Las delegaciones serbia y kosovar expusieron ayer sus respectivas y contrapuestas posiciones al comienzo de las audiencias de la Corte Internacional de La Haya. Belgrado insiste en hacer tabla rasa y, esta vez sí, negociar. Pristina sostiene que no hay marcha atrás. Cada parte contará con sus apoyos durante el proceso, tanto por parte de estados como de expertos en derecho internacional.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) inició ayer las audiencias sobre la legalidad de la declaración de independencia de Kosovo.
Las delegaciones de Serbia y de Kosovo fueron las primeras en exponer su respectivas posiciones en un proceso de audiencias orales que culminará el 11 de diciembre y en el que participarán un total de 29 estados.
El Gobierno serbio logró en octubre del año pasado que la Asamblea General de la ONU accediera a pedir a la corte una «opinión consultiva» sobre la conformidad de la declaración por Kosovo de su independencia -el 17 de febrero de 2008- con el derecho internacional.
En este caso no se trata de dirimir un conflicto entre dos estados, que fue en origen el objetivo de la creación de la CIJ en 1946. No obstante, el citado tribunal ha emitido en su medio siglo largo de historia 25 «opiniones consultivas» directamente solicitadas por la ONU a su máximo organismo judicial, la última de ellas en julio de 2004 , cuando la CIJ juzgó «contrario a derecho internacional» el Muro del Apartheid que Israel ha levantado en Cisjordania.
Desafío
El embajador de Serbia en el Estado francés y portavoz de la posición de Belgrado, presentó la independencia de Kosovo como «un desafío al orden jurídico basado en el principio de la soberanía de los estados».
Dusan Batakovic siguió el guión anunciado por el ministro serbio de Exteriores, Vuk Jeremic, y se concentró en argumentaciones jurídicas al apelar a la Resolución 1244, por la que la ONU asumió en 1999 la administración del enclave aunque reconocía formalmente la soberanía nominal de Belgrado sobre el territorio. Ello no le impidió, no obstante, recrear el imaginario serbio al advertir a los magistrados que «la cuestión que tienen entre manos es esencial para mi país, porque Kosovo es la cuna histórica de Serbia y es esencial para su identidad».
El jefe de la delegación serbia reiteró la promesa de Belgrado de que, en caso de que la CIJ dé la razón a sus pretensiones, se podrían retomar las negociaciones. «Rechazamos la afirmación según la cuál todas las posibilidades de negociación están agotadas». Esta afirmación contrasta con el torpedeo constante por parte de la delegación serbia a todo intento de solución negociada durante el proceso que precedió a la declaración de independencia de Kosovo.
«Irreversible»
El ministro de Exteriores del Gobierno de Pristina, Skender Hyseni, replicó que «la independencia de Kosovo es irreversible» y recordó que «nosotros no podemos participar en negociaciones que pongan en cuestión nuestro estatus en cuanto estado independiente y soberano. No puede haber marcha atrás», insistió.
El jefe de la delegación kosovar trajo a colación los «crímenes contra la humanidad» de las Fuerzas Armadas serbias contra la población kosovar y añadió que «pese a las dificultades del pasado y los sufrimientos del pueblo de Kosovo, deseamos tener relaciones de buena vecindad con Serbia». En esta línea, se mostró favorable a debatir con Serbia «sobre cuestiones prácticas de interés común», pero «sobre una base igual, entre dos estados soberanos».
Expertos en derecho internacional han llegado a La Haya para apuntalar las posiciones de las dos partes.
Entre los 29 estados representados, EEUU, Estado francés y Croacia se alinean con Kosovo. China, Rusia y el Estado español hacen suya la causa serbia.
Un año después, 63 países han reconocido la independencia de Kosovo.
Contabilizan hasta ahora 13.000 muertos y desaparecidos
Hurgando en la tierra y recogiendo testimonios, una ONG serbia, Humanitarian Law Center (HLC), trabaja para establecer un balance de víctimas del conflicto de Kosovo, una cuestión que tendrá su peso durante las audiencias en la Haya.
«Hemos contabilizado hasta ahora 13.000 muertos o desaparecidos», explica Bekim Blakaj, responsable de HLC en Kosovo, que concreta que se trataría de 11.000 albaneses y unos 2.000 serbios o miembros de otras minorías en Kosovo. «Establecemos una lista de víctimas con todos los detalles, fotos, testimonios y circunstancias en las que fueron ejecutados», explica Natasa Kandic, responsable de la ONG, que ha reunido para esta labor a un grupo numeroso de militantes de derechos humanos serbios y albaneses, aunque también de otras minorías.
Los analistas coinciden en que las conclusiones de estos trabajos pueden ser determinantes en el proceso abierto por la ONU. «Al practicar masacres sistemáticas y que formaban parte de una política de Estado cuyo objetivo era el exterminio de los albaneses, Serbia abrió la vía para que Kosovo reclamara su propio estado», señala Belul Beqaj, que colige que «tú no puedes ejercer tu soberanía con asesinatos en masa o exterminando a la población, para reivindicar luego el derecho a administrarla».
Maxhun Alimehaj, vecino de Lubeniq, en el oeste de Kosovo, lo tiene claro. «Ningún tribunal podrá decir a los 112 huérfanos de este pueblo que olviden a sus progenitores, se reconcilien con Serbia y acepten que vuelva a dirigir los asuntos de Kosovo».