliente de Washington por medio siglo, especialmente en materia de represión al descontento social.
La guerra de Felipe Calderón no obstante, es muy discutible en su sustentación como respuesta interna a la violencia generada y al nivel de tráfico de psicoactivos, al decir de personas cercanas a la situación mexicana de entonces; la violencia sentida hasta el momento de la declaratoria de guerra y la penetración de la mafia de traficantes tuvo en México picos más altos años antes de los anunciados presidencialmente en diciembre de 2006 [32] . No es clara la razón por la cual es declarada ahora no habiéndolo sido antes, bajo la administración de Vicente Fox (2000-2006), del mismo partido político de Calderón.
Declarada la beligerancia la violencia despiadada, ostentosa y cotidiana, no ha dejado de aumentar en el país. El número de muertos cuando se escriben estas líneas es de no menos de cuarenta mil personas y unos diez mil desaparecidos, con sectores especialmente golpeados como las mujeres y los jóvenes.
Los militares en el caso de México han adherido a las órdenes del jefe de estado aceptando colocar a las fuerzas armadas enteras como gendarmes perseguidores del contrabando de psicoactivos ilegales pues con anterioridad ya consideran que:
«El narcotráfico constituye una grave amenaza para la seguridad interior de la nación y un problema de seguridad nacional» [33] .
Para tan peligrosa tarea para la sociedad no son expuestas metas concretas, calendario o un cronograma definitorio de las acciones a realizar por parte de las fuerzas militares mexicanas. Al parecer esta escueta argumentación es similar a la fundamentación de la Casa Blanca acerca de la Guerra Contra el Terrorismo: una lucha intemporal, sin enemigo específico, ni objetivos identificables.
Primordialmente siguiendo esquemas de represión que no conducen a solucionar problemas sociales de fondo como los enunciados, se busca con cierto desespero incorporar a la legislación normas de restricción de los derechos fundamentales y facilitar la militarización y el control de sociedad mexicana [34] . Algo muy común dentro de las naciones con este tipo de actividades delictuales, a pesar de no tener relación directa.
No es posible pasar por alto tampoco como el tráfico ilegal de psicoactivos ha sido utilizado para realizar actos de guerra contra gobiernos de la región no favorecedores de los intereses económicos estadounidenses como en su momento Nicaragua, en el caso Irán-Contras durante la administración de Ronald Reagan. Un claro paradigma de las actuaciones de la CIA en este tipo de temas de drogas y su colaboración con carteles de traficantes ilegales mexicanos y colombianos, y a la vez de las implicaciones de esta agencia en operaciones de acoso de opositores en Latinoamérica mediante mencionado tráfico ilegal [35] .
En el aspecto concreto de involucrar fuerzas militares en esta labor, se tiene por ya definido a causa de su negatividad como «las políticas estadounidenses antidrogas han contribuido a confundir y a trasladar las funciones militares con las policiales, han militarizado a las fuerzas policiacas y han insertado a las fuerzas militares en actividades de seguridad interna… También han exacerbado los problemas que siguen produciéndose en el área derechos humanos y han generado, fuertes conflictos sociales e incluso inestabilidad política» [36] .
La sospecha de que las luchas contra las drogas ocultan en su interior varias estrategias de intervención militar en Latinoamérica se convierte en certeza cuando se presencia como las persecuciones se hacen de forma manu militari, contra los traficantes dejando de lado y a salvo a sus protectores poderosos en los gobiernos clientes de Washington, y qué decir de los contables y banqueros en las capitales financieras y demás paraísos fiscales. La ilegalización de ciertas sustancias es empleada como un disfrazado instrumento de intromisión al sur del Río Bravo para personas experimentadas en la materia:
«Yo estaba convencido de que la DEA (cuya salida de Bolivia dispuso el mandatario en 2009) no lucha contra el narcotráfico, sino que lo controla con fines políticos. Así lo comprobamos nosotros. Con fines políticos hacían operativos para implicar a dirigentes sindicales o dirigentes políticos o gobiernos antiimperialistas, independientes. Sin la DEA comprobamos que se da mejor la lucha contra el narcotráfico, a pesar del permanente sabotaje de Estados Unidos. Queremos recordar que dentro de las políticas de lucha contra el narcotráfico a nivel mundial hay responsabilidades compartidas de las que Estados Unidos se desliga. No invierte en las verdaderas políticas antinarcotráfico, sabiendo que el origen de éste es el mercado ilegal. Y la responsabilidad que existe en el consumo masivo» [37] .
Por último debemos identificar como las rutas de transporte de psicoactivos prohibidos van de sur a norte, mientras que las vías de llegada de armas bajo el mismo circuito comercial van en sentido contrario. Al norte se ven los adictos más o menos perseguidos pudiendo ser rehabilitados pues en el fondo no perjudican a nadie, y en el otro extremo la muerte no da ninguna opción.
La Ineficacia de la Guerra.
Empero el tema no es tan simple como lo plantean los funcionarios del gobierno federal mexicano. Su creencia de que los soldados intimidarán con su sola presencia de armas de última tecnología y máximo poder de fuego ha resultado ser una mera ilusión. Los carteles de traficantes no constituyen un ejército visible.
El error radica posiblemente en abordar la solución del problema fundamentalmente a través de la fuerza y abstraerlo de la sociedad donde se presenta. Es sabido por experiencias locales y en el exterior como «El florecimiento del narcotráfico no puede explicarse sin el respaldo del poder político» y este no surge de repente si no como resultado de un proceso que en el tema mexicano y colombiano lleva años y varios criterios políticos de por medio [38] «. Las relaciones de poder dentro de la sociedad tienen directa influencia, como en otras tantas, en el asunto de las drogas ilegales y en las organizaciones administradoras de las mismas.
Dichas organizaciones tienen una no muy evidente bifurcación permisiva del actuar en espacios distintos aunque con simultaneidad en el tiempo: «Mafia y narcotráfico son fenómenos de crimen organizado que aparecen en escenarios diferentes; mientras que los narcotraficantes se ocupan de la producción y comercialización de bienes y servicios ilegales, los mafiosos se especializan en el ejercicio ilegal del poder, en la protección y extorción. [39] » En ocasiones esto se encuentra más mimetizado que en otras, pero es un esquema de funcionamiento real: unos producen y trafican, otros protegen y distraen.
Si a esto le adicionamos las imposiciones neoliberales al Tercer Mundo como uno de los factores de incremento del tráfico ilegal y una represión que simplemente induce al cambio de un tipo de psicotrópico perseguido a otro [40] , se constata una infructífera estrategia de proscripción por consiguiente nunca satisfactoria, y sin embargo beneficiante de otras actividades estimadas como legales, como puede ser el comercio de armas (EE.UU.) y la banca.
La concepción de no acechar a grupos u organizaciones actuantes con sigilo como entes delictivos complejos, permite una desafortunada personificación de la delincuencia a perseguir. Jefes de los grupos de traficantes ilegales de los varios por capturar son elevados a la categoría de enemigo público número uno; en estos tiempos es Joaquín ‘Chapo’ Guzmán Loera [41] , el cual es expuesto por los medios de masas a la altura de reconocidos perseguidos mundiales. Oficialmente se tiene su futura detención o muerte como un logro inestimable, cuando en la práctica en situaciones parecidas, esto nunca ha traído una disminución de los crímenes relacionados con las drogas ilícitas.
A la vez que otros jefes del tráfico con sus rimbombantes y enigmáticos alias tienen reconocimiento mediático en el mismo sentido: Heriberto Lazcano El Lazca y Miguel Treviño Morales El Z-40 jefes fundadores y originales del cártel de Los Zetas, e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, jefes del cártel del Pacífico, como los narcotraficantes más «peligrosos» de México [42] . La guerra asombrosamente se individualiza, pareciendo no ser contra un sistema de comercio ilegal de sustancias prohibidas, sino contra determinados sujetos expuestos ampliamente como de especial maldad. Inexplicablemente estos son inexpugnables ante la mayor persecución policial y militar conocida hasta el momento. Unos hombres con destacamentos de sicarios de unas cuentas decenas de paramilitarizados mantienen en jaque un gobierno en el siglo XXI, apoyado por la primera potencia militar del mundo. Vaya paradoja.
De su vez las organizaciones delincuenciales dedicadas al comercio ilegal han diversificado sus actividades criminales, con el tráfico de personas indocumentadas, las cuales son secuestradas también por elementos de cuerpos estatales o federales de migración o policías locales en México, para pedir rescate a sus parientes ya instalados en los EE.UU., extorsionándolos, en colusión con agentes de los distintos niveles gubernamentales. Son presenciados unos niveles de corrupción e impunidad tan generalizados, que permiten en algunas situaciones el enfrentamiento entre fuerzas militares federales y policías estatales.
Las acciones de los grupos de traficantes ilegales organizados hacen ostentación de la capacidad de fuerza letal, generando un estado de zozobra general; homicidios con desmembración de cadáveres y exhibición pública de los mismos, torturas, violaciones, tienen como efecto inocultable la intimidación general, lo cual guarda afinidad con los propósitos del control poblacional contrainsurgente de conmoción y el pavor.
Las armas sin las cuales no podrían existir tales crímenes y la subsiguiente guerra provienen de organizaciones que las hacen llegar principalmente del otro lado de la frontera norte, y cuyas actividades son bien conocidas por las autoridades gringas especializadas en el tema, y no obstante nada se ha realizado que resulte efectivo para impedir el flujo y más bien se presentan acciones de estas autoridades facilitones a un extremo casi doloso del contrabando letal. [43] En consonancia con lo anterior, recientemente un traficante capturado afirma que las armas con las cuales actúan criminalmente los carteles mexicanos han provenido al menos por un tiempo, de funcionarios de EE.UU. [44]
Básicamente las autoridades gringas se niegan a controlar la venta de armas en su propio territorio. Esto explicaría la panoplia poseída por las organizaciones de traficantes justamente para ser empleada en una verdadera guerra. Lo anterior guarda perfecta relación con la naturaleza de los flujos internacionales de armas y drogas de las recientes décadas; el norte produce armas quedándose con el dinero del tráfico ilegal y el sur envía las sustancias y se guarda los muertos.
En síntesis, la facilidad con la cual se obtiene todo tipo de armas, incluso del tipo de guerra de uso militar, en las zonas fronterizas con México y su conexión con las drogas ilegales y el fácil intercambio de unas y otras es un motivo adicional de perplejidad [45] .
En teoría el conjunto de operaciones realizadas por autoridades de varios países bajo la tutela de la DEA y demás agencias de EE.UU., empleando la más sofisticada tecnología de vigilancia a disposición, deberían impedir que las sustancias psicoactivas lleguen a Centroamérica y luego a México procedentes de Colombia, junto con la posibilidad de producción local en estas naciones de aquellas. Sin embargo, ello no ocurre y el flujo de sustancias prohibidas no cesa de circular y la producción efectiva no se reduce, alimentando a su vez el de armas en sentido contrario lo cual tampoco es impedido significativamente.
El presidente mexicano permite el menoscabo de la soberanía de su país, como consecuencia de la guerra emprendida, al permitir a la policía gringa el interrogatorio directo a miles de indocumentados detenidos en México [46] . Empero esto es apenas una parte de la toma de los cuerpos armados gringos del territorio mexicano; agentes consulares actúan sin restricciones en áreas que no son de competencia de una representación diplomática. Recogen evidencias, colaboran en arrestos, espían y las autoridades locales les llaman para pedir información y orientación [47] . La CIA y mercenarios adjuntos operan abiertamente teniendo como bases cuarteles del ejército mexicano adecuados como ‘centros de inteligencia’ del estilo empleado para perseguir insurgentes en Afganistán, una nación ocupada militarmente; la justificación es el trabajo ‘conjunto’ con autoridades locales para la captura de delincuentes peligrosos [48] . No obstante, encontramos como elemento central el adiestramiento antisubversivo al lado de los antidroga.
En una muestra del escalamiento del dominio de los EE.UU., los mismos funcionarios mexicanos son sometidos a pruebas de confiabilidad por parte de las agencias como la CIA el FBI, la DEA, lo cual llega hasta el nivel de secretarios, procuradores, comisionados de policía y altos mandos militares. Las operaciones contra la criminalidad son ideadas y dirigidas por miembros de las citadas agencias, participando de capturas de delincuentes además de las citadas, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y agregados Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia [49] . Es decir, un ampuloso cuerpo de administración más que paralelo, por encima del gobierno formal.
Es imposible poder apreciar como independientes y en beneficio de su propia nación lo realizado dentro de su gestión por empleados públicos sometidos a tales demostraciones de fidelidad y sometimiento a un gobierno extranjero.
Aquellas palabras de la Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinoza retumban por lo huecas en todo México.
Atropellos de la Guerra
La guerra contra las drogas mexicana logra que grandes sectores activos del país y documentos oficiales del exterior la califiquen junto con su inefectividad, de corrupta y propiciante de toda clase de violaciones a los derechos humanos [50] . Muchos crímenes resultantes de operaciones de búsqueda de traficantes son atribuidos por las autoridades federales o estatales a estos, sin investigación judicial sustentadora de su decir; no obstante testigos y familiares de las víctimas acusan a las fuerzas oficiales; los crímenes ocurren a diario en toda la geografía de la república.
La argumentación de los estamentos federales sobre la ocurrencia de tan graves situaciones, es la de que estas son consecuencia de la incesante presión ejercida por los militares en especial y el restante aparato represivo federal sobre los traficantes; los muertos cuando no son resultado de enfrentamientos entre traficantes y estos con militares y policías federales resultan ser, utilizando esa idiota expresión de la jerga militar de EE.UU., ‘daños colaterales’.
En contexto de tal especie la presencia de los militares se justifica debido a fundadas sospechas de que las policías estatales y locales puedan ser colaboradores sobornados por aquellos delincuentes [51] . En modo alguno se habla de las actuaciones por acción u omisión de los políticos locales o estadales en esta guerra, algo que sin duda explica lo inexpugnable de la corrupción en estos ámbitos. Las bandas de traficantes matan policías, mas hasta el momento no han atentado contra políticos de alto nivel [52] .
Las acusaciones por delitos de cuerpos armados son claras:
«la población es víctima del fuego cruzado, de la corrupción de la policía y del Ejército, somos víctimas de atropellos, de allanamientos, de tortura, encarcelamientos injustos y detenciones arbitrarias con ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas» [53] .
Y más delicado aún es que los homicidios y desapariciones aumentan cuando quienes teóricamente son el brazo armado del estado federal salen a las calles a patrullar:
«cuando el Ejército realiza labores de policía el secuestro se incrementa 76%, desde que los militares están en las calles se dispararon los índices de robo, asaltos, extorsiones y violaciones de los derechos humanos» [54] .
El número de desapariciones de acuerdo a organizaciones de familiares de personas sometidas a este crimen dentro de la actual ‘guerra al narco’, relacionadas con razones políticas, trata de personas y la guerra citada, es superior a las tres mil [55] .
Las palabras de las mujeres mexicanas en estos casos evocan a las de las argentinas hace poco más de treinta años:
«El ruido nos despertó. De repente ocho hombres vestidos con uniformes de la Marina estaban en la casa. Le ordenan a mi esposo que salga. Él les dice que le permitan ponerse un short . Ellos le piden la credencial de elector. Y lo sacan. Desde entonces no sabemos nada de él» [56] .
Crímenes de lesa humanidad como el narrado dejan entrever la no ocurrencia de una única guerra, la contra las drogas, sino igualmente de una más, una de aguda represión ensañándose contra la población, la cual junto con la impunidad que le acompaña resultan ser síntoma de una guerra sucia.
Necesariamente emergen muchas preguntas dentro del pueblo que padece esta situación. Los medios cercanos al gran capital local e internacional simplemente dicen que los ‘narcos’ están cada vez más y mejor armados, y sin embargo no manifiestan nada respecto al lógico interrogante de donde provienen esas armas y del como han podido llegar a ser tan poderosos los carteles a pesar de los recursos destinados a combatirlos y a la estrecha vigilancia de los cuerpos armados gringos y su ampulosa tecnología. Así mismo es una incógnita sin resolver el hecho de que en la estructura en sí de dichos carteles se aprecia cómo a pesar de presentarse escisiones en sus coaliciones de acuerdo a los partes de guerra de las autoridades, esta división no les hace en absoluto perder su fuerza [57] .
La corrupción en estamento militar y policial empieza a ser expuesta como asunto común y sin ningún contexto ante una opinión pública anonadada por los sucesos. Unos pocos son juzgados y sentenciados como el general corrupto Jesús Gutiérrez Rebollo [58] , y de muchos otros en iguales circunstancias nada se declara; el jefe de policía Miguel Nazar Haro, es torturador y corrupto, pero como es aliado de la CIA no se le procesa [59] . Un hecho como así pasa desapercibido en lo que puede significar.
La delincuencia organizada parece tener santuario desde donde iniciar sus actividades y regresar a recobrar fuerzas. Se sabe de fuentes oficiales en la frontera del lado de los EE.UU., de la residencia de miembros de carteles mexicanos en este territorio, realizando sus actividades criminales al sur para luego volver al refugio seguro en el norte de la línea demarcadora. Y cuando perpetran actividades delictuales en estos estados fronterizos lo hacen contra personas de nacionalidad mexicana. Lo cual nos revela a las claras del conocimiento de las autoridades gringas de los movimientos y actos delincuenciales de los violentos traficantes, sin que hayan sido capturados, o al menos interferidos con la realización de sus ilegalidades. Se torna en realidad la existencia de una tolerancia con cierto tipo de traficantes por parte de las autoridades gringas [60] .
Es el mismo sentido se evidencia las contradictorias acusaciones de las autoridades de Washington, cuando México extradita delincuentes al otro lado de la frontera donde son confinados en cárceles, desde las cuales estos continúan al mando de sus ‘negocios’ de tráfico ilegal y asesinatos sin interferencias, de conformidad con declaraciones de jefes traficantes y autoridades mexicanas [61] . Es patente que las actitudes de todos los niveles de poder en EE.UU ya sea en sector federal o estadal, son incoherentes frente a sus declaraciones de persecución a los traficantes y apoyo al gobierno azteca.
La percepción sentida por los mexicanos de su situación social no puede ser más angustiosa. El crimen tiene más poder que el gobierno, dice casi el sesenta por ciento de los mexicanos, más de ocho de cada diez afirman sentir que su situación de seguridad es peor hoy que hace tan sólo dos años [62] . La calidad de vida en México desciende constantemente.
Mirando hacia atrás la guerra al ‘narco’ va apareciendo como un continuo reforzamiento de restricciones en momentos de gran efervescencia social con la aparición del EZLN y otros movimientos insurgentes, la conformación de movimientos sociales contestatarios como la APPO en la insurrección de Oaxaca (2006), revueltas como la de San Salvador de Atenco, los plantones en el Distrito Federal, las caravanas, etc.
No es ofrecida por aquellos que decidieron tal guerra una explicación razonable de tanto sufrimiento infringido; sin argumentos comprobables en la cotidianidad y en la historia el gobierno federal pide paciencia…
En procesos sociales como el tratado son ocultables los detalles pero los contornos generales de una u otra manera resultan expuestos. Por ello salen a relucir la situación de las fuerzas armadas como ejército de ocupación de su propio país, las maniobras de favorecimiento de ciertas organizaciones delictivas frente a otras, la desmoralización inocultable de funcionarios armados militares y civiles, junto con políticos, el afianzamiento del dominio ya físico del gobierno de los EE.UU. en México, junto con la consecuente persecución a quienes se oponen al empobrecimiento de la mayoría formando movimientos sociales, y en general el empoderamiento del accionar represivo en la forma de ‘guerra sucia’ [63] .
Ciudad Juárez: un experimento
Es destacable en estas circunstancias como ciertas zonas del territorio mexicano, particularmente sometidas a la militarización más intensa son justamente en las que son cometidos la mayor cantidad de crímenes por parte de los bandos involucrados. En la actualidad la zona más violenta dentro de los escenarios de la guerra contra el ‘Narco’, es la fronteriza Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua.
Al parecer es la escogida para la aplicación de específicos planes de control social, con desastrosos resultados para la población: «En la frontera enfrentamos cada día como un reto la vida y la muerte» [64] .
El volumen de violencia se ha intensificado desde la declaración de lucha contra los traficantes, siendo esta una parte apenas de las penalidades que azotan la ciudad:
«Esto pasa en una ciudad en donde hay personas que viven en cajas de cartón. Diez mil negocios fueron abandonados o cerrados el año pasado. De treinta a sesenta mil personas de Juárez, principalmente los más ricos, se han trasladado del otro lado del río, a El Paso (EE.UU.), en busca de seguridad, incluyendo al alcalde de Juárez, a quien le gusta pasar tiempo en El Paso. El editor del periódico de Ciudad Juárez vive en El Paso. Entre 100.000 y 400.000 personas simplemente han abandonado la ciudad. Una buena parte del problema es económico, no es sólo por la violencia. Al menos 100.000 puestos de trabajo en las fábricas que se encuentran en la frontera han desaparecido durante la recesión debido a la competencia de Asia. Existen entre 500 y 900 pandillas y bandas criminales, las estimaciones varían.
Encontramos evidencias de que la villa es un territorio sometido a castigo:
«A eso hay que añadir 10.000 soldados y agentes de la policía federal que merodean por los alrededores. Te encuentras con una ciudad en la que nadie sale por la noche, donde los pequeños negocios son extorsionados, donde, según datos oficiales, 20.000 automóviles fueron robados el año pasado y más de 2.600 personas fueron asesinadas. Una ciudad en la que nadie hace un seguimiento de las personas que han sido secuestradas y no han vuelto a aparecer, donde nadie cuenta el número de personas enterradas en fosas secretas, algunas de las cuales, milagrosamente, cada tanto consiguen abrirse paso hacia la superficie, desenterrarse. Te encuentras con una situación desastrosa. Y hay un millón de personas atrapadas en la ciudad que son demasiado pobres para irse. Ese es el estado de la ciudad.» [65]
La guerra ha dejado unos nueve mil muertos en tres años en esta ciudad fronteriza; nada han hecho al respecto los miles de soldados y policías federales desplazados a ella. Tan sólo un cambio de nombre ha dejado estas infamantes circunstancias, ahora es la Heroica Ciudad Juárez [66] . Los asesinatos de mujeres y hombres continúan.
El carácter engañoso de la guerra contra ‘el narco’ se desnuda al analizar el sufrimiento de los habitantes de esta ciudad:
«No hay una auténtica guerra contra las drogas»; «Más bien, lo que hay es violencia alimentada por el dinero que mueve la droga. Y hay industrias estadounidenses cuyos ingresos provienen principalmente de librar una guerra contra la droga» [67] .
Esto ocurre cuando Ciudad Juárez es copada por tropas y policías federales. Los habitantes de la ciudad han clamado al poder ejecutivo federal por el cese de la estrategia contra los traficantes por el sufrimiento y el dolor causado; las denuncias de corrupción de policías locales y federales así como del ejército son un común denominador en México pero en Ciudad Juárez conforman un angustioso lamento de muerte.
La masacre del 31 de enero de 2010 en Villas de Salvàlcar donde murieron 16 jóvenes (apenas una entre otras) es un episodio elocuente de la inoperancia y las violaciones a los derechos humanos en la población de la guerra decretada sin mandato desde Los Pinos. El sitio donde se comete el crimen se encuentra a sólo tres minutos de un cuartel militar [68] . Felipe Calderón alude a las víctimas de la matanza como a pandilleros [69] , en una justificación ultrajante de por lo menos la inutilidad de sus tropas y agentes federales a través de la denigración de aquellos caídos. Los habitantes de la ciudad de su parte, afirman que con un acopamiento de tal magnitud un crimen en estas circunstancias sólo puede ser perpetrado por un escuadrón de la muerte [70] . Esto último ineludiblemente evoca una vez más otros casos similares en otros lugares de América Latina relacionados directamente con la ‘guerra sucia’.
El presidente Felipe Calderón intenta apaciguar esos ánimos durante una visita a la ciudad en la cual lanza un programa llamado «Todos Somos Juárez», un proyecto piloto que se aplicaría primero en esa ciudad y luego en otras zonas afectadas por la violencia [71] . Calderón expresa que su gobierno está dispuesto a un diálogo con para revisar su política de guerra.
No obstante, a causa de la contradicción evidente de los propósitos anunciados y los resultados, en Ciudad Juárez se asiste a una especie de decadencia calculada de la ciudad, manifestada en la carencia de infraestructuras públicas coaligada con la crisis económica mundial, ensañadas por supuesto en los más pobres, a lo cual se agrega una fuerte represión a estos. Ocurren fusilamientos en paredones o dentro de centro de rehabilitación, como si se intentara practicar aquello denominado cruelmente ‘limpieza social, las desapariciones forzadas; quienes sufren en su mayoría tales crímenes son los habitantes de los barrios empobrecidos. Ningún gran traficante ha sido capturado [72] . Causa extrañeza la persecución en zonas donde no pueden vivir delincuentes con un gran poder económico y de armamento.
El laboratorio de lucha contra las drogas y ostensible también de batalla contrainsurgente, son lo que ha resultado suceder por estos años esta urbe. Se producen experimentos como de dejar que las pandillas se maten entre sí, con todo lo que conlleva para la legitimidad de un estado una conducta pasiva de ese talante. El lema un militar es «En vez de decir un muerto más, digan un delincuente menos» [73] . Con estas políticas la percepción de los habitantes dista mucho del respeto y agradecimiento por la llegada de expertos en la guerra, parte misma del problema para estos:
«Algunos ya han muerto, otros han sido asesinados sin tener nada que ver, por estar en «el lugar equivocado» o por negarse a pagar una «cuota», como les llaman los criminales a las extorsiones periódicas que piden a cambio de «ofrecerles seguridad» a los negocios, desde fábricas hasta los puestos de comida ambulante. El Ejército y la Policía lo saben pero no hacen nada, «sino es que son ellos mismos» [74] .
Es verdad irrefutable la corrupción acentuada de las autoridades desplazadas a combatir al narco en esta parte de la frontera, lo cual hace observar la situación muy diferente a lo afirmado por el alto gobierno:
«No es una guerra entre cárteles, ni una guerra contra la delincuencia organizada, es una guerra entre dos bandos del Estado. En cada uno hay policías, militares y sobretodo, políticos poderosos, por eso no se puede resolver el conflicto » [75] .
Al frente, al otro lado de la frontera en El Paso Texas el aire respirado es distinto, pues hasta allí no se irradian las consecuencias de tan peculiar contienda, el experimento Ciudad Juárez, como ensayo que parece ser, es plenamente controlado. La guerra debe estar del lado sur del límite de acuerdo con la jefa de Seguridad Interna de EE.UU.:
«Ni se les ocurra traer esa guerra hacia Estados Unidos, porque se enfrentarán a una reacción aplastante» [76] .
Al lado sur nada puede detener efectivamente la matanza; Estados Unidos financia esta guerra contra las drogas con unos mil millones de dólares, representados en armas principalmente. Y entonces el complejo militar industrial se beneficia de ello.
Intromisión del gobierno de Washington
En el campo de los hechos haciendo referencia a datos de la ONU, se informa que el consumo de drogas ha crecido entre 1998 a 2008; en opiáceos en 34,5 %; cocaína en 27%, cannabis en 8,5% [77] . Altos funcionarios del gobierno de Washington han inesperadamente reconocido como el problema se origina en el propio territorio estadounidense. Colin Powell inesperadamente ha dicho en 2001:
«El verdadero problema de la región no es causado por la región, es causado por lo que ocurre en las calles de Nueva York, en las calles de todas nuestras grandes ciudades.» Y determinando la responsabilidad material de las clases sociales oligárquicas de su país; «Y no es sólo un problema de pobres chicos, de un pobre chico que fuma marihuana en la esquina, son las corporaciones de abogados, son los actores que una y otra vez usan drogas de forma ilegal. [78] »
A pesar de tan contundente declaración, quienes dirigen la ofensiva antitraficante desde el exterior en territorio mexicano, entienden que esta nada tiene que ver con los derechos humanos del pueblo que lo habita. Aplica una mirada etnocentrista visualizadora de un futuro de conflicto con mayores motivaciones aún para la injerencia estadounidense:
«Eso es lo que estaría apreciando el Departamento de Estado en Washington y pocas cosas pueden ser más preocupantes en su lógica de seguridad interna que ver grupos del narcotráfico ideologizados y coludidos con organizaciones armadas (así sean pequeñas y fragmentadas como las existentes en México) en su frontera sur» [79] .
Estos pronósticos parecieran de autocumpliento, si tenemos en cuenta que el gobierno de EE.UU. militariza subrepticiamente México desde una época anterior como son los años noventa [80] . En consecuencia se incorpora la sociedad mexicana a lo castrense, es decir se le acostumbra a ver a los militares y su forma peculiar de tratar los problemas sociales como parte necesaria de la vida mexicana, y en consonancia de ello, se convierte al ejército y la marina en cuerpos policiales con funciones directas de control de la población. Todos los latinoamericanos saben lo que significa esto: las fuerzas armadas actúan en su propia nación como ejército de ocupación en territorio conquistado; los habitantes de antemano son por lo menos sospechosos objeto de potencial castigo.
A ello se dirige inocultablemente la creciente presencia de cuerpos marciales y policías mexicanos en academias de represión estadounidenses [81] , reconocidas sobradamente por sus egresados pletóricos en violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica [82] . México había tenido una participación menguada en el envío de sus soldados y policías a entrenamiento a EE.UU., pero a partir de 1996 el número de egresados mexicanos crece de manera sistemática [83] . A medida que aumenta el entrenamiento de militares mexicanos en EE.UU., se hace más ostensible la presencia de estos en la vida de la nación; una experiencia nada saludable si tenemos en cuenta la historia de estos cuerpos armados en la región.
En otras palabras, militares y policías pasan a ser dependientes de los planes y programas pentagonales, como no lo habían sido antes en su historia [84] . Evidentemente la soberanía nacional resulta suspendida con estas decisiones de los gobernantes mexicanos por muchos saludos a la bandera que estos realicen con la mano en el pecho.
Es indispensable resaltar como uno de los grupos de sicariato más destacados por su crueldad es justamente conformado, al menos inicialmente, por egresados de las escuelas militares y del espionaje gringas: los Zetas. Practican todo tipo de actos criminales con una precisión y ensañamiento de expertos, siendo originariamente reclutados por el cartel de Tamaulipas. Este tipo de matriz de acción de corte netamente paramilitar se expande rápidamente por todo México, a manera de una franquicia.
La sospecha de que los traficantes ilegales tengan apoyo en los más altos funcionarios del gobierno federal y los estadales se convierte en una realidad sentida ya en el gobierno de Felipe Calderón [85] . Empero, la guerra no es contra los funcionarios corruptos.
Con el poder económico la corrupción llega a los estamentos más altos. Están involucrados policías, militares, espionaje, banqueros, importadores, miembros del gobierno a nivel local y nacional. La familia Salinas a la cual pertenece Carlos Salinas De Gortari se le relaciona con negocios de tráfico de psicoactivos ilegales, con gran escándalo [86] . Parece ser que el ordenamiento general del país estuviera sometido a los grupos de traficantes. La sensación de es indefensión por parte de la sociedad en general viene de tiempo atrás.
A la par de toda esta estructura de corrupción y de crimen, la CIA tiene en México el complejo más grande de América Latina. Se conducen operaciones de droga en México con expresa autorización del gobierno de los EE.UU. [87] . En ejercicio de unas circunstancias que llegan a ser comunes en el presente, las decisiones sobre el tema de ‘narcóticos’ alcanzan a ser de plena competencia de las autoridades gringas. Son estas quienes definen la peligrosidad de los traficantes por medio de la DEA.
Las persecuciones a estos emigrantes procedentes del sur son explicadas a los ciudadanos estadounidenses como una forma concluyente de evitar el aprovechamiento de parte de aquellos de los beneficios sociales ofrecidos al norte del Río Bravo, lo cual despoja a los ciudadanos estadounidenses con derechos a tales servicios.
Empero, «Un estudio realizado en 1994 por el Think Thank conservador de Rand Corporation, encontró que los impuestos anuales pagados por los inmigrantes sumaban un total de 25 y 30 mil millones de dólares más que los costos de los servicios que recibían. [88] «. Por consiguiente, es muy discutible que la emigración forzosa hacia los EE.UU. a causa de las condiciones sociales impuestas en las relaciones económicas presentes tiempo atrás y agravadas con el tratado en mención, se produzca en detrimento de la población estadounidense.
Carteles al norte
De su parte del tráfico ilegal en los Estados Unidos es servido por redes de comerciantes, que son vistos por sus autoridades como un asunto circunscrito a minorías étnicas. Las redes del tráfico ilegal de drogas tienen «un alto contenido étnico», de acuerdo al dicho de Barry McCffrey; es decir Latinoamericanos, jamaiquinos, japoneses, chinos, etc., son los a perseguir [89] . A contrario de estas opiniones, se sabe por otras fuentes que los capos de los cárteles en EE.UU. son en un 30% de esta nacionalidad y por otras más razones inexplicables no están en la cárcel [90] . Existen mafias de ciudadanos caucásicos de los EE.UU., como se revela en el caso de agosto de 1999 en el aeropuerto de Miami donde son arrestados por la DEA 38 empleados aeroportuarios oficiales de inmigración y un comisario [91] . Investigaciones acerca de los niveles altos del mercado de la cocaína en EE.UU., han arrojado datos de que la mayoría de quienes se dedican a estas actividades son nativos y organizados en redes con mínima especialización y rara utilización de la violencia [92] . Características que deben ser de pleno conocimiento de las agencias de seguridad imperiales.
Algunos estiman que a pesar de todas las aparatosas agencias de espionaje aduanas etc., «En Estados Unidos la corrupción es mayor pero organizada.» «EE.UU. convive con cárteles más poderosos que los mexicanos. Los nuestros son una caricatura, las ganancias millonarias están en el norte, el sur recibe las migajas. [93] »
La falta de respuesta ante la citada delincuencia, nos conduce a las repetidas denuncias intermitentemente expuestas a la luz pública, sobre actividades de financiamiento del tráfico de psicoactivos ilegales, por parte de entes del espionaje como la CIA, tanto en Afganistán como en América Latina [94] . Empero esto nos traslada a su vez a aspectos del tráfico ilegal relacionados con la organización global del tráfico prohibido en el mundo entero, lo cual rebasa con mucho los propósitos del presente ensayo.
El Desastre
Difícilmente el paisaje puede ser más desolador para los mexicanos. Un problema para ser abordado bajo los actuales parámetros (ya de por si cuestionables) a través de medidas de policía eficiente y tratamiento médico, es llevado a agudizar todos los restantes facilitando la devastación del país, a la vez, sacando a la luz abyectas injusticias y la institucionalización de las mismas:
«Las instituciones están en putrefacción, México no tiene instituciones democráticas, algunos elementos del Estado trabajan en complicidad con el crimen organizado, vemos un uso del Estado para privilegios y prebendas, por eso lanzar una guerra con estas características es poner en estado de indefensión a la ciudadanía, 40.000 asesinados y 10.000 desaparecidos hablan del Estado fallido, los muertos y el horror de la guerra los estamos pagando los ciudadanos. No queríamos al ejército en las calles, fue un error tratar a la droga como un asunto de criminalidad nacional, cuando es un problema de salud pública, tenemos que buscar la fórmula para que el Ejército regrese a sus cuarteles gradualmente. Por otra parte, el hecho de que existan tantos criminales se debe a que el Estado falló, porque no nacieron criminales y el otro grave problema son las víctimas inocentes y asesinadas con total impunidad, tenemos que visibilizar la realidad, por ejemplo, en el asesinato de mi hijo Juanelo había policías involucrados, por supuesto queremos parar esta guerra, no podemos vivir así. [95] »
El Control social violento en México: los paramilitares.
El paramilitarismo dentro de la guerra de baja intensidad se posiciona como forma de manejar con calculado terror a extensos grupos de insurrectos. Tiene como orígenes el control social violento por parte metrópolis europeas sobre pueblos colonizados al cual se le fueron agregando las prácticas del nazismo alemán en Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial [96] . Sin embargo, frente a las dos últimas décadas ya había antecedentes de esta clase de manejo de las poblaciones en México con la aparición de grupos paramilitares como los Halcones, las Brigadas Blancas de terratenientes [97] , o del tipo destacamento con el tristemente célebre ‘Batallón Olimpia’ (una variedad de operación paramilitar caracterizada por la acción violenta de militares en indumentaria civil) desde los años cincuenta. Las consecuencias de estos aviesos procederes permiten que hacia la ocurrencia de la masacre de Tlatelolco (2 de octubre de 1968), ya en México se hubieran registrado varios desaparecidos [98] .
Ello se relaciona con la existencia de una profusa historia de guerrillas mexicanas, concretamente la de los últimos sesenta años del siglo XX [99] . Con una tradición como esta de lucha insurgente es correlativa la creación de todo tipo de contrainsurgencias; las iniciativas insurgentes no son pocas en las últimas dos décadas.
Además del reconocido Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se sabe de la existencia de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), o el Ejército Popular Revolucionario (EPR); de este último se presenta una escisión llamada Ejército Revolucionario del Pueblo Independiente ( ERPI). También aparece el Comando Justiciero de Liberación Nacional 28 de junio (CJLN 28 de junio), el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres (CCRP). Para el año 2000 se forman las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP); estos dos últimos forman la Coordinadora Revolucionaria José Ma. Morelos y Pavón. Otro más es la Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR). Después del año 2004 surgen otras organizaciones vinculadas con el EPR: el Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo (CJM-23M) y el Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero (CPR-LPEP). Un extenso paisaje insurgente en procura de verificación.
Con el levantamiento zapatista de enero de 1994 los militares aplican estrictamente planes de control poblacional luego de obviamente haber pasado por la instrucción deshumanizadora de los cuarteles de EE.UU. El oficial Mario Renán Trujillo, quien ejecuta el procedimiento contrainsurgente en Chiapas, es graduado en Fort Bragg Carolina del Norte.
Otro de estos egresados de la Escuela de la Américas (SOA) es muy directo acerca de sus apreciaciones de la inconformidad surgida en Chiapas, visible desde enero de 1994:
«El Vaticano es la causa indirecta del conflicto en Chiapas con su rama infectada de la Teología de la Liberación. [100] »
En otras palabras, para los militares la insurrección no es motivada por las precarias condiciones de vida de la población del estado más pobre de México, sino por el clero católico sublevador del pueblo.
Otro militar con esa formación estadounidense en la Escuela de las Américas, Juan López Ortiz, comanda las tropas que en enero de 1994, durante el levantamiento zapatista cometen la masacre de Ocosingo donde los soldados atan las manos de los prisioneros en la espalda antes de dispararles en la cabeza [101] . Asesores militares gringos son vistos en Chiapas en los años 90. La ayuda militar del gobierno de Washington se dispara con el sempiterno pretexto del ‘combate contra el narcotráfico’ y se presenta una visita del comandante del ejército de EE.UU. a su homólogo mexicano en el mismo enero de 1994, a la vez de la ocurrencia de un aumento de agentes de la DEA y espías relacionados por la época [102] .
Los programas de guerra antisubversiva pentagonales recomiendan la creación de cuerpos denominados de ‘autodefensa’ [103] , más certeramente conocidos como paramilitares, los cuales son agrupaciones o destacamentos de personas no adscritas a los cuerpos militares o de policía, entrenados por estos directa o indirectamente en el uso de armas, tácticas de guerra y torturas, preferentemente reclutados dentro de las mismas comunidades a ser vigiladas o atacadas (aunque puede ser militares con prendas civiles o una mistura de los mismos), actuando siempre bajo el mando militar de la zona. Aplican una táctica de supremacía sobre aquellos a quienes acometen basada en la combinación de poder de fuego y terror; sus armas (aportadas primordialmente por las fuerzas armadas), la desposesión de estas en las víctimas y el respaldo de cuerpos armados militares o de policía son los elementos de lo primero, y la aplicación sistemática de fuerza brutal y/o actos de extrema crueldad son los pilares de lo segundo [104] .
Para enfrentar al EZLN en Chiapas, se produce un proceso que ha empezado a ser aplicado en otros estados y que se le ha denominado de ‘colombianización’, por su semejanza con lo que ocurre en aquella esquina suramericana: sacar el pez del agua. Es decir quitarle el apoyo popular a los insurgentes o movimientos sociales inconformes. Para ello la guerra psicológica, el espionaje, la acción cívica, creando el clima propicio para organizar grupos paramilitares generadores de terror, los cuales para aquel estado son de extracción indígena, como los llamados ‘Justicia y Paz’, ‘Los Chinchulines’, ‘Máscara Roja’, Petules, ORCAO, etc., es decir escuadrones de la muerte [105] que pretenden ser parte de enfrentamientos entre miembros de las mismas comunidades.
Chiapas es entonces escenario de una Guerra de Baja Intensidad (GBI), con todas las violaciones a los derechos humanos que esto conlleva. Esta clase de guerra recordemos no persigue únicamente la victoria militar sino también la destrucción política y moral de los habitantes tenidos como objetivo. En este contexto, la autonomía de los pueblos indígenas de México y el respeto a sus sociedades y su cultura son una quimera a pesar de todas las promesas del gobierno federal; lo propio puede generalizarse para el conjunto del pueblo mexicano.
El presidente de entonces Ernesto Zedillo Ponce De León (1994-2000), ataca al EZLN en febrero de 1995 empleando una gran violencia por supuesto no vista en los EE.UU [106] . Los militares dentro de su GBI usan los consabidos métodos incluyendo la utilización de unidades terroristas paramilitares. El mismo EZLN a través de su vocero el subcomandante Marcos pide expresamente el desarmar a estos destacamentos [107] . Sin embargo, el asunto no es restringido a Chiapas, y los golpes de la guerra irregular se presentan en otros estados como se manifiesta en la masacre de Ayutla de los Libres en Guerrero perpetrada directamente por el ejército en junio de 1998. [108]
Para la represión generalizada de comunidades potencialmente inconformes es utilizada una justificación ya vista en otros países de Latinoamérica. En abril de 1996 el ejército mexicano ‘descubre’ depósitos de drogas ilegales en zonas de control de los zapatistas; a continuación ocurre una ofensiva militar para buscar ‘enervantes’. El EZLN advierte que se trata de una ofensiva del gobierno contra su movimiento, a lo cual el jefe militar Mario Renán Castillo niega la acusación afirmando que se trata de la persecución de un supuesto ‘cartel del suroeste’ de psicoactivos ilegales el cual operaría en Chiapas, Campeche y Tabasco. Los paramilitares identificados como Chinchulines y Paz y Justicia empiezan a asolar el norte de Chiapas ocasionando unos seiscientos campesinos muertos [109] . Es notorio que aquello de la persecución de traficantes de carteles de drogas en aquella región es un mero pretexto para la actuación contrainsurgente.
Con esta clase de tácticas antisubversivas pentagonales se pretende controlar a la población de Chiapas creando un ambiente que haga aceptable aspectos ya notorios de la GBI a nivel nacional y a la vez cortar el apoyo de la población local y en general de la mexicana al EZLN [110] . Pero esta guerra por su carácter contrainsurgente no es únicamente contra los indígenas zapatistas, persigue también, como ya hemos mencionado, a la iglesia católica de los pobres, a los radicales dentro del PRD, a las organizaciones populares fuera del control estatal, y en última instancia contra el llamado ‘narcotráfico’ [111] . Estos coincidencialmente son rebeldes o adoptan posturas de rechazo frente a los planes económicos y políticos de dominación y sus consecuencias ya vigentes del Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) y otras medidas de los gobiernos federales y estatales.
Las privatizaciones y en concreto la varias veces intentada de PEMEX como máximo botín por sustraer van acompañadas de las enunciadas tácticas antiinsurgentes estructuradas a la sombra amplia de la Iniciativa Mérida [112] . La militarización y la paramilitarización acompañante es la base represiva garantizarte de la contención abierta o disimulada, judicial o extrajudicial de cualquier oposición efectiva.
Ya los entrenamientos recibidos por el ejército mexicano apenas se ocupan de la represión del tráfico ilícito y sus consecuencias, son evidentes en que se tenga como base de los mismos la contrainsurgencia, el ubicar como enemigo al cual combatir a la población; no puede considerarse coincidencia que los instructores gringos sean seleccionados por su experiencia en naciones ocupadas militarmente por EE.UU. como Afganistán e Irak [113] .
Hacia el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) la paramilitarización del control social en México adquiere otras formas más extendidas y capacitadas. Se presenta el fenómeno de la deserción (es decir el abandono ilegal de las funciones encomendadas) de unos cien mil miembros de las fuerzas armadas y la cooptación de muchos de estos por los traficantes, los cuales son denominados ‘narcomilitares’; lo cual significa simple y llanamente una expansión rápida y geométrica del paramilitarismo en todo el país, aún pesar del endurecimiento de las penas para este tipo de delito [114] . Es decir, exmilitares con entrenamiento pasa a ser elementos de los carteles de traficantes a los cuales aportan sus conocimientos bélicos y en ocasiones armamento.
También paramilitares son utilizados en ambientes urbanos durante momentos de insurrección popular, para exculpar la violación de derechos humanos de cuerpos oficiales, como lo sucede en Oaxaca en el 2006, con escuadrones de la muerte a lo suramericano articulados a la estructura administrativa de la organización estatal, criminalizando al inocente e invistiendo de impunidad a los criminales [115] , en una actuación modelo para futuras represiones con el fin de golpear el movimiento popular. En Oaxaca el ejército amedrenta, catea y detiene gente, realiza operativos diciendo que eran contra el ‘narco’ militarizando estos procederes [116] . Es indispensable resaltar nuevamente que la impunidad por los abusos militares en este caso y los restantes en otros estados es del ciento por ciento [117] .
Por estos tiempos ya es muy visible la presencia de grupos paramilitares, es decir de destacamentos de civiles armados, a semejanza de lo ocurrido en lugares de América Latina donde se ha instaurado el control social violento de tal forma, como El Salvador o Colombia, como una política generalizada destinada a liberar el estado de responder por crímenes de lesa humanidad permitiendo a la vez un atemorizamiento de la población más directo [118] .
Se hace notorio el accionar de estos contingentes en varias modalidades como el mero sicariato, las guardias blancas de finqueros, los grupos extraídos desde las mismas comunidades por aterrorizar [119] , lo cual guarda directa relación con el tipo de población por reprimir; en poblados indígenas por cuestiones de imagen internacional, para evitar cuestionamientos de tipo racista y una fácil detección se emplean preferentemente gentes de la etnia correspondiente. Si el control violento debe practicarse en zonas de mayor diversidad étnica es más factible el empleo de personas de fuera de la comarca, los cuales pueden figurar como parte de las muchas criminalidades existentes [120] . Todo esto es ajustado a los modelos incluidos en los manuales contrainsurgentes, nada en estos aspectos se deja al azar.
De cualquier manera tienen, como ocurren todos los lugares del mundo donde se ha instaurado estos contingentes paramilitares, un vínculo con el gobierno y sus autoridades, en México lo es con la Sección Segunda del Estado Mayor, el espionaje militar; es decir en el terreno de los hechos configuran aquellos como una extensión no oficial y ocultable de las fuerzas armadas [121] . Aunque en otras naciones como la vecina Guatemala, este tipo de cuerpos de control social son semioficiales.
Más recientemente el ejército mexicano ha empleado la táctica de utilizar contingentes paramilitares haciéndose pasar por miembros del EZLN, en ejecución de otras experiencias contrainsurgentes coloniales, que buscan generar confusión y descredito del movimiento insurgente. Esta insurgencia paralela sin embargo, actuar en contra de las comunidades originarias obligándolas a desplazarse [122] , de acuerdo a programas gubernamentales en concordancia con intereses económicos frecuentemente foráneos.
Lo que inicialmente es instituido por los planes pentagonales como recurso sencillo ante la falta de recursos en empobrecidos países clientes, destinado al dominio de regiones enteras en aquellos, a partir de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con el tiempo se convierte en una estrategia compleja con diversas tácticas adaptadas a cada entorno de aplicación.
La escalada de la guerra teóricamente dirigida contra ‘el narco’ en nada trae de tranquilidad y sosiego a los mexicanos en general; lo que se pretende combatir penetra aún más profundamente que antes las estructuras del poder generando mayores calamidades que las que se pretende solucionar. Los insurrectos lanzan una acusación: «Gobierno y crimen son actualmente sinónimos y equivalentes. [123] » Del lado internacional se manifiesta algo similar: «Según lo señala el diagnóstico elaborado por los expertos para el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la creciente intervención del ejército en la lucha contra el narcotráfico, se ha traducido en violaciones graves y reiteradas a los derechos humanos [124] .»
La conmoción y el pavor se hacen presentes.
Acteal
Un caso paradigmático de los procederes y objetivos mencionados por parte de las prácticas paramilitares del ejército mexicano, lo constituye la matanza de Acteal en Chenalhò Chiapas el 22 de diciembre de 1997, perpetrada por grupos de esta clase, entrenados y bajo la cobertura de militares, lo cual ha sido confirmado por documentos desclasificados la agencia de espionaje del gobierno de los EE.UU., Agencia de Inteligencia de la Defensa (por sus siglas en inglés DIA) [125] , contradiciendo en todo la falaz versión oficial del gobierno de Ernesto Zedillo y el Procurador General de la Nación por entonces Jorge Madrazo Cuellar.
Un grupo numeroso de indígenas es atacado mientras se encuentra reunido en una celebración religiosa, durante un lapso de más de seis horas sin que autoridad alguna interviniera, a pesar que a doscientos metros se encontraban varias decenas de policías de Seguridad Pública del estado de Chiapas y militares hacían lo propio en las cercanías:
» Los paramilitares iban con un pañuelo en la cara y traje oscuro, tirando balazos; la gente gritaba y lloraba; yo vi caer herida a mi madrina. A mí me ayudó a escapar mi hermano Alonso » [126] .
«… tengo mucha pena porque mataron a mi esposa que se llama Juana Pérez y tenía 7 meses de embarazo. Junto con mi esposa abrazaba a mi hijito de 2 años de edad llamado Juan Carlos Lupa Pérez y que también quedó muertos con todos… Nosotros estábamos en oración haciendo ayuno para pedir la paz, cuando como a las once de la mañana empezaron la disparazòn y todos salimos a escondernos… Sabemos bien que son los priistas» [127] .
Cuarenta y cinco miembros de la comunidad tzotzil llamada Las Abejas, la mayoría mujeres y niños son muertos en el cruel episodio.
Con el tiempo y luego de la revelación de diversos documentos y declaraciones, un obispo católico acusa directamente al presidente Zedillo esperando poder verle sometido a juicio por su responsabilidad en la matanza [128] .
Es develado públicamente que los destacamentos paramilitares son armados y entrenados por el ejército mismo, buscando generar divisiones dentro de los indígenas mismos explicatorios de crímenes como el de Acteal, y a la vez justificatorios de la presencia concentrada de tropas en la región [129] , con el argumento engañoso de ser neutrales en el supuesto enfrentamiento interno de Chiapatecos. Se pretende la existencia de un conflicto religioso cruento entre los Zapatistas católicos y otras comunidades de credo protestante, algo no presenciado en el hemisferio occidental en mucho tiempo; y si esto es descartado, e disputas por tierras o derechos de aguas pueden ser la coartada; asistimos a la ejecución de una típica táctica contrainsurgente.
La violencia paramilitar ambiciona denodadamente eliminar los espacios políticos en un ‘escenario de caos’ beneficiante de los grupos dominantes, posibilitando el involucramiento directo del Pentágono [130] . El desplazamiento y su consecuencial afectación de la vida comunal son especiales objetivos del referido terror. Los pueblos originarios sin sus tierras son presa fácil de la aculturización perdiendo su capacidad de resistencia al despojo.
Comportamientos represivos despiadados como el narrado deben ser encubiertos a toda costa y desde el más encumbrado de los poderes, aún a costa de los hechos. De tal forma y a pesar de las evidencias expuestas por las víctimas sobrevivientes de tales crímenes el presidente Ernesto Zedillo afirma que ‘el EZLN es el mayor grupo paramilitar de Chiapas [131] ‘, en una expresión que pretende directamente confundir los hechos y los personajes.
Luego de la masacre de Acteal, Zedillo ordena un mayor cerco a los zapatistas en procura de sus líderes; la matanza es a la vez aleccionadora y propiciante de la militarización antiinsurgente. Acteal es una advertencia, e igualmente un punto extremo de acciones militares favorecedora de desplazamientos humanos forzados que tratan de aislar a los zapatistas de sus comunidades de base.
La Tropa en la esquina y los Tratados.
La militarización de la sociedad mexicana en el contexto de la mencionada guerra, implica la salida a las calles de cuerpos armados destinados a enfrentar oponentes armados con un potencial mortífero similar, y a ocupar territorios predominantemente urbanos a cuyos habitantes se les tiene como hostìles o convivientes con individuos estimados de esa forma.
Retenes y patrullajes militares empleados como táctica de ejercer el dominio de las ciudades no parecen ser una forma efectiva de disminuir el tráfico ilegal como se ha visto, pero si son muy efectivos para controlar e intimidar a la población a vigilar.
Los tiroteos y las subsecuentes muertes individuales por sicariato o masacres en nada han sido menguados y no pocos testigos en los lugares donde han sido implantados destacamentos de tropas, acusan a los militares de propiciarlas y de otras violaciones graves a los derechos humanos y violaciones sexuales, etc., delitos que por la legislación mexicana resultan de competencia de la justicia militar, la cual ha tendido a tratar con impunidad dichos casos [132] . Lo anterior ha sido modificado recientemente por un fallo de la Corte de Justicia de la Nación (CJDH) de julio pasado acogiendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de una desaparición perpetrada por el ejército en 1974. No obstante los alcances reales de tal dictamen judicial están por verse.
Los planes Puebla Panamá (hoy Mesoamérica) teóricamente para impulsar el desarrollo y acabar con la pobreza, y la Iniciativa Mérida (para el público estadounidense se denomina ‘Cooperación en Seguridad con México y América Central), en la práctica de cooperación para la represión, cumplen la función de métodos operativos del dominio estadounidense en todo México y Centroamérica, con su contenido abiertamente desarrollista dejando de lado las necesidades vitales de las poblaciones y más bien constituyen un apoyo a las actividades extractivas del capital transnacional [133] . Al fin y al cabo el Plan Puebla Panamá (PPP) desde un principio fue avizorado como una táctica de estrangulamiento de la agricultura mexicana, y con ello en últimas de reducir drásticamente a la población campesina.
Esto trae necesariamente la reacción de las clases sociales más perjudicadas por múltiples medios y es cuando las formas de protesta y actuación eficaz contra su mayor pauperización encuentran la presencia más visible de la militarización manifestada en las tropas desplegadas en cualquier esquina importante de las ciudades y en el correlativo espionaje pretextado de ser dirigido al ‘narco’.
Era previsible para la burocracia imperial que se adoptaran posturas de resistencia en la población relegada; luego de la entrada en vigencia del NAFTA la agitación laboral aumenta significativamente [134] . El aludido tratado coloca al país en manos de la economía gringa, en detrimento de los campesinos con estrategia del dumping de los inmensos subsidios a los productos estadounidenses. ¿Y cómo prevenir los levantamientos populares ante tan funestas medidas adoptadas en contra de los intereses de la mayoría? La militarización de la sociedad expresada ostentosamente con la llegada de soldados en sus tanques con el armamento cargado y listo para ser disparado a la calles de todo México, es una buena respuesta al interrogante.
En el aspecto geopolítico el PPP o Mesoamérica, correlativo la NAFTA, ha resultado en la realidad en una prolongación de la frontera gringa hacia el sur del Río Bravo hasta el canal de Panamá [135] , República Dominicana, para unirse con la agobiada Colombia y su Plan homónimo, nación desde hace una centuria bajo una notable dependencia hasta llegar a una etapa de plena dominación del gobierno de Washington por estos tiempos. Sus características de desarrollo en infraestructura vial y telecomunicaciones dejan al descubierto su intención de afianzamiento de la organización económica y política neoliberal.
La coincidencia notable es el surgimiento de un tráfico de psicoactivos y delincuencia organizada preocupante para el gobierno de Washington en esta misma zona, causante de la acostumbrada respuesta militar del envió de algunos destacamentos de tropas a países como Costa Rica, justamente la nación sin ejército de toda la región.
Extender una frontera implica el desplegar fuerzas militares y dominar un territorio cuya población no estará de acuerdo con esto oponiéndose con sus medios a disposición; bajo las actuales circunstancias no es posible utilizar contingentes militares en otros países sin el rechazo del pueblo estadounidense ya incómodo por dos guerras a su haber. Hacer que las tropas de la nación ocupada subrepticiamente realicen esta labor de control es el gran logro de los estrategas del Pentágono y demás agencias afines, obtenido mediante un presupuesto casi ilimitado y diversas formas de coacción.
La militarización de las calles mexicanas posee todas las características de suceder como una acción favorecedora de la prevención del malestar popular creciente, resultado de políticas de extracción de las riquezas en favor de capitalistas foráneos o nativos. Esta aparición de soldados en urbes se va teniendo como formula extensible para ser utilizada en toda la zona del Plan Mesoamérica, tomando el modelo mexicano.
Políticas y políticos
Para el gobierno de EE.UU. el problema del tráfico ilegal es exclusivamente mexicano aunque se reconozca que buena parte del proceso del mismo ocurra del lado de la frontera norte:
«Necesito dejar muy claro que el comando de control está en México y no en Estados Unidos. Tenemos cientos de ciudades en Estados Unidos donde estos grupos están operando, pero la fuente principal de la droga proviene de los cárteles aquí, en México, y ellos controlan las rutas de tráfico y trasiego, y luego tienen sus conexiones en muchas ciudades estadunidenses. Están trabajando básicamente con pandillas o con grupos, para poder transportar la droga a los puntos de venta, pero, reitero, el control sigue en manos de los cárteles . [136] »
Las advertencias de las autoridades gringas a su congreso sobre la magnitud del `problema’ mexicano no son tímidas: mencionan que 150 mil personas están involucradas directamente con el negocio del tráfico ilegal, y 300 mil al cultivo de mariguana y opio, que las ganancias en el 2007 fueron de entre 13 y 25 mil millones de dólares, y se declara expresamente que el gobierno de Los Pinos no puede controlar la totalidad del territorio mexicano; se declara premeditadamente que la violencia de México pone en riesgo las naciones de la región. [137] . Tácitamente se declara el pánico.
De su parte las domesticadas autoridades mexicanas haciendo de segunda voz, no dan parte de tranquilidad en su territorio de jurisdicción lo cual es su deber hasta moral, y no obstante lo único que ofrecen como soporte de su trabajo es una catarata de estadísticas anodinas de incautaciones de armas o bienes muebles, de capturas o abatimiento de enemigos públicos de tiempo en tiempo, que en nada reflejan la situación social y de bienestar de los gobernados [138] . Respecto al control del flujo de capitales incautados por lavado nada se puede informar, pues muy poco se hace en este fundamental aspecto.
La situación se enturbia más aún, cuando existen acusaciones veladas y rumores insistentes de protección del gobierno federal, concretamente la Secretaría de Salud Pública, al cartel de Sinaloa en la conformación de lo que se ha llamado tanto en México y en Colombia ‘narcopolítica’ [139] . Es decir la financiación y apoyo general de traficantes ilegales a políticos en las campañas electorales, para que estos una vez en los cargos públicos favorezcan los intereses de los primeros. El característico trato del crimen organizado del que hemos hablado.
En el mismo sentido y con no menor gravedad, las acusaciones contra un funcionario como Genaro García Luna, Secretario de Salud Pública, cabeza visible de la ‘lucha contra el narco'(por cierto condecorado por el actual gobierno colombiano), son formuladas públicamente con circunstancias de tiempo modo y lugar [140] y la inoperancia de los entes investigadores es tan sospechosa que describe una vez más la descomposición estructural del gobierno actual; en el país se hacen muchas denuncias del mismo tenor pero en los hechos nada ocurre en materia de investigaciones y qué decir de sentencias de culpabilidad.
A la sazón se puede relatar la existencia de amenazas en el mencionado estado de Sinaloa y en Chihuahua a funcionarios públicos civiles y militares, dentro de las cuales no se les endilga el cumplimiento de su deber sino el parcializarse por un grupo rival a cambio de sobornos; las organizaciones de traficantes declaran que ‘no pagan para que les peguen’ [141] . Así las amenazas resultan ser una parte de un pacto de soborno y no un episodio de guerra o algo que se le asemeje.
Los traficantes en México, por el momento, no intentan sustituir a los políticos profesionales, y así mismo los procesos judiciales de esta guerra persiguen a traficantes y funcionarios corrompidos de bajo nivel, más no a jueces, banqueros, empresarios o políticos implicados con estos delitos [142] . Dentro de estas premisas ¿tendría algún sentido cambiar a políticos que cumplen tan bien sus deberes de afincar la impunidad de los traficantes ilegales y demás asociados?
El modelo a seguir. Colombia: La combinación de las guerras.
La guerra inveterada en el nombrado país suramericano tiene su génesis en las circunstancias que dieron lugar a la fundación de pequeños grupos de campesinos armados pero extremadamente aislados (1964), que con el tiempo permitieron la configuración del grupo insurgente Farc tal y como se le conoce en el presente.
Dicha guerra es inscrita por los gobiernos de Washington y Bogotá dentro la guerra fría, es decir la confrontación Este-Oeste, la lucha contra el comunismo; por supuesto esto no era lo sentido por los campesinos empobrecidos en las regiones apartadas de Colombia, los cuales fueron perseguidos sistemáticamente desde entonces sin constituir amenaza alguna para el estado.
Desde esta época data la orientación del ejército colombiano en el manejo de lo que allí es denominado ‘orden público’; es decir su actuación como policía vigilante de la población, por fuera de las funciones normales de un cuerpo armado castrense. Ello obviamente enmarcado dentro de las doctrinas de la Seguridad Nacional pentagonales impuestas a la manera de dogma para la América Latina.
A su vez, a partir de los años setenta centra EE.UU. su injerencia en este país en la lucha contra las drogas ilícitas, al menos públicamente ante los contribuyentes estadounidenses. Por esta época ocurren las iniciales persecuciones contra traficantes de marihuana en la costa norte colombiana, efectuadas en un país bajo el permanente Estado de Sitio permisivo de todos los abusos contra los derechos humanos imaginables por aquella época.
Una parte del estamento militar no ve con buenos ojos la inmersión de destacamentos en la persecución de las drogas prohibidas pues lo tiene como un factor desmoralizador y de corrupción [143] . Inicialmente se emplea el ejército en la persecución de los embarques de marihuana que se dirigían a los EE.UU. a través del Caribe en el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), pero aún no se habla de algo así como una ‘lucha contra las drogas’.
Más adelante como un fenómeno inexplicable, aparecen sin obstáculo alguno los traficantes de cocaína, inicialmente traída su materia prima de Perú y Bolivia. Las agencias gringas de acoso de los traficantes ya son notables en Colombia a mediados de los años setenta, sin que sus resultados sean en algo efectivos en la prohibición del alcaloide de la coca. Como si fuera poco esta situación el cultivo de la amapola llega a Colombia hacia 1986 y se extiende rápidamente [144] ; es un momento muy especial en el cual la guerra antiinsurgente toma un impulso no conocido antes en una nación con un conflicto interno de más de veinte años de antigüedad en ese momento. Los cultivos ilícitos crecen enormemente justamente en una sociedad militarizada.
Hasta finales de los años ochenta la guerra contrainsurgente iniciada veinte años antes, empieza a relacionársela con el tráfico de sustancias ilegales, y se le denomina ‘lucha contra el narcotráfico’; los traficantes paradójicamente van adquiriendo abiertamente una gran capacidad económica y hasta cierto renombre social.
Esto ocurre coetáneamente con el derrumbe de la Unión Soviética; ya la lucha contra el comunismo como ideario antisubversivo es algo caduco. Sin embargo la insurgencia estimada oficialmente como dependiente de fuente ideológicas y económicas externas, sin estos aportes continúa.
Coetáneamente, en los Estado Unidos funcionarios del gobierno de Bush padre, cambian su lenguaje para referirse a los movimientos guerrilleros colombianos:
«Desde su informe conjunto al congreso gringo los secretarios de Estado y de Defensa se refieren de forma explícita a los ‘narcoinsurgentes [145] ‘.
Lentamente en la década de los ochenta se van incrementado los asesinatos y las desapariciones ejecutadas por escuadrones de la muerte. El asunto se inicia trascendentalmente cuando en 1981 se crea la organización Muerte a Secuestradores (MAS), con apoyo demostrado de militares, como lo denuncia en su momento la Procuraduría General de la Nación [146] . Aquella sigla identifica la unión de traficantes ilegales de cocaína y oficiales de las fuerzas armadas (ejército), y será el nombre que tomen diversos destacamentos de paramilitares en todo el país.
Ya para finales de la década las masacres son parte de la lucha contrainsurgente de manera metódica, ejecutadas por paramilitares actuando de la manera como han sido creados como colaboradores de las fuerzas militares por parte de manuales traducidos del inglés e incorporados a las doctrinas castrenses locales por egresados de la Escuela de las Américas (SOA) [147] . En la realidad los individuos o destacamentos paramilitares fundamentalmente no combaten a los movimientos insurgentes sino a miembros de organizaciones políticas de izquierda en general y en particular la enmarcada en el proceso de paz impulsado por el gobierno del presidente conservador Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), con el principal grupo insurgente Farc, el cual ha crecido significativamente a partir de sus orígenes dos décadas atrás; dicha tregua da origen a un partido político el cual es perseguido hasta su exterminio: la Unión Patriótica (UP). Ya es notable en esta época como los destacamentos paramilitares no son en absoluto perseguidos por los cuerpos armados oficiales [148] , a pesar de su actuar criminal consistente en masacres y homicidios de tipo sicarial.
A su vez, la producción de psicoactivos en Colombia se efectúa en zonas de reciente colonización, donde justamente se asientan desde sus inicios fuerzas insurgentes como las Farc. Por entonces se va haciendo más acentuada una especie de contrarreforma agraria (en realidad Colombia no ha visto una reforma agraria en toda su historia), pues los traficantes van adquiriendo tierras en diferentes zonas valorizables del país, con la pasividad absoluta de varios gobiernos.
Las operaciones contra los llamados carteles de las drogas permiten que elementos de las fuerzas especiales gringas tomen parte activa en Colombia en directas actividades dentro de su territorio con beneplácito de autoridades civiles y militares, llegándose a que sean partícipes de acciones de combate de aprehensiones de traficantes, pero también en actos ilegales de contrainsurgencia comandando tropas locales [149] . Por ejemplo, la destrucción en 1984 del laboratorio de producción de cocaína en el sur del país llamado ‘Tranquilandia’, es realizada gracias a que la DEA entrega las coordenadas de su ubicación [150] . No es difícil imaginar que lo propio se hace respecto a la persecución de las fuerzas guerrilleras.
Hacia el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) las actuaciones de los traficantes ilegales fundamentalmente de cocaína son consideradas como un problema de seguridad nacional, pues se estima que pueden desestabilizar al mismo estado. La legislación de Estado de Sitio es utilizada como forma de darle atribuciones a las fuerzas armadas para contrarrestar las acciones atribuidas a los barones de la droga, los cuales poseen omnipresencia en todo el territorio colombiano.
Entre 1988 y 1993 los servicios de prensa de la DEA y el gobierno de EE.UU. insisten sin descanso en el hecho de que los carteles de Medellín y de Cali son responsables casi exclusivos de la introducción de droga en EE.UU. El ministro de justicia de esta nación en 1989, Richard Thornburgh hace pública una lista con los doce ‘traficantes más buscados’. Todos son colombianos. El Departamento de Estado solicita a Bogotá la extradición de 80 mafiosos colombianos. [151] Los traficantes del cartel de Medellín afirman preferir una tumba en Colombia que una cárcel en EE.UU. amenazando a todo aquel que propugne por la aplicación de tal medida; esta es la justificación conocida de sus indiscriminados actos de terror.
El Peor momento de la guerra
La legislación persecutoria de los traficantes se hace menos garantista de los derechos humanos no sólo en este campo; se llega hasta el punto en el cual los meros informes o actas de las fuerzas armadas constituyen pruebas judiciales [152] . Esto facilita toda clase de abusos y violaciones a los derechos humanos; no muy disimuladamente se aplica la legislación destinada a detener a los traficantes, para controlar la protesta social. La situación de temor y confusión general permite que cualquier medida por dictatorial que parezca sea aceptada como necesaria.
Dirigentes de oposición son el blanco preferido de asesinatos atribuidos por las autoridades a matones del cartel de Medellín o a ‘oscuros intereses’. Desde simples simpatizantes del único partido de oposición Unión Patriótica hasta su candidato a las siguientes elecciones resultan muertos bajo esta modalidad criminal. Es difícil no atribuir estos atentados a un cuidadoso plan de exterminio.
Con el asesinato del candidato más opcionado a la presidencia el liberal Luis Carlos Galán Sarmiento en agosto de 1989, se llega al clímax del ataque de los traficantes a la estructura gubernamental colombiana, pues previamente ya habían asesinado a un ministro de estado, un procurador general, mandos policiales, y otros funcionarios; la rama judicial es atacada con homicidios sicariales de jueces y magistrados ante los cuales se surten causas penales o decisiones afectantes de los intereses de los en ese momento muy notorios carteles. A pesar de que estos homicidios pueden interpretarse como ofensivos a los políticos en general, los traficantes ya tienen contactos y alianzas con reconocidos miembros de los partidos tradicionales Liberal y Conservador.
Estos jefes del tráfico ilegal son catalogados oficialmente como un peligro estratégico a la seguridad nacional por el gobierno de Barco Vargas. Se declara expresamente la «Guerra Contra las Drogas», no tanto a la comercialización en sí de las sustancias ilícitas, como a aquellos dueños del mercado de las mismas.
Tanto el presupuesto de funcionamiento como el pié de fuerza de las FFAA es aumentado [153] para tales efectos. La participación de los militares de ejército, armada y aviación va en aumento y con esto se involucran con las mafias o en general con sectores al margen de la ley «constituyéndose en una serie amenaza contra el estado de derecho, y con esto, para con sus ciudadanos» [154] .
Estos años (1989-1990) resultan ser especialmente violentos, con unos 30 mil fallecidos por armas o explosiones, dentro de los cuales sobresalen tres candidatos a la presidencia de la república para el periodo 1990-1994. No obstante, para la Casa Blanca la democracia en Colombia sigue siendo admirable, pues ningún cuestionamiento de importancia merece tan anómalo funcionamiento de la sociedad en esa nación.
La mayoría de los actos criminales de gran resonancia son adjudicados a miembros de los carteles de traficantes ilegales, especialmente al de la ciudad de Medellín. Masacres aparentemente inexplicables son comunes y sin embargo no guardan ningún patrón con los objetivos de quienes manejan las drogas ilegales:
«Los escuadrones de la muerte, amparados por la oscuridad de la noche, incursionan en los empinados barrios populares, y después de una rápida inspección toman como rehenes a jóvenes a quienes fusilan posteriormente. [155] «.
La búsqueda de consternación y pavor se hacen evidentes con la matanza de diez y nueve muchachos en Medellín:
«un grupo de 24 hombres irrumpió en el lugar habían llegado en seis camperos. Preguntaron por «Caimán». El barman contestó que no conocía a nadie con ese nombre… ‘Las mujeres a un lado’, gritó quien parecía ser el jefe de la banda… en presencia de las jovencitas, los hombres fueron disparando a quemarropa. Uno a uno, los jóvenes fueron cayendo asesinados… Fue tanta la sangre fría con la que actuaron los encapuchados, que no abandonaron el lugar precipitadamente… Las jóvenes sobrevivientes, que casi no podían controlarse ante el horror de lo que habían presenciado, salieron corriendo y gritando. Algunas de ellas, minutos más tarde, se encontraron con una patrulla del Cuerpo Élite (policía) que recorría la zona… [156] »
Una violencia paralizante se instala firmemente en el país. Se producen por lo menos unos veinte ataques con bomba con gran saldo de muertos y heridos, bajo la modalidad de carros bomba (además de aproximadamente el doble con sólo destrozos materiales), fundamentalmente en Bogotá y Medellín. Son atribuidos por las autoridades a los prominentes traficantes del cartel de Medellín en procura de presionar su no extradición a los EE.UU., o en veces a la guerra entre este y el rival cartel de Cali [157] . Los objetivos son periódicos, entidades públicas de seguridad, centros comerciales, lugares concurridos por la clase media o inmuebles de traficantes enemigos. El ambiente de zozobra es generalizado en estas ciudades.
A pesar de la muerte violenta de varios jefes traficantes (como Gonzalo Rodríguez Gacha diciembre de 1989), el gobierno del abiertamente proestadounidense y por consiguiente neoliberal Cesar Gaviria Trujillo, estima que es imposible aplicar la justicia a los restantes traficantes dado su poder económico y de perturbación social, implantando lo que denominó ‘política de sometimiento a la justicia’.
Esta resulta en una de las mayores vergüenzas en la historia colombiana, con la tragicómica fuga del principal traficante del cartel de Medellín y enemigo público número uno Pablo Escobar [158] . La guerra contra el ‘narcotráfico’ se individualiza y es más bien una cacería de cuerpos militares, policiales, y agencias de los EE.UU., contra un hombre y su grupo de guardaespaldas, que una estrategia de disminución de la violencia y efectiva prohibición del tráfico ilegal dirigida a organizaciones delincuenciales.
Con todo y fracasos del gobierno durante el periodo mencionado, en el cual se dio inicio a la aplicación de los postulados neoliberales, comenzando la desnacionalización de los bienes públicos y la precarización de millones de habitantes, Gaviria Trujillo fue extremadamente fiel al gobierno de los EE.UU., hasta llegar a permitir inconstitucionalmente el asentamiento de tropas gringas en Colombia; violación flagrante de la soberanía denunciada por órganos de control como el Consejo de Estado [159] , pero fue desactivada la acusación por los mecanismos de impunidad existentes en el intrincado laberinto legal colombiano, como ha ocurrido inveteradamente allí.
La militarización de la guerra contra las drogas es ya un hecho. Con ello el gobierno de Washington afirma que habrá más democratización de los países andinos, de acuerdo con el secretario James Baker en su Estrategia Andina Antinarcóticos hacia 1991 [160] , aunque cuesta mucho pensar en un verdadero gobierno democrático en un ambiente de terror tan acentuado como el descrito. Y mucho menos es posible pensar en ello cuando militares colombianos en retiro pasan a formar parte de uno de los dos grandes carteles de drogas que dominan esta criminalidad, muchos de los cuales son muertos dentro del enfrentamiento de los dos bandos de traficantes [161] . Los salarios ofrecidos por estos son tentadores.
A pesar de todos los teóricos esfuerzos locales y del gobierno de Washington, entre 1988 y 1993, se percibe un aumento de los cultivos de coca en el sur del país, cuando Colombia pasa de ser procesador y comercializador a ser también productor de materia prima. En esto están relacionados las condiciones del mercado, tanto como las denominadas ‘políticas antinarcóticas’ en la región andina [162] .
Cuando surgen como una organización estable los destacamentos paramilitares por estos años, al parecer las Farc deben obtener el control de la economía ilegal en crecimiento en departamentos como Putumayo y Caquetá especialmente, para evitar la toma de estos territorios por parte de aquellos [163] . Esta inmersión de movimiento Farc en una o varias fases del tráfico de psicoactivos en determinados departamento es aceptada como una realidad en Colombia, aunque existen conclusiones de investigaciones independientes en las cuales se afirma el deslinde entre producción y comercialización de psicoactivos como la cocaína y los movimientos territoriales de las Farc [164] . Cualquiera sean los hechos, se vuelven irrelevantes ante las afirmaciones mediatizadas del gobierno estadounidense sobre la existencia de ‘narcoguerrillas’. La propaganda prima sobre cualquier investigación y raciocinio en Colombia.
En diciembre de 1993 es muerto Pablo Escobar Gaviria jefe del cartel de Medellín y enemigo público número uno del país, en una operación coordinada por las múltiples agencias gringas aposentadas en Colombia y especialmente en esa ciudad. Empero nadie ni en el gobierno de Bogotá ni en Washington habla de un respiro o un decrecimiento de las actividades de los traficantes, sencillamente el asunto es tomado como el fin de una etapa y el comienzo de otra bajo los mismos escenarios y con otros actores. Empero, con el tiempo se pudo establecer como de estas luchas al interior de Colombia, quienes a partir de esta época resultaron paulatinamente como nuevos protagonistas del mercado internacional de drogas ilegales fueron justamente los carteles mexicanos.
Un presidente más rehén que otros.
La utilización de militares ya en este tiempo es abierta e intensa en la persecución de traficantes ilegales, de la misma forma como se vuelve totalmente contraproducente para los objetivos planteados: «Muchos de sus miembros no sólo han cohonestado y participado en la expansión del tráfico de drogas a pesar del volumen de recursos que año por año recibe la institución tanto del presupuesto nacional como de la ayuda internacional proveniente fundamentalmente de los Estados Unidos» [165] .
Son los tiempos del presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998) presionado permanentemente por el gobierno gringo, el cual le retira su visado de entrada, y se le mantiene subjudice por el patrocinio a su campaña política de elección en 1994 por parte del denominado Cartel de Cali; el episodio podría ser una muestra la debilidad de los políticos frente a los barones de la droga. Se producen sentencias condenatorias por el delito de cercanos colaboradores de Samper Pizano, quien se salva de la destitución, como su antecesor, gracias a los ininteligibles mecanismos constitucionales que le dan al ejecutivo un fuero por el cual sólo puede ser juzgado por el congreso, el cual es dominado por una bancada proclive y ya con relaciones cercanas con los jefes del ‘narcotráfico’.
Todo ello es ampliamente favorable a los intereses imperiales los cuales con una situación como la expuesta, logran una todavía mayor intromisión de la embajada de Washington en Bogotá en la vida política y social del país; procedimientos colonialistas como el de la certificación de la colaboración en la lucha contra las drogas del Departamento de Estado cumplen sus objetivos de presión ante el debilitado gobierno de Casa de Nariño. De hecho Samper es chantajeado por el gobierno de la Casa Blanca.
En 1997 es modificada la constitución estableciéndose la extradición no retroactiva de nacionales. A pesar de estas situaciones para 1999 Colombia es el primer cultivador de coca del mundo desplazando a Perú y a Bolivia y las áreas de cultivo de esta y de amapola se duplican [166] . La militarización y la paramilitarización el tráfico de sustancias ilegales en nada se detiene y más bien se acrecienta.
Con la persecución del cartel de Cali directamente presionada por EE.UU. salen a relucir hechos de corrupción como el que el 60% de la policía de esa ciudad del occidente de Colombia, está sobornada por dicha organización de traficantes [167] , o el descubrimiento del transporte de drogas prohibidas en barcos y aviones militares, e incluso la tentativa de esto en el mismo avión presidencial a cargo de la Fuerza Aérea con la responsabilidad de miembros de este cuerpo armado [168] , dentro del cual oficiales establecen una organización de traficantes exportadora de sustancias prohibidas a EE.UU. [169] . Los jefes del cartel, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela son capturados incruentamente después de una prolongada cacería en 1995 y luego extraditados a los EE.UU. sin mayores contratiempos.
Del lado insurgente, la introducción de los grupos rebeldes, esencialmente Farc en algunas fases del tráfico ilegal, permite la expansión y aumento de sus frentes de combate lo cual posibilita la ofensiva de guerra de 1996-1997 contra las fuerzas armadas colombianas, las cuales sufren serios reveces durante una serie de emboscadas de los rebeldes. Simultáneamente las violaciones de los derechos humanos y los destacamentos paramilitares ascienden en su actuar despiadado y se expanden, sin destacables advertencias de los dirigentes políticos más difundidos por los medios de comunicación.
Quien advierte grandilocuentemente es la Casa Blanca. Por estos momentos para el gobierno gringo dentro de su terminología, Colombia asienta un estado a punto de colapsar [170] , por su incapacidad para brindar seguridad y garantizar la presencia de la fuerza pública en todo el país, los índices alarmantes de impunidad, la corrupción reinante en la clase política, en contubernio gubernamental con los cárteles de las drogas ilegales, a más de la existencia de un sistema político excluyente sustentador de la inequidad social y económica [171] . Se debe advertir al respecto, que todas las autoridades criollas nunca se han apartado en ese momento y en los anteriores de las directrices de los funcionarios militares y civiles de EE.UU. operando estos allí mismo en el territorio bajo jurisdicción del estado catalogado como ‘a punto’ de ser fallido.
Se presentan rumores de golpes de estado, ocurriendo un nuevo asesinato con móviles políticos, el de la figura de la derecha colombiana, Álvaro Gómez Hurtado (noviembre de 1995); la zozobra nuevamente aumenta dentro de la población, y se profundiza y prolonga una vez más la lucha conocida en Colombia también como ‘antinarcóticos’.
El gobierno estadounidense habla abiertamente por estos días de «…la incapacidad de algunas agencias colombianas para planear e implementar una estrategia antinarcóticos eficaz «, y se refiere expresamente al «incremento de las actividades de las insurgencia y del narcoterrorismo que limitan la capacidad del estado», para mencionar por último «la expansión de las operaciones de los Carteles en la producción y distribución de heroína, y la expandida corrupción del gobierno colombiano» [172] .
Al parecer aún por entonces existen reticencias para la absoluta introducción de las FFAA en la pluricitada lucha contra los psicoactivos ilegales, pues el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcotráfico Robert Gelbard afirma:
«… en el ministerio de defensa colombiano hay dos ramas: la policía comprometida con la lucha antidrogas y las fuerzas militares con dudas sobre el compromiso» [173] .
Con una admonición de esta naturaleza y viniendo de donde viene, las poco nacionalistas fuerzas militares colombianas toman nota urgente del asunto. Sin embargo, en esta guerra no existen propósitos concretos, logros por obtener en un tiempo determinado, ni equivalencia de los fines con los medios a disposición, empero si generosa financiación del capitolio en Washington.
Diálogos de paz y Programa de guerra
Con el advenimiento del presidente conservador Andrés Pastrana Arango como presidente (1998-2002), triunfan las promesas de una paz negociada que finalmente termine la guerra con la insurgencia de las Farc, y con menos importancia interna, una contención del tráfico ilegal y sus secuelas. Con la legitimidad de un referendo donde una cifra nunca antes ni después alcanzada de colombianos votan por unas conversaciones paz con los movimientos insurgentes, se inician unos confusos diálogos al respecto con el principal movimiento insurgente Farc en el Departamento del Caquetá (enero de 1999), los cuales son tímidamente apoyados por el gobierno de Washington de William Clinton.
Sin embargo, en medio de un clima de distensión y de optimismo por las negociaciones de paz, en diciembre de 1998 el Secretario de Estado William Cohen y el ministro colombiano de defensa Rodrigo Lloreda acuerdan en la capital estadounidense la creación del primer ‘batallón antinarcóticos’ del ejército de Colombia; menos de un año después el batallón iniciaba las actividades para las cuales era creado, combatir los cultivos ilícitos en territorios donde la policía no llegaba y además enfrentar a columnas de las Farc (lo cual no se decía expresamente), luego de un entrenamiento efectuado por militares gringos. El batallón se encuentra bajo estrecha supervisión del Pentágono de acuerdo a unas informaciones inusualmente sinceras entregadas por la prensa de entonces; el mando civil era inexistente en este aspecto al menos. [174]
En los próximos dos años se constituyen dos batallones más, costeados íntegramente por los dineros del presupuesto de los Estados Unidos, entrenados por asesores pentagonales o de compañías afines. Cuesta trabajo pensar por estos tiempos en un país que entregue más su soberanía que Colombia. En el mismo año esta nación ya era el tercer país en el mundo en ayuda militar [175] . Se presenta la aparente incoherencia de unas conversaciones de paz al sur del país, y a la vez el gobierno de Washington prepara a Colombia para una guerra contrainsurgente a gran escala.
Allí arribamos a la continuidad de políticas de dominación como la Iniciativa Regional Andina de Bush padre, vigente durante los años noventa, denominado Plan Colombia; este conjunto de directrices neocoloniales es estimado por Ramsey Clark como «el más grande, más amplio, profundo y directo plan de intervención en el hemisferio, en toda la larga historia de las mismas». [176] Y no puede ser de otra forma cuando quienes hacen ‘adecuaciones’ al citado plan son el mismo Barry McCaffrey y de parte del departamento de estado Thomas Pickering [177] . Para el banal presidente Pastrana Arango el documento es la delineación de un nuevo ‘plan Marshall’ para su país.
Por cierto, el plan es una estrategia aprobada por el congreso no de Colombia sino por el de Estados Unidos (Alianza Act S1758), sin participación alguna así fuera simulada de la población de aquel paìs suramericano; se busca teóricamente solucionar con él los problemas de consolidación del poder estatal, corrupción, impunidad, capacidad de las FF.AA., policía, y del sistema judicial (incorporando formas del sistema judicial estadounidense), para garantizar la versión imperial del orden y la seguridad. Los últimos aspectos son en realidad los que reciben los principales aportes, lo cual conlleva a que el plan necesariamente sea en un 80% de entrega de armas sofisticadas, entrenamiento militar intensivo y de espionaje de alta tecnología. Los contribuyentes estadounidenses aportan el dinero a través de sus congresistas, el gobierno de Washington lo entrega a compañías de armamento practicantes de cabildeo en capitolio, y las armas viajan a Colombia y se entregan a las instituciones militares y civiles encargadas de la vigilancia de la población, donde los instructores militares y mercenarios de EE.UU. instruyen sobre su uso y demás aspectos relacionados pagados con dineros del mismo plan. Los muertos son estas armas son colombianos, se aplica literalmente aquello de que las drogas van al norte y las armas se dirigen al sur. Resultan favorecidos todos menos los colombianos obviamente y los ciudadanos estadounidenses en su bolsillo. Es un curioso Plan Marshall.
Es muy revelador de las relaciones de dominación existentes que el gobierno imperial a través de su congreso sea quien estipule cuantas tropas y mercenarios actúan en Colombia como instructores [178] . Quien pone el dinero impone las condiciones.
El estado es fortalecido, pero desde el punto de vista militar y en general de contención del malestar social. Se habla de lucha contra las drogas incluyendo abiertamente a las FF.AA. en la misma, sin una separación de la responsabilidad de policía y militares, pues los dos cuerpos cumplen en la práctica funciones paralelas: la policía es militarizada y los militares cumplen funciones de policía. Todo debe caber en una misma bolsa.
Colombia recibe hacia el 2003-2004 unos 3.150 millones de dólares, de los cuales 2.520 son para militares y policías [179] . Luego del 11-S, en agosto de 2002, el congreso gringo otorga una «autoridad ampliada» para montar en Colombia una «campaña unificada» contra el ‘narcotráfico’ y las actividades llevadas a cabo por «grupos terroristas» y se comparte con los cuerpos armados criollos la información obtenida por el espionaje.
Recodamos que de acuerdo a los enunciados oficiales se pretende fortalecer las fuerzas armadas para recuperar el control del territorio, desarticular el tráfico de psicoactivos ilícitos, fortalecer la justicia (agringarla), atender la zonas ‘deprimidas’ o de conflicto, fortalecer las relaciones internacionales, la convivencia y valores ciudadanos, así como promover los Derechos Humanos y el derecho internacional humanitario. Todo un catálogo de buenas intensiones.
Si se mira retrospectivamente, planes de esta clase como el llamado ‘Colombia’, tienen antecedentes claros en los llamados ‘programas de ayuda económica’, los cuales para el público de EE.UU. son ayudas en salud y bienestar hacia el pueblo ‘favorecido’, pero que indefectiblemente van siendo transformados legislativamente y en el terreno donde se aplican en aportes a la militarización de la sociedad, y dentro de la militarización, especialmente en dinero para la contrainsurgencia, a la cual se le nombra con eufemismos como ‘Programa de Desarrollo Acelerado [180] .
Es destacable en estas circunstancias el que Colombia sea el país de la región con más miembros de sus cuerpos armados enviados a ser entrenada en las escuelas de EE.UU. [181] , con las consecuencias en los derechos humanos resultantes. Las instrucciones adiestradas en el sur son reforzadas en el norte en las abundantes instituciones dedicadas a ello.
Sin ambigüedades, en realidad el Plan Colombia es en un principio la proyección de una campaña basada en el modelo salvadoreño de guerra sucia, en la cual en Washington delega la matanza de críticos, disidentes, inconformes o insurrectos a fuerzas locales entrenadas por EE UU, con una notable analogía con la aventura de Vietnam durante los años sesenta y setenta, referida a consejeros militares, escuchas de alta tecnología, ofensivas que desplazan cientos de miles de personas, practicando una alianza de hecho con los contingentes paramilitares derechistas que como organización de traficantes ilegales manejan el mercado ilegal de los mismos psicoactivos perseguidos por el gobierno de la Casa Blanca. [182] La incongruencia salta a la vista.
Las definiciones de lo que es en realidad el Plan Colombia no son nada correspondientes con los postulados del gobierno de Washington, pues es un programa agudizador de la guerra y agravante de las violaciones de los derechos humanos [183] . Es en un contexto de tal especie donde se evidencia como «En América Latina Colombia es el país que exhibe el balance más deplorable en materia de derechos humanos. Sin embargo su gobierno es el que recibe más ayuda militar de EE.UU.» «La Cuestión que se plantea es saber si los dos fenómenos están ligados.» [184] Esta casualidad, como otras resaltadas en este texto indicaría una perversa disposición en la Casa Blanca para acometer toda clase de actos de guerra contrarios al derecho internacional en todo el subcontinente, siendo muy difícil, dados los hechos pensar lo contrario.
Luego de lo expresado anteriormente, los fundamentos de la renombrada guerra contra las drogas de veinte años de duración, sin metas precisas, desperdicio de recursos, muerte y destrucción, no pueden ser sino relacionados con razones de estado del gobierno de la Casa Blanca y las agencias a su servicio:
«el objetivo verdadero de la mayor parte de campañas, como esta del Plan Colombia no ha sido el ideal esperado de la erradicación de las drogas. Se ha cambiado la cuota de mercado a enemigos específicos, asegurando así que el tráfico de drogas permanezca bajo el control de aquellos traficantes que son los aliados del aparato estatal de seguridad en Colombia y/o la CIA [185] «.
En los Estados Unidos las dudas ya han sido despejadas.
Consecuencias de la paradoja
A la par de hechos como los narrados perturbadores de la existencia de este país como nación, Colombia con todo y anexión de hecho por parte de gobierno de los EE.UU, ser un incansable persecutor de las drogas y sus correlativos miles de muertos, en luchas y guerras contra traficantes de todos los tipos y carteles, millones de dólares imperiales, etc., es paradójicamente el único país del mundo donde se producen las tres drogas ilegales más importantes basadas en plantas: marihuana, cocaína, y heroína [186] . Ello ocurre paralelamente a la extremada militarización de la sociedad, de la obsecuencia absoluta de los gobernantes criollos y la estrecha e intensa vigilancia impuesta a los colombianos.
A mayor intromisión y vigilancia por parte de las autoridades imperiales y de sus clientes locales, es ostensible un aumento correspondiente de actividades relacionadas con el tráfico ilícito de psicoactivos.
Es en estas circunstancias como se entregan armamentos de última tecnología y se crean nuevos destacamentos para la persecución del tráfico de drogas ilegales. Simultáneamente armas ilegales vendidas en EE.UU. a traficantes mexicanos pueden ir a parar luego de recorrer unos cuatro mil kilómetros a manos de organizaciones de paramilitares-traficantes en Colombia [187] , lo cual es un indicio claro de la procedencia de buena parte del material mortífero en poder del crimen organizado.
Con un panorama de tales características, y las incoherencias de las negociaciones de paz con las Farc, el resultado no puede ser otro que el rompimiento de las negociaciones en febrero de 2002. Ya en plena vigencia del plan; luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU. el presidente Bush autoriza expresamente el empleo de ayuda y equipos del plan Colombia para atacar también a los insurgentes. A la vez que las Farc, el ELN y los paramilitares AUC, son clasificados por Washington como ejemplos vivos de terroristas no musulmanes a combatir en el mundo [188] . El mencionado plan inicialmente ‘antinarcóticos’ rápidamente se va transformando en la organización y puesta en práctica de operaciones contrainsurgentes, y por ello se desarrolla primordialmente en regiones donde operan las Farc en el sur del paìs. La antiinsurgencia abiertamente va tomando la delantera a la lucha contra los psicoactivos ilegales.
Con el advenimiento del presidente derechista Álvaro Uribe Vélez, (2002-2010) el cual es acusado por traficantes extraditados a los EE.UU. de haber llegado a la primera magistratura gracias al apoyo de paramilitares [189] , Washington halla un entusiasta convulsivo de todo lo denominado mediáticamente ‘guerra antiterrorista’, por lo cual los programas en tal sentido guardan íntima relación con lo estipulado pentagonalmente.
Es tal la intromisión del gobierno de la Casa Blanca ya en ese momento en los asuntos internos colombianos, que se asignan partidas específicas del presupuesto federal estadounidense para la protección de oleoductos en territorio colombiano [190] , sin pronunciamiento alguno del gobierno de Bogotá. En estas circunstancias son creadas diversas unidades especializadas en el ejército local destinadas a la guerra antiinsurgente del tipo indochina como La Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), la Brigada de Aviación del Ejército, la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas, y la Brigada de Fuerzas Especiales, junto con la Brigada contra el Narcotráfico. Así mismo llegan por medio de varios conceptos contractuales, helicópteros, aviones, barcos, etc. también del tipo de acción en un paìs como Vietnam pero ya en las condiciones tecnológicas de estos tiempos.
El espionaje gringo en Colombia es abierto y plenamente permitido por el gobierno de la Casa de Nariño; Bush en el 2002 ya oficialmente entrega información recabada por sus espías a sus pares locales. Algunas bases militares como Tres Esquinas, Apiay o Larandia son operadas directamente por mercenarios o militares al servicio del Pentágono. Las mismas ofensivas de guerra del ejército Colombiano son acometidas bajo dirección y financiamiento imperial, como el llamado Plan Patriota en el sur del paìs [191] . Lo cual indica sin lugar a dudas que se acomete una intensificación de la lucha contrainsurgente, el escalamiento de una guerra irregular bajo mando directo extranjero.
El aspecto de la increíble corrupción al interior de las fuerzas armadas se presenta de manera manifiesta y violenta en casos como el del municipio de Jamundì en el Valle del Cauca, donde oficiales del ejército encargados de perseguir al traficante Diego Montoya ‘Don Diego’, en realidad trabajan para él como miembros de su organización, evitando que otros cuerpos de seguridad den con su paradero, llegando a asesinar a sangre fría a diez miembros de la policía y un civil que perseguían a su ‘jefe’, y verse también involucrados en trafico de psicoactivos ilegales [192] . En igual sentido en la Tercera Brigada del mismo Valle del Cauca son capturados varios oficiales, los cuales colaboran con traficantes en información de persecuciones [193] .
En general los militares corruptos aportan a los traficantes armamento e información militar reservada [194] ; las investigaciones, juzgamiento y condena nunca llegan hasta el más alto grado castrense o a autoridades civiles del orden nacional. Los tratantes de sustancias ilegales y sus actividades se trasladan a las regiones donde tienen a los militares o policías bajo su dominio mediante los sobornos [195] . Sorprendentemente el gobierno de EE.UU. nada manifiesta de forma contundente sobre estos casos de demostrada descomposición en unas fuerzas armadas bajo su absoluta autoridad.
Su silencio o apenas tímidas recriminaciones, se observa más contradictorio cuando se trata de homicidios practicados directamente por miembros de la fuerzas militares armados y entrenados por el gobierno de Washington, en la modalidad de engaño a personas empobrecidas mediante ofertas de trabajo en zonas de presencia paramilitar y fuerte control militar, para luego darles muerte y hacerles aparecer como fallecidos en combates con guerrilleros, y así reclamar recompensas por cumplimiento del deber, un crimen continuado por varios años [196] . Unas tres mil personas han sido muertas bajo esta modalidad criminal.
Al presente el «Plan Colombia no logró acabar con el narcotráfico [197] «, y a la vez se ha podido establecer con certeza como «son cientos los casos de militares involucrados en violaciones de los derechos humanos. Tanto policías como militares se han visto enfrentados a la población civil» [198] .
Estimaciones del gobierno colombiano del año 2001, según ha informado la revista Newsweek y el Chronicle de San Francisco, respectivamente, concluyen que de todo el volumen del tráfico ilegal el 40 por ciento es controlado por los paramilitares, y un 2,5 por ciento para las Farc. Nevertheless Plan Colombia’ s eradication program is focused primarily on the Amazon region controlled by FARC. Sin embargo el programa de erradicación del Plan Colombia es selectivo a sabiendas y ha centrado principalmente en la región amazónica de influencia de este grupo insurgente [199] .
Una vez vistas las paradojas de las actuaciones del gobierno de Washington en su política frente a este país suramericano, se entiende una conclusión expresada por el investigador del senado Jack Blum hace una década, la cual es que EE.UU. en vez de combatir la conspiración de las drogas, «de un modo sutil…hace parte de ella»» [200] . A lo cual habría que agregar simplemente que la sutileza día a día se va perdiendo.
Lo anterior tendría un sustento más si tenemos en cuenta que el conflicto armado con la insurgencia es para un presidente como Álvaro Uribe Vélez tan ligado a los intereses de EE.UU. y cuestionado en su propio paìs y por las agencias de espionaje imperiales como una figura directamente vinculada al tráfico ilegal [201] , una cuestión que enfrenta a su gobierno con una ‘amenaza terrorista’ y no un conflicto político y social con varias décadas de existencia, algo en justa consonancia con los postulados imperiales.
Al final, se manifiesta por parte de los gobiernos de Washington y Bogotá que el tan citado plan ha sido un éxito, y no obstante, una vez más, para los dos estas estrategias antidrogas y antisubversivas, no han alcanzado sus metas, pues no se ha consolidado el dominio estatal sobre la totalidad del territorio en zonas de violencia o de cultivos ilícitos, los logros reales o agigantados de la guerra contra los insurgentes y su mayor fuente de financiación de acuerdo a los gobiernos local e imperial, los cultivos ilegales, son muy limitados, y no hay reales alternativas para los campesinos sino el cultivo de plantas prohibidas [202] . Es decir el paìs se encuentra en una situación en fundamentales aspectos no muy diferente a la apreciada previamente a la puesta en ejecución de tales planes y aquellos que les precedieron; se anuncia que se debe continuar con las dos guerras, como si nada se hubiera realizado.
La Tierra
La explotación de los recursos naturales y humanos en un ambiente de violencia y corrupción marcha aceleradamente. No sólo las inversiones de EE.UU. son las favorecidas sino las europeas con la suscripción de la Unión Europea de un TLC con Colombia, tanto o más perjudicial para los campesinos y clases subalternas de las ciudades, la abrumadora parte de la población, que el acuerdo de protección de inversiones denominado TLC suscrito con el gobierno de Washington, en una especie de rapiña por regiones y sus recursos ambientales.
Al respecto del bien preciado que es la tierra, el cual en Colombia ha sido el motivo de todas las guerras que se han efectuado, incluyendo la presente, es evidente que está destinada dentro del modelo de economía implantado en Colombia por el Banco Mundial para ser conformada por grandes plantaciones de propiedad de transnacionales productoras de agrocombustibles o cultivos semejantes, luego de la expulsión de los campesinos jornaleros y pequeños propietarios, comunidades indígenas o afrodescendientes, en el regreso a la más pura esencia del modelo económico colonial del siglo XIX o inicios del siglo XX de la plantación latifundista.
El desplazamiento de casi el diez por ciento de la población colombiana es parte de estos programas de enajenación de los recursos agrícolas, demostrada la indiferencia del gobierno con una situación de penuria e injusticia afectante de tal parte de la población. Se ‘limpia’ la tierra de aquellos que ancestralmente la han trabajado, para favorecer a capitalistas foráneos.
Y en el mismo sentido y con el mismo estilo el gobierno nativo ha recibido peticiones para explotación minera de parte de compañías extranjeras por algo así como el 40% del territorio nacional [203] . El actual presidente Juan Manuel Santos (2010-2012) sigue por entero estas orientaciones, que no son otras que las del citado Banco Mundial [204] . ¿Y quién puede dudar, de acuerdo a la historia reciente y pasada de este país, que no los vaya a entregar?
He ahí los efectos de las guerras en la realidad colombiana.
La Contrainsurgencia Paramilitar en Colombia
La oposición popular a la ocurrencia de todas las acciones de desposesión violenta de derechos y recursos, es tratada mediante métodos de la contrainsurgencia ya bien definidos en los años sesenta del siglo XX por el gobierno de EE.UU., y traídos a Colombia como una estrategia para ser realizada en un futuro no muy lejano [205] .
Desde los inicios de aquella década el Pentágono prescribe a las autoridades militares colombianas el uso de grupos paramilitares para la realización de actividades clandestinas de escuadrones de la muerte, desapariciones, actos de terrorismo, etc. [206] Justamente dos décadas más tarde, además de la tradicional represión va tomando fuerza la creación de contingentes paramilitares contrarrestantes por el terror y su conexión con el gobierno, de la posible aceptación popular de los movimientos insurgentes. Empero, y ese es el aspecto más destacable del fenómeno, son los movimientos políticos no armados, legales y con acogida popular los objetivos más frecuentes de estos grupos irregulares al servicio de los privilegios.
Al igual de lo acontecido en El Salvador o Guatemala, las fuerzas armadas colombianas adoptan formas de control irregulares de la población inconforme o sublevada, fundamentalmente para amedrentar y desplazar campesinos de forma violenta o en las ciudades para coaccionar movimientos obreros o estudiantiles de la misma forma. Salvo Cuba desde 1960, todos los cuerpos armados latinoamericanos han tenido contacto con estas doctrinas contenidas en manuales de entrenamiento contrainsurgentes de EE.UU., aplicándolos de manera discrecional de acuerdo a las circunstancias.
Con los carteles de la droga en pleno auge a finales de los años ochenta y la unión de los mismos a los planes contrainsurgentes con la creación en 1981 del grupo denominado Muerte a Secuestradores (MAS), abundantes dineros del tráfico ilegal de sustancias pudieron financiar el actuar contrainsurgente de esta clase por fuera de la precaria legalidad establecida.
Primero municipios enteros fueron puestos bajo el control de traficantes y sus destacamentos paramilitares entrenados y armados por miembros de las fuerzas armadas, como es el caso emblemático de Puerto Boyacá en el Magdalena Medio, y con mayor ambición se llega a la toma de departamentos como Córdoba, y de regiones como Urabá y el Catatumbo, para mencionar sólo algunas. El común denominador de estas tomas a sangre y fuego es el de realizarse en secciones estratégicos del territorio colombiano; en esto no hay nada al azar.
El actuar criminal paramilitar primordialmente se dirige al partido político de oposición con alguna perspectiva de crecimiento por entonces. En tales circunstancias ocurre el exterminio de la Unión Patriótica básicamente entre 1985-1994, un partido surgido de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional de Belisario Betancur y el grupo insurgente Farc en 1984, con el objetivo del ingreso del movimiento subversivo a la vida civil participando en la vida política en elecciones hasta lograr el abandono de lucha armada como fin a mediano plazo.
Empero, como regla general, durante los últimos treinta años líderes políticos, sindicales, estudiantiles, campesinos, indígenas, afrodescendientes, indigentes, etc., han sido el blanco de los ataques de escuadrones de la muerte, sicarios, destacamentos organizados de irregulares, en demostración de las diversas maneras de manifestación del paramilitarismo.
Actualmente y como una de las consecuencias más visibles de lo anterior, la organización de los trabajadores ha sido especialmente diezmada: «La mayoría de violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia se encuentran ligados a conflictos laborales (paros, huelgas, negociaciones colectivas, creación de sindicatos» [207] . Los paramilitares cumplen la función de ejecutar la mayor parte del trabajo sucio de la eliminación física y el amedrentamiento de regiones enteras, pero bajo el apoyo de al menos una buena parte de los miembros de las fuerzas armadas, algo que en esta nación es un auténtico secreto a voces [208] .
La simbiosis es evidente desde mucho tiempo atrás en experiencias en zonas campesinas:
En octubre de 1989, el ejército estableció un puesto en la vereda de la familia Cala. Un teniente informó a cada campesino que debía presentarse cada dos semanas para contestar preguntas acerca de sus vecinos. Desde el comienzo, el teniente dijo a los campesinos que deberían organizarse, y en octubre se convocó a una reunión en la que los oficiales del Ejército presentaron a los dirigentes de las autodefensas campesinas de la región. En presencia de los oficiales un dirigente del grupo de autodefensa de nombre Ciro Antonio Díaz, dijo a los campesinos que tenían que escoger entre formar parte de la autodefensa o irse de la vereda y que aquellos que se negaran a participar en el grupo serían considerados como partidarios de la guerrilla y asesinados. [209]
De su parte en l las llamadas operaciones de ‘limpieza social’ contra indigentes y psicoadictos en zonas urbanas involucran directamente miembros esencialmente de la policía nacional [210] , las cuales han venido ocurriendo de tiempo en tiempo desde hace por lo menos unos 25 años, formando parte también de una variedad de aspectos del control social más violento que se puede ejercer sobre una sociedad.
Los paramilitares incrementan su presencia y fuerza no sólo con los traficantes ilegales como financiadores y aportantes de destacamentos, sino también con apoyo de terratenientes ganaderos y agrícolas y comerciantes. Ya para el gobierno de Andrés Pastrana Arango y su proceso de paz, son una fuerza en armas organizada, perpetradora de numerosas masacres generando la abrumadora mayoría de los desplazamientos ocurridos en Colombia hasta la fecha.
Como táctica fundamental para ello, es relevante como la conducta preferida para generar conmoción y pavor dentro de la población en Colombia ha sido la comisión de cerca de dos mil masacres en el último cuarto de siglo. Los destacamentos paramilitares para tales efectos gozan de una gran libertad para la realización de estos actos de terror de acuerdo a sus relaciones con la fuerza pública:
«Una hora después de que los paramilitares abandonaron el pueblo llegó la Infantería de Marina. Ya eran las 6 de la tarde del sábado 19 de febrero. La incursión había empezado el martes.» [211]
Es el caso de la masacre de El Salado, en la cual gracias a esa cobertura de la armada colombiana más de cien personas según se ha podido establecer con posterioridad, fueron asesinadas previas torturas. Es tal la participación de las fuerzas militares y demás entes civiles en esta matanza, que el mismo presidente Juan Manuel Santos pide perdón por los crímenes perpetrados con anuencia estatal:
«Ahí hubo omisión por parte del Estado, todo tipo de falencias, como las hubo durante tanto tiempo » [212] .
No obstante, este mea culpa es implicante apenas de subsidios para aquellos que se ha atrevido a regresar a las tierras de donde fueron cruelmente desplazados; justicia como tal no ha existido pues quienes fueron autores materiales de los crímenes se acogieron a la ley denominada de Justicia y Paz en 2005, y no pagado por tales hechos una pena correspondiente; en el caso de los actores estatales actuando por omisión por lo menos la impunidad es más grande aún, a lo que se añade el pleno conocimiento de los hechos de la legación diplomática de EE.UU. en Bogotá [213] . El Salado representa una prueba incontrovertible de la íntima colaboración de los cuerpos armados estatales y los paramilitares.
Desmovilizaciones paramilitares
Con el incremento de los destacamentos paramilitares y la entrada de estos al dominio de regiones enteras a partir de la imposición violenta en elecciones municipales y departamentales de sus candidatos, además de su capacidad económica proveniente de negocios lícitos e ilícitos, los paramilitares constituyen una especie de federación de feudos denominada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Literalmente en buena parte del territorio se constituyen en un estado paralelo (ejercen atribuciones de policía, cobran impuestos, regulan las condiciones de vida), lo cual no hubiera sido posible sin la existencia de una parte de la tradicional debilidad del estado dirigido desde Bogotá y de otra la aquiescencia tácita y en veces expresa de las autoridades en todos los niveles.
Una situación de cómo la relatada no es parte de una formulación local del control social violento de poblaciones, es algo previsto como táctica de dominio de una nación dentro de las teorías desarrolladas para tal fin en América Latina desde la época de la Guerra Fría. La Doctrina de la Seguridad Nacional de entonces ya contempla expresamente que la contrainsurgencia pueda convertir en la razón de ser del estado, y la posibilidad de que las actuaciones de los destacamentos paramilitares sean proyectadas en campos como el económico, para así cerrar el cerco a cualquier inconformidad social donde se extiendan [214] . El paramilitarismo acondicionado para Colombia por consiguiente es la manifestación de una contrarevuelta, la cual se intenta extender a aspectos políticos, económicos y hasta culturales; la más reciente década puede dar fe de la ocurrencia del fenómeno.
Con un posicionamiento del paramilitarismo en estos términos, la legalización de los oprobios y usurpaciones causadas es el paso a seguir. El presidente Uribe Vélez otorga beneficios penales para jefes paramilitares a cambio de su desmovilización como combatientes ilegales. Es expedida una ley (la ya citada de Justicia y Paz; 975 de 2005) impulsada por las autoridades de Bogotá y avalada plenamente por las de Washington; es importante anotar que aproximadamente una tercera parte del congreso que aprueba esta ley es parte de alguna forma de las estructuras políticas y económicas de los beneficiarios de la misma, la organización paramilitar, como resultado del violento control de esta en las regiones.
Respecto a la efectividad de la desmovilización impulsada desde el poder ejecutivo, nada se ha logrado en la realidad debido a que los supuestos delincuentes arrepentidos, en sus declaraciones frente a las instancias judiciales no colaboran en absoluto para desmantelar sus estructuras sicariales y de corrupción y para delatar a sus innegables mentores y protectores relacionados con la política [215] , o cuando las hacen sus revelaciones no tienen trascendencia judicial, debido a los enmarañados mecanismos de exclusión del sistema judicial imperantes para ciertas clases sociales. Lo cual desvela en el fondo al proceso general desarrollado por Uribe Vélez como una ostentosa táctica de impunidad y legalización favorable a la continuidad encubierta del dominio paramilitar en todas sus formas.
En ejecución de la rutina de ocultamiento de la persistencia del control paramilitar, eufemísticamente se le ha cambiado el nombre a los paramilitares para llamarlos ahora con el acrónimo de ‘Bacrim’ (bandas criminales), pero sus actividades criminales de dominio violento de la población son las mismas y con la colaboración acostumbrada de autoridades civiles y militares [216] ; la desazón por sus delitos es notoria en varias zonas del país como lo fue hace una década.
Dichas bandas relacionadas inexorablemente por la prensa domesticada con el tráfico ilegal no significan un rompimiento con la situación social de dos décadas a tras sino una continuidad de la guerra antiinsurgente: «las bandas del narcotráfico están causando tantos muertos como los grupos paramilitares lo hicieron en su momento» [217] . Las zonas más golpeadas son invariablemente aquellas con gran militarización desde hace muchos años: todo el departamento de Córdoba en el mar Caribe [218] y el municipio de Buenaventura puerto sobre el Océano Pacífico. Zonas de fácil transporte de cualquier tipo de mercancías legales o no.
Los paramilitares sencillamente han sido mimetizados para el grueso de la población por los medios de comunicación controlados, los cuales hacen su labor de eco de las autoridades militarizadas, empero, sus actividades son iguales y multiplicadas con relación a la teórica desmovilización de 2005:
«Actualmente, en el golfo de Morrosquillo (Costa Caribe) no hay dos grupos narcoparamilitares, como sucedió antes de las desmovilizaciones, sino siete, según las cifras dadas por la misma policía. Y estas siete bandas, a diferencia de lo que insiste en sostener la fuerza pública, sí ejercen un poder local y muy posiblemente va a permear las próximas elecciones regionales» [219] .
De su parte Medellín, la sede del otrora famoso cartel y su líder Pablo Escobar, vive una guerra urbana en la cual un número indeterminado de jóvenes participan con unos niveles de criminalidad un tanto atenuados a los de veinte años atrás, y sin embargo sintiéndose como escenarios de confrontación de organizaciones posibilitan tés de un dominio sobre la ciudad basado en el terror, lo cual origina directamente un desplazamiento interurbano de habitantes. Los jóvenes adolecentes son las víctimas más frecuentes de esta guerra urbana. Una pléyade de organismos locales nacionales e internacionales asiste a tales hechos con la acostumbrada pasividad vista en Colombia. [220]
Es muy explicativo de la situación colombiana y la ocurrencia crónica de estos acontecimientos perturbadores de la sociedad a tales extremos, que de acuerdo con el Fiscal General de la Nación de entonces, las organizaciones paramilitares no fueron las que reclutaron a los políticos colombianos para sus fines, sino que fueron estos quienes apelan a aquellas para continuar con su hegemonía sobre la población [221] . Los políticos continúan en el poder y de ello se desprende la impunidad reinante.
Son las mismas estructuras de control social violento ya conocidas durante la última década, su impunidad está relacionada con sus nexos con la oligarquía y miembros del congreso, del cual unos 120 miembros han sido o están siendo juzgados por estrechos vínculos con aquellos [222] . La Relatora de Minorías de las Naciones Unidas afirma luego de una visita a Colombia en febrero pasado que:
» El mensaje que me transmitieron muchas de las comunidades que visité es que aunque quizás hayan cambiado los nombres, uniformes o tácticas de los grupos armados ilegales, la violencia perdura en forma de asesinatos selectivos, desapariciones, intimidación, desplazamiento continuo y confinamiento [223] »
En un intento de esclarecer las responsabilidades de tan funestos hechos el tal vez único estamento judicial con independencia l a Corte Suprema de Justicia, le pidió al gobierno de Álvaro Uribe Vélez en su momento, la creación de una comisión de la verdad para de acuerdo con los pactos internacionales suscritos por el estado, crear una ‘Comisión de la Verdad’ salvante de la memoria de los crímenes perpetrados por los paramilitares, en un momento en que han confesado sin reatos de conciencia significativos el cometer unos 24 mil homicidios [224] . Esto no ha sido puesto en práctica seguramente por las previsibles consecuencias.
Efectos de las guerras simultáneas
En lo que respecta a la soberanía colombiana, esta ha sido luego de tantos años de guerra contrainsurgente y contra las drogas, reducida a su más mínima expresión, hasta llegar al punto de que el país no tiene una política de relaciones internacionales distinta a la ejecutada por la Casa Blanca, lo cual prosigue sin interrupción con el cambio de gobierno de 2010.
La portentosa embajada gringa en Bogotá es fuera de toda duda un palacio virreinal en el cual los funcionarios criollos de más alto nivel ejecutan infinitas genuflexiones, algo reconocido en los mismos medios de comunicación progubernamentales, tal vez como una manera de pedir resignación al resto de la población haciendo ver este servilismo como ineludible [225] . Es ostensible que la oligarquía colombiana tiene muy presente que las decisiones importantes se toman fuera del país y no dentro.
Una de las muestras de esta sumisión reiterada, se manifiesta en la elevación a rango constitucional de una soterrada criminalización del uso de la dosis personal para personas consumidoras de psicoactivos (art.49 Constitución Nacional). Algo contrario a las políticas mundiales de trato a los adictos basadas en investigaciones científicas y evidencia grotesca del trato constitucional y legal de los derechos humanos de colombianos, empero dentro de las instrucciones de la estrategia que deben acometer pueblos sometidos por parte de Washington.
Los teóricos logros de todas estas estrategias contra las drogas en Colombia, son ampliamente difundidos a la población como prueba de la necesidad de aumentar los controles de la militarización de la sociedad, encumbrándola como indispensable. No obstante, cuando se hace un análisis detallado de los soportes de dichos ‘triunfos’ contra el tráfico ilegal, emergen ostensibles y persistentes incoherencias que dejan las informaciones de disminución del problema en un resultado más de las operaciones psicológicas gubernamentales.
Las deficiencias estadísticas y la contrastación con otras informaciones de organismos oficiales colombianos y de la región dejan a las manifestaciones de orgullo del todopoderoso en Colombia, Departamento de Estado, como meras falacias propagandísticas [226] . Los datos sobre hectáreas sembradas de coca o amapola y los de destruidas de las mismas plantas bajo los pomposos programas de erradicación, no son confiables pues frecuentemente proceden de agencias como la CIA, por tanto son evidentemente manipuladas; las inexactitudes no son aisladas, existen contradicciones entre Washington y Bogotá, las cuales calculan mal o hacen cálculos incorrectos; una alteración más salta a la vista. Las disparidades en este aspecto ni siquiera se encubren [227] .
En cuanto a la guerra irregular, es importante resaltar como las zonas más estratégicas en materia de recursos naturales en Colombia concurren plenamente con la mayoría de aquellas donde se han producido grandes desplazamientos originados por masacres de paramilitares u hostigamientos de la fuerza pública [228] , con lo cual se denota por lo menos una infausta coincidencia de los planes neoliberales [229] de instituciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial y la contrainsurgencia colombiana, merecedora de varias explicaciones.
Colombia es destinada a ser una fuente de materias primas y cualquier oposición a ese designio al parecer debe ser aniquilado. La secuencia de la persecución y despojo de campesinos es evidentemente favorable a los programas de apertura de la inversión extranjera en agroindustria y minería depredadora presenciada hasta el momento: 1- aparecen los contingentes paramilitares y perpetran masacres, actos atroces, desapariciones, torturas y otros vejámenes a los pobladores de territorios aptos para aquellas actividades, consecuencialmente al terror causado suceden desplazamientos y el mutismo y la desmoralización en quienes no se marchan. 2- aparecen los militares tomando la región para la tranquilidad de inversionistas extranjeros o locales, en lo que se denomina ‘zonas de consolidación’. 3- arriban las multinacionales y obtienen el dominio y la posesión favorecidos por los bajos costos las tierras, ya sea directamente o a través de testaferros.
Con el Plan Colombia a manera de toma directa del control de las actividades militares de Colombia, la única conclusión posible respecto de los actores de la guerra en este paìs es que se visualiza plenamente el papel protagónico del gobierno de los EE.UU. en la misma, por el desmesurado poder económico y militar involucrado. Washington determina privilegiadamente los recursos destinados al control social de la población, ejerce la tutoría absoluta sobre la relaciones internacionales de Bogotá, manteniendo una injerencia en asuntos gubernamentales internos propiamente dichos. Todo ello indefectiblemente se dirige a la reverencia y aplicación de las políticas del Banco Mundial y el FMI, como pocos países en el mundo practican; de ser aprobado el TCL en el Congreso de Washington, incluso los temas de alimentación también pasaran a ser de entero control de en el extranjero, es decir del capital extranjero. La silenciosa anexión se habría completado.
Por lo anteriormente expresado es comprensible la declaración de la Secretaria de Estado Hillary Clinton ante su congreso cuando afirma:
«Yo sé que el plan Colombia fue controversial. (…) Hubo problemas y hubo errores, pero funcionó» [230]
No obstante, en lo relativo a la mayoría de los habitantes de este país, a pesar de las miles de vidas destrozadas, los recursos y el tiempo que han sido empleados desde los inicios de la injerencia gringa bajo el sometimiento a rigurosos programas pentagonales de contrainsurgencia, la guerra interna y el tráfico ilegal de sustancias tienen aún en esta esquina de Suramérica un epicentro generador de miedos y zozobra.
Y con otros niveles de violencia y otras circunstancias de manejo de los gobiernos involucrados, luego de más de treinta años de haberse establecido como problema y veinte de la cúspide de violencia atribuida a los carteles ilegales, la situación social y económica no ha tenido mejoría apreciable.
El panorama presente no puede ser más sombrío a pesar de las persistentes campañas mediáticas de ocultamiento de la realidad. Colombia es el segundo país en desplazamiento en el mundo, unos cinco millones de personas se encuentran en esa situación; aproximadamente 6.6 millones de hectáreas han sido despojadas [231] . La pobreza afecta a dos terceras partes de la población, algo que se ha empeorado en los más recientes años del auge del neoliberalismo con control violento de la población [232] . En el sector rural estas proporciones aumentan escandalosamente.
El pluricitado Plan Colombia ha fracasado estruendosamente si tenemos en cuenta su propósito concreto de erradicar en el año 2005 los cultivos ilegales [233] , en su entrelazamiento con programas internos represivos como la denominada Seguridad Democrática (SD) del gobierno Uribe Vélez se le concibe como una manera de dar fin al conflicto de medio siglo al detener la financiación de movimientos ilegales que se lucran con el tráfico ilegal [234] , empero no se experimenta ninguna mejoría al respecto.
Más bien a medida que la intromisión en los asuntos internos de Colombia por parte del gobierno de Washington y sus agencias de espionaje se ha dado, la guerra y el deterioro económico durante 50 años han ido escalándose; de unas pequeñas escaramuzas de campesinos aislados pidiendo atención del estado, se ha dado paso al movimiento guerrillero más importante de América Latina. Esto es algo que debería hacer pensar al pueblo en general de Estados Unidos, y a los estrategas del Pentágono y demás agencias públicas o privadas, si los propósitos verdaderos de estos últimos coinciden con los anunciados públicamente.
Luego de la aplicación de los diversos planes de intervención militar en Colombia en los más recientes años, es muy diciente la situación de los derechos humanos en este atribulado paìs. Después de más de veinte años de simbiosis de lucha contra las drogas y guerra contrainsurgente inicialmente ocultada y recientemente pública, el número de muertos, desaparecidos, secuestros, extorsiones, desplazamiento, etc. [235] , acercan la situación de la nación nominalmente gobernada desde Bogotá, al de la guerra civil de Guatemala (1960-1996) en sus efectos mortíferos y destructores de la sociedad; y si se mira la sur, supera en desapariciones a las sufridas por todas las naciones del Cono Sur durante los años sesentas y setentas. Colombia es el país menos pacífico de todo el subcontinente latinoamericano [236] , por consiguiente la calidad de vida es muy baja para la inmensa mayoría de su población.
Las mismas estadísticas oficiales, aún a pesar del usual maquillaje al cual son sometidas por las autoridades locales, revelan un estado de guerra en una escala muy significativa para la región aunque soterrada mediáticamente [237] . La corrupción en esta nación erigida como base de operaciones militares gringas para todo Suramérica, en los ocho años más recientes ha adquirido dimensiones de festín pantagruélico [238] . No es algo ocasional: «hoy la corrupción parece haberse convertido en endémica e institucional» [239] . De tal dimensión es la estructura del latrocinio que ahora es más rentable saquear los dineros públicos que ser traficante ilegal [240] .
La privatización de los servicios públicos y venta de empresas construidas con trabajo común en cabeza estado desde los años noventa en adelante, han traído como otra consecuencia perversa la exacerbación de la voracidad del capitalismo local, contando como base la impunidad en altos cargos públicos y privados:
» La corrupción ha existido siempre. Pero nunca antes el país había estado tan aterrado como hoy por el calibre de los escándalos y el tamaño de la ‘mordida’ de los recursos públicos» [241] . La implacable lógica de maximización de las ganancias a cualquier costo se aprecia en toda su extensión en un clima de interminable agitación.
A la vez que es notable como desde hace treinta años ha habido una continuidad de los vínculos de políticos colombianos con traficantes ilegales; la injerencia de estos en instituciones como el congreso pasa del apenas uno por ciento en los inicios de los años ochenta, al aproximado doce por ciento en los noventa, los del descubrimiento de las relaciones de aquellos con el cartel de Cali, hasta el 2002, en pleno ascenso de Uribe Vélez, donde son ya no menos del treinta y cinco por ciento de la escena política congresional [242] . La presencia de partidos de bolsillo como el Partido de Integración Nacional (PIN), es la prueba más palpable de dominio de las mafias de paramilitares y traficantes en regiones enteras manifestado en clientelas electorales [243] . Las clientelas generadas a partir de la corrupción, la coacción armada y el fraude permiten la existencia de estos movimientos políticos.
La lucha contra las drogas de Washington y Bogotá ha fracasado de tal manera que el Consejo Nacional de Planeación colombiano, pide la legalización de las sustancias ilícitas; los campesinos en la práctica no tienen otra solución para su subsistencia [244] .
El actual gobierno de Juan Manuel Santos se propone aprobar de su parlamento, una nueva y más draconiana legislación en lo relacionado a los psicoactivos ilegales [245] . Y so pretexto de la ‘seguridad’ y con el apoyo de una bancada congresional subjudice, sanciona una ley que persigue notoriamente la inconformidad social al penalizar muchas de las conductas naturales de la protesta común y otras acostumbradas dentro de las clases desposeídas [246] , con lo cual se prosigue la contención esta vez institucionalizada de las mismas.
La conclusión más cercana a la realidad de millones de colombianos de dos generaciones por lo menos, es que con las escaladas de la guerra contra las drogas en simbiosis con la guerra contrainsurgente, impuestas a Colombia por el gobierno de la Casa Blanca y sus agencias, a través de programas como el Plan Colombia, con sus muertes, desapariciones, desplazamientos, torturas, fumigaciones con destrucción del medio ambiente, pauperización general y de los campesinos acentuadamente, es «cada vez más evidente que Washington y Bogotá no realizan un ataque contra las drogas, sino más bien hacen la guerra contra la gente pobre» [247] .
– Las Inefables Operaciones Psicológicas
Tanto en México como en Colombia no existe un mes donde no se anuncie por los medios de difusión controlados de la incautación de algún cargamento de cocaína, mariguana o heroína y las capturas o enfrentamientos con los cuerpos armados oficiales de los traficantes respectivos. Las escenas de estos esposados desfilando ante las cámaras ya son parte de una especie de liturgia televisiva. La apreciación de la opinión pública de estos dos países es la del tráfico ilegal haciendo las veces de mayor problema a enfrentar por parte de sus sociedades.
Los medios en general omiten preguntas del tenor de ¿Cómo llegan estas sustancias a los consumidores de los Estados Unidos? ¿Cuales son los obstáculos que deben sortear los traficantes para que su mercancía luego de entrar en ese territorio se reparta por todo ese extenso espacio? ¿El motivo por el cual le es relativamente fácil a los traficantes de drogas ilegales colombianos llevar estas hasta México recorriendo más de tres mil kilómetros a pesar de los múltiples y modernos instrumentos de vigilancia de la potencia del norte en esta nación y en toda Centroamérica? ¿Cómo se mantiene el mercado ilegal si permanentemente son desmantelados laboratorios de procesamiento, incautadas sustancias, muertos o detenidas personas que manejan estas actividades peligrosas nada sencillas de ocultar? ¿Cual es la razón de que ningún banquero haya sido enjuiciado y penalizado por legalizar las fabulosas sumas de dinero provenientes de estas actividades? O el interrogante elemental acerca del ¿Porqué a mayor dinero y recursos humanos invertidos en la persecución del tráfico ilegal este correlativamente aumenta lo cual ha sido una constante durante los últimos cuarenta años?
Los interrogantes más obvios son borrados de la investigación periodística, y cuando excepcionalmente son formulados, el quehacer periodístico en el tema se limita a la repetición en forma de latania de los lemas oficiales sean comunicados, declaraciones, o enfoques policiacos de noticias relacionadas con el tema; el maniqueísmo con el cual se trata el asunto raya con el abordaje al público como a párvulos.
Estos libretos de información sobre los temas del tráfico ilegal, ostensiblemente resultan ser irradiaciones de reales operaciones psicológicas, la cuales se manifiestan mediante un posicionamiento simplificado de los medios del estilo amigo-enemigo [248] . Esto se relaciona directamente con otras asignaciones de papeles en los temas de la contrainsurgencia, en la cual la propaganda crea para los militares tanto de México como de Colombia el papel de fuerza neutral entre los paramilitares del estado de Chiapas y el EZLN [249] , o el mismo rol de las fuerzas armadas colombianas ante los paramilitares AUC extendidos por toda la geografía colombiana y movimientos subversivos como las Farc y el ELN. Las evidencias sobre los diversos grados de participación de fuerzas armadas estatales no son tenidas en cuenta, a pesar de ser constantemente denunciados como sustanciales.
El tema del tráfico de psicoactivos se torna omnipresente en todos los medios tanto mexicanos como colombianos, hasta ser el tema principal de toda discusión, pero desde los parámetros controlados de una persecución inclemente. Esto contrasta abiertamente con lo que acontece en esta materia en los EE.UU., donde las noticias sobre drogas ilícitas son destacadas sólo cuando involucran a personajes de la farándula cinematográfica [250] , lo cual indica a las claras un distinto tratamiento dependiendo de los públicos.
Sin embargo, incongruentemente con esta visión al interior de EE.UU. el Departamento de Estado, proclama grandilocuentemente que el problema de la violencia relacionada con los carteles de traficantes ilegales en México, al decir de su portavoz es de gran peligro: «No creo que el tema sea si la estabilidad de nuestra sociedad está en riesgo, pero ciertamente es una amenaza a la seguridad nacional. [251] »
Uno de los aspectos que merece la pena ser resaltado dentro de las operaciones psicológicas tanto en uno como en otro país, es como estas pretenden la desmoralización de los pueblos, atacando la autoestima colectica de los mismos. Se intenta colocar en la mente de los receptores de las dos naciones analizadas, que tanto colombianos como mexicanos son los responsables del narcotráfico, de ser personas muy violentas, y sanguinarios por naturaleza.
A través de los medios de estos países es difundido un incesante mea culpa propagandístico. Esto tiene consecuencias apreciables en la población respecto de su autoestima como pueblo y como cultura. El ejercicio de estas operaciones posee tal profundidad que poderes como la misma iglesia católica mexicana lo toman por hechos indiscutibles, cuando afirma que el mexicano es un pueblo de asesinos y corruptos [252] . La generalización es el elemento central de la acción psicológica contra la población, junto con la descontextualización de los hechos expuestos mediáticamente.
A la vez es impuesta la contra parte de encumbrar ostentosamente un nacionalismo vacuo, estridente y ramplón en los dos países. Esto es visible en ceremonias públicas de los funcionarios más altos, en todo incoherentes con las relaciones internacionales que estos mismos practican con el gobierno de Washington. Dentro de la industria del entretenimiento los deportes son ideales para la difusión de esta clase de chauvisnismo artificioso, y seguramente por ello es el amplio despliegue de este tipo de espectáculos.
La aplicabilidad de las operaciones psicológicas de manera profunda en la sociedad es facilitada con la existencia de los mecanismos de monopolización del capitalismo aplicados a la industria del entretenimiento. Tanto en México como en Colombia se presencia la existencia de duopolios en la televisión cercanos al gran capital local y transnacional, y en consecuencia obedientes a seguir todas las tácticas de manipulación de la información de los cuerpos armados gubernamentales [253] . Por ello es pertinente para los casos analizados aquella frase de una mujer mexicana en 2006: ‘Televisa te idiotiza, Teleazteca te vuelve pendeja’.
El aspecto de la prensa escrita es un tanto diferente puesto que México a pesar de la persecución del periodismo de investigación dentro de la guerra al ‘narco’, guarda una variedad de publicaciones con profundidad informativa y gran valentía [254] , además de una gran diversidad de periódicos en toda la nación, con cierta independencia. Mientras la situación al respecto en Colombia es muy controlada, debido a la extremada concentración de medios escritos al gran capital foráneo o local, a cual se agrega su dependencia al mismo poder, como se observa en el hecho que el presidente actual es socio del único diario de circulación nacional y un pariente cercano controla la única revista de información de gran circulación [255] .
Existe en las naciones citadas guardando las proporciones entre una y otra, un innegable imperialismo cultural de parte de la potencia del norte, el cual es cuidadosamente difuminado a través de duopolios mencionados y demás medios controlados de radio y prensa. El ambiente cultural es mediáticamente dirigido hacia la dependencia y dentro de ello hacia lo más despolitizado y superficial. Ello no obedece a tendencias masivas, pues es sabida su manipulación, sino a cuidadosas tácticas inducentes a alejar a las poblaciones de su participación en los grandes problemas afectantes de sus vidas.
De la misma forma, las mencionadas operaciones psicológicas buscan con su cuidadosa puesta en escena de lo relacionado con las acciones violentas de los traficantes o de lo que tiene que ver con la insurgencia, familiarizar al público con la muerte. Esta pasa a ser parte normal dentro de lo cotidiano a ser difundido y a la vez es manufacturada mediante las técnicas periodísticas para fin ser recibida como un hecho intrascendente, asimilable a otros asuntos de carácter baladí, tratados a su vez en los medios como temas con valor social equiparables a las guerras y sus secuelas.
La catarata de trivialidades y el revoltillo en todos los medios es muy importante en la generación de un ambiente tolerante a la anormalidad haciendo pasar desapercibida la ausencia de democracia en las sociedades. En ello no hay nada caprichoso o al azar, la organización del mensaje mediático en su forma tanto como en su contenido se encuentran sujetos a precisas reglas, relacionadas con intereses nada superficiales.
Los espacios informativos sobre la cobertura de la violencia se encuentran meticulosamente desconectados de actuaciones políticas y económicas de los gobernantes, de las condiciones sociales e históricas en la cuales se desenvuelven los pueblos, siendo apartadas para obrar de distractor en la anécdota y la nimiedad diariamente exaltadas. México se encuentra actualmente dentro de las cuatro naciones menos pacíficas de América Latina, mientras que Colombia es la última en esta clasificación [256] ., empero, si se tiene contacto con los medios domesticados de los dos países, parecería que estos fueran zonas de paz y sosiego
De cualquier manera la narración de circunstancias afectantes de la vida de las naciones no deja de ser abordada por los verdaderos periodistas, y esto ocasiona en un ambiente de tal violencia represalias mortales. En la última década en México, setenta periodistas han sido asesinados, ocho durante el 2010; Otros doce se encuentran desaparecidos. Se han denunciado 157 agresiones a periodistas durante el año pasado, de las cuales, cerca de un 40% han sido perpetradas por militares o policías [257] . Existe al respecto una casi total impunidad.
Colombia no se queda atrás. Unos ciento veinticinco periodistas han sido muertos allí, y de ellos cincuenta y siete se tiene comprobado que fueron muertos en circunstancias relacionadas con su oficio, en los últimos 13 años [258] . La autocensura ha sido el efecto más visible en los trabajos periodísticos de los últimos tiempos, especialmente en las provincias donde el actuar de los paramilitares conlleva prácticamente la absoluta impunidad; tan solo un puñado de valientes [259] muestra con grandes dificultades lo que el periodismo al servicio del poder mimetiza.
Sin las operaciones psicológicas serían imposible mantener por mucho tiempo guerras de cualquier tipo, especialmente estas antiinsurgentes y contra ‘las drogas’, pues con una conocimiento más o menos preciso de las circunstancias donde se desarrollan, las poblaciones se volcarían a desactivarlas ejerciendo su poder.
Circunstancias concordantes México-Colombia.
En medio de estas guerras contra el elusivo contrincante que resultan ser los traficantes ilegales, máxime si las estrategias son equivocadas en cuanto a los objetivos a alcanzar, el elemento de la militarización de estas tiene como protagonistas a cuerpos armados de naciones que han sufrido el desmembramiento de su territorio a manos del mismo poder imperial que hoy con algunas diferencias y matices les dirige y patrocina.
México en 1847 pierde más de la mitad de su territorio invadido por EE.UU. bajo el gobierno de James K. Polk en una típica agresión imperialista, mientras que Colombia es despojada del valioso departamento de Panamá mediante maniobras combinadas de intimidación y soborno, sin disparar un sólo tiro, lo cual permite al gobierno de Teodoro Roosevelt tomar el control de la construcción del futuro canal de Panamá en 1903.
Esto de diversas formas ha ocasionado que las fuerzas armadas de los dos países carezcan de prestigio dentro de los pueblos respectivos, que en México se relaciona con la derrotas en el siglo XIX frente al agresor del norte [260] y el dominio autoritario del conservador Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta hace poco más de una década; en Colombia tiene que ver con el férreo control durante todo el siglo XX de los partidos oligárquicos Liberal y Conservador [261] y el complejo permanente de vasallaje de estos desde aquella ignominiosa pérdida del istmo de Panamá.
La revolución mexicana marca un hito histórico del cual carece absolutamente Colombia. Sin embargo, el carácter de los gobiernos de uno y otro país de garantes de la conservación de privilegios de todo tipo y el permitir de manera cómplice el control violento de la consecuente inconformidad en mandos castrenses les ha ocasionado el concurrir en las consecuencias de ligarse inexorablemente al destino del belicoso vecino del norte.
Por ello las estrategias de dominación posibilitan intercambiar experiencias, pues en uno u otro lugar los objetivos son idénticos por parte del poder al cual le rinde lealtad. No debe extrañar por consiguiente que los instructores de los ejércitos sean los mismos del Pentágono.
Tampoco puede causar asombro que el jefe de estado colombiano Juan Manuel Santos en visita a México sugiera la misma fórmula de lucha al tráfico ilegal que la aplicada en su país a su homólogo mexicano Felipe Calderón Hinojosa, y uno y otro suscriban acuerdos fundamentalmente relacionados con temas represivos [262] ; las dos naciones conforman puestos de avanzada de designios que por inconfesables que sean no dejan de ser evidentes.
A una década de la imposición del Plan Colombia en la nación homónima, es un hecho patente para la población del mismo, como para las naciones de la región, que las fuerzas armadas colombianas se han convertido plenamente, sin mejora de la tranquilidad, en un cuerpo subalterno del Pentágono [263] . Esto mismo pareciera ser el objetivo no declarado pero previsible de los diversos planes del gobierno de EE.UU. hacia México con la inicial ‘Guerra contra el narco’.
En contexto para los dos países analizados sus guerras son parte de una estrategia general de amplio alcance:
«El Plan Mérida (PM) si es la complementación del Plan Puebla Panamá, pero en realidad el P.P.P. en sí mismo ya se transformó en Proyecto Meso América incorporando a Colombia y muy explícitamente la dimensión de seguridad. Ya el propio Plan Puebla Panamá asumió las dos cosas, la integración energética que era la parte económica más importante que tenía y la integración de seguridad. Y en ese sentido, ya no es que requiera del Plan Mérida, sino que es un eslabón más que permite que el PM que está en México se concrete de manera muy natural, sin necesidad de mucha bisagra con el Plan Colombia. Porque el Plan Mérida corresponde directamente al Plan Colombia, es el mismo proyecto adaptado a las circunstancias tanto geográficas como temporales. Porque ya se asume toda la experiencia tenida con el Plan Colombia y la estructura es similar, ayuda para seguridad y una muy pequeña para desarrollo, que es como avanzan varios de los proyectos del Plan Colombia. Y entonces tienes una superposición del Plan Mérida en la parte norte, proyecto Meso América enlazando esa parte norte con Colombia, Plan Colombia en Colombia y Perú. Además hay la ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) que es un proyecto también de seguridad y energético, pero difiere en el sentido de que es más la creación de un bloque regional, lo que está implícito en este plan .» [264]
Las circunstancias que rodean la situación mexicana y colombiana constituyen partes de una estructura de dominación del subcontinente adaptadas a cada situación social y temporal. Las diferencias son parte de las variables a ser tratadas por los planificadores del Pentágono y los de las demás agencias públicas o privadas afines en Estados Unidos.
Por ejemplo, en lo tocante a los organismo de control social armado, en México se debe tener en cuenta la existencia de muchas policías de carácter federal, estatal o municipal, mientras en Colombia desde los años treinta del siglo XX sólo existe una de carácter nacional, y como ya mencionamos, militarizada y dependiente del ministerio de defensa desde hace seis décadas. Esto es consecuencia directa de la organización política mexicana de tipo marcadamente federal a partir de mediados del siglo XIX, mientras que la colombiana es de tipo centralista, si bien existe elección popular de autoridades departamentales y municipales, pero sin manejo autónomo del orden policial.
Sin embargo, la diferencia de organización política entre los dos países no es óbice para la implantación de programas de contención social comunes con cargo al presupuesto de EE.UU. Así, dentro de la llamada Iniciativa Mérida para el año 2012 se pretende impartir entrenamiento a la Policía Federal mexicana por parte de la Policía Nacional colombiana (contra toda evidencia se le estima con experiencia de éxito en el tema de la drogas ilegales), pero no sólo sobre su fracasada lucha contra el tráfico ilegal, sino contra lo que se denomina arbitraria y repetidamente como ‘terrorismo’ [265] , lo cual es un aspecto muy diciente del carácter homogéneo de las luchas al interior de estas naciones.
Sobre estas semejanzas Hillary Clinton hace una analogía de la situación Mexicana del presente con la de Colombia dos décadas atrás:
«(México) está luciendo más y más como Colombia veinte años atrás, donde los narcotraficantes controlaban ciertas partes del país [266] »
Lo concreto es que luego de dos décadas de guerras al ‘narcotráfico’ en Colombia, a pesar de las declaraciones de la Secretaria de Estado Hillary Clinton, de que México es similar en su situación interna a la de Colombia de hace 20 años, este país no ha cambiado como para ser, ni mucho menos, un ejemplo de resultado de tales doctrinas persecutorias. Secuestros múltiples, enfrentamientos entre mafias del tráfico ilegal, acciones destinadas a crear un ambiente de zozobra, tiroteos en restaurantes y lugares públicos, muertos por balas perdidas, asaltos en lugares públicos, homicidios sicariales a defensores de la recuperación de tierras o cuestionadores de la minería a cielo abierto de las multinacionales, desplazamientos de cerca del diez por ciento de la población, hacen que las ciudades colombianas y sus adyacentes zonas rurales no hayan cambiado mucho en los tiempos presentes frente aquellos [267] , salvo en cuanto a que ya no se colocan artefactos explosivos como en el periodo 1989-1993.
Respecto a la situación mexicana las declaraciones de la Secretaria de Estado a su congreso parecen ser del tipo admonitorio-predicción:
» Estos carteles de la droga están mostrando cada vez más y más indicios de insurgencia. Incluso se han presentado autos bomba, algo que antes no existía » [268]
Cuando un funcionario de ese nivel en EE.UU. habla de insurgencia nos abocamos a los pasos previos de una escalada antisubversiva con todo lo que en Latinoamérica esto conlleva.
El departamento de estado a través de un alto funcionario ha afirmado que los cárteles en México no son equiparables a los de Colombia [269] . No obstante, nada indica que no se puedan conformar grandes coaliciones ávidas de ir más allá del mero control territorial del mercado ilegal de drogas, estableciendo una situación similar a la de los paramilitares colombianos actualmente [270] , los cuales tienen muchas actividades económicas entre legales e ilegales y disfrutan de poder político destacado en muchas regiones. Lo cual nos conduciría a un escenario de contrainsurgencia equiparable a la del país suramericano, con destacamentos paramilitares bien armados y entrenados (los desertores de las fuerzas militares mexicanas), financiados por los ‘narcos’, o por estamentos privilegiados que costean una protección de la delincuencia organizada y de la común, haciendo en determinados momentos el trabajo sucio de los militares atacando líderes sociales, sindicales, estudiantiles, indígenas, etc., so pretexto de oponerse a la insurgencia zapatista y demás.
Las hipótesis manejadas por el gobierno de la Casa Blanca son todo lo bastante sombrías como para colegir que se requiere mantener un ambiente de zozobra global:
«Desde hace mucho tiempo hemos pensado por anticipado qué pasaría si Al Qaeda se uniera con Los Zetas» [271] .
Y en ese camino de presunción de guerra voceros del congreso de Washington también cavilan:
«Sería preocupante que organizaciones terroristas se aprovecharan de las redes de los cárteles para tratar de exportar sus acciones [272] »
De hecho para congresistas y funcionarios del poder ejecutivo en Washington sin importar circunstancias de tiempo, modo, lugar e ideología, organizaciones o movimientos como las Farc o el ELN en Colombia y Al Qaeda en oriente próximo son equiparables, y por tanto estiman merecer el mismo trato por constituir amenazas a la seguridad de EE.UU., la diferencia central es su ubicación [273] . En otras palabras el mismo manejo persecutorio a ultranza de quienes, de acuerdo al decir de la opinión pública estadounidense, atacaron territorio de los EE.UU. en su capital y en la ciudad más populosa en el 2001 y mantienen una red de militantes interesados en atentar contra sus intereses, recibirán quienes desde la época de la Guerra Fría llevan más de cuatro décadas en las selvas de un escarpado país suramericano intentando conquistar por las armas un gobierno sin invadir ninguna otra nación.
Con elementos de examen públicos tan simplistas como el enunciado, no es posible dilucidar las razones que mueven a los gobernantes de Washington en estos temas, tan sólo se pueden explorar sus intenciones mediante inferencias.
Incoherencias relacionadas se evidencian en la asechanza de movimientos insurgentes en algunos periodos. La guerra planteada en procura de su desaparición tiene una continuidad con altibajos a pesar de haber sido empleados todos los recursos disponibles; el estado expectante generalizado y no deja respiro a la población la cual es aturdida con toda clase de mensajes contradictorios, lo cual paraliza el actuar colectivo en buena parte de ella. Precisamente esto último es lo alimentado en el público por los medios colusionados y sus Operaciones Psicológicas. Colombia es paradigma de esta situación.
De su parte, si se observa el tráfico ilegal en los territorios objeto de análisis, en vez de disminuir se extiende o muta, y el argumento para que en vez de languidecer se vean fortalecidos es que la persecución en un sector o cartel hace que este se traslade a otro lugar.
Sin embargo, sorprendentemente en términos reales tampoco la violencia disminuye en los territorios vacíos de elementos delincuenciales a causa de la acción armada estatal y muy frecuentemente ocurre lo contrario; en las divisiones de las estructuras criminales se preserva una misma manera de obrar como si quienes se encargaran del negocio ilícito, ya sean tradicionales o de nueva generación, inexorablemente ofrecieran una misma táctica de enfrentamiento a pesar de cambios poblacionales, tecnológicos y culturales y la amplia disparidad de fuerzas frente a los cuerpos armados oficiales con abundante respaldo extranjero. En un contexto así la corrupción del dinero del tráfico ilegal como elemento compensador del desequilibrio tiene límites precisos, así se presente un alto grado de proclividad al soborno hasta en funcionarios en cargos claves.
El ejercicio mismo de una actividad rentable con base en la ilegalización (como ocurre con las sustancias psicoactivas prohibidas), se encuentra sujeto a su vez a todos a los vaivenes económicos del mercado y del azar consecuencial a la proscripción; es notable como contradictoriamente el negocio de los psicoactivos ilegales progresa y se traslada. Los logros en la eficaz puesta en práctica de la prohibición siempre resultan insuficientes requiriendo mayores recursos y medidas represivas día tras día. Y quien decide acerca de cada uno de estos aspectos en naciones sufrientes del terror conexo como México y Colombia es el gobierno de Washington.
Simultáneamente la espiral de violencia emergida de estas guerras internas faculta para ejercer un control social más estrecho en toda la población, allí es plenamente visible la concordancia de los efectos del tráfico ilegal y los programas contrainsurgentes, a los cuales le son incómodas las leyes garantistas, la ciudadanía libre de temores y activa, y la vigilancia de actividades estatales de control de la población. Estos propósitos democráticos se dificultan con el caos generado por una guerra contra ese impreciso y elusivo personaje que es el ‘narco’.
El entorno el tráfico ilegal se ve agigantado con su expansión hacia el sur de México, en Guatemala donde ya han ocurrido masacres atribuidas a traficantes [274] o en Costa Rica, un asunto ya avizorado por la DEA y mucho antes por el propio presidente Bush hijo dentro de la Iniciativa Mérida, con el poder de clarividencia de siempre [275] . Esta última nación presenta un incremento en los casos de tráfico ilegal, por su puesto rebasando las capacidades de su estado, acompañado de una campaña del gobierno proestadunidense de la presidenta Laura Chinchilla Miranda para que el pueblo costarricense acepte más bases y militares del imperio en su territorio [276] .
Las naciones donde operan con facilidad fuerzas armadas, agencias de espionaje y demás entes de la primera potencia militar del mundo, tienen desequilibrantes problemas de tráfico de sustancias psicoactivas, no exclusivamente las naciones tratadas sino en Afganistán, Irak. En el primero se prohibió el cultivo de la adormidera en el año 2000, para ser invadido al año siguiente y reiniciarse la producción de la misma [277] a pesar de estar sometido por fuerzas de ocupación nominalmente persecutoras de tal tráfico; en el segundo ocupado desde 2003 el problema de las organizaciones relacionadas con esta actividad va creciendo [278] .
A la vez en Latinoamérica la estrategia gringa contra las sustancias ilegalizadas permite acusar a naciones como Bolivia, Ecuador y Venezuela, distantes políticamente y cuestionadoras permanentes de estas medidas de militarización [279] , de ser territorios de traficantes [280] . No obstante, estas naciones no registran los niveles de violencia y militarización de sociedades padecidos por los países objeto de nuestro análisis. Es posible concluir al respecto que los buenos gobernantes para Washington de acuerdo a esto, son aquellos que colaboran aplicando inconsultamente con su pueblo programas de guerra interna a la postre generadores de muerte y atemorizamiento en sus pueblos .
Una conclusión como la anterior puede ser confirmada con la observación de que en México y Colombia ocurren desde hace algún tiempo las tres formas de destrucción coordinada conocidas: variadas campañas de aniquilación, un ambiente generalizado de terror conspiratorio, y visibles y constantes combates mortíferos, lo cual es de difícil concurrencia de forma que no sea premeditada y puesta en ejecución mediante una capacidad muy por encima de la apreciable en los dos estados.
En lo tocante con las modalidades delictivas más relevantes y perturbadoras de la vida cotidiana, es nuevamente apreciable una afinidad en las dos naciones. La desaparición forzada, el asesinato sicarial, la corrupción a todo nivel del soborno y el tráfico de influencias, el secuestro, el asalto callejero, entre otras, son comunes en México y Colombia, ocurriendo esto a pesar del crecimiento desmesurado de los cuerpos armados y organismo de control e investigación teóricamente destinados específicamente a evitar y castigar tales conductas.
El aspecto de la corrupción merece especial atención. La situación generalizada en esta materia latente en las dos naciones constituye una gran fuente de debilidad institucional en las mismas. No es posible idear o acrecentar un nacionalismo o pensar más audazmente una integración regional con los hermanos pueblos latinoamericanos, en un entorno de latrocinio permisivo del cohecho de los capitales gringos, europeos y demás, en medio de una sensación de caos generalizado, a la vez de una privatización de los servicios públicos y derechos al bienestar adquiridos mediante costosas luchas de varias generaciones inducente al individualismo suicida del ‘sálvese quien pueda’.
En tal sentido la guerra contra el ‘narco’ sirve tanto como el neoliberalismo para aclimatar el saqueo crónico especialmente del sector estatal.
De igual manera es también importante resaltar, como la fragilidad de los gobiernos es observable en los repetidos fraudes electorales causantes de la permanente ilegitimidad de los gobiernos, especialmente en el caso mexicano de la elección de presidente del 2006, y en el colombiano en el mismo año y en el 2002. Con gobernantes sin legitimidad real pues esta se fundamenta en la invocación constante a guerras internas y copiosas operaciones psicológicas de por medio, la apelación al uso indiscriminado de la fuerza y el engaño resulta una consecuencia natural, a causa de la dificultad de los pueblos para avenirse a tan ruinosas aventuras.
Sin justicia no es posible tampoco erigir una sociedad merecedora de tal calificativo. Hacia el año 2000 en México de cada 100 delitos denunciados solo 3 se llegan a sancionar [281] . La ONU estima que el principal problema de Colombia es la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos [282] , respecto a los delitos menos graves ¿que se podría concluir? Y en cuanto a las sustancias prohibidas, el gobierno de Bogotá sabe de sobra que de cada kilo de sustancias ilegales incautado los traficantes hacen llegar a su destino diez veces esa cantidad [283] .
Hablar de democracia en este entorno es evocar un fantasma. La mayoría de la sociedad mexicana y lo propio en la colombiana tienen una muy escasa participación en el dominio de sus vidas. Lo a continuación enunciado para México también es válido para Colombia:
«Gran parte de la sociedad civil y política en México aún no ejercen su derecho a la participación democrática, por lo que la vida de la ciudadanía consiente y politizada sigue siendo muy precaria. [284] »
En cuanto a la guerra a las drogas en sí, es de percepción común que no reducen las personas y las actividades dedicadas a la empresa ilegal, por lo cual es a sabiendas inútil. El sólo recordar como en México y Colombia ha sido impuesto por EE.UU. para la teórica reducción de cultivos ilícitos el uso de herbicidas tipo paraquat o glifosato [285] , con consecuentes los daños ambientales y humanos, muestra la irracionalidad del conjunto de la empresa acometida por Washington al sur de su frontera. Ahora bien, si el propósito ha sido el desplazamiento forzado de poblados enteros, entonces sí ha sido una victoria.
La simple experiencia empírica debería ser tenida en cuenta concluyentemente: no existen ejemplos de éxito de reducción de sustancias ilícitas en el mundo con la aplicación de medidas similares a esta burda represión [286] . Las meras declaraciones del tipo ‘Colombia ha logrado un éxito excepcional’ [287] de la Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, se erigen como una letanía autoexculpatoria de todas las vidas cegadas, la destrucción de sociedades rurales al sur de la frontera, y de parte imperial del dinero de los contribuyentes dilapidado.
Como ya lo mencionamos, en la actualidad el gobierno de Washington llega a conclusiones bastante significativas respecto a quienes son los principales traficantes en el mundo: los talibanes afganos y las Farc de Colombia; lo afirma con firmeza pero sin aportar muchos argumentos. Sin embargo el Subsecretario de Estado para asuntos de narcotráfico va más allá y sentencia en abstracto que el último movimiento guerrillero citado es muy importante en el comercio de cocaína, nuevamente sin sustentación probatoria [288] . Acusaciones como esta afirmando que la principal insurgencia Farc, constituye un cartel de comercio ilícito de drogas, aparecen en la realidad colombiana como una maniquea simplificación, puesto si bien dicho comportamiento del grupo guerrillero es visible y proviene de años atrás, no puede descontextualizarse reduciéndolo a ser una simple organización de traficantes con actuar criminal, en la jerga impuesta desde el norte ‘narcoterroristas’. A todas luces si se busca profundizar en todas las circunstancias del conflicto armado y el tráfico ilegal, es innegable la existencia general de una confusión [289] cuidadosamente propagada.
En lo correspondiente a las evaluaciones de las políticas de persecución del tráfico, a contrario del propósito inocultable de hacer ver artificiosamente progresos en las incautaciones, el congreso de Estados Unidos definidor del gasto en ese país, terminantemente concluye lo opuesto y ve simplemente que se ha malgastado los miles de millones de dólares invertidos en la lucha contra las drogas y la insurgencia en un país como Colombia, seguramente debido a las notables incongruencias de las cifras:
«La falta de pruebas evidentes de avances documentados en la guerra contra la droga y en la neutralización de los grupos paramilitares es desconcertante -escriben los senadores- considerando los miles de millones de dólares que ha aprobado el Congreso para financiar, desde 2000, la lucha contra la droga y la destrucción de las plantaciones. [290] »
Esta visión no es un criterio sin correspondencia en sectores sensibles de la sociedad estadounidense; allí la impresión es la misma, e incluso las opiniones son más directas y relacionadas entes estatales con aviesas intenciones:
«La «guerra contra las drogas», como la «guerra contra el terror», tiene que ver con la política y el botín político, con llenar bolsillos profundos, crear burocracias con el propósito deliberado de crear confusión, y de financiar diversos grupos paramilitares que el Departamento de Estado y/o la CIA consideran favorables para la «seguridad nacional»» [291] .
Otras conclusiones formulan idénticas críticas:
«La guerra de la droga se ha convertido en el mayor vehículo de militarización en Latinoamérica. Es financiada e impulsada por el gobierno de Estados Unidos y alimentada por una combinación de falsa moral, hipocresía y un miedo intenso e irracional. La denominada «guerra contra la droga» es en realidad una guerra contra la gente, especialmente los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas y los disidentes. La guerra contra la droga se ha transformado en la principal vía para que el Pentágono ocupe y controle países a costa de sociedades enteras y muchas, muchas vidas . [292] »
Objetivos indirectos de las guerras indefinidas
Cada vez es más claro como la lucha en realidad es y no solamente en México o Colombia sino en toda América Latina, contra la insurrección, los rebeldes, los insumisos pacíficos, quienes defienden derechos ganados en arduas luchas amenazados por programas neocolonialistas, los pueblos originarios y afrodescendientes reclamando respeto a su vida y cultura, etc., especialmente si están organizados.
Si la insurgencia aparece en unas circunstancias de pobreza y marginalidad frente a la opulencia y el despilfarro de recursos y tierras, su existencia será suficiente pretexto para violentar al resto de los inconformes así actúen estos por los métodos legales establecidos; en ese momento la contrainsurgencia paramilitar entrará en escena. La militarización de la guerra al ‘narco’ o al ‘narcotráfico’ hace las veces de conjunto premeditado de escaramuzas preventivas.
Lo abominado fundamentalmente es cualquier idea de redistribución de la riqueza, utilización de los recursos para la mayoría de la población, e independencia y soberanía que tímidamente ha ido surgiendo en el subcontinente a pesar de los múltiples esfuerzos imperiales, incluso esto es muy rentable para sectores con intereses específicos en EE.UU.:
«En realidad, se sabe perfectamente que fuera de las fronteras, está ‘guerra’ sirve de mampara a acciones contra la guerrilla y que ofrece compensaciones no despreciables a los fabricantes de armas [293] .»
Esfuerzos bélicos como los relatados poseen su lado correlativo en el interior de EE.UU. cuando allí se controla a la población sobrante criminalizándola en buena medida con artificiosos delitos también relacionados con las sustancias psicoactivas prohibidas [294] . El empecinamiento en la prohibición y persecución del trafico se materiales arbitrariamente ilegalizados es muy útil para efectos del control social.
Qué sería de la dominación por parte de oligarquía estadounidense en Latinoamérica o en su propio territorio si no fuera por las drogas ilegalizadas:»Si no existiera, nuestros gobernantes la habrían inventado para prohibirla con objeto de hacer que la mayor parte de la población fuera susceptible de ser detenida, encarcelada, embargada, etc. [295] .»
El deterioro constante de la situación social y de violencia facilita el abatimiento del conjunto de los pueblos, esto es muy notable históricamente hablando. Posibilita la aceptación de cualquier solución de fuerza por absurda que sea. México y Colombia han sido y aún de alguna forma son estimados como estados fallidos o forajidos, de acuerdo a la jerga tecnocrática imperial a causa estas características en su situación interna, cuando en realidad sus sumisos gobernantes no han hecho más que lo que las autoridades gringas han prescrito y ordenado ejecutar.
Esto no ha sido explicado contextualmente con el esmero y profundidad indispensable, debido a la repetición mediática de enunciados como el de estados forajidos. La misma Casa Blanca reitera subrepticiamente su papel activo en situaciones encaminadas a encajar en tales definiciones, cuando nombra reconocidos especialistas en estos epítetos como diplomáticos en Ciudad de México y Bogotá. En el caso mexicano un embajador del gobierno de Washington es experto en estados fallidos, con experiencia en Irak y Afganistán [296] . En Colombia la representación diplomática de Estados Unidos también ha estado a cargo de funcionarios posteriormente enviados a estados fallidos invadidos [297] . Es más sensato pensar de acuerdo a sus antecedentes que estos diplomáticos son versados en intervenciones armadas; un vistazo histórico a las circunstancias de aplicación de estas definiciones, permite concluir como la categorización de un estado como fallido precede ineludiblemente a la militarización de su sociedad.
Una más de las razones para dar contenido bélico a asuntos normalmente estimados como de competencia de autoridades civiles, como el caso de las drogas, se refiere al talante marcadamente contrario a los cambios sociales de quienes se forman en los recintos castrenses. Los militares son en general ideales como agentes sustentadores del statu quo, a causa de su fuerte formación jerárquica, su tradición de evitar los debates dentro de su entorno y los privilegios de los cuales son beneficiados por la oligarquía que les halaga, esto les hace tender a hacia lo reaccionario, inconsulto y dictatorial.
Un informe del gobierno de los EE.UU. del año 1969 decía sobre los militares de la región que «han sido tradicionalmente una fuerza conservadora que se ha resistido al cambio [298] «. Obviamente, no todos los militares tienen estas características, la historia mundial y latinoamericana posee muchos ejemplos de actitudes de militares abiertamente cuestionadoras del orden vigente y sensibles a los clamores de las mayorías. Sin embargo, en América Latina el entrenamiento de muchos soldados en centros estadounidense de enseñanza del tipo WHINSEC (es el nuevo nombre de la Escuela de las Américas), permite que estos últimos sean una ínfima minoría, siendo a la vez funcional para detección de nacionalistas insumisos en las fuerzas armadas de naciones cliente.
Es significativo de la situación planteada como hasta la simple mención de la invasión gringa de 1846-1848, un episodio inolvidable por lo traumático para México, ha sido borrada de textos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) [299] , seguramente en un esfuerzo por congraciarse con el patrocinador presente de las fuerzas armadas.
La militarización de estos dos países al decir de John Saxe-Fernandéz de la manera como ha sido planteada hasta el momento permite que se produzca una anexión silenciosa de los mismos a EE.UU., sin desembarco ostentoso y costoso en vidas de marines y demás riesgos impredecibles de batalla; resultan mucho más eficaces el soborno, las estaciones de la CIA, las presiones del FMI y el Banco mundial, el chantaje, etc. [300] Desde luego algunos movimientos de instructores y material de guerra se ejecutan, pero en nada comparables a por ejemplo una invasión como la de 1914 a México o los desembarcos constantes en el siglo XIX en el istmo de Panamá cuando aún hacía parte de Colombia.
Los tiempos de este tipo de toma lenta e imperceptible de territorios y pueblos son fácilmente distinguibles. Una vez se decide anexar disimuladamente un punto de la geografía mundial recurrentemente viene un baño de sangre, con características de guerra civil interna, progromo, o como en estos casos citados, una amalgama de guerra insurgente y contra el crimen organizado, o tal vez humanitaria, antidictatorial, etc., etc., apoyando a los gobernantes clientes u opositores apátridas, quienes ya sea por convicción, soborno o chantaje, o tal vez un poco de las tres, asumen su tarea de agentes imperiales en suelo patrio. Una vez se han ablandado las resistencias al despojo de los recursos humanos y naturales, las inversiones extranjeras hacen o acentúan su presencia, especialmente las gringas [301] , pero en la actualidad bien pueden ser hasta chinas .
En el terreno de la supuesta represión al flujo de sustancias ilegales hacia los EE.UU., como lo afirma contundentemente Peter Dale Scott, siendo válido para México, «no es accidental que con el involucramiento de los EE.UU. con las fuerzas armadas colombianas ha crecido en la última década, y el flujo de drogas hacia los EE.UU. se haya incrementado. [302] »
Las oleadas de extensión de la violencia criminal, parecen formar parte de aquellas consabidas estrategias de dominación de pueblos enteros consistentes en crear o dejar que problemas crezcan, para esperar que mismos pueblos sean quienes clamen por leyes de seguridad restrictivas de los derechos o tal vez protesten en favor de la implantación de un régimen autoritario liberticida con ropaje de democracia, pero dispuesto a aceptar la entrega del país; Washington ofrece luego la solución de apoyar y patrocinar programas adecuados a la implantación de este estado de cosas, favoreciendo a la vez los negocios de las industrias armamentistas y complementarias.
Es trascendental tener presente como los Estados Unidos y sus agencias represivas civiles y militares, se encuentran muy lejos de frenar el accionar de terror y muerte de los escuadrones de la muerte o destacamentos paramilitares [303] , tanto en Colombia como aquellos ya sentidos en México, lo cual indica una funcionabilidad de estos dentro de toda la estrategia empleada para el manejo de la situación interna de los mismos.
La realidad colombiana es inocultable e indica que sencillamente la violencia paramilitar mutó y las masacres desplazamientos obligados y desapariciones forzadas continúan en buena parte del país [304] . México presenta un lento pero persistente ascenso de la acción de grupos paramilitares, sean desertores de las fuerzas armadas o miembros de bandas criminales bien organizadas y armadas primordialmente desde el otro lado de la frontera, entrelazadas a la militarización de la desastrosa y siempre inconclusa guerra contra las drogas.
Es muy grave y diciente del paralelo de la actualidad social de estas dos naciones que se presenten fosas comunes donde resultan siendo sepultadas aquellas víctimas de las guerras a las cuales no se quiere su identificación para procurar el ocultamiento de crímenes, como es lo ocurrido en el estado de Tamaulipas en México y en el departamento del Meta en Colombia. Allí hacia finales del año 2006 se reporta que organismos de investigación como la Fiscalía cada cuatro días practican la exhumación de una fosa común [305] . Lo cual habla de sobra de la naturaleza de los proyectos de castigo aplicados en la mayoría de los casos a personas indefensas.
E l neoliberalismo se diseño para ser impuesto en el Tercer Mundo sin ser tampoco algo nuevo, sus ideas provienen de modelos económicos creados para el saqueo de las colonias desde el siglo XIX, y en ello se encuentra directamente relacionado con el control social violento de tipo paramilitar, el cual también se encuentra enraizado con el colonialismo en sus orígenes y desarrollado posteriormente bajo los diversos fascismos. Es el capitalismo quien en el fondo prescribe en determinadas circunstancias un control social de tal violencia.
Mientras una fuerte organización de las sociedades afincada en el conocimiento de los reales problemas de nuestras sociedades no se haga presente, no parece que métodos de dominación en Colombia o México como los narrados sucintamente sean detenidos. Por tanto sus pueblos sufren todos los rigores del colonialismo retocado y métodos represivos como los descritos. .
En últimas, la guerra al ‘narco’ en México es un punto de partida para la repetición con alguna modificación no sustancial, de declaraciones como una proferida hace casi un siglo:
«La fuerza naval de los Estados Unidos que está bajo mi mando ha ocupado temporalmente la ciudad de Veracruz para inspeccionar la administración pública a causa de los disturbios que actualmente reinan en México.» [306]
Perspectivas
Felipe Calderón manifiesta que a pesar de todos los desastrosos resultados para la vida social mexicana de su guerra, continuará con la misma, y esto es explicable al menos debido a que bajo las circunstancias descritas, respecto a los poderes imperiales y su escasa legitimidad no le queda otro camino.
Su máxima es «Lo que a Colombia le tomó casi 20 años, a nosotros nos está tomando, nos tomará quizá cinco, seis, siete años o menos, dependiendo qué tan perseverantes seamos en la acción» [307] . Es parte del ‘vamos ganando la guerra’, ‘requerimos un esfuerzo más’, ‘no abandonemos a mitad de camino’, un enunciado basado en la ausencia de víctimas de la guerra entre quienes toman las decisiones sobre la misma. Cuando pase el tiempo fijado como límite para ver los resultados Calderón ya no estará en la jefatura del estado, lo cual cambiará el panorama de sus responsabilidades.
Al presente el actual jefe de estado mexicano declara fin argumentación sustentadora la mejoría de la situación social en sitios de la república como Ciudad Juárez, empero la sociedad no siente en su cotidianidad el invocado alivio.
La Comisión Global de Políticas sobre Drogas integrada por tres expresidentes latinoamericanos (Fernando Enrique Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria), estima como equivocada la posición sobre represión de las sustancias ilegales de los Estados Unidos, conceptuando que los resultados al respecto en México y Colombia son muy limitados [308] .
Uno de estos expresidentes justamente el colombiano César Gaviria Trujillo conceptúa que el manejo de la situación de la forma vista en México «produce más equívocos que beneficios», a lo agrega: » Una guerra que se vuelve militar sacrifica los derechos humanos » [309] , cuestión ejecutada incesantemente y sin resultados durante su mandato en aquel país suramericano.
El propio esposo de la Secretaria de Estado actual expresidente William Clinton a su vez critica una estrategia de guerra ideada justamente por los organismo pentagonales de su país y ejecutada bajo su mandato:
«Tendríamos que entender por qué se decidió aumentar la inversión en Colombia y empoderar a la gente con educación y ver que realmente estos narcotraficantes se redujeron [310] «.
En el plano mexicano de la guerra, no todos los integrantes de las fuerzas armadas tienen una visión de obsecuencia con sus homólogos del norte, y cuestionan los postulados de esta guerra contra el ‘narco’, tanto en su forma como en su contenido y consecuencias. En campos de su pleno conocimiento, indican que toda esta parafernalia bélica permisiva de un actuar contra la población entraña una preparación para la llegada de tropas gringas a México, y que muchos de los actos más feroces del los carteles en últimas acondicionan a la opinión pública para asistir pasivamente a un escenario de intervención pentagonal ya no encubierta sino a la luz pública [311] . Algo de nacionalismo aún se halla en los militares mexicanos.
Como impugnando tales afirmaciones, altas autoridades en materia de espionaje del gobierno de Washington afinan sus declaraciones acerca de que la capacidad de las fuerzas armadas mexicanas es inferior a la amenaza representada por el’ narcotráfico’ [312] . Lo cual sería parte de un cuidadoso plan de ocupación del territorio de tres fases en la primera de las cuales se responsabiliza a una nación de ser la causa de algo descrito como flagelo, en la segunda se argumenta con ‘pruebas’ su escasa fuerza para contrarrestar el problema, y una tercera donde se toma lenta e imperceptiblemente la soberanía del país objeto de la depredación [313] . Una situación presenciada en Colombia, la cual da como resultado el plan de intervención del mismo nombre.
En este orden de ideas, el gobierno de Calderón pareciera obrar más por la desinstitucionalización que por el fortalecimiento de los poderes civiles federales. La sensación de la impotencia del estado mexicano consecuencial a cada atentado, masacre o muerte individual relacionada con la pluricitada guerra, facilita la inducción en la mente de los habitantes del beneficio y la inevitabilidad de una mayor intromisión por parte del poder extranjero en los asuntos internos. Los antidemocráticos NAFTA, Plan Mesoamérica, y ASPAN constituyen la parte pública y legalizante de tales intensiones.
Organizaciones nada sospechosas ante el público en general como las Naciones Unidas, ofrecen buenos argumentos para un nivel mayor de invasión, con su tesis de que los traficantes ilegales constituyen una ‘superpotencia’ mundial de criminales organizados; lo cual se encuentra en perfecta consonancia con otros documentos militares gringos en los cuales se menciona una posible imposibilidad de mantener la estabilidad por parte del estado y el gobierno de México [314] . En otras palabras la reiterada ‘cooperación’ nunca suficiente del estado mexicano resulta en realidad una mayor sujeción a los dictados imperiales en el campo militar y judicial, concretamente, a la entrega informal, por ahora, de la soberanía, la cual es vista favorablemente por una parte de los actuales gobernantes y militares de una parte del ejército, la oligarquía local, e incluso por la armada mexicana [315] .
De su parte en cuanto a la guerra en aquella esquina suramericana, no es sencillo explicar la permanencia desde hace cuarenta años de la misma que con un lento inicio ha escalado hasta ser bastante cruenta, aún a pesar de los rígidos programas de asistencia militar para enfrentar a los rebeldes y los miles de millones de dólares empleados en estrategias contrainsurgentes desde entonces.
Esta guerra de baja intensidad, para usar una terminología bélico-tecnocrática, ha estado en las más recientes décadas acompañada por la aplicación de la guerra contra el ‘narcotráfico’, lo cual asimismo ha generado destrucción de muchas vidas y como la otra guerra ha desviado las prioridades en una nación con unas desigualdades sociales abismales, y una distribución de la riqueza concentrada como muy pocos en el planeta [316] . Lo cual debemos pensar es una consecuencia indeseada pero palpable.
La subordinación a los dictados de la Casa Blanca no ha tenido cambio alguno con relación de al mandato de Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, las tensiones con los gobiernos vecinos de Ecuador y Venezuela parecen haber terminado con el presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo nada indica la disminución y mucho menos el alejamiento de los programas de militarización y los de instalación de bases pentagonales en territorio colombiano; los más destacable en estos asuntos es como las determinaciones son tomadas en instancias fuera del país. La autonomía de la minoría que maneja Colombia luego de las guerras descritas es manifiestamente menor de lo apreciable antes de su ocurrencia.
Una consecuencia patente al librarse estas luchas al interior de las naciones analizadas es como las agencias y aparatos militares de EE.UU. van tomando posesión de un papel protagónico excluyente, con diferentes tiempos y tomando en cuenta las distinciones geográficas.
Colombia no puede constituirse en un modelo a seguir por parte del gobierno de México, si este desea realmente el bienestar de su pueblo, a causa de que aquella parte de Suramérica no ha superado ninguno de sus dos conflictos declarados, cargando a cuestas una situación social y económica postrante para la mayoría de su población.
La presencia de ‘buchones’ o ‘chacas’ en el extremo norte latinoamericano tiene su equivalente actual en lo propio en la esquina noroeste de Suramérica con los ‘traquetos’, unos y otros enemigos públicos esquivos objeto de persecuciones incesantes, confusas, aturdidoras.
La insurgencia colombiana con una longevidad que hace cavilar sobre la naturaleza de la contrainsurgencia empleada para combatirla, es parte del escenario político poseyendo una omnipresencia que permite ver la inutilidad de los recursos de toda clase empleados en su combate; los movimientos subversivos se han convertido, o tal vez han sido establecidos como una sustentación creíble de la contención de tipo contrainsurgente de la población cuando esta se organiza por ejemplo como ocurre al presente, para enfrentar programas neoliberales de desposesión de derechos fundamentales. Esto es patente en la oposición a las iniciativas de privatización de la educación pública del gobierno Santos de parte de los estudiantes de colegios y universidades públicas [317] . Quien se opone a estos propósitos puede fácilmente resultar acusado de ser miembro de aquellos rebeldes, con las consecuencias legales y extralegales correspondientes.
Aquellos al interior de México críticos de la militarización de la sociedad y de la guerra contra los esquivos ‘narcos’ aún tienen un espacio para realizar su oposición sin una criminalización que les haga acreedores de sanciones penales como subversivos del orden imperante. Empero resultan blanco del funcionamiento de destacamentos paramilitares, sobre todo en las provincias. No obstante ya son observables las iniciales expresiones de una intolerancia de las autoridades federales que más adelante puede manifestarse una violencia manifiesta de parte de miembros de cuerpos armados del poder ejecutivo, cuando se acusa sin aportar evidencia a las ONGs de derechos humanos de ser utilizadas por los carteles de las drogas para desacreditar a cuerpos armados cuando se le acusa de múltiples violaciones de los derechos fundamentales [318] . En este sentido puede hablarse una vez más de un camino de ‘colombianización’ de las guerras en México, pues en aquel país suramericano estos ardides de amedrentamiento con consecuencias letales para los activistas son bastante comunes.
Las clases desposeídas son fuertemente castigadas durante las operaciones militarizadas contra la drogas ilegales de un abierto cariz de ‘guerra sucia’, por lo cual es factible que en un futuro no muy distante, con una progresión de las operaciones contrainsurgentes, este castigo se extienda a los sectores hoy no alcanzados como las clases medias, las cuales son víctimas primordialmente de la delincuencia minorista y del estado de zozobra general.
La militarización es fundamental para que la ‘Guerra contra el narco’ pueda devenir en una contrainsurgencia más generalizada aún, cuando programas de toma económica y de recursos de la nación de mayor envergadura sean puestos en marcha generando una mayor resistencia; por ejemplo los de privatización de PEMEX. Esto se corrobora en el constante entrenamiento y entrega de armas y tecnologías para la guerra contrainsurgente pretextando en enfrentamiento al ‘narco’.
La insurgencia del EZLN en Chiapas como la más importante y activa, se encuentra cercada en aquel estado para evitar su propagación mediante una ley de cese al fuego aprobada por el congreso, manteniendo con ello una clara justificación de los programas contrainsurgentes por parte del gobierno y las fuerzas armadas mexicanas vía Pentágono.
A Colombia la ‘Guerra contra las drogas’ le ha dejado nulos resultados en los propósitos anunciados por los gobiernos implicados de Washington y Bogotá, y la guerra contrainsurgente se recrudece cíclicamente desde hace dos décadas, y no obstante, un cuadro de logros en los proyectos neoliberales de agencias internacionales de privatizaciones de empresas estatales y entrega de recursos naturales es lo más notable, quedando muy poco para entregar al capital extranjero. Las citadas guerras han limitado la capacidad de de resistencia a los despojos mediante crueles tácticas.
La intensión en este sentido es inequívoca en un contexto y en otro:
«hemos aprendido mucho (de contrainsurgencia) en los últimos años, y creo que hay una oportunidad aquí para pasar (a México) las lecciones aprendidas» [319] .
El pueblo de una y otra nación de cualquier manera no debe olvidar que en caso extremo los subterfugios para la toma de recursos de sus respectivos territorios pueden en determinados momentos hacerse más tenues puesto que como dijo el vicepresidente de EE.UU. Joseph Biden:
«La fuerza será utilizada -sin pedirle permiso a nadie- cuando las circunstancias lo exijan» [320]
La historia de México y Colombia sabe bien de que se está hablando.
Contacto: albertorojasandrade @hotmail.com
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[1] Gore Vidal. El Último Imperio. Editorial Síntesis. Madrid 2002. Pag. 216
[2] Noam Chomsky. El doble Juego de E.U. en Colombia. Lectura Dominicales agosto 25 1996. Pag.4
[3] Rydell, C.P. Everingman. SS. «Controlling coanine, prepared for the office of National Drug Control Policy and The United States Army». Santa Monica C.A. Drug Policy Research Rand corporation. 1994. Citado en ¿Cual Plan Colombia? Cartilla de Información Popular. American Friends Service Comitee. AFSC. Pag.9
[4] » la investigación reciente muestra que por cada dólar invertido en la prevención, se puede obtener un ahorro hasta de $10 en tratamientos para el abuso del alcohol u otras sustancias (Aos y colegas. 2001; Hawkins y colegas. 1999; Pentz 1998; Spoth y colegas. 2002a). NIDA InfoFacts: Lecciones Aprendidas de las Investigaciones sobre la Prevención. http://www.drugabuse.gov/Infofacts/Lecciones-Sp.html
[5] Tras 100 años de prohibicionismo y 40 de guerra contra las drogas, el debate mundial sobre estupefacientes por fin está cambiando. Semana. 4 Junio 2011. http://www.semana.com/nacion/comienzo-del-fin/157915-3.aspx
[6] Alain Labrousse estudioso, ex editor del respetado Despacho de Geopolítica de las Drogas . Peter Dale Scott. Drugs, Oil and War: United States in Afganistan, Colombia and Indochina. Rouman & Littlefield Publishers Inc. Lanham Maryland 2003. Pag. 73
[7] Martin Woods exdirector de la unidad de blanqueo de capitales del banco Wachovia: Lòndres y Nueva York, Mayores Lavaderos de la Droga dice denuncia. El universo. Abril 3 de 2011. http://www.eluniverso.com/2011/04/03/1/1356/londres-nueva-york-mayores-lavaderos-dinero-droga-dice-denuncia.html
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[11] Juan Luís Rodríguez. CIA, Wall Street y Drogas. Globalízate. Agosto 17 de 2008. http://www.globalizate.org/jlr180808.html
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[13] James Cockcroft. La Esperanza de México. Siglo XXI editores. México 2001.Pag. 398
[14] Cockcroft. Pag. 265
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[18] Rosa María Villanueva. Estudio Técnico del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza. En Estado, Economía y Pobreza en México. Carlos Arteaga Basurto (Coord.) UNAM. México 2006. Pag. 342.
[19] CONEVAL Medición Oficial de la Pobreza 2008. Nivel Nacional. http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/index.es.do;jsessionid=fe8a7f0a6cf0a881ea5456b71d8de73f1358111f79364d5ef26e1360d973be8c.e34QaN4LaxeOa40MaNj0
[20] Cockcroft. Pag. 362
[21] Que México ya no es un país pobre dice Cordero. El Excelsior. 1 de junio de 2011. http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=741524
[22] La pobreza en el país llega a la miseria: la iglesia. El Universal. 2 de junio de 2011. http://www.eluniversal.com.mx/notas/770064.html
[23] Noam Chomsky. Lo Que Decimos Se Hace: conversaciones con David Barsamian. Ediciones Península. Barcelona 2007. Pag. 88.
[24] Andrés Barreada Marín. Los Peligros del Plan Puebla-Panamá. En Mesoamérica: los Ríos Profundos: Alternativas Plebeyas al Plan Puebla Panamá. Armando Bartra (Coord.). Instituto Maya A.C. México 2002. Pag. 136, 137, 138.
[25] Luis Astorga. México: De la Seguridad Autoritaria a la Inseguridad en la Transición Democrática. Juan Gabriel Tokatlian (Compilador). Drogas y Prohibición: Una Vieja Guerra Un Nuevo Debate. Libros del Zorzal. Buenos Aires 2010 Pag.369
[26] Carlos Fazio. ASPAN, Plan México y soberanía nacional. (exposición de clase). 29 de octubre de 2007. http://clasefazio.wordpress.com/2010/04/13/aspan-plan-mexico-y-soberania-nacional-exposicion-de-clase/
[27] Astorga. Pag. 371 (Universal 22 octubre 2007)
[28] Carlos Fazio. El Tercer Vínculo: De la Teoría del Caos a la Militarización. Joaquín Moritz-Planeta. México 1996. Pag.179
[29] El NAFTA es un tratado intrincado de más de 2.000 páginas con estas características . James Cockcroft. La Esperanza de México. Siglo XXI editores. México 2001.Pag. 367
[30] Catalogada la elección como ‘desaseada y turbia’. Enrique Krause. México Contemporáneo. En Historia de México. Academia Mexicana de Historia. Gisela Von Woblser. Pag.261.
[31] Edgardo Buscaglia. La Capacidad de México en su Combate a la Financiación del Terrorismo. En Terrorismo y Delincuencia Organizada: Un Enfoque de Derecho y Economía. Andrés Roemer, Edgardo Buscaglia. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México 2006. Pag.31,32
[32] Jorge Castañeda, Rubén Aguilar. Calderón ha Agotado Prematuramente su Presidencia. El País. 28 de noviembre de 2009. http://www.elpais.com/articulo/internacional/Felipe/Calderon/ha/agotado/prematuramente/presidencia/elpepiint/20091128elpepiint_10/Tes
[33] La Secretaría de la Defensa Nacional en el Inicio de Un Nuevo Siglo. Colección Editorial Gobierno del Cambio. Fondo de Cultura Económica 2005 México. Pag. 103.
[34] . Sin embargo no ha podido realizar dicha tarea, pues el proyecto de Ley de Seguridad Pública ha sido frenado en el congreso de la república en abril pasado .
[35] Ver lo referido a Frederick Hitz ex inspector de la CIA en Explosivos documentos «descodificados» en EU.
CIA, Contras, Fagoth y el Cartel de Medellín. Nuevo Diario. 18 de Enero de 2004. Managua, Nicaragua. http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/enero/18-enero-2004/especiales/especiales4.html Tomado del Diario de Yucatán.
Sobre las confesiones del director de la CIA William Casey ver Conspiran, Espían y Trafican: Informe Especial sobre la Dea y el Gobierno Estadounidense. Andrés Sal.Lari. Rebelión 5 de noviembre de 2008. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=75457 Más recientemente se desclasifican documentos de la agencia que ratifican la financiación del tráfico ilegal. Rusia Today. 29 de marzo de 2011. http://actualidad.rt.com/actualidad/ee_uu/issue_22299.html
[36] Coletta Youngers. Los Daños colaterales de la «Guerra contra las Drogas» impulsada por Estados Unidos. Conclusiones y Recomendaciones. Drogas y Democracia en América Latina. El Impacto de la Política de Estados Unidos. WOLA. Buenos Aires 2005. Pag. 414.
[37] Evo Morales. Avanza la resistencia democrática y la descolonización de AL: Evo Morales. La jornada. 3 de julio de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/07/03/mundo/025n1mun
[38] Ricardo Ravelo. Herencia Maldita. Reto de Calderón y Nuevo Mapa del Narcotráfico. Random House Mondadori S.A. México 2007. Pag. 12,14. En este sentido también Luis Astorga. Drogas Sin Fronteras: Los expedientes de Una Guerra Permanente. Grijalbo México 2008. Pag.14
[39] Ciro Krauthausen. Padrinos y Mercaderes. Planeta Colombiana Editorial. Santafé de Bogotá 1998. Pag.157
[40] Chomsky. El doble Juego de E.U. en Colombia. Lectura Dominicales agosto 25 1996. Pag.4
[41] Joaquín Guzmán, el ‘Bin Laden’ de México. Ignacio de los Reyes. BBC 12 de mayo de 2011. http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/05/110511_mexico_chapo_captura_significado_irm.shtml
[42] Declaración de Genaro Luna García Secretario de Seguridad Pública de México. El Economista. 6 de junio de 2011. http://eleconomista.com.mx/seguridad-publica/2011/04/06/violencia-bajara-7-anos-garcia-luna
[43] Operación «Fast and Furios» permitió la entrada ilegal de armas a México. Nuevo Día Nogales. 7 de marzo de 2011. http://www.nuevodia.com.mx/local/operacion-%E2%80%9Cfast-and-furios%E2%80%9D-permitio-la-entrada-ilegal-de-armas-a-mexico/ The Scandal of ‘Gun-Walking ‘ . National Review Online. 28 de marzo de 2011. http://www.nationalreview.com/articles/263117/scandal-gunwalking-jim-geraghty
[44] Gobierno de EU. Surte de armas a los Zetas, revela ‘el mamito’ Proceso. 5 de julio de 2011. http://www.proceso.com.mx/?p=275043
[45] Sobre la facilidad de obtener todo tipo de armamento en EE.UU. y su relación con la violencia en México ver Peter Gorman. A Border Under Siege; American military training and Texas guns are helping boost drug-war violence. 3 de diciembre de 2008. http://archive.fwweekly.com/content.asp?article=7338
[46] El País. España. 23 de enero de 2011. http://www.elpais.com/articulo/internacional/FBI/interroga/anchas/inmigrantes/territorio/Mexico/elpepuint/20110123elpepuint_10/Tes
[47] La jornada. 10 de febrero de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/02/10/index.php?article=006n1pol§ion=politica
[48] Ginger Thomson. U:S. Widens Role In Battle Against Mexican Drugs Cartels. The New York Times. 6 de agosto de 2011. http://www.nytimes.com/2011/08/07/world/07drugs.html?_r=1&ref=world
[49] Gustavo Castillo García. Al Servicio de E.U. altos mandos de PGR y SSP. La Jornada. 11 de agosto de 2011. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/08/11/93654398-altos-mandos-de-pgr-y-ssp-sometidos-por-agencias-de-eu Las siglas de acuerdo al idioma inglés.
[50] Cockcroft. Pag. 266. En los mismos EE.UU. es estimada oficialmente como impregnada de ‘corrupción, ineficacia y falta de transparencia’, engendrando ‘impunidad dentro del sistema judicial, confesiones forzadas mediante la tortura, y violencia y amenazas contra periodistas, lo que conllevó a la autocensura’. Departamento de Estado. EXCELSIOR. 8 de abril de 2011. http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=728373
[51] Astorga. México…Pag. 362
[52] Astorga. Pag.374
[53] José Martínez Cruz. Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH). Clarín 2 de junio 2011. http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1514:jose-martinez-cuando-el-ejercito-realiza-labores-de-policia-el-secuestro-se-incrementa-76&catid=7:entrevista&Itemid=8
[54] Martínez Cruz. Ibídem.
[55] Calculo de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Detenidos Desaparecidos (Fedefam). Flor Goche. Contralínea. 1º de marzo de 2011, http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/03/01/cndh-registra-283-quejas-por-desaparicion-forzada-en-mexico/
[56] Descripción de Oralia Guadalupe Villaseñor Vázquez. Sanjuana Martínez. Más Quejas Contra Marinos por los Secuestros de Civiles. La Jornada. 3 de julio de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/07/03/politica/002n1pol
[57] Astorga. Pag. 355
[58] La Jornada. 14 de abril de 2008. http://www.jornada.unam.mx/2008/04/14/index.php?section=politica&article=015n1pol
[59] Laurie Freeman, Jorge Luís Sierra. México: La Trama de la Militarización. Youngers et al. Pag. 330, 333.
[60] La Jornada 4 de mayo de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/05/04/opinion/002a1edi
[61] Astorga. Pag. 350. Por lo demás el gobierno federal mexicano ha extraditado poco menos de 200 ciudadanos de su país principalmente a su vecino norteño.
[62] Sube a 58% La Percepción de que Crimen va Ganando Lucha a Gobierno: Encuesta. La Jornada Junio primero de 2011. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/06/01/115253.037suspender-garantias-donde-el-crimen-controle-de-facto-mucd
[63] Gilberto López y Rivas. Glosario de la ‘Guerra Contra el Narcotráfico’. La Jornada 21 de enero de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/01/21/index.php?section=opinion&article=023a1pol
[64] Manuel Espino. Carta a Felipe Calderón H. 8 de diciembre de 2009. Guerra Injusta en Ciudad Juárez. Random House Mondadori S.A. Pag.17
[65] Charles Bowden. Democracy now. Charles Bowden habla sobre su artículo ‘La guerra en la casa del vecino’. http://www.democracynow.org/es/destacados/charles_bowden_habla_sobre_su_artculo_la
[66] La Jornada 21 de mayo de 2011. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/05/21/la-guerra-del-narco-en-juarez-ha-dejado-9-mil-muertos-en-tres-anos
[67] Bowden. Ibídem
[68] La Prensa (San Antonio). 1 de marzo de 2011. http://www.laprensasa.com/25_hispanos/1038936_mexicana-que-huye-de-violencia-en-juarez-busca-asilo-politico-en-chicago.html
[69] Excelsior. 30 de enero 2011. http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=709327
[70] El Siglo de Torreón. 2 de febrero de 2010. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/497975.ven-escuadron-de-la-muerte-en-masacre-de-juar.html
[71] Ciudad Juárez, el estigma de la violencia. BBC. 29 de junio 2010. http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/06/100621_mexico_ciudades_narcotrafico_juarez.shtml
[72] Alberto Torres. Temen a Escuadrones de la Muerte en Ciudad Juárez. El Universal TV .México 2010. http://www.youtube.com/watch?v=kI5xusVRUpw
[73] Frase del militar al mando del copamiento de Ciudad Juárez, Jorge Juárez. Majo Siscar La guerra contra el narco desangra a Ciudad Juárez . Publico. 26 de junio 2011. http://www.publico.es/internacional/383875/la-guerra-contra-el-narco-desangra-a-ciudad-juarez
[74] Majo Siscar. Ibídem.
[75] Majo Siscar. Ibídem .
[76] Janet Napolitano. El Universal. 10 de febrero de 2011. http://www.eluniversal.com.mx/notas/743834.html
[77] La Guerra contra las Drogas Ha fracasado. Semana. Junio 2 de 2011. http://www.semana.com/mundo/guerra-contra-drogas-ha-fracasado/157790-3.aspx
[78] La República de Uruguay. 21 de abril de 2001. http://www.larepublica.com.uy/justicia/42025-la-culpa-es-del-chancho
[79] Jorge Fernández Menéndez. De los Maras a los Zetas. Los Secretos del Narcotráfico, de Colombia a Chicago. Grijalbo. México 2000. Pag. 167
[80] Cockcroft. Pag. 409
[81] Entre 1981 y 1995 se entrenaron en EE.UU. 1.488 militares y civiles mexicanos en EE.UU. Y entre 1997 y 1998 más de mil, superando los de 15 años anteriores. Freeman, Sierra. Youngers, et al. Pag. 348.
[82] Sobre los estudiantes del SOA Whinsec, y su tendencia a ser instruidos en crueles violaciones a los derechos humanos ver: http://www.soaw.org/en-america-latina/sobre-la-soawhinsec/817
[83] http://www.soaw.org/en-america-latina/sobre-la-soawhinsec/834
[84] Fazio. Pag.179
[85] Gastón Pardo. Las asombrosas revelaciones de la CIA sobre el narcotráfico en México. Redvoltaire. Febrero 10 de 2007. http://www.voltairenet.org/article145224.html
[86] Cockcroft. Pag. 399
[87] Cockcroft. Pag. 400
[88] Cockcroft. Pag. 425, 431
[89] Jorge Fernández Menéndez. De los Maras a … Pag. 192.
[90] Policías de Los Ángeles C.A. corruptos por los traficantes mexicanos, pero también robaban su propia droga incautada. Esta red de policías gringos llegaba a Detroit. Oficiales y marinos de la base naval de San Diego también trafican. Unos 5 mil de estos habían sido procesados por consumo o por tráfico. Dato de 1998. Jorge Fernández Menéndez. De los Maras a… Pag. 198, 199.
[91] Jean François Boyer. La Guerra Perdida de las Drogas. Narcodependencia en el Mundo Actual. Editorial Grijalbo S.A. Pag. 46,47.
[92] Patricia Adler. Wheeling and Dealing. Columbia Press University. New York 1985; F.E. Hagan. The Organized Crime Continuum. Criminal Justice Review, 8, p 52-57; Peter Reuter, John Haaga. Organization of High-Level Drugs Market. Rand Corporation ( http://www.rand.org/pubs/notes/N2830.html ). Citados por Ciro Krauthausen. Padrinos y Mercaderes: Crimen Organizado en Italia y Colombia. Planeta Colombiana Editorial. Santafé de Bogotá 1998. Pag. 222
[93] Jesús Blacornelas. El Cártel. Plaza y Janés. México 2002. Pag.9
[94] Documentos desclasificados revelan que la CIA ha financiado redes de narcotráfico. http://pijamasurf.com/2011/04/documentos-desclasificados-revelan-financiamiento-del-narcotrafico-por-parte-de-la-cia/
[95] Javier Sicilia. El Clarín de Chile/Rebelión. 11 de junio 2011. www.rebelion.org/noticia.php?id=130237
[96] Alberto Rojas Andrade. El Control Social Violento en Países Dependientes: Aproximación a la Contrainsurgencia Paramilitar. Pag. 8 ss.
[97] Por la época del Presidente Miguel Alemán Valdés. Cockcroft. Pag. 188
[98] Elena Poniatowska. Fuerte Es el Silencio. Ediciones Era. México 1980. Pag.45
[99] Para dar una dimensión de la tradición insurgente podemos citar grupos y organizaciones como las de Rubén Jaramillo en Morelos (campesinos de una región cañera), el Partido Proletario Unido de América de Florencio Medrano, en los años cincuenta, en Chihuahua con Arturo Gamìz García y Pablo Gómez Ramírez, y Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, Liga 23 de Septiembre, Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR).
[100] El General José» Rubén Rivas Peña. http://www.soaw.org/en-america-latina/sobre-la-soawhinsec/834
[101] SoaWatch. Notorius graduates from Mexico. http://www.soaw.org/about-the-soawhinsec/soawhinsec-grads/notorious-grads/242
[102] Cockcroft. Pag. 407, 408
[103] Carlos Fazio. Guerra Sucia y Paramilitarización de los Conflictos en Colombia y México. En Globalización de la Violencia. Horst Kurnitzky. Editorial Colibrí S.A. México 2000. Pag.68
[104] Alberto Rojas Andrade. Control Social… Pag.27 ss.
[105] Fazio. Guerra Sucia… Pag.64, 65, 66.
[106] Cockcroft. Pag. 365
[107] Cockcroft. Pag. 396
[108] Informe de seguimiento a un año, elaborado por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. La Masacre de El Charco. Ayutla de los Libres, Guerrero. Ocurrida el 07 de junio de 1998. http://www.derechos.org/limeddh/informes/charco.html
[109] Samuel Blixen. Narcotráfico, Terrorismo de Estado y Democracia Militarizada. Marzo 11 de 2003. http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Narcotrafico_terrorismo%20y%20militarismo.pdf
[110] Martha Patricia López A. La Guerra de Baja Intensidad en México. Plaza y Valdéz Editores. México 1996. Pag.40
[111] Martha Patricia López A. La Guerra de Baja Intensidad en México. Plaza y Valdéz Editores. México 1996. Pag. 109
[112] López Rivas, Gilberto. Contrainsurgencia y paramilitarismo en Chiapas en el gobierno de Vicente Fox. En publicación: Chiapas, no. 15. IIEC, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, DF, México: 2003 1729-0201. http://sala.clacso.org.ar/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00—0chiapas–00-0-0–0prompt-10—4——0-1l–1-es-Zz-1—20-about—00031-001-0-0utfZz-8-00&a=d&c=chiapas&cl=CL2.1&d=HASH2670799f30d8fbca0777cb.5
[113] Doris Gomora. Militares Aprenden Tácticas de Afganistán. El Universal 27 de junio de 2010. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/178692.html
[114] Denuncian que 100.000 militares desertaron durante mandato de Fox. Los Tiempos.com. 21 de julio 2007. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20070721/denuncian-que-100000-militares-desertaron-durante-mandato-de_16419_19264.html México Mayores Penas para «Narcomilitares». BBC. 29 de abril de 2010. http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/04/100428_0224_mexico_senado_castigos_militares_narco_ejercito_penasdesertores_droga_zetas_fp.shtml
[115] José Sotelo Marbán. Oaxaca Insurgencia Civil y Terrorismo de Estado. Ediciones Era S.A. México 2008. Pag. 24
[116] Sotelo Marbán. Pag. 91
[117] Astorga. Pag.366
[118] Nydia Egremy. Paramilitares: arma gubernamental contra la sociedad. Contralínea 181. 9 de mayo de 2010. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/09/paramilitares-arma-gubernamental-contra-la-sociedad/
[119] Egremy. Ibídem.
[120] Alberto Rojas Andrade. Contrainsurgencia sin Límites en Países Estratégicos: el Paramilitarismo en Colombia. Pag. 252 ss.
[121] Gilberto López y Rivas en Nydia Egremy. Paramilitares: arma gubernamental contra la sociedad. Contralínea 181. 9 de mayo de 2010. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/09/paramilitares-arma-gubernamental-contra-la-sociedad/
[122] Gilberto López y Rivas. Paramilitarismo Como Política de Estado en Chiapas. La Jornada. 5 de agosto de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/08/05/opinion/023a1pol Sobre los cuerpos paramilitares actuando como parainsurgencias a fin de desprestigiar a las guerrillas ante su base popular ver Frank Kitson. Gangs And Counter-Gangs. Barrie and Rockliff. London 1960.
[123] Cockcroft. Pag. 388
[124] Cuarta Declaración de la Selva de Lacandona . Elena Azaola. Crimen y Castigo Y Violencias en México. Ciesas. México 2009. Pag.38
[125] Kate Doyle. Archivos Improcedentes. The National Security Archive. 20 de agosto de 2009. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB283/index2.htm . Ver también a Carlos Fazio. Guerra Sucia y Paramilitarización de los Conflictos en Colombia y México. En Globalización de la Violencia. Horst Kurnitzky. Editorial Colibrí S.A. México 2000. Pag.67
[126] Testimonio de Juan Gómez Ruíz. La Jornada 22 de diciembre de 2006. http://www.jornada.unam.mx/2006/12/22/index.php?section=politica&article=012n1pol
[127] Testimonio de Mariano Luna Ruíz. Gustavo Castro Soto. Navidad de Luto. Algunas Reacciones a la Masacre de Acteal en Chenalhò. 25 de diciembre de 1997. http://www.otrosmundoschiapas.org/analisis/NAVACTEAL.pdf
[128] Samuel Ruiz: viable, juicio a Zedillo por el caso Acteal. La Jornada. 22 de diciembre de 2007. http://www.jornada.unam.mx/2007/12/22/index.php?article=005n1pol§ion=politica
[129] Ver La Masacre de Acteal, culminación de una Política de Estado contra los Indígenas, Jesús Ramírez Cuevas. La Jornada 22 de diciembre de 2007. http://www.jornada.unam.mx/2007/12/22/index.php?article=007n1pol§ion=politica
[130] Fazio. Guerra Sucia… Pag.70.
[131] Fazio. Guerra Sucia… Pag.68.
[132] México: Los Graves Abusos del Ejército Durante la Guerra al Narco. Maximiliano Sbarbi Osuna. Observador Global. 21 de julio de 2011. http://observadorglobal.com/mexico-los-graves-abusos-del-ejercito-durante-la-guerra-narco-n27192.html
[133] Proyecto de Integración y desarrollo Mesoamérica. http://www.proyectomesoamerica.org/ ¿Hacia una Mesoamérica Integrada y Prospera? El Plan Puebla Panamá Según la Propaganda Oficial. http://www.tropicoverde.org/Proyecto_TV/doc_pdf/PPP.pdf
[134] Cockcroft. Pag. 414 ss.
[135] Ver declaraciones del Subcomandante Marcos en EZLN: Documentos y Comunicados. La Marcha del Color de la Tierra. Ediciones Era. México 2003. Pag. 343
[136] Michele Leonhart. Directora de la DEA. La Jornada. 6 de abril de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/04/06/politica/002n1pol
[137] Declaración del Director Nacional del Inteligencia Denis Blair y del subsecretario de Estado adjunto para asuntos de narcóticos, David Johnson., ante el senado. La Jornada. 11 de marzo de 2009. http://www.jornada.unam.mx/2009/03/11/politica/003n1pol
[138] Balance del Secretario Ejecutivo del Gabinete de Seguridad Nacional durante la conferencia Internacional contra las Drogas , Alejandro Poiré Romero, en materia de combate al narcotráfico: se han decomisado más de 102 mil armas; 11 mil 849 granadas, 501 aeronaves y 47 mil 490 vehículos. La Jornada. 6 de abril de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/04/06/politica/002n1pol
[139] De parte del diputado del PAN Manuel Clouthier Carrillo. Proceso 210. 24 de febrero de 2010. http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76863 Al respecto también Astorga.. Pag. 351
[140] Miguel Ángel Granados Chapa. Anabel Hernández y Genaro García Luna. Proceso. 9 de mayo de 2011. http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/91075 Ver también http://tu.tv/videos/solalinde-genaro-garcia-luna-de-que-lad
[141] Astorga. Pag.374
[142] Astorga. Pag. 381
[143] Alejo Vargas Velásquez. (Editor) Papel de las Fuerzas Armadas en la Política Antidrogas Colombiana. 1985-2006. Universidad Nacional Grupo de Investigación Seguridad y Democracia. Bogotá 2008. Pag.47
[144] Francisco E. Thoumi. El Imperio de la Droga: Narcotráfico Economía y Sociedad en los Andes. Editorial Planeta S.A. Bogotá 2002. Pag.120.
[145] WOLA. Peligro Inminente: Las FF.AA. de Estados Unidos y la Guerra Contra las Drogas. Bogotá 1993. Pag. 97
[146] Carlos Jiménez Gómez. Documentos Del Procurador. Bogotá 1997. Pag. 169
[147] Rojas Andrade. Contrainsurgencia… Pag. 77 ss.
[148] Jorge Alberto Restrepo, Michael Spagat, Juan Fernando Vargas. El Conflicto en Colombia ¿Quien hizo qué a Quien? Un Enfoque Cuantitativo. En Nuestra Guerra Sin Nombre. Pag. 522,522,526.
[149] Gonzalo Guillén. Crónicas de la Guerra Sucia. Planeta Colombiana Editorial S.A. Santafé de Bogotá 1997. Pag. 129, 137, 141, 160
[150] Alejo Vargas Velásquez. (Editor) Papel de las Fuerzas Armadas en la Política Antidrogas Colombiana. 1985-2006. Universidad Nacional Grupo de Investigación Seguridad y Democracia. Bogotá 2008. Pag.52
[151] Jean Francois Boyer. La Guerra Perdida de las Drogas. Narcodependencia en el Mundo Actual. Editorial Grijalbo S.A. Pag.15
[152] Vargas Velásquez. Papel de las Fuerzas Armadas… Pag.62
[153] El presupuesto en más de una tercera parte y el pie de fuerza en una cuarta. Nadia Soley Lizarazo Vargas. Vargas Velásquez. Papel de las Fuerzas Armadas… Pag.64
[154] Nadia Soley Lizarazo Vargas. Vargas Velásquez. Papel de las Fuerzas Armadas… Pag.72
[155] Semana 3 de julio de 1990. Pag.23
[156] Medellín, masacre en el bar ‘Oporto’ 23 de junio de 1990. Semana 3 de julio de 1990. Pag.24
[157] Semana. 7 de diciembre de 1993. Pag.66, 68.
[158] Guillén. Crónicas … Pag.333 ss.
[159] Gonzalo Guillén. Un País de Cafres: Antología de la Corrupción Contemporánea en Colombia. Planeta Colombiana Editorial S.A. Santafé de Bogotá 1995. Pag. 247 ss.
[160] WOLA. Peligro Inminente: Las FF.AA. de Estados Unidos y la Guerra Contra las Drogas. Bogotá 1993. Pag. 215
[161] Gonzalo Guillén. Crónicas… Pag. 63, 64.
[162] Diana Marcela Rojas. Pag.44. En el mismo sentido Juan Carlos Chaparro. Pag. 108
[163] Diana Marcela Rojas. Pag.45
[164] James J. Btrittain, R. James Sacouman. ¿Depende las Farc-EP de la Coca? International Peace Observa tory. 8 de mayo de 2006. http://www.peaceobservatory.org/es/387/dependen-las-farc-ep-de-la-coca
[165] Juan Carlos Chaparro. Vargas Velásquez. Papel de las Fuerzas Armadas… Pag. 104
[166] Juan Carlos Chaparro. Vargas Velásquez. Papel de las Fuerzas Armadas… Pag. 106, 107. 115
[167] Camilo Chaparro. Historia del Cartel de Cali. Intermedio Editores. Bogotá 2005. Pag.129
[168] Juan Carlos Chaparro. Vargas Velásquez. Papel de las Fuerzas Armadas… Pag.131, 138. En el avión presidencial se trató de heroína. Semana No 752. 1 de octubre de 1996. Pag.42
[169] Semana 21 de diciembre de 1998. http://www.semana.com/nacion/delatores/41087-3.aspx
[170] Diana Marcela Rojas. Estados Unidos y la Guerra en Colombia. En Nuestra Guerra sin Nombre: Transformaciones del conflicto en Colombia. Francisco Gutiérrez (Coord.) Universidad Nacional de Colombia, IEPRI. Bogotá 2006. Pag.42.
[171] Ann Mason. La Crisis de la Seguridad en Colombia: Causas y Consecuencias Internacionales de un Estado en Vía de Fracaso. Colombia Internacional. Universidad de los Andes. CEI 49/50. Bogotá 2001. Pag.83
[172] Russell Driven By Drugs. U.S. Policy Toward Colombia. Boulder, Lynne Reinner. 2002. Citado por Diana Marcela Rojas. Pag. 51
[173] Juan Carlos Chaparro. Pag.139
[174] Semana. 18 de octubre de 1999. http://www.semana.com/nacion/frente-mar/39002-3.aspx
[175] Diana Marcela Rojas. Pag. 50
[176] The Future In Latin America. En War in Colombia: Made in USA. Rebeca Toledo et alteri (Editores). International Action Center. New York 2003. Pag. 45.
[177] Papel de las Fuerzas Armadas en la Política Antidrogas Colombiana. Universidad Nacional. GISD. Bogotá 2008. Pag. 146
[178] María Clemencia Ramírez, Kimberly Staunton, John Walsh. Colombia : Un círculo vicioso de drogas y guerra. Youngers et al. Pag. 145, 147
[179] Ramirez, Stanton, Walsh. Youngers et al. Pag. 144
[180] Tailandia en un buen ejemplo de tales maneras de control de determinadas sociedades. Noam Chomsky, Edward Herman. Washington y el Fascismo en el Tercer Mundo. Siglo XXI Editores S.A. México 1981. Pag. 306
[181] Más de diez mil. Soa Watch. The School of Assassins and Neoliberalism. http://www.soaw.org/docs/SOANeoliberalism.pdf
[182] Peter Dale Scott. Pag.99
[183] ¿Cual Plan Colombia? Cartilla de Información Popular. American Friends Service Comitee. AFSC. Pag.12
[184] Noam Chomsky. El doble Juego de E.U. en Colombia. Lecturas Dominicales agosto 25 1996. Pag.4
[185] Peter Dale Scott. Pag.89
[186] Una anotación contundente de Francisco E. Thoumi.. . Pag.108
[187] Armas de Operativo de la DEA habrían Terminado en Oficina de Envigado. Sergio Gómez Maseri. El Tiempo 19 de julio de 2011. http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/armas-de-operativo-de-la-dea-habrian-terminado-en-oficina-de-envigado_9954226-4
[188] Diana Marcela Rojas. Pag. 54
[189] Declaración de Diego Fernando Murillo Bejarano ‘Don Berna’. El Espectador. 22 de abril de 2009. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo137174-condenan-31-anos-de-prision-don-berna . Y de Miguel Ángel Mejía Manera, ‘El Mellizo’. El Espectador. 27 de octubre de 2009. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo168950-paramilitares-llevaron-al-poder-al-presidente-uribe-dice-alias-el-m
[190] Diana Marcela Rojas. Pag. 54
[191] Papel de las Fuerzas Armadas en la Política Antidrogas Colombiana. Universidad Nacional. GISD. Bogotá 2008. Pag. 166, 170, 174.
[192] Un Año de la Masacre de Jamundì. Semana 21 de mayo de 2007. http://www.semana.com/on-line/ano-masacre-jamundi-batallon-del-ejercito-aniquilo-mejor-unidad-antidrogas-policia/103912-3.aspx
[193] Corrupción Hasta el Tuétano. Semana. 11 de agosto de 2007. http://www.semana.com/nacion/corrupcion-hasta-tuetano/105525-3.aspx
[194] Papel de las Fuerzas Armadas en la Política Antidrogas Colombiana. Universidad Nacional. GISD. Bogotá 2008. Pag. 189
[195] Corrupción Hasta el Tuétano. Semana. 11 de agosto de 2007. http://www.semana.com/nacion/corrupcion-hasta-tuetano/105525-3.aspx
[196] Semana. 16 de julio de 2011. http://www.semana.com/nacion/culpable/160435-3.aspx
[197] Papel de las Fuerzas Armadas en la Política Antidrogas Colombiana. Universidad Nacional. GISD. Bogotá 2008. Pag. 155
[198] Papel de las Fuerzas Armadas en la Política Antidrogas Colombiana. Universidad Nacional. GISD. Bogotá 2008. Pag. 192
[199] Estimativos tomados de la revista Newsweek y del diario San Francisco Chronicle. Peter Dale Scott. Pag.75
[200] Peter Dale Scott. Pag.89
[201] Ver al respecto National Security Archive. 2 de agosto de 2004. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm ; Newsweek. 8 de agosto de 2004. http://www.newsweek.com/2004/08/08/blacklist-to-the-a-list.html Y a Sergio Camargo V. Álvaro Uribe Vélez : el narcotraficante n° 82. Universo Latino. París 2008 .
[202] John Walsh et alteri. Una Estrategia Fallida. La Aspersión de Cultivos Ilícitos en Colombia. Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos. WOLA. Bogotá 2008. Pag.37.
[203] Darío Arenas. Colombia: 40% del territorio, Pedido en concesión Para Proyectos Mineros. Prensa Indígena. www.prensaindigena.org.mx/?…40-del-territorio-pedido…para…mineros
[204] Aurelio Suárez Montoya . Política Agraria de Santos: Fase Superior del ‘Modelo Malayo’ Colonialista. www.prensarural.org/spip/spip.php?article5672
[205] Rojas Andrade. Contrainsurgencia… Pag, 48 ss.
[206] Rojas Andrade. Contrainsurgencia… Pag, 111, 119, 123 ss.
[207] CUT, CTC 2007. ‘Las Libertades Sindicales’ . Víctor Currea-Lugo. Colombia Derechos Humanos en Crisis. En Colombia en su Laberinto: Una Mirada el Conflicto. Felipe Gómez Iza. Libros de la Catarata. Madrid 2008. Pag. 221
[208] Al respecto de la cada vez más evidente participación de militares y policías en las acciones criminales de los paramilitares véase por ejemplo. Criminal de guerra: Mancuso confirma un secreto a voces: la complicidad de varios militares con la AUC. Semana 22 de enero de 2007. Pag. 30 ss. http://www.semana.com/nacion/criminal-guerra/100532-3.aspx ; De héroe a villano coronel Hernán Mejía Gutiérrez, nexos de militares y paramilitares. Semana 1291. 29 de enero de 2007. Pag. 22. http://www.semana.com/nacion/heroe-villano/100685-3.aspx
[209] Americas Watch. La ‘Guerra’ Contra Las Drogas en Colombia: La Olvidada Tragedia de la Violencia Política. Universidad de Los Andes, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 1991. Pag.66.
[210] Condenan el Estado Colombiano a Resarcir Familias Por Asesinado de Cinco Personas. Semana. 22 de junio de 2001 http://www.semana.com/nacion/condenan-estado-colombiano-resarcir-familias-asesinato-cinco-personas/158991-3.aspx
[211] Verdadabierta.com. La Masacre de El Salado Semana 30 de agosto de 2008. http://www.verdadabierta.com/web3/nunca-mas/40-masacres/435-la-masacre-de-el-salado- .
[212] La Repùblica.pe. 8 de julio 2011. http://www.larepublica.pe/08-07-2011/santos-pide-perdon-por-matanzas-de-paramilitares-en-colombia
[213] Rojas Andrade. Contrainsurgencia… Pag, 206,207 ss.
[214] Ver Golbery do Couto E Silva. Geopolítica de Brasil. Alberto Rojas Andrade. Contrainsurgencia sin límites en países estratégicos: El paramilitarismo en Colombia. 2010. Pag, 300.
[215] John Walsh et alteri. Una Estrategia Fallida… Pag.110
[216] La captura en Chocó de 11 miembros de los organismos de seguridad por complicidad con Los Rastrojos lleva a preguntarse hasta dónde las llamadas bandas criminales son la continuidad de los paramilitares. Semana. 4 de junio de 2011 . http://www.semana.com/nacion/neoparamilitares/157914-3.aspx
[217] Tiempos Violentos. Semana 1456. 29 de marzo de 2010. Pag.42
[218] Paramilitares asesinan a estudiante universitaria y su padre y desplazan masivamente a profesores. Camilo Raigozo. Notimundo. 24 de julio de 2011. http://notimundo2.blogspot.com/2011/07/parauribismo-paramilitares-asesinaron_24.html
[219] María Jimena Duzán. ¿Cuál Desmovilización? Semana. 15 de enero de 2011. http://www.semana.com/opinion/cual-desmovilizacion/150192-3.aspx
[220] Juan Diego Restrepo E . Medellín, entre la violencia y la impunidad / Medellín, biolentzia eta zigorrik ezaren artean Revista Pueblos. Dossier Especial del No 46. Abril de 2011. http://www.revistapueblos.org/spip.php?article2194
[221] Palabras de Mario Iguarán. Semana. 19 de marzo de 2007. Pag.18
[222] Grupos Narcoparamilitares se Extienden como Plaga en Colombia. Carlos Osorio. El Universal. 16 de marzo de 2011. http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/grupos-narcoparamilitares-se-extienden-como-plaga-en-colombia-14716
[223] Gay McDougall. http://www.hchr.org.co/afrodescendientes/index.php?option=com_content&view=article&catid=42%3Arelatores-especiales-y-grupos-de-trabajo&id=64%3Adeclaracion-de-la-experta-independiente-de-las-naciones-unidas-sobre-cuestiones-de-las-minorias-senora-gay-mcdougall&Itemid=59
[224] Antonio Albiñana. Público. 26 de noviembre de 2009. http://www.publico.es/internacional/271582/supremo/colombiano/pide/comision
[225] Al respecto ver los cables de Wikileaks en La Otra Casa de Nariño. Semana. 26 de febrero de 2011. http://www.semana.com/nacion/otra-casa-narino/152440-3.aspx
[226] Ricardo Vargas. Colombia: ¿Un Caso Exitoso de la Guerra Contra las Drogas? Le Monde Diplomatique. (Colombia). En Rebelión 21 de diciembre de 2010. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=119041
[227] James J. Brittain. A War Coca Nobody Believes in. CounterPunch. 20-22 de noviembre de 2009. http://www.counterpunch.org/brittain11202009.html
[228] Aura Rodríguez, Héctor León Moncayo. El TLC con la Unión Europea quiebra la economía campesina y favorece la estrategia paramilitar. Rebelión/La Radio Del Sur. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=118348
[229] El carácter neoliberal de los programas de estas instituciones se encuentra fuera de discusión. Sobre los principios de esta doctrina económica respecto a la zonas campesinas uno en especial es el de «que el estado no debe sostener per se a las economías campesinas sino que estas deben modernizarse y por lo tanto, reubicar a la población que no es viable económicamente en el mercado». Absalón Machado C. De la Estructura Agraria al Sistema Agroindustrial. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 2004.
[230] Carlos Chirinos. Hillary Clinton: México se parece a «Colombia de hace 20 años «. BBC. 8 de septiembre de 2010. http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/09/100908_1808_eeuu_clinton_mexico_drogas_gz.shtml
[231] Marco Romero. Sobre la Nueva Ley de Víctimas. Periodismohumano. 11 de junio 2011. http://periodismohumano.com/en-conflicto/sobre-la-nueva-ley-de-victimas-colombiana.html
[232] Indicadores de Pobreza en Colombia: Departamento Nacional de Estadística. El Tiempo. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1585278
[233] Diana Marcela Rojas. Pag.58
[234] PNUD 2003. 306 «El Conflicto Callejón con Salida. Diana Marcela Rojas. Pag.46
[235] Se han documentado judicialmente 1.652 masacres, aproximadamente 178 mil muertos, 35 mil desaparecidos, 3. 670 secuestros, 3.586 extorsiones desde 1992. Gestión Unidad Nacional de Fiscalías Para la Justicia y la Paz a 31 de enero de 2011. http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/index.htm
[236] Vision Of Humanity. Global Peace Index. GPI Map 2011. http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/#/2011/scor
[237] «… entre enero y octubre de 2010 se habrían producido 12.811 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 32 masacres con 153 víctimas». Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, Vicepresidencia de la República -conforme a su metodología-. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010 . Capítulo IV. Desarrollo de los Derecho Humanos en la Región. Colombia. San Salvador. 8 de junio de 2011. Pag. 355. http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm
[238] «Lo que se robó en Colombia en los últimos años no tiene nombre. Y no es que antes hubiésemos sido el paraíso de la anticorrupción, pero es que lo que pasó en los últimos cuatro o cinco años no había ocurrido, y creo que no exagero, en los últimos cien años.» Félix De Bedout. María Jimena Duzán. Semana. 11 de junio de 2011. http://www.semana.com/nacion/santos-hace-muchas-cosas-uribe-pero-mejores-modales/158276-3.aspx
[239] Se están robando el paìs. Semana. No 1505. 7 de marzo de 2011. Pag.25
[240] En las Entrañas del Monstruo. Semana. No 1505. 7 de marzo de 2011. Pag. 29
[241] Se están robando al País. Semana. 5 de marzo de 2011. http://www.semana.com/nacion/estan-robando-pais/152882-3.aspx
[242] Claudia López. La Mafia Creó Un Nuevo País. Semana No 1477. Agosto 23 de 2010. Pag.42.
[243] Tiberio Gutiérrez Medellín. El Espectador. 10 de enero de 2010. http://www.elespectador.com/columna183251-captura-del-estado-vuelve-y-juega
[244] Adolfo Atehortùa Presidente CNP. El Espectador. 27 de octubre 2009. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo168933-consejo-nacional-de-planeacion-insiste-legalizacion-de-droga
[245] La Nueva Política Antidrogas del Gobierno. Semana 23 de junio de 2011. http://www.semana.com/politica/nueva-politica-antidrogas-del-gobierno/159039-3.aspx
[246] Como el bloqueo de vías, el arrojamiento de objetos, o la prohibición de la minería en pequeña escala, se legaliza el espionaje de personas y se le otorga efectos penales de la tele vigilancia. Ley 1453 de 24 de junio de 2011, Llamada de ‘Seguridad Ciudadana’.
[247] James J. Brittain. A War Coca Nobody Believes in. CounterPunch. 20-22 de noviembre de 2009. http://www.counterpunch.org/brittain11202009.html
[248] Fazio. Guerra Sucia… Pag.66
[249] Fazio. Guerra Sucia… Pag.69.
[250] Gerardo Reyes. Nuestro Hombre en la DEA. Editorial Planeta Colombiana S.A. Bogotá 2007. Pag.7
[251] Phillip Crowley .La Jornada. 22 de enero de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/01/22/index.php?section=politica&article=009n1pol
[252] México se ha convertido en un pueblo de asesinos y corruptos: Arquidiócesis. La Jornada 6 de septiembre de 2006.
[253] Televisa-TVAzteca de un lado y Caracol TV-RCN en el otro.
[254] Para citar sólo algunos nombres: Contralínea, Proceso,
[255] El diario es El Tiempo, y la revista es Semana.
[256] Vision Of Humanity. Global Peace Index. GPI Map 2011. http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/#/2011/scor
[257] El Incómodo Oficio Del Periodismo en México. Majo Siscar. Periodismo Humano. 20 de abril 2011. http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/el-incomodo-oficio-del-periodismo-en-mexico.html
[258] El Tiempo. 2 de septiembre de 2008. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4496542
[259] Ejemplo de ello el programa televisivo Contravía de Hollman Morris. http://www.contravia.tv/espanol/
[260] Alain Rouquiè. El Estado Militar en América Latina. Siglo XIX editores. México 1984. Pag. 245, 246, 248. Jorge Alberto Lozoya. El Ejército Mexicano. Colegio de Mexico.1984. México D.F. Pag.30
[261] Rouquiè. Pag. 232.
[262] Santos de Visita en México. La Revista Peninsular. 2 de agosto de 2011. http://www.larevista.com.mx/noticias/santos-visita-mexico-32679/
[263] Stan Goff. The Blurring of The Lines. En War in Colombia: Made in USA. Rebeca Toledo et alteri (Editores). International Action Center. New York 2003. Pag.79
[264] Militarización de América Latina: Entrevista a Ana Esther Ceceña. Argenpress. 6 de febrero de 2009. Tomado de la Revista Mariátegui. http://www.argenpress.info/2009/02/militarizacion-en-america-latina.html
[265] Ministerio de Defensa de Colombia. Memorias al Congreso 2009-2010. http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/normatividad/EstrategiaPlaneacion/SistemaDeControlInterno/GPA/InformesDeGestion/memorias2009-2010.pdf Pag.31
[266] Carlos Chirinos. Hillary Clinton: México se parece a «Colombia de hace 20 años «. BBC. 8 de septiembre de 2010. http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/09/100908_1808_eeuu_clinton_mexico_drogas_gz.shtml
[267] Ver artículos: Narcotráfico. Un Crimen Imperfecto; La Chicago Criolla. Semana. 30 de mayo de 2011. Pag.50, 32; Sicarios asesinan a un ambientalista y filósofo en Pereira. El Espectador junio 9 de 2011. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-276226-sicarios-asesinan-un-ambientalista-y-filosofo-pereira ; Asesinada Líder de Desplazados en Medellín. El Espectador Junio 7 de 2011. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-275793-asesinada-ana-fabricia-cordoba-lider-de-desplazados-medellin
[268] Chirinos. Ibídem.
[269] Matthew Rooney. El Espectador. 15 de febrero de 2011. http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-251071-carteles-mexico-no-equiparables-los-de-colombia-eeuu
[270] Astorga. Pag. 355
[271] Janet Napolitano. El Universal. 10 de febrero de 2011. http://www.eluniversal.com.mx/notas/743834.html
[272] Blake Farenhold. Congresista por Texas. El Universal. 10 de febrero de 2011. http://www.eluniversal.com.mx/notas/743834.html
[273] Ingrid Vaicious, Adam Isacson. Tha ‘War on Drugs’ meets the ‘War on Terror’. The United States military involvement in Colombia Climb to the Next Level. Febrero de 2003. http://www.ciponline.org/colombia/0302ipr.pdf
[274] Cae ‘alto líder’ De los Zetas en Guatemala; lo ligan a masacre. El Imparcial.com. 18 de mayo de 2011. http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Internacional/18052011/516262.aspx
[275] Michele Leonhart. Directora de la DEA. La Jornada. 6 de abril de 2011. http://www.jornada.unam.mx/2011/04/06/politica/002n1pol . Astorga. Pag. 369
[276] Jacinto Granda. Narcotráfico e Intervencionismo en Costa Rica. Redvoltaire. 6 de junio 2011. http://www.voltairenet.org/Narcotrafico-e-intervencionismo-en
[277] Michel Chossudovsky. ¿Quién se Beneficia del Comercio del Opio Afgano? Rebelión. 27 de septiembre de 2006. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=38222
[278] Oficina de la ONU Contra Las Drogas y el Delito Advierte sobre el Crimen organizado en Iraq. Centro de Noticias ONU. 27 de agosto de 2003. http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=843 En Irak el problema llegó con la invasión de 2003. Fuente Balochistan Post http://es.altermedia.info/general/donde-la-cia-toma-el-control-florece-el-negocio-de-los-narcticos_684.html
[279] Nydia Egremy. Drogas Inestabilidad y Violencia. Redvoltaire. 9 de agosto de 2010. http://www.voltairenet.org/article166681.html
[280] Napolitano. Ibídem http://www.informador.com.mx/internacional/2011/309632/6/gobierno-de-eu-lanza-nueva-estrategia-contra-crimen-organizado.htm Ver también nuevos decretos del gobierno Obama: Sanciones a las Mafias. Voz de América. http://www.voanews.com/spanish/news/usa/Casa-Blanca-contra-crimen-organizado-126121248.html
[281] Elena Azaola. Crimen y Castigo y Violencias en México. Ciesas. México 2009. Pag. 31
[282] El Espectador. 30 de julio de 2010. http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-216266-principal-problema-de-colombia-impunidad-onu
[283] John Walsh et alteri. Una Estrategia Fallida… Pag.93.
[284] Estela Gutiérrez Garza. Economía y Sociedad Nación en el Contexto de un Proyecto Nación. En Seguridad y Desarrollo en México. Colegio de la Frontera del Norte. Tijuana 2009. Pag. 197
[285] Jorge Fernández Menéndez. De los Maras a… Pag. 197
[286] Astorga. Pag.373
[287] Janet Napolitano. Gobierno de EU lanza nueva estrategia contra el crimen organizado. INFORMADOR.COM.MX. 25 de julio 2011. http://www.informador.com.mx/primera/2011/309632/6/gobierno-de-eu-lanza-nueva-estrategia-contra-crimen-organizado.htm
[288] William Brownfield. El Espectador. 17 de mayo de 2011. http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-270500-talibanes-y-farc-los-mayores-narcotraficantes-delmundo-eeuu
[289] Diana Marcela Rojas. Pag.57, 61.
[290] Esta conclusión está firmada por el senador, en ese entonces, Barack Obama. Frabrizio Gatti. Coca Made in Cia. L’Expresso. 22 de enero de 2009. En este mismo artículo hay pruebas de que la Cia participa en el tráfico GBI. EU. Psicoactivos. http://espresso.repubblica.it/dettaglio/coca-made-in-cia/2059291//0
[291] Adam Engel. El sistema y la Guerra de la Droga. «La Fuerza de la Jauría» de Douglas Valentine. CounterPunch. Rebelión. Junio 29 de 2010. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=108721 En inglés http://www.counterpunch.org/engel06252010.html
[292] The Drug War Can’t Be Improved, It Can Only be Ended: Beyond Solidarity. Laura Carlsen, Counterpunch. 6 de mayo de 2011. http://www.counterpunch.org/carlsen05062011.html
[293] Noam Chomsky. El doble Juego de E.U. en Colombia. Lectura Dominicales agosto 25 1996. Pag.4
[294] EE.UU.: más población carcelaria. BBC. 25 de abril de 2005. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4480000/4480373.stm
[295] Vidal. Pag. 215
[296] Hablamos de Carlos Pasqual, quien renunció con motivo de las revelaciones de Wikileaks sobre su intromisión descarada en los asuntos internos de México. http://www.informador.com.mx/mexico/2011/279054/6/carlos-pascual-renuncia-como-embajador-en-mexico.htm
[297] Es el caso de William B. Wood, quien luego de sus tareas en Bogotá es designado como embajador en Kabul Afganistán. La intromisión de este funcionario en los asuntos internos colombianos fue generalizada.
[298] Informe Roquefeller: Calidad de Vida en Las Américas. Citado por Horacio Vanaroni. Estados Unidos y Las Fuerzas Armadas de América Latina, la Dependencia Militar. Ediciones Periferia. Buenos Aires sin fecha. Pag.91
[299] Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA. Colección Editorial del Gobierno Para el Cambio. Fondo de Cultura Económica. México 2005. Pag.15, 16.
[300] Fazio. El Tercer Vínculo… Pag.44.
[301] Un caso paradigmático es el de Indonesia en los años sesenta. Ver Noam Chomsky, Edward Herman. Washington y el Fascismo en el Tercer Mundo. Siglo XXI Editores S.A. México 1981. Pag. 288.
[302] Peter Dale Scott. Pag.98
[303] Peter Dale Scott. Pag.99
[304] La Cnrr prende alarmas sobre líos en desmovilización de las Auc . 25 de noviembre de 2010. http://www.verdadabierta.com/rearmados/50-rearmados/2826-la-cnrr-prende-alarmas-sobre-lios-en-desmovilizacion-de-las-auc
[305] Gómez Isa. Colombia en… Pag.223.
[306] Contralmirante F.F. Fletcher. Proclama al Pueblo de Veracruz. 22 de abril de 1914. Gastón García Cantú. Las Invasiones Norteamericanas en México. Ediciones Era. México 1971. Pag. 297
[307] América Económica. 14 de mayo de 2011. http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/calderon-mexico-mantendra-su-estrategia-contra-el-narcotrafico Genaro García Luna Secretario de Seguridad Pública de México ha asegurado que la guerra del narco en los términos en los cuales se desarrolla actualmente durará por lo menos unos siete años más. Violencia Bajará en siete años. El Economista. 6 de abril de 2011. http://eleconomista.com.mx/seguridad-publica/2011/04/06/violencia-bajara-7-anos-garcia-luna
[308] Tres expresidentes latinoamericanos piden legalizar el consumo de drogas. El País. 25 de enero de 2011. http://www.elmundo.es/america/2011/01/25/mexico/1295977058.html
[309] Santiago Igartúa. Critica Gaviria estrategia militar de Calderón contra el narco. PROCESO. 22 de febrero 2011. http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76807
[310] Critica Clinton Estrategia de México contra el Narcotráfico. Milenio. 25 de octubre de 2010. http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f093ccf4edf26d1cdb9c4181ba5f7fcb
[311] Zòzimo Camacho. Focos Rojos en SEDENA Ante Posible intervención de EU. Contralínea 209. 21 de noviembre de 2010. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/21/focos-rojos-en-sedena-ante-posible-intervencion-de-eu/
[312] James Clapper. Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. CNN 10 de febrero de 2011. http://mexico.cnn.com/mundo/2011/02/10/eu-la-capacidad-militar-de-mexico-es-insuficiente-contra-el-narcotrafico
[313] Alberto Montoya Martín citado por Nydia Egremy. «Guerra» antidrogas: intervención de Estados Unidos. Contralínea 4 de abril de 2010. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/04/guerra-antidrogas-intervencion-de-estados-unidos/
[314] Zòzimo Camacho. Focos Rojos en SEDENA Ante Posible intervención de EU. Contralínea 209. 21 de noviembre de 2010. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/21/focos-rojos-en-sedena-ante-posible-intervencion-de-eu/
[315] Zòzimo Camacho. Focos Rojos en SEDENA Ante Posible intervención de EU. Contralínea 209. 21 de noviembre de 2010. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/21/focos-rojos-en-sedena-ante-posible-intervencion-de-eu/
[316] Colombia en uno de los países con mayor desigualdad del mundo, y encabeza tal estimación en América Latina. Igualdad de Ingresos. The Economist. 20 de abril de 2011. http://www.economist.com/node/18587127
[317] Simultáneamente el gobierno hace acusaciones genéricas y sin prueba convincente de una supuesta infiltración de la insurgencia en las universidades: Alertan sobre infiltración de las Farc y el ELN en las universidades. Según el DAS, la guerrilla estaría operando a través de dos movimientos en los planteles públicos. El País. 6 de abril de 2011. http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/alertan-sobre-infiltracion-farc-y-eln-en-universidades
[318] Acusación del Secretario de Marina Mariano Francisco Saynez. Provincia.com.mx. 26 de julio de 2011. http://www.provincia.com.mx/26-07-2011/240760/
[319] Almirante estadunidense Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto. Ofrece EU contrainsurgentes en combate a drogas. Proceso.mx.com. 11 de marzo de 2009. http://www.proceso.com.mx/?p=113492
[320] Los demócratas se adhieren a la dura postura militar. Rick Klein. Boston Globe. 14 de agosto de 2005. Citado por Jean Bricmont. Imperialismo Humanitario. Viejo Topo. Madrid 2005