Traducido por Antoni Jesús Aguiló y revisado por Àlex Tarradellas
No vivimos tiempos normales. Como la normalidad es el presupuesto de las encuestas, sospecho que los resultados electorales portugueses no traerán sorpresas. ¿En qué consiste la anormalidad? En el clima de inseguridad generalizada sobre la sostenibilidad del nivel de vida que se viene deteriorando desde el inicio de la década y que ha sufrido fuertes sacudidas en los últimos tiempos: primero, con los ataques al Servicio Nacional de Salud (SNS) por parte del Gobierno de Durão Barroso y del actual durante el periodo Correia de Campos; y, segundo, con la precarización de los derechos de los trabajadores (Código de Trabajo) y la eclosión de la crisis económica con el consecuente aumento del desempleo.
La inseguridad genera una actitud de espera sin gran esperanza que escruta, entre las propuestas de gobierno, la que cause menos daño, no la que traiga más beneficios. Esta actitud esta compuesta por una mezcla de incertidumbre y lucidez de la que emerge una insondable ambigüedad. La incertidumbre deriva de que los ciudadanos no saben si lo que perdieron con el gobierno del Partido Socialista [PS] es superior o inferior a lo que dejaron de perder por ser un gobierno del PS y no uno del Partido Social Demócrata [PSD]. La lucidez reside en saber que, de las sacudidas recientes -la erosión del SNS y la crisis económica-, sólo la primera puede depender del gobierno.
La superación de la crisis económica no depende del gobierno de un país pequeño, de desarrollo intermedio, integrado en la economía europea más desarrollada. Al Gobierno le corresponderá gestionar la crisis y esperar mejores vientos, que soplarán, ciertamente, de fuera. Esta gestión, naturalmente, tendrá matices diferentes con impactos en las políticas sociales y, sobre todo, en las políticas de salud. Pero para que estos matices sean significativos, es necesaria una mayor polarización política, lo que para unos pasa por el fortalecimiento del Centro Democrático Social [CDS] y, para otros, por el fortalecimiento del Bloco de Esquerda [BE] y del Partido Comunista Portugués [PCP].
En este país, la derecha tiene una desventaja importante. Manuela Ferreira Leite (MFL) carga consigo, sin quererlo, con el fantasma del salazarismo. Para los portugueses, el discurso de la austeridad presupuestaria, del equilibrio financiero y del sacrificio significa, en las profundidades de la memoria, estancamiento, atraso, mediocridad histórica. Este es el fardo que, de hecho, MFL ya descargó sobre los portugueses cuando gobernó. Sucede que, estando nosotros en democracia -la asfixia no está en la TV, sino en la exclusión social y en la desolación silenciada que produce-, MFL no será elegida si dice lo que va a hacer. Los silencios del programa son una mezcla de honestidad y de autoritarismo. Pero el PS también tiene un fardo pesado: la promiscuidad entre el sector público y el privado de la que los negocios de Jorge Coelho son un ejemplo chocante, el caso extraordinario de alguien que, no habiendo podido gobernar el país a partir del Estado, parece pretender hacerlo a partir de una empresa.
Es en las políticas sociales, y sobre todo en las de salud, donde el próximo gobierno puede marcar la diferencia. La gran mayoría de los portugueses necesita y necesitará cada vez más el SNS. De la derecha sabe que no puede esperar su fortalecimiento. Pero, ¿y del PS? Depende del partido con el que establezca acuerdo de gobierno, pues el PS, de por sí, está anclado en la promiscuidad referida más arriba.
Poco tiempo después de entrar en funciones la actual Ministra de Salud, el Ministro de Finanzas hizo un contrato escandaloso entre la Dirección General de Protección Social a los Funcionarios y Agentes de la Administración Pública [ADSE] y el Hospital da Luz, creando así un mercado de la salud a costa del Estado, en detrimento de la mejoría de la red de hospitales públicos.
Mientras tanto, el sector privado responde según su lógica, la del lucro, y comete dos ilegalidades ante las cuales la Entidad Reguladora de Salud no hace nada. A pesar de beneficiarse de la ADSE, los hospitales privados discriminan a los beneficiarios del sistema: dan prioridad a las peticiones de consultas venidas de los seguros privados. Segunda ilegalidad: cuando las enfermedades se agravan, las aseguradoras cancelan las pólizas y «mandan» a los enfermos a los hospitales públicos de los que, entre tanto, se pide una gestión empresarial. Ante la incertidumbre que todo esto crea, la lucidez del voto es más necesaria que nunca. Y más difícil de lo que fue nunca.
Artículo original publicado el 24 de septiembre de 2009.
Fuente:
http://aeiou.visao.pt/a-
Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal).
Antoni Jesús Aguiló y Àlex Tarradellas son miembros de Rebelión y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente, a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor, al revisor y la fuente.