Pocas veces en el pasado político panameño se presenció algo similar a lo producido el lunes 18 y martes 19 de junio de la presente semana. El gobierno del presidente Ricardo Martinelli quedó totalmente aislado, con sus flancos políticos descubiertos y sin una base social sobre la cual descansar. El intentó del mandatario de burlarse […]
Pocas veces en el pasado político panameño se presenció algo similar a lo producido el lunes 18 y martes 19 de junio de la presente semana. El gobierno del presidente Ricardo Martinelli quedó totalmente aislado, con sus flancos políticos descubiertos y sin una base social sobre la cual descansar. El intentó del mandatario de burlarse de los panameños con proyectos de ley concebidos exclusivamente para asegurar su reelección en 2014 no pudieron ser debatidos en la Asamblea de Diputados. Ante la movilización de un pueblo enardecido, tuvo que suspender las sesiones extraordinarias que formaban parte de su estrategia para lograr sus fines tácticos.
Todos los sectores afectados por el desgobierno de Martinelli salieron a protestar ante el exabrupto de querer inflar la Corte Suprema de Justicia con magistrados afines y de embolsarse el Fondo Fiduciario que tiene más de 2 mil millones de dólares en su cuenta. Martinelli se ganó el rechazo de todos los sectores populares y, además, logró romper con sus aliados naturales que forman parte de los grandes intereses económicos del país. No es casual que después de las manifestaciones populares, Martinelli hiciera un llamado a «la paz y a la reflexión». Anunció que llevaría sus propuestas al foro creado en torno a la Concertación Nacional hace varios años para su amplia discusión.
La Asamblea fue rodeada por un pueblo enojado pero sereno desde todos los puntos cardinales. Los estudiantes del Instituto Nacional (el «glorioso nido de águilas») en perfecto orden llevaban la bandera nacional y carteles denunciando los atropellos del gobierno. Estos fueron apoyados por jóvenes universitarios y de otros planteles secundarios. Desde otra dirección aparecieron los obreros de la construcción flanqueados por otros sectores populares. También aparecieron varias columnas de los partidos de la oposición quienes habían pactado un frente de acción junto con importantes elementos de la antigua Cruzada Civilista y del Consejo de Trabajadores (CONATO). No se quedaron atrás representantes de los pueblos indígenas, de los campesinos y pescadores, así como otras organizaciones populares.
Martinelli quedó aislado en la Presidencia observando como sus diputados eran arrinconados y neutralizados politicamente en la Asamblea. Apenas hace una semana sintió lo mismo en un escenario internacional cuando 192 delegaciones reunidas en la OIT (Ginebra) se levantaron y boicotearon su presencia en el salón de actos.
Varias organizaciones ya habían pedido la renuncia de Martinelli al conocerse las intenciones del gobierno de liquidar el 49 por ciento de las acciones de las empresas eléctricas y telefónicas que fueron privatizadas en 1996. Según el Partido Alternativa Popular (PAP) la venta de las acciones le significarían enormes ganancias privadas a los actuales gobernantes. El dirigente popular y profesor universitario, Juan Jované, por su lado, exigió la renacionalización de las todas las empresas privatizadas.
El PAP denunció que «la oligarquía recibió a principios de año la luz verde para construir hidroeléctricas subvencionados por el gobierno. Además, (el gobierno) le permite a las empresas mineras saquear las riquezas del país y despojar a las comunidades de sus tierras». También señaló que «el equipo de Martinelli está preparando el proyecto de ley para privatizar la empresa minera estatal CODEMIN, dueña de la concesión sobre Cerro Colorado en la Comarca Ngobe-Buglé. El potencial de Cerro Colorado se calcula, actualmente, en 70 mil millones de dólares». Esta suma es el potencial que puede generar la mina en un total de 30 años de explotación.
El PAP también planteó que urge poner en práctica «un plan para controlar en forma inmediata los precios de los bienes básicos de consumo de la población». La política de inversiones del actual gobierno ha desatado una inflación no vista en el pasado que pone en peligro las economías de las familias panameñas. El PAP señaló que en vez de aumentar las tarifas eléctricas a partir del 1º de julio, deben reducirlas para que reflejen la realidad del país. Rechazó «la construcción de una Ciudad de la Salud para promover el turismo, mientras que las enfermedades erradicadas se vuelven a asomar para azotar a la población». Con fondos del Seguro Social se pretende construir esa Ciudad a un costo superior a los 500 millones de dólares que endeudaría al país y favorecería a un pequeño grupo de especuladores. «En vez de mercantilizar a la Caja de Seguro Social hay que ponerla al servicio de sus dueños que son los trabajadores que cotizan», concluyó el PAP.
El documento que circuló el PAP, «condena a la oligarquía y a su ‘Corte Suprema de Justicia’ que recientemente desprotegió a la bahía de Panamá y sus humedales sólo para beneficiar a una docena de empresas urbanísticas con planes de destruir a la ciudad de Panamá». Denunció, igualmente «la orgía -a vista y paciencia de todo el pueblo panameño- que realiza la Asamblea de los 71 Diputados que se reparten los recursos del país como si fuera un botín».
La agenda de Martinelli, aunque el lo niega, es reelegirse en 2014. El rechazo ha sido contundente. No hay que olvidarse, sin embargo, que Martinelli aún controla la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional y es comandante en jefe de la Fuerza Pública.
Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.
http://marcoagandasegui11.blogspot.com
Fuente: http://alainet.org/active/55813