Manuel Huamán Montenegro y Miguel Facundo Chinguel son nombres que corresponden a la identidad de dos peruanos que serán recordados durante muchos años. Antes, pocos los conocían: o, en todo caso, la gente no los tenía en cuenta porque no se habían destacado ni hecho acción alguna que mereciera particular interés. Por el contrario, habían […]
Manuel Huamán Montenegro y Miguel Facundo Chinguel son nombres que corresponden a la identidad de dos peruanos que serán recordados durante muchos años. Antes, pocos los conocían: o, en todo caso, la gente no los tenía en cuenta porque no se habían destacado ni hecho acción alguna que mereciera particular interés. Por el contrario, habían permanecido en un oscuro anonimato, no obstante fugares apariciones formales.
El primero de ellos estuvo preso durante algunos años, acusado de integrar una banda de narcotraficantes denominada «Los Norteños». Se le encontró culpable del ilícito negocio de la droga, y fue condenado. Pronto, y mucho antes de concluir su sentencia, recuperó su libertad, gracias a un Indulto concedido por el entonces Presidente de la República, Alan García Pérez, a petición del ministerio de Justicia.
La suerte de Huamán Montenegro, sin embargo no terminó allí, al traspasar sorpresivamente las rejas del presidio. Poco después recibió un nombramiento público que lo encumbró más allá de naturales expectativas. Fue designado integrante de la Comisión de Indultos, encargada de calificar las peticiones de ese orden que formulaban los condenados por diversos delitos, al ejecutivo. En tal condición, aceptó y sustentó numerosas demandas de personas sentenciadas por idéntica o similar causa en distintos momentos de la vida peruana.
El segundo, fue su Jefe, el Presidente de la Comisión de Indultos durante el gobierno de García, y tuvo la primera responsabilidad en la ejecución de estas acciones.
Los expertos sitúan hoy en más de 5,000 el número de beneficiados con esas «gracias», sugeridas por Manuel Huamán Montenegro, aprobadas diligentemente por Miguel Facundo Chinguel, rubricadas por el Ministro del sector y finalmente confirmadas y sancionadas por el Presidente de la República.
¿Se sabe cuál fue el hilo conductor que enlazaba estas cuatro instancias del Poder en el Perú? Ahora sí. Fue el carné que los acreditaba como militantes y dirigentes del Partido Aprista Peruano, en ese entonces en la conducción del Estado.
Los cuatro, en la condición de tales, estaban cumpliendo tareas partidistas en la estructura del Poder. Solo que estas «tareas» no eran propiamente funciones honorables vinculadas al interés nacional o al beneficio de los peruanos; sino más bien acciones orientadas a liberar delincuentes que -según numerosos indicios- compraban indulgencias para alcanzar su excarcelación.
De por medio, entonces, estaba en funciones una mafia que se enriquecía poniendo precio a la justicia. Trabajaron varios años en eso con la mayor impunidad, y habrían podido continuar en la tarea porque las entidades del Estado están aún virtualmente copadas por activistas del mismo signo: el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso Nacional, la Defensoría del Pueblo y otras instancias públicas adolecen en el Perú de esta debilidad que los torna en extremo vulnerables y hace que la ciudadanía pierda la confianza en ellos.
Hoy ha quedado al descubierto una buena parte del plan operativo ejecutado por estas personas y otras parapetadas para el cumplimiento de la función y que han sido denunciadas y serán procesadas en atención a legítimos requerimientos de orden legal.
Y hoy se ha sabido también que, de por medio, estaba el accionar de varios ministros del sector -el ministerio de Justicia- uno de los cuales, Aurelio Pastor, estuvo también ligado al indulto al ex propietario del Canal 4 de la TV nacional, José Enrique Crousillat, hoy nuevamente en prisión.
En lo alto, más arriba aún que los funcionarios de segunda línea y que los ministros, estaba, por cierto, el Jefe del Estado, el también abogado Alan García Pérez quien, por su profesión, sabia perfectamente lo que estaba haciendo.
Es posible que el propio García y los demás implicados en estos andares, hayan conocido el cúmulo de denuncias que se venían contra ellos en este plano del accionar delictivo. Gracias a su confesión, se sabe que no consultó nunca las disposiciones del Código Penal para actuar. Habló directamente con Dios, al que le pidió consejo piadoso.
Fue para curarse en salud y poner el parche antes que broten las excrecencias de la podredumbre, que él y sus áulicos iniciaron una violenta ofensiva contra el Presidente Humala situando sus dardos en los dos puntos que consideran «vulnerables»: la supuesta candidatura de Nadine Heredia en los comicios presidenciales del 2016, y la reiterada exigencia de Indulto en provecho de Alberto Fujimori, planteada por la Mafia en los más diversos tonos.
Con el apoyo de los grandes medios de comunicación, y la ayuda de las «encuestadoras» que siempre les tienden la mano, los seguidores de García y el propio ex Mandatario, descargaron fuego graneado contra el actual Presidente en una acción que, sin embargo, les resultó absolutamente contraproducente: hoy las mismas encuestadoras se han visto forzadas a reconocer que el nivel de aceptación presidencial de Humala subió hasta el 60%, el mas alto de lo que va de su gestión gubernativa.
Pero no es Ollanta el que les preocupa hoy en primer lugar. Es su esposa, Nadine Heredia la que les quita el sueño. Y no precisamente por su sonrisa de conejo feliz, sino por «la amenaza» que significa para sus propias aspiraciones sobre todo ahora, cuando están dispuestos a dar cualquier batalla por recuperar los resortes del Poder.
Les aterra, en efecto, el tema de «la reelección conyugal», como la ha denominado el propio García, porque ella implicaría -si se concretara- la subsistencia de un proyecto que ellos consideran una amenaza inaceptable, aunque toleran a regañadientes porque no tienen otra alternativa. No la comparten en lo absoluto.
Aunque dicen «respetar» al gobierno, su mayor deseo es que Humala y su familia se vayan de Palacio el 28 de julio del 2016, y ni un minuto más tarde; y sean ellos los que ingresen como fuerza de «recambio». No los quieren más en lo que Juan Velasco Alvarado llamó no el Palacio de Pizarro, sino la Casa de Túpac Amaru.
Bien puede decirse que ahora el pastel ha sido puesto al descubierto. Y eso, que originó violencia verbal inusitada por parte de los pocos parlamentarios apristas, terminó finalmente por enmudecer a García.
«El APRA no es un partido de pillos», dijo Omar Quesada, como una manera de enfrentar las cosas, pero también como un modo de deslindar con Aurelio Pastor, Javier Velásquez, Mauricio Mulder y varios otros exponentes del cogollo aprista parapetados tras la sombra de García en espera de nuevas aventuras, y a los que -se supone- calificó de «pillos».
El ex Presidente, tan altivo en las últimas semanas, tronante en sus declaraciones y ofensivo y cínico en los planteamientos, no ha tenido, sin embargo, más alternativa que guardar silencio ante el cúmulo de denuncias referidas a este hecho digno de una sociedad de opereta. La afasia de García, que no se ha producido por un desorden cerebral, sino más bien político; ha sonado más que todas sus palabras. Su reconocida incontinencia verbal ha derivado en una suerte de catalepsia expresiva que habrá de sepultar sus ilusiones.
Con García, habló el silencio. Y éste cayó como un manto de mugre sobre las bancadas parlamentarias de la Mafia. Apristas y Fujimoristas, que fracasaron una vez más en el intento de censurar al Gabinete Jiménez y debieron callar también en este tema que tiene malas vibraciones y peores alcances.
Gustavo Espinoza M. es miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera.
Fuente original: http://nuestrabandera.lamula.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.