El gobierno italiano acaba de construir su muro antimigrantes y, aunque no sea una valla de concreto, ni suene en los medios como el de Trump, sus efectos nefastos y violatorios de los derechos humanos de miles de seres humanos no tardarán en manifestarse. Frente a los flujos crecientes de personas que desde la África […]
El gobierno italiano acaba de construir su muro antimigrantes y, aunque no sea una valla de concreto, ni suene en los medios como el de Trump, sus efectos nefastos y violatorios de los derechos humanos de miles de seres humanos no tardarán en manifestarse.
Frente a los flujos crecientes de personas que desde la África ecuatorial y subsahariana, así como de Oriente medio, huyen de guerras, hambrunas, dictaduras y explotación, en que los países occidentales, especialmente los europeos, tuvieron y tienen preminente responsabilidad, también ha ido aumentando la cerrazón y la política del avestruz por parte de la Unión Europea y del gobierno italiano presidido por el Presidente del Consejo de Ministros Paolo Gentiloni.
Éste, de hecho, va asumiendo la función de gorila, rechazador de «indeseados» al servicio de los países que cuentan políticamente como Alemania y Francia.
El presidente galo Macron desde su elección se ha empeñado en rechazar a los migrantes en la frontera italiana de Ventimiglia y a cerrar sus puertos a los barcos de las Ong que salvan a personas en el Mediterráneo.
Por su parte, hasta 2015, el gobierno alemán de Angela Merkel había recibido a 890,000 refugiados para satisfacer la demanda laboral de su pujante industria, mejorar su pirámide demográfica y sistema de retiro, pero en 2016 la cifra se redujo a 280,000.
Las rutas a Europa de migrantes de países en guerra, como Siria, Irak o Afganistán, pasan por Turquía, Grecia y los Balcanes para llegar al sur de Italia, a Austria, Eslovenia y Hungría. De este lado Turquía está haciendo el trabajo sucio por la UE, al sellar la ruta del Egeo. Con un acuerdo de 2016, a cambio de 6,000 millones de euros, Erdogan se comprometió a recibir a los «irregulares» expulsados de la Unión, muchos de ellos refugiados que buscan asilo político y huyen del Estado Islámico.
Ahora también se cierra la vía mediterránea por la cual los migrantes cruzan el Sahara y se suben a los barcos desde Libia, un país en guerra, dividido entre tres gobiernos en pugna después de la caída de Gadafi en 2011. Allí operan decenas de centros de detención «oficiales» y abusivos, gestionados por milicianos armados, en donde ni los médicos pueden entrar: los migrantes, considerados mercancías, sobreviven en un infierno. Esta ruta, pese a mafias y traficantes, al peligro de viajar en barcos abarrotados y a los altos costos económicos y humanos, resultaba todavía viable hasta hace poco.
Pero el gobierno italiano, los medios mainstream y la mayoría de los partidos políticos, tanto de derecha como de centroizquierda, han conducido una vil campaña de desprestigio contra las Ong que envían a sus rescatistas cerca de Libia para salvar a los migrantes y llevarlos a Italia. La Fiscalía de Trapani, en Sicilia, hasta abrió una averiguación sobre la labor de las organizaciones.
En este contexto, en julio, el Ministro de Interiores italiano, Marco Minniti, parió un Código de conducta para disciplinar, y por ende detener, el trabajo humanitario de las Ong, las cuales en 2016 salvaron a 46,796 personas, el 40% del total de los rescates marítimos. El Código prevé, además de mayores controles, la presencia de un policía en los barcos y la prohibición de transbordar a los migrantes de una embarcación a otra. El acuerdo fue firmado por la mayoría de las organizaciones pero no por Médicos Sin Fronteras, que denuncia cómo no se le dé ya prioridad al rescate en mar y al papel coadyuvante de las Ong.
La Relatora del Alto Comisionado Onu para Derechos Humanos, Agnes Callamard, sostiene que el Código para las Ong causa muertes «predecibles y prevenibles». La migración no va a pararse así por decreto. En el mediano plazo se abrirán nuevas rutas, quizás por Marruecos, Túnez y España, aunque para Minniti «los flujos migratorios se pueden gobernar» y «estamos aún en un largo túnel pero empezamos a ver una luz al final».
Su idea de «gobernanza» y «luz» es el outsourcing del trabajo sucio. Tras un acuerdo estipulado en febrero con una facción líbia, la del político Fayez-al-Sarraj, las autoridades italianas empezaron a capacitar la guardia costera líbia y se le donaron diez lanchas patrulleras. Una de éstas la semana pasada disparó al aire y amenazó en aguas internacionales la lancha de la Ong española Proactiva Open Arms para que se retirara.
Es una manera cínica de «lavarse las manos», basándose en el pretexto de que los «socios» europeos no están apoyando a Italia, al devolverle a los migrantes que cruzan los Alpes. Pero en realidad el gobierno italiano eligió firmar el tratado de Dublín en 1990 y su nuevo reglamento en 2013, el cual prevé que las personas que quieran conseguir el estatus de refugiado lo deben hacer en el país de su primer ingreso dentro de la UE, que en muchos casos es Italia o Grecia.
El muro que levantan Italia y la UE considera a los muertos en el mar como el precio a pagar para desalentar la migración. El Código Minniti y la gradual extensión del poder de control sobre aguas territoriales e internacionales de las autoridades líbias, ayudadas por medios donados por Italia, va a causar más violaciones en Libia y en las futuras rutas, cada vez más peligrosas, que se van a abrir.
A la luz de los ataques terroristas de matriz islámista en Las Ramblas de Barcelona y en otros sitios de Cataluña el 17 de agosto pasado, se ha recrudecido la ofensiva de grupos xenófobos y hasta neonazis, justo siguiendo el guión deseado por los terroristas y por el Estado Islámico, pero también se reforzó la reacción masiva de una sociedad como la catalana que no quiere ver restringidas sus libertades, su vocación cosmopolita, su apertura intercultural y, finalmente, su estilo de vida. Son estos elementos el blanco real de los atentados y, sin un trabajo educativo y cultural profundo, no servirán de nada los «muros antimigrantes» y las recetas securitarias de corto plazo para limitarlos.
Fuente original: http://www.jornada.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.