En febrero de 2017 el abogado Ramón Fonseca Mora, exministro consejero del Presidente Juan Carlos Varela, vinculó al mandatario panameño con presunta corrupción. «A mí el presidente Varela, escuchen esto con atención, y que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear […]
En febrero de 2017 el abogado Ramón Fonseca Mora, exministro consejero del Presidente Juan Carlos Varela, vinculó al mandatario panameño con presunta corrupción. «A mí el presidente Varela, escuchen esto con atención, y que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo», aseguró Fonseca Mora. Ver aquí.
¿Pero fue solo Fonseca Mora, exasesor de Varela y expresidente del partido oficialista quien vinculó al mandatario panameño con escándalos por presunta corrupción en el caso Odebrecht? El operador financiero de la corruptora, el hispano brasileño Rodrigo Tacla Durán durante una entrevista publicada por el diario El País de España, el 28 de julio de 2017 aseguró que la constructora había corrido con los gastos de Juan Carlos Varela y José Domingo Arias en las elecciones de 2014.
Tacla trabajó con el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, unidad encargada de pagar coimas, campañas electorales y obsequiar regalitos, incluyendo fiestas y prostitutas a funcionarios y presidentes.
Las denuncias de Fonseca Mora contra Varela se dieron cuando en el 2017 el Ministerio Público realizaba las pesquisas por los escándalos que vinculan a su bufete con el supuesto blanqueo de capitales.
En abril de 2016 los nombres de Fonseca Mora y su socio, el abogado alemán Jurgüen Mossack Fonseca fueron conocidos internacionalmente por varios escándalos: «Panamá Papers» y Lava Jato en Brasil.
El escándalo de mayor repercusión fue el de los «Papeles de Panamá». Se trata de la filtración de 11.5 millones de documentos. La información está relacionada con las sociedades «offshore» o anónimas creadas por Mossack Fonseca. Revelan el rastro oculto de dineros proveniente del crimen internacional, la evasión de impuestos y el hurto de capital estatal, etc. En el escándalo se menciona a gobernantes, empresarios, mafiosos, multimillonarios, deportistas, artistas, etc.
Los periodistas alemanes Bastian Obermayer y Frederik Obermaier del periódico germano Süddeutsche Zeitung, fueron los primeros en recibir información de una fuente anónima. Ver detallas aquí. Posteriormente se convirtió en una investigación internacional. Participaron de alrededor de 400 periodistas.
Durante una entrevista telefónica concedida a la televisora TVN Canal 2, el domingo 3 de abril de 2016, el abogado Fonseca Mora se declaró libre de responsabilidad. Aunque negó los hechos, a mediados de mes la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada había completado una diligencia de allanamiento en sus oficinas que se extendió por 27 horas. Las casas de ambos abogados fueron requisadas.
Un extrabajador del desaparecido bufete presume que el informante de los periodistas alemanes fue alguien de la propia firma, a quien califica de traidor. Asegura que antes del escándalo abandonó el bufete. También formula conjeturas en torno a un hackeo con la participación de otro confidente ubicado en algún lugar del extranjero. Advierte que revelará información desconocida.
En febrero de 2017, transcurrido menos de un año, Ramón Fonseca Mora y Jurgüen Mossack fueron detenidos. Actualmente permanecen en libertad provisional con medidas cautelares que les impiden salir del país. Pese a ello, aun no se ha dictado sentencia de culpabilidad o inocencia.
En marzo de 2018 la firma anunció que a fines de ese mes las oficinas serían cerradas en Panamá y el mundo, lo cual ocurrió. Hoy solo quedan las historias y verdades de cada quien.
«Ratifico mi compromiso por liderizar un gobierno honesto». «Es esta hermosa bandera de mi país la única que me va acompañar hasta el 30 de junio de 2019 para gobernar con equidad y transparencia». «Quiero regresar aquí a este mismo salón, como Presidente saliente en cinco años y darle la cara a mi país que pude presidir una elección democrática, sin uso de recursos del Estado». Fueron palabras pronunciadas por Juan Carlos Varela durante su proclamación como Presidente electo en mayo de 2014. Ver y escuchar aquí.
El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define la palabra honesto empleando los términos: decente, justo, probo, recto y honrado. Para transparencia -transparente- utiliza los términos: claro, evidente, y que se comprende sin duda ni ambigüedad.
En sus discursos Varela ha repetido una y otra vez las palabras «honestidad y transparencia». El Ministerio Público ha formulado cargos contra exfuncionarios de su gobierno.
En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos hico público mediáticamente la corrupción internacional de Odebrecht, con ramificaciones en 28 países. Ejecutivos de la empresa, incluyendo a Marcelo Odebrecht, presidente y dueño heredero de la corruptora y condenado en Brasil, confesaron públicamente haber logrado obtener las concesiones de proyectos de infraestructura pública en 12 países. ¿Cómo lo hicieron? Mediante una estructura de pago de sobornos a presidentes y servidores públicos de esos gobiernos. Panamá aparece en la lista de naciones involucradas.
En noviembre de 2018, casi dos años después del anuncio estadounidense, Odebrecht y la española Fomento de Construcciones y Contrata S.A. (FCC), volvió a obtener la adjudicación de otro proyecto en Panamá. El precio, más de 102 millones. Ambas empresas licitaron bajo el nombre: Consorcio Línea 2 Ramal. Se trata del ramal que conecta la Línea 2 del Metro de Panamá con el Instituto Técnico Superior del Este y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
A diez días de las elecciones generales del 5 de mayo, el presidente Varela inauguró la Línea 2 del Metro. Varela volvió a emplear las palabras honestidad y transparencia: «Es un proyecto hecho con honestidad, con transparencia y con eficiencia». En su insistente retórica elogió a la corruptora Odebrecht.
¿Puede Odebrecht inspirar honestidad y transparencia por colaborar con el Ministerio Público y devolver dinero del soborno?
Una publicación del diario La Prensa de 27 de diciembre de 2016 informa que el Gobierno de Juan Carlos Varela adoptaría los mecanismos para no adjudicar más obras de infraestructura a Odebrecht hasta que la empresa colaborara en las investigaciones del Ministerio Público. La información agrega que se emplazaría a la constructora para resarcir al Estado por los perjuicios causados y que debía aceptar su culpabilidad en el pago de sobornos.
Mientras ministros del Presidente, en conferencia de prensa en San Felipe anunciaban que Odebretch sería excluida del proyecto de la Línea 3 del Metro y del cuarto puente sobre el Canal, Varela explicaba la otra cara del asunto. En torno a la Línea 2 del Metro dijo a los medios que el propósito del Ejecutivo era proteger cerca de 10 mil empleos directos e indirectos de ese proyecto y otras obras que ejecutaba la corruptora.
Según el Ministerio Público las coimas pagadas por Odebrecht a Panamá para obtener concesiones, más que 59 millones -confesión inicial de ejecutivos de Odebrecht- ascendieron a 89 millones de dólares. Para Fonseca Mora, exasesor de Varela, el desembolso de Odebrecht ascendería a 1 millón de dólares. Tacla Durán aseguró a El País que los sobornos pagados a oficiales panameños superaron los 51 millones de euros.
Las delaciones pagadas, al margen de la confesión de los ejecutivos de Odebrecht, ha permitido salvar los intereses empresariales. La brasileña, confesa en el pago de sobornos, sigue operando y ejecutando millonarios proyectos a nivel mundial. ¿Son los acuerdos que promueven la impunidad, redención y auxilio a favor de empresarios corruptos?
¿Se sabe en Panamá si es cierto o no que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España, desde el 2016, investiga a la empresa española FCC, implicada presuntamente en supuestos sobornos para obtener la concesión en los proyectos de las Líneas 1 y 2 del Metro?
En agosto de 2018 el diario La Prensa publicó una información que revela que Tacla Durán, detenido en España en 2016 declaró que la empresa española FCC, que participó con Odebrecht en la construcción de la Línea 1 y 2 del Metro distribuyó coimas a cambio de la adjudicación de las obras cuyos destinatarios serían la familia del expresidente Ricardo Martinelli, hoy detenido por otros casos.
En marzo y abril del 2017 el medio digital español El Confidencial dio a conocer datos sobre las investigaciones de la Fiscalía española contra la Corrupción y la Criminalidad en torno a la participación de empresas españolas en la red de sobornos de Odebrecht. En el caso de Panamá, El Confidencial señala que «las pesquisas sobre FCC están relacionadas con el metro de ciudad de Panamá.
Poco se ha revelado en Panamá si es cierto o no que en junio de 2017 la citada Fiscalía Española solicitó una asistencia judicial en materia penal a la Procuradora panameña Kenia Porcell. El requerimiento supuestamente provino de la fiscal María Teresa Gálvez Diez. Pese al silencio la fiscal española es mencionada por el medio español como la funcionaria que lidera las investigaciones en España, con experiencia en la persecución de delitos económicos y de corrupción.
A pesar de los diversos escándalos por presunta corrupción que empañan la administración del saliente presidente Varela, no se conoce de ninguna investigación por parte de la Asamblea Nacional. El artículo 160 de la Constitución establece que «es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el Presidente de la República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en prejuicio de libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta constitución o leyes».
La indiferencia de los diputados obliga a recordar la permanencia de un sistema putrefacto que requiere de la redacción de una nueva Constitución. Ello exige llamar a una Constituyente en lugar de otra reforma. Obviar la Constituyente implicaría conspirar contra un verdadero estado de derecho y dejar libre el camino a la impunidad de corruptos y corruptores.
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