Los peruanos hemos tenido una experiencia aleccionadora: Por varios días nos hemos visto forzados a seguir, paso a paso, los pormenores de un proceso judicial por cierto singular. Formalmente se ha tratado en una «diligencia preventiva» destinada a analizar la posibilidad de adoptar una medida cautelar, y recluir a un grupo de acusados para evitar […]
Los peruanos hemos tenido una experiencia aleccionadora: Por varios días nos hemos visto forzados a seguir, paso a paso, los pormenores de un proceso judicial por cierto singular.
Formalmente se ha tratado en una «diligencia preventiva» destinada a analizar la posibilidad de adoptar una medida cautelar, y recluir a un grupo de acusados para evitar que eluda la acción de la justicia.
En los hechos, las sucesivas audiencias han rebasado largamente ese propósito, y se han convertido en un foro encargado de ventilar el contenido de una causa.
Es decir, a deslindar responsabilidades de orden penal, de tal modo que unos y otros, hemos tomado, partido asumiendo en unos casos la culpabilidad de los acusados; y en otros, la defensa de los mismos. En ambas vertientes, haciéndonos cargos de la tarea de condenar, o absolver a los encausados.
Mucho podría escribirse en torno a este juicio. Y los abogados -y más precisamente los penalistas- podrían aportar significativos elementos de orden legal. Los ajenos a los formulismos jurídicos, podríamos hablar más bien, no tanto en función de la ley; sino sobre todo, de la justicia.
Porque estamos acostumbrados a saber ya que no siempre lo justo, es legal. Y que tampoco, no en todos los casos, lo legal es justo.
Lo que se ha discutido durante varios días, es en verdad un tema simple: ¿Existe un organización criminal que, tras el membrete de una fuerza política, controla los resortes del Poder y actúa en beneficio personal, o de grupo valiéndose de métodos perversos reñidos con la moral y con la ley?.
Si una pregunta de ese tipo se formulara en el referéndum previsto para el 9 de diciembre, sin duda tendríamos una categórica respuesta afirmativa. Y si a esa interrogante, le añadiéramos una precisión: ¿Cree Ud. que la principal acusada en este caso y su partido, son esa estructura delictiva?, la opinión recogida, mostraría una doble aceptación.
Y es que los documentos exhibidos por la Fiscalía han sido tan concluyentes, que ningún observador elementalmente serio y objetivo, podría sostener un criterio distinto.
Y es que, adicionalmente a los cargos formales, el país entero ha podido apreciar la conducta de la estructura política que hoy está en la picota: congresistas que le dicen «mal nacido» al Presidente; que piden permiso a su jefa para saber si deben aplaudir, o no, a un mandatario; que reciben una orden superior para hacer una visita, o suspenderla; que «blindan» a sus colegas comprometidos en clamorosas acciones delictiva; y que contratan matones para intimidar a sus adversarios; o que usan recursos del Estado para atacar o injuriar; no pueden tener cara para clamar inocencia.
Hoy, la organización política de la señora Fujimori se hunde en un lodazal. Para salvarse, unos huyen despavoridos y otros recusan su pertenencia a la misma.
Incluso, hay quienes se valen de «resortes legales» para cambiar de bando y acogerse a la «colaboración eficaz». Todo ello implica, finalmente, un claro reconocimiento de culpa.
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