La defensa del derecho a la educación pasa por la del servicio público

¿Privatización de la educación o privación de educación?

El derecho a la educación es reconocido universalmente, tanto por las organizaciones internacionales especializadas como por los gobiernos de los países miembros. Con todo, en la práctica permanece sin eficacia en la mayoría de los países, sobre todo con respecto a la escolarización de las muchachas. La educación primaria universal se inscribe en el «Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales»[1] y, junto con la igualdad entre muchachos y muchachas, representa uno de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo formulados por la Organización de las Naciones Unidas[2]. Sin embargo, debido a los recortes de presupuestos y reducciones de personal en el sector educativo público impuestos a los países del Sur por las políticas neoliberales, con las consecuencias dañinas que se siguen (rigor salarial, flexibilización de los contratos de trabajo, vetustez de las infraestructuras, sobrecarga de las clases…), los medios desplegados para intentar lograr estos objetivos y para asegurar el disfrute completo de este derecho permanecen lamentablemente limitados e inadecuados. Tales políticas neoliberales amenazan el derecho a la educación, y más generalmente el derecho al desarrollo, en sus dimensiones económicas, sociales y culturales.

A menudo la promoción de la educación es declarada necesaria a condición de que conduzca a su privatización. Aun fracasado y controvertido, el aspecto educativo de las políticas neoliberales sigue siendo aplicado bajo sus distintas formas. Uno de los aspectos más sorprendentes de estas políticas es la prioridad concedida a la financiación por el Estado de la educación privada. Se utilizan masivamente fondos públicos para distribuir vouchers[3] destinados a ayudar a estudiantes a pagar sus estudios en escuelas privadas, financiar la externalización de servicios para proveedores privados, o sostener, por medio de subvenciones y reducciones de impuestos, a las universidades privadas que aumenten sus capacidades de recepción. En la era de la globalización neo-liberal, se moviliza al Estado, sobre todo en materia de educación, en favor del sector privado. El monto de los gastos de educación en el mundo supera hoy los 2 billones de dólares estadounidenses[4]. Los beneficios que las empresas transnacionales esperan de una mercantilización más avanzada del sector de la educación son gigantescos.

En la mayoría de los países del Norte, los sistemas educativos se segmentaron y funcionan cada vez más «con dos velocidades». En los países del Sur, sujetos a los planes de ajuste estructural, la subida de las tasas de escolarización de los niños en las enseñanzas primaria y secundaria frecuentemente se acompañó también del incremento de las tasas de abandono entre los alumnos más pobres – desde la enseñanza primaria. La masificación del acceso a la educación no significó la «democratización» de la escuela, que sigue sin ser igualitaria. Los efectos de la privatización de la educación son los más negativos para los más pobres, excluidos del sistema. Los mercados privados privan a los pobres de un acceso real a los servicios educativos, como también de la satisfacción de otras necesidades esenciales: agua, alimentación, salud… Una discriminación operada por el Estado contra el sector educativo público amenaza no sólo con desalentar a los jóvenes en la prosecución de sus estudios, sino también con fomentar las divisiones entre alumnos según criterios socioeconómicos y promover particularismos, ya sea por el origen, el color o la creencia.

El apoyo de la teoría económica dominante al neoliberalismo

Esta tendencia hacia la privatización de la educación se funda, en la teoría económica actualmente dominante -la economía neoclásica-, en la idea de que la educación sería un bien privado y debería ser pagada por los individuos. Recordemos que la ambición de los neoclásicos es explicar los hechos socioeconómicos a partir de los comportamientos de maximización del homo oeconomicus. Centro de este paradigma, la teoría del equilibrio general de los mercados, tiene por objeto determinar la forma en que pueden coordinarse las elecciones, supuestamente libres, racionales y movidas por el interés personal, de agentes muy numerosos efectuando intercambios. Contrariamente a los bienes producidos por el mercado, de uso privado y cuyos intercambios se mediatizan por los precios, otra serie de bienes, llamados bienes públicos, presentan la especificidad de ser objetos de un consumo colectivo. Por naturaleza, no pueden estar producidos ni asignados por mercados: su producción debe confiarse al Estado. El conocimiento entra en esta categoría. La educación se cocibe como un aporte de externalidades positivas para la colectividad. El concepto de externalidad designa una interdependencia directa entre agentes sin compensación monetaria por los precios del mercado. En presencia de externalidades, la teoría neoclásica acepta la intervención del Estado por razones similares a las avanzadas en el caso de los bienes públicos: asimilables a bienes sin precio (o a precio nulo), y en consecuencia abundantes, las externalidades causan un exceso de demanda y una insuficiencia de la oferta, apelando a una asunción de la misma por parte del Estado, puesto que los ajustes por los precios no funcionan ya. A pesar de esta tolerancia teórica de la intervención pública, la mayoría de los economistas neoclásicos se pronuncian en general, de manera totalmente ideológica, en favor de la educación privada. Milton Friedman (Premio Nobel 1976) abrió la vía, manteniendo que la intervención del Estado más allá de los servicios educativos espontáneamente ofrecidos por el mercado «no es necesaria».

Difundida a partir de los años sesenta por el economista neoclásico Gary Becker (Premio Nobel 1992), la teoría del capital humano es un análisis microeconómico del comportamiento de la formación. Considera la educación como una inversión en un capital particular, indisociable del individuo que elige formarse, por un cálculo de las rentas que esta formación le aportará en lo futuro gracias al aumento de la productividad de su trabajo. Esta teoría se puede criticar. En primer lugar, asimila la educación a una mercancía, susceptible de acumularse en función de mecanismos de precio de mercado. Este análisis se utilizó sobre todo para combatir la gratuidad de la educación, porque la ausencia de venta a precio de coste no podría sino implicar fallos del sector público. A continuación, postula una cadena de relaciones de causalidad entre formación, productividad e ingreso. Sin embargo, estas relaciones distan mucho de comprobarse en la realidad, a causa de la existencia de disfunciones en los mercados laborales (desempleo, informalidad, discriminaciones…), de evoluciones divergentes entre productividades y remuneraciones, y de divergencias posibles de salarios para niveles de productividad similares. Por último, esta teoría se pierde en la ficción de la libertad de elección individual de los agentes, que calla las relaciones sociales de dominación. Legitima las desigualdades de ingresos, justificándolas por divergencias de productividad laboral, a su vez explicadas por las diferencias de los niveles de cualificación, in fine por la «predilección» mayor o menor de los individuos por la educación. Los ricos merecerían serlo, porque hicieron la elección de estudiar – sin estar remunerados durante sus estudios. El problema es que los pobres no solamente no tienen los medios de financiar sus estudios, sino que ni siquiera tienen otra alternativa que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir.

El concepto microeconómico de capital humano también es utilizado por los neoclásicos, en su nueva teoría del crecimiento, para explicar los motores del progreso técnico. Esta teoría macroeconómica explica el crecimiento de manera endógena, sin factores exógenos, en particular gracias a la acumulación de los conocimientos o del capital humano por los agentes privados, reaccionando a los precios de mercado y motivados solamente por el lucro. Esta visión de la educación corresponde a la del proyecto neoliberal[5]. Es cierto que reconoce el papel motriz del conocimiento en el crecimiento económico, pero niega inmediatamente su naturaleza de bien público o de patrimonio común de la humanidad, así como su dimensión colectiva y social de reparto, para reducirlo a una mercancía apropiada y remunerada de manera privada. Tal es la contradicción en la cual se encierra Robert Lucas (Premio Nobel 1995), conocido por sus trabajos sobre el papel del capital humano en el crecimiento. Según Lucas, el Estado debería ser movilizado solamente para apoyar la regulación del mercado de la educación por el capital dominante y para estimular la acumulación privada del conocimiento con un sentido de lucro[6].

Saber y educación según el Banco Mundial

Estos análisis micro y macroeconómicos sirvieron de bases teóricas a las recomendaciones del Banco Mundial en cuanto a la educación y el saber[7]. Según esta institución, el «bienestar económico y social» pasaría por la apertura al «libre comercio» y, en el seno de cada economía, por la «libre competencia». En el ámbito que nos ocupa, la estrategia del Banco Mundial incluye tres ejes principales: i) Privatizar los sectores de información y telecomunicaciones: el acceso a estos servicios tropezaría con monopolios de Estado ineficaces y con regímenes reglamentarios que frenarían la oferta. Sería posible suprimir estos bloqueos, para lo cual sería necesario adoptar un régimen reglamentario que favoreciera la competencia, la ampliación de la cual debiera preceder a la privatización. ii) Desmantelar la investigación pública para someterla a las leyes del mercado: para fomentar que los laboratorios públicos respondan a las necesidades del sector productivo, sería conveniente transformar los institutos de investigación en sociedades anónimas. iii) Promover la educación privada: hay que fomentar el desarrollo de la educación, y la mejor manera de proceder sería apoyar la acción del sector privado, para incitar a dicho sector a invertir masivamente en la enseñanza – si fuera necesario, ayudando a los pobres a pagar sus estudios. El Banco Mundial realiza la hazaña de concitar el objetivo de desarrollo del «mercado del conocimiento» con el de la reducción de «desigualdades ante el conocimiento» sin concebir siquiera la idea de una lucha contra la desigualdad de riquezas entre clases y entre naciones, que pasa por políticas redistributivas.

La recomendación de un acceso a la educación básica formulada por el Banco Mundial se explica básicamente por el hecho de que se trata, según sus expertos, del lugar privilegiado de la inversión en capital humano, y en consecuencia también, por sus efectos de productividad y de renta, de uno de los vectores de reducción de la pobreza y de equidad. Esta última se caracteriza por la «igualdad de oportunidades», esto es, no una igual inversión, sino iguales oportunidades de invertir[8]. Basándose en esta argumentación el Banco Mundial dirige el fuego contra las intervenciones del Estado, juzgadas autoritarias y uniformadoras, y también contra las organizaciones representativas de profesores. Estas críticas le conducen a predicar la puesta en práctica de acuerdos de asociación entre el sector público y el privado, en los que el perímetro del sector privado se extiende mucho más allá de los padres, las comunidades y las organizaciones no gubernamentales, para integrar así a las empresas transnacionales, que disponen de los medios para coaccionar las alternativas de ámbito nacional y para profundizar el neoliberalismo. Según el Banco Mundial, los principios que deben orientar estas asociaciones son la participación, las ayudas específicas (targeting) y la descentralización[9]. Sin embargo, estos principios deben ser objeto de una reformulación, ya que el concepto de «capital humano» puede entenderse de manera diferente de como lo interpreta la teoría neoclásica o del enfoque que le da el Banco Mundial: no para reducir el trabajo cualificado a un capital, sino para valorar el desarrollo íntegro de la persona. Romper la máquina de guerra neoliberal de privatización de la educación no basta; aún es necesario determinar los fundamentos de políticas educativas alternativas.

Para un derecho a la educación hecho efectivo gracias al servicio público

La participación debe referirse en primer lugar a los profesores, invitados a evaluar el trabajo realizado, a delimitar los problemas más urgentes, a reflexionar sobre la manera de arreglarlos, y a formular colectivamente propuestas destinadas a las autoridades tutelares. Las informaciones y sugerencias deben difundirse ampliamente, estar discutidas. La implicación de los alumnos y de sus padres debe ser lo más activa posible para mejorar la calidad del sistema educativo. Sólo habrá una verdadera participación si ésta es organizada por las propias bases. El tratamiento preferencial de las poblaciones más desamparadas debe descartarse del targeting (orientación específica), promoviéndose en su lugar asistencias personalizadas que refuercen un sistema de seguridad social ya universalizado. Debe encontrarse un equilibrio entre una descentralización necesaria, para que las diferencias culturales sean respetadas, y la imprescindible centralización del sistema educativo, así como de la política social puesta en marcha por el Estado – condición de una reducción efectiva de las desigualdades y de un desarrollo equitativo. Este último no tomará su sentido y dimensión más que inscribiéndose en la búsqueda de un objetivo de igualdad. La igualdad de oportunidades debe ser el medio de realizar la igualdad de las condiciones, y no una finalidad en sí misma[10]. Así pues, todos los alumnos deben beneficiarse de condiciones de educación idénticas, con un nivel homogéneo de preparación en todas las escuelas a las cuales tengan acceso, y esto independientemente de su origen, confesión, lugar de residencia, situación familiar, o de la posición ocupada por sus padres en la división del trabajo.

La educación es una de las claves en las estrategias de desarrollo eficaces y un medio de realizar los objetivos de socialización, de expansión del ser humano y de igualdad. Los principios que deben fundar las políticas educativas democráticas son el carácter público, el universalismo y la gratuidad a todos los niveles de enseñanza. Se trata de construir no sólo mejores sistemas educativos en términos de acceso y de calidad, sino también un mundo basado en el reconocimiento del estatuto no comercial de la educación, de los conocimientos científicos y de las producciones culturales. A pesar de la rarefacción de los recursos, los problemas deben superarse sin privatización, ni cuestionamiento del carácter público, universal y gratuito de la educación. La defensa del derecho a la educación pasa por la del servicio público.