Traducido por Gorka Larrabeiti
Una irrupción «inmotivada», la de los agentes de la Comisaría de Arenella, que entraron ayer sin orden judicial al Policlínico II de Nápoles tras tener noticia de un feticidio, y sin embargo se encontraron ante un aborto terapéutico legal, acorde con la ley 194. En un comunicado, la UDI, Unión de Mujeres de Italia, estigmatiza este episodio, que está dando mucho que hablar, y lo califica como una «grave acto intimidatorio».
El Director General del Policlínico, Giovanni Canfora, ha encargado una investigación interna acerca del aborto efectuado en el reparto de obstetricia de la estructura universitaria napolitana, que ha causado la intervención de las fuerzas del orden así como el secuestro del historial clínico de la mujer implicada.
La ministro de Salud, Livia Turco, ha comentado así el suceso: «Estoy profundamente preocupada. Es un episodio que creo que debe hacernos reflexionar a todos, pues refleja el clima de tensión inaceptable que se ha ido creando en torno a una de las decisiones más dramáticas para una mujer cual es la de renunciar a una maternidad. Hemos llegado al extremo de hacer y usar denuncias anónimas. Una caza de brujas».
En el informe del médico jefe del reparto, Carmine Nappi, se lee que «el feto presentaba una alteración cromosómica. Si el embarazo se hubiera llevado a término, habría habido un 40% de posibilidades de un déficit mental. La mujer presentó un certificado psiquiátrico de la misma estructura universitaria sobre el peligro de «grave daño para la salud psíquica», lo cual autorizó la intervención». Una medida terapéutica, pues, en pleno respeto de la ley 194, que se llevó a cabo en la vigésimoprimera semana de embarazo.
La mujer que abortó, expeliendo un feto muerto, tiene 39 años y fue dada de alta ayer por la mañana. Además del historial clínico de la paciente, también el feto -460 gr. de peso- ha sido secuestrado por la Policía, por disposición judicial.
«Se trató de un aborto terapéutico. Una decisión difícil, sufrida», cuenta hoy la mujer, S.S., interrogada por la policía justo después de la interrupción voluntaria de embarazo. Repite hoy lo que explicó a los agentes que intervinieron en el reparto tras recibir una denuncia que informaba a al Policía de un aborto más allá del límite temporal previsto por la ley. «Me han preguntado si para abortar había pagado -añade la mujer- y he explicado que no. Los resultados de la amniocentesis, que me comunicaron el pasado 31 de enero, confirmaban que el feto sufría el síndrome de Klineferter, una anomalía cromosómica».
Para Rina Gagliardi, senadora del PRC (Rifondazione Comunista), se trata de un «hecho gravísimo». «Se siente una inmensa consternación al leer noticias como esta», añade Gagliardi. «Queremos saber quiénes son los responsables de este gesto violento e irrespetuoso y pedimos que paguen por esta conducta deplorable «, concluye la senadora.
Fuente: http://www.repubblica.it/2008/02/sezioni/cronaca/napoli-aborto/napoli-aborto/napoli-aborto.html