La retórica verde de la Unión Europea

El análisis de las políticas de la Unión Europea en el ámbito del medio ambiente no puede hacerse si no es contextualizándolas en el marco de un modelo de desarrollo económico capitalista que está de acuerdo con los principios fundamentales del neoliberalismo. En este sentido, la política ambiental de la Unión no es diferente de las que viene aplicando en el resto de los sectores. El dogma fundamental consiste en subordinar todas las actuaciones -en el caso que nos ocupa, las ambientales- al mercado.

Para poder concretar las repercusiones que se derivan de la primacía de la economía sobre la protección y conservación del entorno, vamos a echar un vistazo a las políticas ambientales reales de la Unión Europea, viendo simultáneamente cómo se apuntalan y maquillan las insostenibles prácticas de la Unión en el texto del Proyecto de Tratado de una Constitución para Europa.

1. El discurso ambiental de la Unión

En los últimos tiempos, la Unión Europea ha ido desarrollando, en el terreno medioambiental, una legislación que en muchas ocasiones resulta más garantista que la de los propios estados miembros. Sin embargo, esta preocupación ambiental no obedece a un verdadero intento por acercarse a la sostenibilidad, sino más bien a que el deterioro ecológico no se puede ya ocultar por más tiempo, así como al hecho de que la población europea ha incrementado su sensibilidad acerca de los problemas ambientales.

La Unión Europea ha tratado de liderar mundialmente el avance hacia un modelo de desarrollo sostenible. Y para ello ha reelaborado la definición de este concepto: desarrollo sostenible significa, para la Unión, la perpetuación de un modelo capitalista de producción y consumo, la entronización de la economía financiera como motor de crecimiento y, a la vez, el aderezo de sus discursos y tratados con un lenguaje ecológico que se adapte a las necesidades del momento [2] .

Como muestra de ello, desde el principio del articulado del Tratado de Constitución Europea se deja constancia de los valores en que se va a inspirar para alcanzar sus objetivos. Así, se hace mención dentro de los objetivos de la Unión (art. I-3.3) a que «la Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente». Durante todo el articulado del Proyecto de Constitución se reitera una y otra vez que lo que se pretende es conjugar la protección ambiental con la economía de mercado. Pero están hablando de un imposible, ya que es precisamente dicha economía de mercado la responsable última de la crisis ecológica en que vivimos. Y cuando se trata de escoger entre una y otra, las políticas de la Unión, como iremos detallando, responden a esta pregunta de una manera meridianamente clara.

Además, estos valores se exportarán, ya que «en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses» y «contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo de los pueblos, el comercio libre y equitativo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, (…)» (art. I-3.4).

Toda esta retórica verde, con la que la Unión Europea intenta lavar su cara menos amable, se ve completada con más afirmaciones en la misma línea: «las exigencias de la protección del Medio Ambiente deberán integrarse en la definición y ejecución de la políticas y acciones (…) con objeto de fomentar un desarrollo sostenible» (art. III-119), y «las exigencias de la protección de los consumidores se tendrán en cuenta» (art. III-120). Pero ¿cómo lograrlo?, ¿hasta qué punto?, ¿quién lo va a llevar a cabo?… Y es que, en definitiva, su propia indefinición deja estos objetivos como un mero brindis al sol.

Como retórico resulta también el artículo II-97, según el cual «las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad». Llama la atención, en efecto, que este artículo no prevea el derecho subjetivo de las personas a un medio ambiente sano (como reconoce el Convenio de Aarhus, firmado por la Unión Europea y por todos los Estados miembros) sino que sea un simple principio rector, es decir, que se trate de un deber de los poderes públicos que no es susceptible de ser exigido por los particulares. Así, las referencias ambientalistas del Proyecto constitucional encajan perfectamente con la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 2001 elaborada por la Unión Europea, que intentaba vestir al capitalismo productivista con un disfraz verde.

En cualquier caso, hay que señalar que es difícil mantener todo este discurso sin caer en la incoherencia. Las contradicciones se ven reflejadas, por ejemplo, al fijarnos en la extensión y el detalle con el que tratan las políticas económicas. En este sentido, existe un apartado exclusivo para el mercado interior y otro para la política económica y monetaria, en los cuales se detallan claramente los criterios de convergencia (art. III-198.1), el control de la inflación (art. I-30.2) o el control del déficit (art. III-185.1), cosa que por supuesto no ocurre con ninguno de los vagos propósitos ambientalistas expresados en el Tratado. Los aspectos medioambientales aparecen en el capítulo de «Políticas de otros ámbitos específicos».

Ante tamaña declaración de intenciones, podemos preguntarnos qué es lo que ha venido haciendo en el pasado la Unión Europea para conseguir la sostenibilidad. Para ello, quizás resulte aclaratorio ir comparando el discurso y la práctica: vamos a ilustrar el texto del articulado constitucional con las políticas sectoriales que a tal efecto se han venido desarrollando, para ver no solo que esos propósitos son inalcanzables sino que ni siquiera hay interés en lograrlos. La política realmente existente de la Unión Europea, insistimos, deja de lado su teórico respeto por el medio ambiente, puesto que choca con la preponderancia de los objetivos económicos neoliberales, los cuales son incompatibles con el avance hacia un modelo social ecológicamente sostenible.

Antes de entrar en el análisis pormenorizado por sectores, conviene dejar constancia de algunos principios fundamentales que rigen el engranaje neoliberal del proyecto europeo, y que tienen enormes repercusiones sobre el entorno.

· El dogma de fe por el cual el bienestar se sigue midiendo a través del PIB (Producto Interior Bruto) -magnitud diseñada básicamente para medir los flujos monetarios, esto es, la actividad de los mercados- constituye también una buena prueba del estrecho cauce por el que se desarrolla la tan cacareada sensibilidad ecológica de la Unión Europea, puesto que muchos hechos que atentan contra la calidad del medio ambiente hallan un reflejo positivo en la contabilidad del PIB. Por ejemplo, esto sucede si el agua del grifo deja de ser potable y hemos de comprar agua mineral embotellada, si se fabrican más automóviles o si se talan más bosques. Para el capitalismo es más rentable destruir para luego reconstruir.

· La Unión Europea se define como un mercado único de competencia libre y no falseada (art. I-3.2) y esto es radicalmente incompatible con la sostenibilidad. Porque ¿cómo puede ser sostenible el continuo transporte de mercancías a través de miles de kilómetros con la ayuda de combustibles fósiles y con el único criterio del beneficio económico?

· La preponderancia del capital financiero en este modelo económico que consolida el actual Proyecto consolida es otro rasgo que pone de manifiesto la primacía de los intereses económicos sobre los ambientales. El impulso promovido por la Unión Europea para la creación de un mercado financiero único [3] refuerza el capital especulativo, el cual tiene funestas consecuencias en el plano ambiental. No en vano, las continuas crisis que causa la especulación financiera se hallan en el origen del desmantelamiento del tejido productivo (especialmente el de pequeña escala local, mucho más integrado en el medio) y del incremento de la presión para que los países periféricos exploten al máximo sus recursos naturales con el fin de obtener divisas. Además, no hay que olvidar que el capital financiero es el que permite que un pequeño porcentaje de la población mantenga unas altísimas e insostenibles cotas de consumo.

1.1. Transporte

La Unión Europea ha sido concebida para deslocalizar y disgregar en el continente la producción, así como para establecer una distribución y un comercio a largas distancias, lo que incrementa el consumo de energía y la emisión de contaminantes. Esta deslocalización es mayoritariamente interna, pero también se está haciendo de cara al exterior, como lo atestigua el fuerte impulso de la Unión Europea a la apertura de una nueva ronda de negociaciones en el seno de la OMC, la creación de un Área de Libre Comercio en el Mediterráneo o los tratados de libre comercio con Mercosur.

En este modelo de transporte, los costes ecológicos no aparecen en la cuenta de gastos. E n la actualidad, el transporte está creciendo por encima del PIB en el seno de la Unión [4] (llegando al caso extremo del aéreo que está aumentando anualmente el 7,4%). Además, la ampliación de la Unión a otros diez países va a aumentar el mercado interno, incrementando el transporte [5] . Como dato significativo, podemos señalar que el gasto total del transporte supone más del 10% del PIB de la Unión Europea [6] . Por todo ello, la Unión apuesta fuertemente por la creación de grandes infraestructuras de transporte, como autopistas [7] , trenes de alta velocidad, superpuertos y aeropuertos. Y en el Proyecto de Constitución Europea, el art. III-246 expone que «la Unión contribuirá al establecimiento y al desarrollo de las redes transeuropeas en los sectores de las infraestructuras de transportes, las telecomunicaciones y la energía. (…) En el contexto de un sistema de mercados abiertos y competitivos, la Unión favorecerá la interconexión de las redes nacionales, así como el acceso a dichas redes». Y, por otra parte, este es uno de los pocos sectores en los que la Unión podrá aportar fondos para su realización (art. III-247).

Y estos artículos ya no son una mera retórica, porque la Unión apuesta, presionada por la ERT ^[8] , por mayores infraestructuras de transporte. Actualmente, el objetivo prioritario de las redes de comunicación que conectan la Unión es eliminar los cuellos de botella existentes (Alpes, Pirineos, etc.) y conectar con el Este de Europa para la ampliación. Todo ello apostando por la carretera y el tren de alta velocidad, que es mucho más impactante que el tren convencional (el AVE consume casi lo mismo que un avión y tiene una importante incidencia en el territorio), como se recoge en el plan aprobado por la Comisión en diciembre de 2003.

Todo ello aumenta las emisiones de CO₂, con los consiguientes efectos sobre el cambio climático ^[9] . Este modelo implica también la desarticulación del territorio (ya que se concibe para favorecer la comunicación sólo entre los grandes polos económicos), y la dispersión urbana. Así se empuja a la población hacia espacios altamente urbanizados (la Unión es la región más urbanizada del globo ^[10] ), aumentando su impacto en el medio. Además, cada día se asfaltan 10 hectáreas para construir autopistas, troceándose más el territorio, con la amenaza que esto supone para la biodiversidad. Otra consecuencia importante del actual modelo de transporte es la siniestralidad, que conlleva que las muertes en accidente de tráfico sean la tercera causa de defunción entre la población.

El problema que tiene actualmente la Unión es que el transporte está alcanzando el punto de saturación ^[11] . En un informe de 1990 encargado por la Comisión Europea se alertaba de que «desde hace algunos años, Europa parece haber sobrepasado el punto más allá del cual cualquier incremento del tráfico es contraproducente. La suma de efectos negativos parece cancelar los incrementos de riqueza, eficiencia, confort y facilidad de transportarse que deberían resultar del crecimiento del volumen de tráfico». Así, la Unión plantea un menor aumento del transporte por carretera (el que menos posibilidades de incremento presenta) del previsto inicialmente; se pretende que sea de sólo un 38% (frente al 50% planeado) para mercancías y un 24% (frente al 43%) para pasajeros para 2010. El ferrocarril empieza a ser barajado no como una alternativa al transporte por carretera, sino como una forma de continuar el aumento de la movilidad. Eso sí, en líneas de alta velocidad y para el transporte a largas distancias tanto de personas como de mercancías [12] .

1.2 Energía

La Unión se ha convertido, a pesar de ser la responsable del 24% de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero, en uno de los organismos que lideran la lucha mundial contra el cambio climático. Sin embargo, esto es más un resultado de omisiones ajenas que de méritos propios. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) señaló la conveniencia de limitar las emisiones mundiales de gases de invernadero, para 2005, en un 20% con respecto a los valores de 1990. Esto supondría que, al ser la Unión Europea uno de los principales emisores de estos gases, su reducción debería ser notablemente mayor de dicho porcentaje. Pero la Unión aprovechó la cerrazón de Estados Unidos y Japón para, en la firma del Protocolo de Kioto, disminuir sus recortes de emisiones hasta el 8%. Y también transigió posteriormente con los llamados mecanismos de flexibilidad (como, por ejemplo, el comercio de emisiones o los mecanismos de producción limpia) que hacen que los recortes de emisiones sean aun más escasos.

En cualquier caso, no hace falta volver a explicar qué hay entre el dicho y el hecho, como lo atestigua el dato de que el Estado español ha incrementado ya la producción de CO₂ en un 38% entre 1990 y 2002, cuando lo permitido por la Unión Europea hasta 2010 era el 15%. En el resto de la Unión, aunque la situación es mejor, los datos no apuntan por el momento a que se vaya a cumplir el pírrico objetivo firmado en el Protocolo de Kioto [13] .

Se sabe que la política económica es inflexible: el incumplimiento del Pacto de Estabilidad acarrea sanciones (aunque, en ocasiones, Francia y Alemania se lo puedan saltar). Pero el medio ambiente es un asunto distinto.

Y el problema no termina aquí, porque la Unión está poniendo en marcha un mercado de comercio de emisiones para 2005. La filosofía economicista que subyace es la de dar viabilidad a los procesos más contaminantes a costa de los menos emisores, favoreciendo sólo la disminución de gases de efecto invernadero que resulten más baratas. Además, los Estados serán los que asignen el grueso de las emisiones que podrán realizar las distintas industrias, lo que beneficiará a los sectores más contaminantes; frente a un sistema de subasta de emisiones que haría lo contrario. Por lo tanto, el comercio de emisiones va a retrasar el abordaje de reducciones más ambiciosas [14] .

Respecto a la política energética, la seguridad de suministro y la disponibilidad de energía a bajo precio (que se pretende conseguir, a nivel interno, fomentando la competitividad) son los objetivos esenciales ^[15] . Para aumentar la competitividad, una de las medidas está siendo la creación de un mercado único de la energía ^[16] . Esto va a traer como consecuencia más probable un aumento del consumo, y una tendencia a que la producción se realice con menos criterios ambientales (ya que se tendrán que bajar los costes para aumentar la competitividad). Además habrá que construir más redes de distribución, sabiendo que las líneas de alta tensión así como los gaseoductos ^[17] producen impactos sobre la salud y el medio natural ^[18] .

El Tratado Constitucional refleja estos aspectos: «(…) la política energética de la Unión tendrá por objetivo: a) garantizar el funcionamiento del mercado de la energía; b) garantizar la seguridad del abastecimiento de la Unión, y c) fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético así como el desarrollo de energía nuevas y renovables» (art. III-256.1). Como comentábamos al principio, se pretende conjugar las políticas neoliberales con la relación armónica con el medio, en un intento desesperado por lograr la cuadratura del círculo.

Finalmente, y contradiciendo el último artículo citado, hay que destacar que continúa la apuesta por los combustibles fósiles (especialmente el petróleo y el gas natural), quedando en un lugar residual las energías renovables, ya que el objetivo de la Unión Europea es alcanzar el 12% de energías renovables para 2010. Y para colmo, no se termina de abandonar la apuesta por el carbón, aunque los informes de la Unión Europea reconocen su fuerte contribución al cambio climático, la lluvia ácida o la emisión de metales pesados. No en vano, junto a la energía hidráulica, el carbón es casi la única fuente energética propia que tiene la Unión. Y eso por no hablar de las renovadas presiones que parten desde el seno de la Comisión Europea (nuevamente expresadas por Loyola de Palacio) a favor de la energía nuclear, que ahora resulta ser la energía más ecológica al no emitir gases de efecto invernadero.

1.3. Agroalimentación

El sistema agroalimentario que el proyecto europeo ha colaborado a crear en todo el mundo ha tenido como consecuencia la contaminación del agua y del suelo, la pérdida de biodiversidad, la deforestación y desertificación, la eutrofización de lagos y mares, la pérdida del derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, el caso de las vacas locas y de los pollos con dioxinas, la desaparición del campesinado, el hecho de que las grandes multinacionales agro-químico-farmacéuticas controlen toda la cadena de producción agraria…

En el marco de la Unión Europea, la política agraria se ha llevado a cabo por medio de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Los principios básicos que la guiaron en sus comienzos fueron [19] :

a) Unicidad del mercado: se basa en la libre circulación de productos agrarios, la armonización de otras políticas relacionadas (como la sanitaria) y unos precios uniformes.

b) Preferencia comunitaria: implica la protección del mercado europeo frente a las importaciones.

c) Solidaridad financiera común: los gastos de la PAC se pagan con cargo al presupuesto comunitario.

De este modo, la PAC se crea con una clara vocación productivista y con la finalidad de asegurar que la Unión es una potencia mundial en este asunto estratégico. Por lo tanto, la PAC se ha venido realizando a medida de las grandes multinacionales, puesto que favorece la concentración y las grandes explotaciones ^[20] intensivas de monocultivos, apuesta por un modelo que abusa de los fertilizantes químicos ^[21] y los pesticidas ^[22] , supone un gasto insostenible de los recursos hídricos (especialmente en el Sur ^[23] ) y de plástico, y potencia el uso de unas pocas razas hiperproductivas alimentadas con piensos compuestos y atiborradas de fármacos. Y como lo único que importa es el mercado, la producción agrícola europea se dedica al comercio y a la exportación, creando un dumping de los precios que arruina la producción de la periferia. Todo ello hace que el gasto energético del actual modelo agrícola también aumente ^[24] . Un estudio del Wuppertal Institut de Alemania ha calculado las millas de transporte de los ingredientes de un yogur. Aunque todos estos componentes podrían haberse producido en un entorno de 50 millas, fueron transportados más de 7000.

En esta apuesta por la productividad, se vuelcan las subvenciones en los grandes propietarios y en ciertas regiones ^[25] . Y las zonas que no reciben ningún tipo de protección son muchas veces las de mayor valor ecológico y en las que la disminución de la actividad agraria provoca un fuerte deterioro del paisaje.

En los últimos años se han venido realizando una serie de reformas en la PAC, la última de las cuales tuvo lugar en 2003. Dichas reformas son el resultado de presiones internas y externas. Entre los factores internos, destaca el elevado coste financiero producido por los crecientes problemas de gestión de los grandes excedentes, así como el hecho de que la Unión Europea es ya la segunda potencia mundial (después de Estados Unidos) en el campo de la agroalimentación. En el debate público también tuvieron relevancia los impactos medioambientales derivados del modelo estimulado por la PAC.

Como factores externos, son decisivas las rondas de negociaciones en el seno de la OMC, donde se regulan los mercados agroalimentarios. En sucesivas rondas de negociación se han ido imponiendo importantes rebajas arancelarias, a las subvenciones y a las ayudas a la producción. De este modo, en la actualidad, sólo son permitidas medidas que se considere que no tienen efectos distorsionadores sobre los precios y los mercados (del tipo de la protección ambiental, el desarrollo rural o que no se traduzcan en pagos que no sean excepcionales a los/as agricultores/as). Todo ello ha reforzado la retórica sobre la sostenibilidad agraria en la PAC.

Las cesiones por parte de la Unión Europea en estos aspectos en el seno de la OMC no han sido altruistas, por supuesto, sino que responden a los factores internos anteriormente nombrados y a que las negociaciones estaban sujetas al «principio de globalidad», por el que no se concluirían sin llegar a un acuerdo en todos los aspectos propuestos en la agenda inicial, los cuales eran mucho más jugosos para la Unión.

En este contexto, los nuevos objetivos formales de la PAC resultante de las reformas se centraron en la reducción de la producción, de los excedentes y del gasto presupuestario. La pieza clave de las reformas de la PAC ha sido la reducción de los precios garantizados a los/as agricultores/as, ya que éstos pasan a estar prohibidos por la OMC. Un segundo aspecto fundamental es la disociación de las ayudas de la producción, de manera que las explotaciones agrarias reciban las ayudas en forma de pago único por explotación, calculado a partir de las ayudas recibidas en el periodo 2000-2002 (es decir, que en el fondo se sigue tomando como referencia la producción, premiando el productivismo histórico). Además, hay que añadir que dicha disociación no es completa y permanece en bastantes aspectos de la producción agraria.

Sin embargo, la Unión Europea no está dispuesta a desmantelar su política de apoyo a la agricultura. Así, la nueva PAC trata de compensar la caída de los precios de intervención mediante ayudas directas, los llamados pagos compensatorios, en el caso de los cultivos herbáceos, desvinculados de la producción. Y mediante medidas estructurales, las denominadas «medidas de acompañamiento», entre las que se incluyen las medioambientales. La renovada PAC implica también la ampliación de la política de desarrollo rural, enmarcada dentro de la política de desarrollo regional de la Unión y, por tanto, también permitida por la OMC. Pero conviene señalar que las ayudas directas y medioambientales son claramente inferiores a las ayudas productivas, por lo que la PAC no rompe su carácter productivista.

Ahora las ayudas estarán teóricamente condicionadas al cumplimiento de ciertos criterios no productivos, que tratan de responder a demandas ciudadanas sobre la calidad de los alimentos y respeto por el medio ambiente. Esta condición es un instrumento que se adecua perfectamente a las medidas aceptadas por la OMC, lo que apunta a que se trata esencialmente de una coartada para seguir subvencionando la agricultura, ya que no se han puesto medidas reales para hacer posible la verificación de dichos criterios ambientales [26] .

De este modo, y resumiendo, la única novedad ambiental que se está introduciendo desde los noventa en la PAC es el impulso de dos vías paralelas que convivan en la producción agrícola: la intensiva tradicional, de la que nos alimentaremos la mayor parte de la ciudadanías, y la ecológica, de mayor calidad.

Y, con este Proyecto constitucional, no hemos de esperar ningún cambio de rumbo. El art. III-227 es bien explícito: «los objetivos de la política agrícola común serán: incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, garantizar un nivel de vida a la población agrícola y estabilizar los mercados. (…) Se deberá tener en cuenta que la agricultura constituye un sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía». Más de lo mismo.

Respecto a los alimentos transgénicos, acaba de finalizar la moratoria sobre nuevas autorizaciones que estaba vigente desde 1998. Esta moratoria supuso un relativo respiro a la introducción masiva de transgénicos, pero el proceso de reforma legislativa que la motivó ya ha concluido. Así, existe una larga lista de transgénicos pendientes de aprobación, a los que la Comisión intentará dar luz verde cuanto antes, cediendo a las presiones de Estados Unidos y de la industria biotecnológica. De este modo, la normativa aprobada abre la puerta a la entrada masiva de transgénicos.

Además, aparecen generosos coladeros para la industria biotecnológica, como la normativa sobre semillas, que es lo suficientemente laxa como para permitir la contaminación de campos no transgénicos por otros transgénicos y la imposibilidad de diferenciar unos de otros. Y se observa la ausencia de una normativa que establezca la responsabilidad civil de la industria biotecnológica en caso de daños o de contaminación por transgénicos. De todos modos, aunque insuficiente, la legislación es más estricta que la anterior en lo que se refiere a requisitos para las autorizaciones de liberación de nuevos transgénicos en la Unión Europea, así como para el etiquetado.

Por último, la Directiva Europea de Patentes permite, a través de argucias legales, patentar genes, líneas celulares, animales y plantas. No se necesita el consentimiento del donante y no es preciso que el país de origen del material biológico figure siquiera en la patente. Todo esto favorece el robo por parte de las multinacionales de la biodiversidad genética y el conocimiento milenario de las culturas que la utilizan ^[27] .

1.4. Biodiversidad

La Comisión Europea reconoce que «la pérdida de biodiversidad en Europa se ha acelerado de forma drástica en las últimas décadas» [28] . Sin embargo, no señala la gran responsabilidad que en la aceleración del proceso de extinción de especies, en la reducción de la diversidad genética y en la alteración de los hábitats naturales han tenido las políticas de la Unión Europea. Ante este panorama, los esfuerzos realizados resultan ridículos. Ni siquiera están teniendo éxito los que se han hecho en los últimos años para lograr la implantación de la Red Natura 2000 [29] en la Unión, como demuestran los más de cinco años de retraso acumulados en la designación de los Lugares de Interés Comunitario (LICs).

En lo que respecta a los recursos pesqueros, basta decir que los caladeros que se encuentran en mejor estado son los del Atlántico Nororiental, donde el ritmo de pesca comporta que un 62% de la población esté en peligro de extinción. Al respecto, la Unión se reserva mediante la Constitución Europea la competencia exclusiva en la protección de los recursos biológicos marinos (art. I-13.1). Lo primero que hay que destacar es que este aspecto es el único de carácter claramente no económico de los que aparecen. Sin embargo, cuando vemos cuál es la política pesquera que está aplicando la Unión Europea, observamos que no desentona con el resto del articulado. La Unión trata los recursos biológicos marinos como un bien ilimitado al que esquilmar sacando el máximo provecho económico, como lo demuestra su reiterada pasividad en reducir el insostenible nivel de explotación de los caladeros.

1.5. Residuos y salud pública

La producción de residuos en la Unión continúa incrementándose año tras año [30] , a pesar de la incorporación a la normativa comunitaria desde 1991 del principio de prevención en su generación. La Comisión sigue sin definir unas políticas económicas fiscales que promuevan la reducción de la cantidad y toxicidad de los residuos, limitándose a regular los sistemas de vertido y a plantear objetivos mínimos de reciclado [31] . Se llega al absurdo total cuando los documentos de la Unión afirman que es posible una «desmaterialización de la economía». ¿En qué consistirá dicha desmaterialización cuando el consumo de productos materiales y la producción de residuos, también muy materiales, no paran de crecer?

Con todo, la legislación europea de protección de la salud pública relacionada con los residuos ha ido en aumento [32] . Y en algunos aspectos se ha reducido la contaminación (emisión de precursores de ozono troposférico y dióxido de azufre, presencia de fosfatos en ríos). Pero la legislación es insuficiente [33] , ya que los riesgos que suponen los residuos siguen presentes [34] , e incluso continúan aumentando en muchos casos (partículas en suspensión o nitratos en ríos). Por ejemplo, la Unión Europea ha aprobado recientemente la Directiva sobre Responsabilidad Ambiental, que afectará únicamente a determinados sectores industriales, entre los que no se encuentran el nuclear ni el petrolero. Además, dicha Directiva no incluye la obligatoriedad de que las industrias de alto riesgo estén cubiertas por un seguro que garantice que los gastos de limpieza medioambientales no son pagados por los contribuyentes en caso de que aquellas se declaren insolventes [35] .