Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Por sus antecedentes académicos y personales, Jennifer Harbury debería formar parte de la elite gobernante de EE.UU. Es graduada de Cornell y de la Escuela de Derecho de Harvard, recibió su título de derecho de Harvard pocos años antes que Barack Obama. En lugar de seguir el camino de la mayoría de sus compañeros de la universidad hacia el dinero y el poder, se convirtió en abogada de ayuda legal en Texas.
Debido a su interés por los derechos humanos viajó a Guatemala a principios de los años noventa para escribir un libro: Bridge to Courage: Life Stories of Guatemalan Compañeros & Compañeras. En esos días conoció, se enamoró y se casó con Everardo (Efraín Bámaca Velásquez), comandante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (UNRG). Luchaba contra el gobierno y los militares respaldados por EE.UU., que estaban cometiendo un genocidio contra la población indígena y los pobres (que terminó con más de 200.000 muertos e innumerables torturados).
En 1992 Everardo fue capturado por los militares guatemaltecos. Harbury solicitó información sobre el paradero de su esposo e hizo una huelga de hambre frente a la Casa Blanca de Clinton, que fue cubierta por los medios y convertida en una historia nacional por «60 Minutes«. La solicitud de Harbury era simple: quería que el Departamento de Estado o la CIA le dijeran qué había sucedido a su esposo. Pero ambos organismos negaron conocer su paradero.
En una entrevista con Truthout , Harbury dijo:
Después de un año de intentos de descubrir lo que realmente le había ocurrido, un joven prisionero escapó del programa de tortura del ejército e informó de que Everardo estaba vivo y era terriblemente torturado. Después de mi tercera huelga de hambre para salvar su vida, en marzo de 1995, el senador por Nueva Jersey Toricelli, reveló que los documentos oficiales de EE.UU. indicaban que lo habían matado agentes guatemaltecos de la nómina de la CIA.
Después de recibir numerosos archivos mediante la FOIA [Ley de Libertad de la Información] quedó claro que el Departamento de Estado y la CIA habían sabido dónde se encontraba Everardo y que estaba en manos de nuestros propios asociados o agentes de la CIA, desde la semana de su captura. También sabían que aproximadamente otros 300 prisioneros de guerra secretos sufrían la misma suerte. Los archivos muestran que todos esos prisioneros fueron torturados hasta la muerte, lanzado a pozos, desde helicópteros, etc., pero no nos revelaron la cerdad hasta 1995. Entonces ya estaban todos muertos. Podríamos haberlos salvado.
Al esposo de Harbury le escayolaron para facilitar su tortura
Harbury descubrió que Everardo estuvo escayolado para limitar sus movimientos mientras le torturaron durante más de dos años antes de que lo asesinaran, todo el tiempo con pleno conocimiento y probable participación operativa de la CIA.
Y luego existe, por supuesto, el legado de la infame Escuela de las Américas (ahora rebautizada eufemísticamente como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en la Seguridad: WHINSEC). Está acusada de impartir clases de tortura, lo que fue admitido por el gobierno de EE.UU. en la época de Clinton. Ahora, bajo su nuevo nombre, WHINSEC, afirma que ya no realiza una instrucción semejante.
Sobre la Escuela de las Américas, Harbury dijo a BuzzFlash en una entrevista de 2005:
Dicho simplemente, la Escuela de las Américas es una institución militar estadounidense que ha ofrecido entrenamiento y educación a funcionarios militares de alto nivel de toda Latinoamérica durante 40 años. Los estudiantes que han entrenado y educado, en inmensas cantidades, resultaron ser los peores abusadores de los derechos humanos en el Hemisferio Occidental. Estamos hablando de gente de alto nivel del gobierno de Pinochet. Estamos hablando de entre ocho y doce de los torturadores de mi esposo. Estamos hablando de gente que participó en una masacre tras la otra en El Salvador, incluidas personas que estuvieron altamente implicadas en el asesinato de Monseñor Romero, las monjas Mariknoll, etc.
El actual presidente de Guatemala recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas
El actual presidente de Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina, recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas y está acusado de ayudar a supervisar el genocidio militar y la tortura en su país. Pérez era jefe de la inteligencia militar guatemalteca en los días de la captura de Everardo, y Harbury ha intentado que se le acuse de violaciones de los derechos humanos. También se afirma que Pérez participó en 1998 en la planificación del asesinato de un obispo guatemalteco que hizo campaña para la responsabilización por las violaciones de los derechos humanos.
Harbury señala que los supervivientes informan a menudo de agentes estadounidenses que estaban presentes en las cámaras de tortura, desenmascarados por sus acentos en español o por hablar inglés. Se vio en el caso de sor Dianna Ortiz, que fue secuestrada en Guatemala por pronunciarse a favor de los pobres. Fue violada en grupo, obligada a matar a otro prisionero con un cuchillo, utilizada como cenicero humano y objeto de otros bárbaros actos de tortura. Ortiz también recuerda que un estadounidense sirvió de consultor mientras la torturaban torturada.
Torturas, asesinatos y desapariciones en países del Cono Sur en los años ochenta
Durante el período de las dictaduras militares en las naciones del Cono Sur de Suramérica, EE.UU. -particularmente bajo Reagan- apoyó regímenes como los de Chile y Argentina que tuvieron las mayores cantidades de desaparecidos, disidentes torturados y asesinados. Más de 30.000 personas fueron «desaparecidas» en Argentina por los militares, torturadas y presuntamente asesinadas (a algunas las lanzaron vivas desde aviones y helicópteros al Río de la Plata entre Argentina y Uruguay, con pesos atados a sus piernas).
En Chile, donde desaparecieron por lo menos 3.000 personas, el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de 2004, confirmó un mínimo de 35.000 personas torturadas en Chile tras el derrocamiento de Allende. Algunos críticos de la comisión argumentan que es un cálculo que tira a lo bajo.
En un comentario reciente en Truthout, Noam Chomsky escribió:
Así John Coatsworth recuerda en Cambridge History of the Cold War que de 1960 hasta «el colapso de la Unión Soviética, la cantidad de prisioneros políticos, víctimas de la tortura y de ejecuciones de disidentes no violentos en Latinoamérica superó ampliamente a los que tuvieron lugar en la Unión Soviética y sus satélites europeos orientales». Esos crímenes, que pueden ser sustancialmente atribuidos a la intervención estadounidense, no inspiraron una cruzada por los derechos humanos [del gobierno de EE.UU.]
¿Cómo se ajusta a México ese trasfondo de tortura y asesinato respaldado por EE.UU. en Latinoamérica?
Para comprender la tortura que se perpetra en la acualidad en México quizá haya que tener en cuenta lo que escribió la hermana Ortiz de su experiencia en Guatemala: «Muy a menudo se supone que la tortura se aplica con el propósito de obtener información. Mucho más a menudo se propone amenazar a las poblaciones para imponer silencio y sumisión. Lo que yo sufrí era un mensaje, una advertencia para otros, para que no se opongan, guarden silencio y cedan ante el poder sin cuestionarlo».
Solo en México, el problema es bastante más complejo porque la tortura es aplicada por los cárteles, la policía, los militares y los escuadrones de la muerte. No es una especulación alocada. El Departamento de Estado lo confirmó en el informe sobre México de 2011 del Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo:
Según se informa, las fuerzas de seguridad participaron en asesinatos ilegales, desapariciones forzosas y casos de abuso físico y tortura.
Los siguientes problemas también fueron mencionados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otras fuentes: secuestros; abuso físico; condiciones pobres, abarrotadas en las prisiones; arrestos y detenciones arbitrarias; corrupción y falta de transparencia que generaron impunidad en el sistema judicial y confesiones obtenidas mediante tortura. Los problemas sociales incluyeron: asesinatos de mujeres; violencia doméstica; amenazas y violencia contra periodistas y usuarios de los medios sociales, llevando a la autocensura en algunos casos; tráfico de personas; discriminación social y económica contra algunos miembros de la población indígena y explotación infantil.
A pesar de algunos arrestos por corrupción, la impunidad generalizada para los abusos de los derechos humanos por parte de los funcionarios sigue siendo un problema en jurisdicciones civiles y militares…
Hubo múltiples informes de desapariciones forzosas perpetradas por el ejército, la armada y la policía…
SEDENA [que supervisa al Ejército y la Fuerza Aérea] fue la entidad gubernamental con la mayor cantidad de quejas de derechos humanos (1.695) presentadas en su contra durante el año.
En México las muertes, la tortura y las desapariciones no están totalmente reflejadas en estadísticas suministradas por el gobierno por varias razones, incluido un mal sistema de información; pero, además, la falta de confianza que muchos ciudadanos mexicanos tienen en la policía y los militares, que a menudo aparecen igual de amenazadores, en especial para los pobres, la población indígena, los centroamericanos que pasan por México y la clase denominada «indeseable».
El informe del Departamento de Estado no detalla ejemplos diarios de uso común de la tortura por parte de la policía para lograr confesiones falsas, obtener dinero adicional por detener la tortura, cobrar por el arresto y la tortura de alguien por una vendetta, torturar a alguien a pedido de un señor de la droga que paga por el servicio, etc.
En ocasiones algún estadounidense cae en la trampa de la tortura en México
El Paso Times informó hace poco:
El ciudadano de El Paso Kevin Huckabee, cuyo hijo, Shohn Huckabee, fue torturado por las autoridades mexicanas después de su arresto en 2009 en Juárez por sospecha de narcotráfico, dijo que el informe [del Departamento de Estado] refuerza algunas de sus sospechas sobre el motivo por el cual ningún funcionario estadounidense o mexicano ha considerado la queja por tortura de su hijo.
«Estoy preocupado porque el Departamento de Estado es capaz de informar de los temas de participación del gobierno, pero sigue manteniendo una relación con fuerzas de seguridad de las que se sabe que están involucradas en abusos de derechos humanos del peor tipo» dijo Huckabee. «No creo que el valor económico de México para EE.UU. valga la pena de que se haga la vista gorda ante la terrible cantidad de violaciones de los derechos humanos».
Pero el gobierno de EE.UU. lo hace.
Segmentos de los militares, policías y del gobierno mexicano están involucrados en la tortura y los asesinatos
De lo que no informa el Departamento de Estado es de que algunos segmentos de los militares y policías mexicanos, así como del gobierno, tienen una antigua y cambiante relación con los cárteles de la droga, combatiéndolos a veces, pero trabajando a menudo con uno u otro a cambio de sobornos. A EE.UU. le sería difícil admitirlo debido a consideraciones políticas interiores, pero el gobierno nacional, la CIA y los militares estadounidenses (a pesar de la supuesta guerra letal contra la droga) toleran la corrupción debida a la droga en gobiernos latinoamericanos mientras los que están en el poder no interfieran con las relaciones comerciales y la dominación militar de EE.UU. o lleguen a ser demasiado populistas.
La reforma agraria, por ejemplo, es el disparador que provoca inquietud en el Departamento de Estado, la CIA y muchos funcionarios elegidos en Washington. Los esfuerzos de la reforma agraria condujeron al derrocamiento por parte de la CIA de un gobierno democráticamente elegido en Guatemala en 1954, y más recientemente a su apoyo al golpe hondureño contra un presidente democráticamente elegido que promovió una modesta reforma.
La guerra de limpieza social del gobierno mexicano
Probablemente ese sea el motivo por el cual EE.UU. ha hecho poco para detener lo que parece la limpieza social realizada por los militares y la policía mexicanos y a veces por los escuadrones de la muerte con la aprobación del gobierno. En un artículo de 2010 en El Universal explica (retraducido del inglés):
A principios de los años noventa, el abogado Miguel Ángel García Leyba y otros ciudadanos formaron el Frente de Sinaloa contra la Impunidad. Durante 10 años reunieron pruebas de las actividades de los «escuadrones de la muerte, causantes de miles de secuestros y de asesinatos en el Estado». Esos grupos estaban compuestos por personal policial o militar.
«La participación de esos escuadrones se conoce públicamente no solo en Sinaloa, sino en todo el país», dice. «Operan con uniformes oficiales, conducen patrulleros y tienen armas, placas y llaves similares a las de las fuerzas del Estado».
Para confirmarlo cita una investigación realizada entre mayo de 2008 y mayo de 2010 a lo largo de las carreteras del noroeste de México. elaboró vídeos, fotografías e informes escritos sobre los puntos de control policiales y militares en Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California. «Los resultados nos sorprendieron, la mayoría de los puntos de control no son solo puntos de extorsión, sino sitios para identificar y ubicar a personas para hacerlas desaparecer, asesinarlas o cometer otros actos contra ellas», dice García.
El artículo de El Universal argumentó que gran parte de los asesinatos en México no solo se deben a las alianzas complicadas y cambiantes en la así llamada guerra contra las drogas, sino también a la «eliminación» de «indeseables» por parte del gobierno.
Javier Sicilia, cuya campaña por la paz en México fue objeto del quinto artículo de Truthout sobre la frontera mexicana, reforzó recientemente la noción de que el asesinato de inocentes está siendo realizado tanto por los militares como por los cárteles de la droga, para no hablar de la policía.
Pregunta: ¿Considera que los que llegan a EE.UU. desde México o de otras partes de Latinoamérica son refugiados porque huyen de esa violencia?
Javier Sicilia: …La gente centroamericana que tiene que cruzar territorio mexicano para llegar a EE.UU. está siendo «desaparecida» por el ejército o el crimen organizado. De una u otra manera parece una limpieza social. En todo sentido, de toda manera, la guerra contra las drogas es inhumana.
La tortura en México es una epidemia
Como Jennifer Harbury señaló en 2005 en la entrevista de BuzzFlash, la tortura «se sale de control. Y porque alguien bajo la tortura dirá cualquier cosa para detener el dolor, a menudo algunos espectadores completamente inocentes son detenidos porque son erróneamente nombrados por personas que sufren un dolor intolerable. Tampoco se puede detener a una fuerza gubernamental o militar. Una vez que se comienza a torturar, también se sale fuera de control.»
Es lo que sucede en México.
Un jefe de sección latinoamericana de la CIA argumenta a favor de un daño colateral «repugnante»
En vista de que la CIA e innumerables agencias de inteligencia de EE.UU., para no mencionar la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA), están arraigadas en México, podría ser adecuado reflexionar en que nuestro verdadero interés gubernamental/corporativo en la nación es como mercado y por tener un gobierno pro EE.UU., no populista.
En un documental de 2007, «La guerra contra la democracia«, del comentarista político izquierdista británico,John Pilger, señala los esfuerzos explotadores y mortalmente antidemocráticos para asegurarse de que Latinoamérica permanezca en manos de las clases gobernantes y abierta a los negocios estadounidenses y a la extracción de recursos naturales al sur de nuestra frontera.
Hacia el final de un recuento del respaldo de EE.UU. a las juntas y al mantenimiento bajo control de diztadorzuelos de hojalata, Pilger entrevistó a Duane Claridge, jefe de la CIA para Latinoamérica desde 1981 a 1984, durante el auge del reino del terror y la muerte en las naciones centroamericanas y del Cono Sur. En una serie notablemente concisa y directa de respuestas, Claridge afirmó clamorosamente que le importaba un bledo si un país era una democracia. Todo lo que importaba era si una nación latinoamericana era o no un obstáculo para los «intereses nacionales de seguridad» de EE.UU., aunque no definió ese término.
Siguen algunos pasajes:
Pilger: ¿Por lo tanto está bien si se derroca a un gobierno democráticamente elegido?
Claridge: Depende de los intereses de seguridad nacional.
Pilger: ¿Qué derecho tienen la CIA y el gobierno de EE.UU. a hacer lo que usted hace en otros países?
Claridge: La seguridad nacional. Vamos para protegernos. Intervendremos cada vez que decidamos que es de interés nacional que lo hagamos, y si no le gusta, trágueselo. ¡Que el mundo se acostumbre!
Es importante entender que el gobierno de Estados Unidos a menudo percibe nuestro interés nacional cono la preservación de nuestro estatus económico mediante la garantía de mercados abiertos, mano de obra barata y recursos naturales. Para hacerlo, EE.UU. acepta la tortura y el asesinato cuando una democracia que representa una mayoría populista -o intenta corregir un desequilibrio económico entre clases- se pone en su camino en Latinoamérica.
«Algunas veces hay que cambiar las cosas de una manera repugnante», afirmó seriamente el jefe latinoamericano de la CIA Claridge, citando el reino del crimen de guerra de Pinochet como ejemplo de un hombre que, según Claridge, salvó su país. «Chile no existiría actualmente si no fuera por Pinochet» afirmó con convicción.
Es posible que pasen generaciones antes que un país como México, tan lleno de cicatrices por la tortura y asesinatos bárbaros desde todas las direcciones, se recupere. Pero el proceso de recuperación todavía no es posible.
La tortura, los asesinatos y el temor no han terminado. Todavía están fuera de control.
Por ahora, con la tortura y el asesinato protegidos por el gobierno -que existen por separado y entrelazados con las guerras de las drogas- algunos sectores de México parecen más una pintura del infierno de Hieronymus Bosch que la democracia civilizada que pretendemos promover.
Puede que haya fundamentos culturales y políticos internos para la tortura y los horrendos asesinatos en cada país en turbulencia al sur de la frontera, pero EE.UU. también es responsable, ya que la tortura es una exportación importante de esta nación a Latinoamérica.
Agradecimiento a la web Frontera de Molly Molloy por el suministro de recursos invaluables para este artículo.
Mark Karlin es editor de BuzzFlash en Truthout. Sirvió como redactor y editor de BuzzFlash durante diez años antes de unirse a Truthout en 2010. BuzzFlash ha obtenido cuatro Project Censored Awards.
rCR