Lo que las estadísticas no muestran: los efectos duraderos de la pobreza extrema.
América Latina es un continente rico. Eso lo sabemos cuando los medios nos enseñan la prosperidad de los más poderosos y del modo mañosamente legalizado como se apropian de aquellos recursos vitales -como el agua, las tierras y los minerales- para explotarlos y construir sus grandes imperios. Todo ello, sostenido por la dependencia económica de los sectores más necesitados. Los gobiernos, por su parte, son sus aliados incondicionales al haberse apoderado de los centros de control político gracias a leyes casuísticas en las cuales no figuran límites al financiamiento de sus campañas ni a la manipulación de la justicia. Agazapadas en la oscuridad, las organizaciones criminales se benefician de este singular sistema.
En estos paraísos de corrupción, los más afectados son los niños, niñas y adolescentes cuya existencia no marca prioridades en las agendas políticas. Utilizados como instrumento emocional en las propuestas electorales, son relegados al último lugar de los programas gubernamentales porque, obviamente, no tienen voz ni voto como miembros de la sociedad. Este abandono tiene consecuencias de largo plazo; una de ellas es cómo miles de niños y niñas, condenados a la desnutrición, a la pérdida de sus capacidades físicas y mentales, a la violencia derivada de sus entornos de miseria, son expuestos a una vida breve. Además de aquellos que perecen por falta de nutrientes, hay muchos más quienes, como resultado de esa condición, terminan sirviendo de mano de obra barata sin posibilidad alguna de progresar en la vida.
El hambre no es una maldición, es producto de la corrupción de los gobernantes.
La respuesta a una cuestión tan obvia la tiene el sistema político y la manera como se administra el Estado. La perspectiva, desde los estamentos políticos, no ha alcanzado la madurez suficiente para consolidar políticas públicas fundamentales y presenta fuertes deficiencias en su visión humanitaria o como quiera se le llame al más elemental sentido de responsabilidad con respecto de las obligaciones hacia la población más necesitada de ayuda. Por lo general, el típico discurso político sobre la desnutrición infantil se reduce a enseñar cifras y a mostrar satisfacción si el porcentaje es uno o dos puntos menor que el año anterior; así, el hecho de señalar avances insignificantes les parece un éxito aún cuando el número de niños muertos no tenga visos de desaparecer.
Se supone que luego de tantos estudios elaborados por los organismos internacionales, las secretarías, las comisiones y los expertos contratados para ejecutar los planes, a estas alturas podría existir programas bien estructurados de tolerancia cero contra la desnutrición crónica a nivel continental, así como asignaciones eficaces y transparentes de recursos con acciones orientadas hacia mejorar políticas de desarrollo sostenible en las áreas de mayor incidencia.
Los parámetros de desarrollo -en países con riquezas tan enormes como sus sectores de pobreza- deberían estar sustentados en indicadores válidos y técnicamente correctos sobre políticas para erradicar la desnutrición crónica infantil. Para ello, los programas de asistencia alimentaria deben independizarse de las estrategias propagandísticas gubernamentales y funcionar de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil que les sirvan de aval. La sociedad, si se involucra y desecha sus prejuicios, sería capaz de cambiar esta atroz realidad de la infancia.
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