Jorge Basadre, el gran historiador, hace casi un siglo atrás, sostenía que Perú era un problema y una posibilidad, y en muchos sentidos esa advertencia sigue vigente. “Las inmensas riquezas del oro y la plata coloniales, el guano y el salitre de la primera República, el petróleo y el cobre actuales no han servido de mucho”, afirmaba el historiador en 1931, en la edición original de su clásico libro “Perú: problema y posibilidad”.
Esa misma cuestión, se repite en su esencia hasta el día de hoy; tan solo habría que agregar nuevos tipos de extractivismos, como el gas y el petróleo, admitiendo que ninguno de ellos resolvió problemas acuciantes como la pobreza o el deterioro ambiental.
Los pasos en organizar los extractivismos que está dando el nuevo gobierno de Pedro Castillo confirman esa problemática. Entre acciones recientes están en los intentos de manejar conflictos alrededor de proyectos mineros muy cuestionados (como Las Bambas), repitiendo, por ejemplo, medidas como las mesas de diálogo o concertación. A eso se suma, el reciente mensaje del ministro de economía, Pedro Francke, dando la bienvenida a una inversión de la minera Newmont en Yanacocha Sulfuros, a su vez asociado a la extracción de oro.
La conformación del estilo que seguirá el gobierno Castillo ante los extractivismos parece estar tironeado entre algunos de sus socios políticos. Se pueden indicar al menos dos: por un lado, los alineados con el hiperextractivismo de Perú Libre, el partido por el cual Castillo llegó al poder, y por el otro, los que apuestan a un extractivismo regulado como proponía Nuevo Perú, que se sumó como aliado al gobierno, y que incluye en sus filas al actual ministro de economía.
En efecto, el programa de gobierno de Perú Libre defendía una aplicación intensiva de los extractivismos pero bajo un estilo distinto al de los anteriores gobiernos conservadores peruanos, los que cedían ante las empresas privadas, con pequeñas o imperfectas cargas tributarias, con un Estado capturado y subordinado. La alternativa de Perú Libre es más extractivismo aunque nacionalizado, reclamando que esté en manos en manos sobre todo de empresas estatales, o al menos peruanas.
Esta particularidad pasó desapercibida para muchos, ya que como el debate electoral se centró en impedir el regreso del fujimorismo. No se sopesó adecuadamente que el programa de Perú Libre también cuestionaba duramente a las organizaciones ambientalistas al concebirlas como un obstáculo para llevar adelante proyectos mineros o petroleros. Por lo tanto, la estrategia política era no sólo mantener los emprendimientos mineros y petroleros, sino que se buscaba aumentarlos, aunque cambiando quiénes lo llevarían adelante, y en vez de las clásicos corporaciones transnacionales se esperaría que estuviera en manos de compañías estatales.
Por otro lado, al gobierno se sumaron sectores como Nuevo Perú, desde donde se apostaba a mayores controles del Estado, elevar las cargas tributarias, incluyendo impuestos a las sobreganancias, y aplicar ordenamientos territoriales y ambientales. Esto se podría calificar como un extractivismo regulado, con una esperable mayor participación de las comunidades locales y controles sanitarios y ambientales reales.
La cuestión clave es que bajo cualquiera de las dos opciones, los extractivismos permanecen. Dicho de otro modo, y volviendo a las reflexiones de Basadre, hay coincidencia en seguir siendo extractivistas, en que esa es una posibilidad, y que para muchos es incluso una necesidad irrenunciable. Pero también constituyen un problema, porque nadie puede ocultar sus impactos sociales y ambientales. Esa permanencia de la advertencia de Basadre, que no solo ocupa a los extractivismos sino que también afecta otras áreas, obliga a pensar en detalle toda coyuntura.
Es en esa circunstancia que el mensaje del ministro de economía es muy importante, no tanto por la destacar la futura inversión de una transnacional minera, ya que eso puede ser comprensible en la actual situación, sino por el resto de sus dichos. Recuerda que tienen una importante cartera de proyectos mineros y no mineros, y dice que trabajará para “concretar más proyectos de inversión privada que permiten generar más empleos…” (mensajes en twitter, 14 setiembre). Esa es la clásica defensa de los extractivismos como medios para recibir inversión, generar empleo y supuestamente reducir la pobreza, unas ideas que todos conocemos porque se repiten desde hace décadas.
Se podría argumentar que “ahora todo será diferente”. Que si todo funcionara bien, existiría un balance entre las competencias ministeriales. Podríamos suponer que los ministros encargados de minas o de economía, promoverían los extractivismos para cumplir con sus objetivos de crecimiento económico, mientras que los ministerios del ambiente o salud impondrían exigencias y aplicarían controles reales, efectivos e independientes, que eviten sus efectos negativos. No existe evidencia que ese tipo de mecanismos operen adecuadamente; es más, el actual ministro del ambiente no tiene experiencia en esa materia ni cuenta con el poder político para enfrentar al gran abanico de actores extractivistas. Además, y no es menos importante, hay impactos de los extractivismos que no pueden ser ni anulados ni mitigados.
La otra vía de legitimación consiste en mayores cargas tributarias. Bajo esa postura se razona que el principal problema es que los beneficios económicos de los extractivismos no se reparten adecuadamente, y por lo tanto se deben aplicar mayores impuestos. La respuesta sería, por ejemplo, incrementar las regalías, desmantelar las exoneraciones de impuestos, e incluso aplicar tributos a las sobreganancias. Pero bajo este estilo también persisten los extractivismos, con la distinción de asumir que sus impactos sociales y ambientales se pueden compensar con más dinero. Nuevamente la esencia de los extractivismos no está en discusión; no existe aquí una agenda postextractivista.
Es más, puede caerse en lo que ha sucedido en los países vecinos donde el propio gobierno alentaba más extractivismos para así recaudar más dinero en regalías e impuestos. Cayeron en una lógica perversa: siempre querían más extractivismos, y los defendían invocando a los nacionalismos. Eso explica que una de las mayores debilidades de los extractivismos regulados, cuyos ejemplos están en los gobiernos progresistas, pueden ser fácilmente absorbidos por los extractivismos clásicos conservadores. Pero además, un giro de ese tipo ya ocurrió en Perú, en el inicio del gobierno de Ollanta Humala, cuando enfrentado a las resistencias a la minería en Cajamarca, el presidente decidió optar por el “orden y las inversiones”, rompiendo con el ala progresista en su gobierno.
Habrá que ver cómo organiza el gobierno Castillo el papel del Estado en ese sector, y cómo lidiará con la enorme cartera de proyectos que está en espera. Aunque podría decirse que están en tensión distintos estilos políticos, en cualquiera de ellos persisten los extractivismos. Bajo estas circunstancias el desafío está una vez más en las organizaciones ciudadanas, ya que ellas deben evaluar esas estrategias y sopesarlas contra las metas de la justicia social y ambiental. Otra vez se enfrenta el dilema de Basadre entre el Perú problema, que es un Perú extractivista, y el Perú como posibilidad, como un tránsito más allá de esa dependencia.
Publicado originalmente en Noticias Ser (Perú) y en El Búho de Arequipa.