Razones de conveniencia política, y no de honestidad, han llevado a las autoridades del gobierno arnulfista de Juan C. Varela a destapar el hediondo tamal de algunos ex funcionarios de la administración de su ex aliado Ricardo Martinelli que se (¿presume?) han enriquecido a costa del erario. Parafraseando a Martinelli, que gustaba decir respecto al […]
Razones de conveniencia política, y no de honestidad, han llevado a las autoridades del gobierno arnulfista de Juan C. Varela a destapar el hediondo tamal de algunos ex funcionarios de la administración de su ex aliado Ricardo Martinelli que se (¿presume?) han enriquecido a costa del erario. Parafraseando a Martinelli, que gustaba decir respecto al gobierno del PRD «entran pobres y salen millonarios», los funcionarios del gobierno «CD» parece que hicieron lo mismo, «metieron las patas y las manos» y «salieron multimillonarios».
Si subordinados, como el ex precandidato presidencial del CD y ex ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, o el ex director del Programa de Ayuda Nacional («PAN»), el Sr. Guardia, salieron con fortunas millonarias del anterior gobierno ¿debemos presumir que el «capo» de ellos no hizo lo mismo?
Si el magistrado de la Corte Suprema de «Justicia», Moncada Luna, para justificar su repentina fortuna alega que recibió préstamos millonarios de manera directa del empresario «Pipo» Virzi, ex vicepresidente de la República por el PRD y miembro de ese partido, ¿fue por amor al arte o había algún interés «jurídico» de por medio? Además Virzi admite públicamente haberle «prestado» dineritos al propio Martinelli y a su antecesor Martín Torrijos. ¡Hum!
Las confesiones de Virzi, en el sentido de que presta plata a connotados políticos fuera del control de la Superintendencia de Bancos, ¿no constituyen en sí mismo un delito? ¿No debieran propiciar una investigación que se extienda a todos los gobiernos «democráticos» de estos últimos 25 años, sus presidentes y sus «empresarios amigos»? Si en verdad se hiciera, seguro que saldría mucho lodo, pues esa ha sido la historia de Panamá, desde 1903, una oligarquía que ha acumulado riquezas medrando del estado.
¿Las actuales autoridades panameñistas encabezadas por Varela estarán en verdad dispuestas a investigar «caiga quien caiga»? ¿O sólo quieren «remecer un poquito el palo», trapear el piso con un par de amanuenses de segunda categoría, pero no se atreverán a meterse con los caciques políticos y sus «círculos ceros» de poderosos empresarios y banqueros? Banqueros que aceptaron depósitos millonarios a sabiendas que eran ilegales sin informar a la Superintencencia y a la UAF.
¿Se repetirá la historia? Mireya dizque investigó el CEMIS, pero nadie fue preso; Martín jamaqueó a la funcionaria de los «duro dólares», pero no tocó a «la Doña»; Martinelli descargó contra los ministros de Educación del PRD, puso a sudar a Pérez Balladares, pero hasta ahí nomás. Ninguno va más allá porque luego salen los vasos comunicantes que los hermanan a todos en la corrupción: el régimen político corrupto, antidemocrático y oligárquico.
El colmo del descaro es la manipulación mediática de la pequeña punta del témpano que se ha descubierto, ya que los mismos que entronizaron a Martinelli y lo apoyaron denodadamente, ahora se apartan y se dan golpes de pecho como si la cosa no fuera con ellos. Estamos hablando de los grandes medios de comunicación y sus dueños, así como los propios dirigentes panameñistas, empezando con Varela y de algunos políticos de PRD. Todo está dirigido a focalizar el asunto contra los tres testaferros mencionados, sin ir al fondo, y mucho menos al sistema político corrupto que ha propiciado esos actos. Bueno, hasta el propio Martinelli ahora se desentiende de sus títeres.
La prueba de fuego de que el objetivo del nuevo grupo gobernante es denunciar a un par de segundones para que nada cambie, es el propio proceso electoral en los circuitos donde hubo impugnaciones contra candidatos del CD, los cuales ganaron pero que se les acusa de usar millones de dólares, provenientes del P.A.N., en la compra de votos.
Los magistrados del Tribunal Electoral, denominados por el PRD, el Panameñismo y la «sociedad civil», como «custodios de la democracia», no se atrevieron a vetar a los impugnados y mandarlos a la cárcel, pese a la abundancia de evidencias. Eso significaría admitir que todo el sistema electoral esta viciado por la corrupción y el dinero desde hace años, incluyendo la elección que dio la Presidencia de la República a Varela.
En vez de eso, impugnaron algunas mesas y les han permitido volver a correr a los violadores de la ley, los cuales, como el caso de Tito Afú en Los Santos y Noriel Salerno en Aguadulce, han vuelto a ganar, porque la elección sigue determinada por el poder económico y la corrupción. Con lo que contradictoriamente, se debilita el gobierno de Varela y su «pacto de gobernabilidad» con el PRD, se fortalece Martinelli y el CD los cuales están a punto de controlar la Asamblea Nacional con una clara mayoría. Esto es posible porque en la política panameña el dinero sigue mandando y la única manera de evitarlo cambiando todo el régimen corrupto.
Por las razones expuestas, desde el movimiento obrero y popular panameño debemos levantar la exigencia de investigación a fondo, juicio y castigo a todos los corruptos empezando por los jefes; pero no podemos quedarnos en esos límites, pues mientras persista un sistema político electoral antidemocrático, controlado por la oligarquía, en que impera el poder económico, persistirá la corrupción rampante.
Por ello, las demandas de castigo a los ladrones deben mantenerse acompañadas de la consigna POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE ORIGINARIA que saque del poder a los corruptos y refunde al estado y sus instituciones sobre la base de la democracia popular, el control público sobre los funcionarios y la verdadera revocabilidad de mandato en manos del pueblo.
Para que sean realidad concreta y pronta, tanto la Asamblea Constituyente originaria, como el castigo a los corruptos y el final del régimen oligárquico y antidemocrático, se requiere urgentemente la constitución de un frente común que unifique al movimiento social y la izquierda en un proyecto político unitario que se proponga ser alternativa de gobierno.
La clase trabajadora, los campesinos, indígenas y los estudiantes no podemos confiar ni en políticos, ni en partidos de la burguesía que han pelechado de los diversos gobiernos oligárquicos impuestos por la invasión norteamericana el 20 de Diciembre de 1989, porque ellos son la fuente de la corrupción. Sin un gobierno salido de abajo, de la movilización popular y sus organizaciones no habrá cambio verdadero, pues la corrupción no es sólo el robo descarado de los fondos públicos, sino también el ataque a los derechos sociales y económicos de la clase trabajadora.
En última instancia, mientras subsista un sistema capitalista que convierte a los seres humanos en mercancías, que «cosifica» a las personas y reviste de aparente vida a objetos inanimados como «el mercado», para someternos a su «voluntad»; mientras subsista la explotación de los trabajadores para enriquecer a una clase minoritaria, subsistirá la corrupción. Porque la corrupción es la esencia del sistema capitalista, lo cual se demuestra a cada rato en todos los países del planeta. Por ello, no podemos renunciar nunca a la lucha por el socialismo, so pena de seguir esclavizados de los corruptos.