De los gobernantes que Perú ha tenido en los últimos 30 años, uno está preso por corrupto y dos son investigados por acusaciones de corrupción, en tanto que dos y únicamente dos, ya fallecidos, son considerados ejemplo de honradez. Solo los expresidentes Fernando Belaúnde (1963-68 y 1980-85) y Valentín Paniagua (interino, 2000-2001) tienen una imagen […]
De los gobernantes que Perú ha tenido en los últimos 30 años, uno está preso por corrupto y dos son investigados por acusaciones de corrupción, en tanto que dos y únicamente dos, ya fallecidos, son considerados ejemplo de honradez. Solo los expresidentes Fernando Belaúnde (1963-68 y 1980-85) y Valentín Paniagua (interino, 2000-2001) tienen una imagen acrisolada, en tanto que Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, y admitió su culpa en los segundos.
El socialdemócrata Alan García (1985-90 y 2006-11) y el centrista Alejandro Toledo (2001-06) afrontan por estos días acusaciones y sospechas de corrupción y son investigados por el ministerio público y el primero también por el parlamento.
García es investigado por posible enriquecimiento ilícito, por haber comprado una residencia en 830 mil dólares, suma que a simple vista está por encima de las posibilidades de quien a lo largo de su vida solo se ha dedicado a la política.
El veterano y hábil político alega que desde que dejó el gobierno, en julio de 2011, ha ganado más de un millón 300 mil dólares por dar conferencias en el extranjero y por la pensión de exgobernante y las regalías de tres libros publicados.
La indagación a Toledo se debe a que su suegra belga compró una lujosa casa en Lima, en tres millones 750 mil dólares, y sus detractores insinúan que la operación encubre dinero indebidamente obtenido por el exgobernante.
Toledo sostiene que su suegra recibió herencias cuantiosas al enviudar dos veces y recibió antes una indemnización y una pensión vitalicia del gobierno alemán como sobreviviente de las matanzas nazis de judíos.
El exgobernante atribuye la acusación a enconos políticos, lo que también alega García, cuyas explicaciones carecen de credibilidad, según el analista Raúl Wiener, porque sigue sin explicación cómo un exgobernante de origen humilde y que solo ha hecho política tenga un cuantioso patrimonio.
Una comisión parlamentaria investiga paralelamente diversos casos de corrupción registrados en el último gobierno de García y que han quedado impunes.
Tras su primera administración, el exgobernante socialdemócrata fue enjuiciado por enriquecimiento ilícito, pero se acogió a la prescripción judicial y no fue sentenciado.
La investigación fiscal es vista con escepticismo por veteranos periodistas y analistas, a la luz de la experiencia de grandes e importantes casos que han quedado en la impunidad o han terminado con castigo solo para personajes secundarios.
La pesquisa a García ha motivado incluso la preocupación del presidente de la comisión congresal que investiga al exgobernante, Sergio Tejada, quien teme que la pesquisa frustre la que tenía proyectada el poder legislativo.
Según advierte Tejada, el parlamento no podrá intervenir si el ministerio público archiva el caso, lo que ha ocurrido con todos los exfuncionarios del gobierno de Garcia cuyos casos ha tratado esa instancia.
Los casos de García y Toledo coincidieron con el anuncio de una nueva Estrategia Anticorrupción del gobierno con acciones preventivas y ajustes legales para combatir lo que la mayoría de los peruanos consideran el principal problema del Estado, según una encuesta oficial realizada en 2010.
La estrategia fue precedida por la creación, en enero último, de la Comisión Nacional Anticorrupción, y prevé mejorar el control interno y los procedimientos de compras en el aparato estatal, y crear un sistema de alerta temprana, indicó el primer ministro, Juan Jiménez.
La mayor protección a denunciantes y testigos, la unificación de las normas legales anticorrupción y la estandarización y mejora de los mecanismos de recepción de denuncias, están igualmente incluidos en la nueva estrategia.
La gravedad del problema se evidencia en el hecho que un estudio divulgado en 2012 por el investigador Alfonso Quiroz afirma que la corrupción causa daños económicos al Estado por entre 30 y 40 por ciento del presupuesto nacional y del tres al cuatro por ciento del producto bruto interno.
El contralor general de la república, Fuad Khoury, informó en noviembre de 2010 que en los 18 meses anteriores -la mayor parte en el gobierno de García- la pérdida fue entre el 10 a 15 por ciento del presupuesto nacional, lo que puede llegar a nueve mil millones de nuevos soles (tres mil 530 millones de dólares).
Otro problema es la tolerancia social a la corrupción por su práctica generalizada, al punto que es usual y hasta un argumento de proselitismo callejero, alegar que un político cuestionado «roba, pero hace obra».
Manuel Robles Sosa. Corresponsal de Prensa Latina en Perú