Todos los 20 de mayo de cada año, decenas de miles de personas acuden a la «Marcha del Silencio» convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. [i] Es la única acción política que en el país consigue reunir a una verdadera multitud. Muchos concurren para cumplir un ritual de la memoria. Acompañan como homenaje. […]
Todos los 20 de mayo de cada año, decenas de miles de personas acuden a la «Marcha del Silencio» convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. [i] Es la única acción política que en el país consigue reunir a una verdadera multitud. Muchos concurren para cumplir un ritual de la memoria. Acompañan como homenaje. Pero dan por laudado el tema. Otros muchos, todavía, creen que es posible. Reclaman Verdad y Justicia. Exigen el fin de la impunidad. Condenan el terrorismo de Estado bajo la dictadura. En su inmensa mayoría son votantes del Frente Amplio (FA) y adherentes de su programa. Depositaron una esperanza. Pero no dejan de sentirse burlados. Y así continuarán. La ratificación de Eleuterio Fernández Huidobro como Ministro de Defensa, es la prueba. [ii] Confirmando qué el gobierno busca deshacerse del «pasado reciente».
Sin duda. Fernández Huidobro, es la cara más execrable de la degradación política y moral. Sus recientes ataques contra el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y otras organizaciones de derechos humanos, tanto como su banalización de la tortura, volvieron a mostrar su hilacha. En esta ocasión, no le alcanzó con descalificar a los activistas que lo señalan como un artífice de la impunidad. Justificó las «amnistías» para crímenes de lesa humanidad, porque desde los procesos de Núremberg «todas las guerras se terminaron de esa manera». [iii] Añadió su visión contrarrevolucionaria de las luchas democráticas en el mundo: las revoluciones árabes que derrocaron dictaduras, la resistencia que se alza contra la tiranía en Siria, y las protestas en Ucrania, son, a todas luces, operaciones «desestabilizadoras» promovidas y financiadas por «agencias imperialistas» y «grupos nazis más viejos que Hitler». [iv]
Nadie debería confundirse. Aunque su sola continuidad genera repudio, Fernández Huidobro no está solo en la cruzada pactista entre los «combatientes» de antaño (militares y guerrilleros); ni en la aspiración de «dar vuelta la página» para «integrar en la sociedad» a los «soldados de la patria». Otros «tupamaros históricos» lo acompañan, encabezados por el presidente José Mujica. Para ellos, cualquier precio a pagar es barato. Aunque implique enterrar el derecho a Verdad y Justicia.
En el feriado nacional del 18 de mayo de 2011, realizado en la ciudad de Las Piedras (un día después de condecorar con la «Orden del Ejército» a los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle y Tabaré Vázquez), Mujica lo dijo sin titubear: «Sabemos que hay dolores ocultos, viejas que lloran por los huesos de sus hijos, mucho dolor e injusticia, pero no podemos trasladarles a las nuevas generaciones de militares nuestras frustraciones». Ninguna sorpresa. Su voluntad era bien conocida. Hasta un incondicional del campo progresista lo admite: «A Mujica le hubiera gustado, desde la Presidencia, poner punto final a las investigaciones sobre el pasado. Le hubiera gustado liberar ‘presos políticos’. Le hubiera gustado contribuir a dar vuelta la página». [v]
Todavía está a tiempo de conseguirlo. Le restan dos meses como jefe de Estado. Por eso no renuncia al esfuerzo. Tan sólo unos días atrás, a través de Homero Guerrero, su secretario presidencial, y con la coartada de un informe de la Cruz Roja, volvió a pedir que la Justicia otorgara el beneficio de «arresto domiciliario» para los militares de la dictadura presos en la «cárcel especial» de Domingo Arena. [vi] Esta vez, el pedido fue rechazado por un juez. Pero la intención persiste: «Más allá de que Mujica goza de una inmunidad que no se le permite a Huidobro, durante este período de gobierno se les ha oído, con frecuencia, alegatos a favor de dar vuelta la página de una ‘guerra’ de la que ningún ‘combatiente’ debería dar cuenta ante el Poder Judicial». [vii]
Comprometidos con el maridaje entre las logias militares y los viejos jefes tupamaros, los gobiernos del FA han decidido mantener lo esencial del andamiaje político-jurídico que garantiza la impunidad, basado en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (conocida como Ley de Impunidad). [viii] Es el peaje para avanzar en un proceso de «reconciliación» con las Fuerzas Armadas. Aunque para ello deba reconocerse, explícitamente, que la honorable Constitución de la República es un papel amarillento. El propio Tabaré Vázquez «ha reconocido ante sus propios compañeros no contar con conocimientos cabales en materia de defensa» y que necesita «un interlocutor con las camarillas de las Fuerzas Armadas». [ix] Así que el «mandato sagrado» de la Carta Magna es puro cuento. El Comandante de las Fuerzas Armadas, o sea, el Presidente de la República, comanda no se sabe qué cosa. Por eso delega.
Al finalizar la reunión con el «compañero ministro» (lunes 29 de diciembre, en la sede del Ministerio de Defensa), la presidenta del FA, Mónica Xavier (Partido Socialista), manifestó que salió «muy conforme» con el resultado del encuentro, al que concurrió acompañada por los tres vicepresidentes: Juan Castillo (Partido Comunista), Ivonne Passada (Movimiento de Participación Popular) y Rafael Michelini (Nuevo Espacio), y por el secretario político de la coalición, Gerardo Rey. Las explicaciones del ministro (sobre sus ataques e insultos al Serpaj), fueron de recibo y en «ningún momento» se habló de «remoción». Tabaré Vázquez lo mantendrá en el cargo. El Consejo de Ministros le dio su aval. Es el delegado idóneo. Conoce el tema «desde adentro» y los milicos, según el mismo dice, «me adoran». [x] En todo caso, acordaron con el presidente electo «bajar el perfil» de la polémica. Fernández Huidobro no hará nuevas declaraciones sobre el tema.
La reunión sirvió para disipar la «tormenta» creada en el partido de gobierno. Mejor dicho: para ponerle punto final a las «contradicciones» y, de hecho, fortalecer la posición de Fernández Huidobro. [xi] Por más que las «redes frenteamplistas» y algunas figuras de «la nueva política» (como la senadora Constanza Moreira) muestren su «indignación» y continúen criticando la gestión del Ministro de Defensa. Más pronto que tarde se irán callando. Porque se sabe: este club de simuladores que a veces disiente «por la izquierda» o apela a los «acuerdos programáticos», termina, en cuestiones fundamentales (economía, seguridad pública, políticas sociales, derechos humanos, etc.) agachando la cabeza. La «unidad frenteamplista», la carrera política y los beneficios materiales valen mucho más que cualquier principio.
Empezando a perdonar
Nada se aparta de lo trillado. Durante la primera administración Tabaré Vázquez, la Ley de Impunidad se mantuvo intocada: el gobierno pudo haberla derogado (tenía la mayoría parlamentaria necesaria) pero prefirió que -por vía de su artículo 4º-, algunos pocos represores y golpistas fueran procesados, y que se iniciaran las excavaciones en los cuarteles para encontrar restos de detenidos desaparecidos. Las cosas no cambiaron en la administración Mujica. La «Ley Interpretativa» (impulsada por algunos sectores del partido de gobierno) no consiguió siquiera los votos de todos los parlamentarios del FA. Por tanto, la Ley de Impunidad sigue vigente. Ni siquiera la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue acatada [xii]
El malestar en las organizaciones de derechos humanos ya era palpable desde tiempo atrás. A tal punto, que desde Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se denunciaba no sólo un «vacío aberrante» en la investigación de los crímenes de la dictadura, sino incluso un «retroceso» en la política de derechos humanos del gobierno de Mujica en relación al gobierno derechista de Jorge Batlle: «La discusión actual nos retrocede a antes de Batlle, porque se desestima algo que ya estaba saldado política y científicamente: no hubo una guerra y sí terrorismo de Estado». [xiii]
Para Mujica siempre se trató de que las Fuerzas Armadas pudieran saldar sus «deudas del pasado». [xiv] Un eufemismo que puede traducirse en golpe de Estado, doce años de dictadura, innumerables crímenes. Esas «deudas», decía su amigo y secretario presidencial Alberto Breccia (1946-2014), había que empezar a perdonarlas. Porque «este es un país que tiene todavía que trabajar mucho en materia de perdón». Parece lógico. A tono con la aspiración que Mujica ha reiterado más de una vez. Su modelo es el que impulsó Nelson Mandela (1918-2013) en Sudáfrica para dejar atrás las «deudas» del régimen de apartheid: verdad, arrepentimiento, reconciliación. Nadie preso. Podría ser también el modelo aplicado en Angola, luego de la cruenta guerra civil: «reconciliación como olvido, reconciliación como perdón».
La designación de Eleuterio Fernández Huidobro (julio de 2011) como Ministro de Defensa, fue un paso decisivo hacia ese «perdón». Para ir dando vuelta la página. «No tengo más remedio que apelar a algún cuadro de la guardia vieja, porque necesito confianza política y capacidad», argumentó Mujica días antes de anunciar su designación. [xv]
Fernández Huidobro, retribuyó la confianza: «soy un soldado de Mujica y obedezco». [xvi] En su primer discurso como Ministro de Defensa, abogó por «la dignificación y profesionalismo de las FFAA». Afirmó que la pobreza y la miseria son los primeros enemigos del país: «es la única guerra que reconocemos». Sostuvo que la defensa nacional es un tema de civiles y militares y manifestó que durante su período al frente de la cartera no ejecutará una «cacería de brujas». Y sentenció: «Vamos a propugnar que esta relación sea cada días más íntima. Que el pueblo sienta propias a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas se sientan parte del pueblo». [xvii]
El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez, al conocer la designación del antiguo adversario, subrayó: «No es un outsider, es un individuo que sufrió y pasó las cosas por su acción guerrillera». [xviii] Por tanto, cuenta con la legitimidad de un interlocutor confiable. Igual que en 1972, cuando en el Batallón Florida se reunía con los mandos del Ejército para negociar -desde la debacle política y militar del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN)-, un «alto al fuego». Sus antecedentes lo avalan. El actual ministro sabe de qué se trata a la hora de pactar con los «combatientes» del otro lado de la trinchera. Como se hace en toda «guerra».
Con el garrote en la mano
En enero de 1971, se conoció el Documento Nº 5 del MLN, un texto de indudable carácter estratégico. En su punto 8 decía: «Las Fuerzas Armadas de algunos países han demostrado que frente al atraso de las masas y a la inexistencia de un fuerte proletariado pueden asumir el rol de vanguardia y partido (por ser el sector más poderoso, moderno, templado, coherente y disciplinado), desempeñando un buen papel en la defensa de la soberanía, la independencia y el desarrollo. Por ello, las FFAA no pueden ser descalificadas masivamente y no puede renunciarse a la política en su seno». [xix]
Hasta la elaboración del Documento Nº 5, afirma Jorge Zabalza, [xx] «en el MLN (T) nadie tenía dudas al servicio de cuales intereses estaban las fuerzas armadas en la sociedad de clases». Porque, «el MLN (T) siempre tuvo una política muy afinada hacia el ejército, pero sin confusiones sobre su rol en el sistema ni con falsas expectativas políticas. Los tupamaros fuimos educados en el ejemplo de los guerrilleros cubanos que conquistaron el poder luego de derrotar al ejército de Batista, una revolución hecha ‘contra’ las fuerzas armadas. En ese sentido, el documento No 5 introdujo la posibilidad de hacer la revolución ‘con’ las fuerzas armadas, idea que determinó un cambio muy significativo entre las que se manejaban al interior de la organización». [xxi]
Con Mujica en la presidencia y Fernández Huidobro en el ministerio de Defensa, continúa Zabalza, «la tesis del documento No 5 parece haber encontrado grandes espacios para echarse a volar y desarrollarse en todo su esplendor. De sus dichos se infiere que siguen pensado lo mismo, que los militares están en condiciones de desempeñar un papel de vanguardia en la defensa de la soberanía, la independencia y el desarrollo. Los que continúan fieles a Marenales, Huidobro y Mujica, están convencidos que los cambios en serio sólo pueden concretarse con el respaldo de ese partido disciplinado y vertical, otro gigante estúpido, pero acostumbrado a obedecer y mandar sin chistar y sin escrúpulos». [xxii]
El 9 de febrero de 1973 (cuando el golpe de Estado ya estaba en gestación), las Fuerzas Armadas hicieron públicos los «Comunicados 4 y 7». Fueron recibidos entusiastamente por el Partido Comunista que, por boca de su principal teórico Rodney Arismendi (1913-1989), proponía «el frente único entre el overol, la sotana y el uniforme». Igual postura asumieron Liber Seregni (1916-2004) y otras fuerzas del Frente Amplio así como la dirección de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) hegemonizada por el estalinismo. Según todos ellos, el pronunciamiento expresaba la existencia de una corriente de pensamiento «peruanista» (progresista) en el seno de las Fuerzas Armadas. Había que apoyarla. Tiempo después, los propios militares reconocerían que los comunicados habían servido para «neutralizar» a la izquierda en su camino hacia la dictadura. Y algo más: que algunos de los temas económicos que se evocaban eran resultado de las negociaciones con los tupamaros en el Batallón Florida. [xxiii]
Aquel primer ensayo fracasó. El intento de «tupamarizar» al Ejército -para integrarlo a un proceso de «desarrollo nacional»- no tuvo lugar. Las negociaciones se cortaron al poco tiempo de iniciadas y el MLN sufrió la más salvaje de las represiones. Pero los tiempos cambiaron. Los presos políticos de entonces, destrozados por la tortura, ahora gobiernan y gozan de la respetabilidad que asigna la función de Estado. Mientras que las Fuerzas Armadas ya no son el «brazo armado de la oligarquía» sino que «leales» al poder civil progresista. Lo que impone un mandato en «defensa de la soberanía» del país». Los intereses estratégicos vitales (políticos, económicos, medioambientales) exigen «la colaboración estrecha entre civiles y militares», insiste Fernández Huidobro. Se trata de establecer un nuevo pacto. Sin planteos subversivos ni desvaríos golpistas. Respetando el «Estado de derecho» y la democracia de mercado. Es decir, el orden que establece el capital.
Al ser una pieza clave de ese orden, las Fuerzas Armadas como corporación del aparato de Estado, no deberían ser el blanco de una interpelación permanente. Mujica y Fernández Huidobro, los símbolos más icónicos de la espantosa metamorfosis de identidad de los tupamaros oficiales, entienden, como cualquier burgués o general, el engranaje de dominación. El presidente no se anda con rodeos: «El Poder Ejecutivo está constituido cuando tiene el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa. Cuando tiene el garrote en la mano, ahí está constituido». [xxiv]
El compromiso progresista
Por ello es tan decisivo «restablecer la confianza de la sociedad en sus Fuerzas Amadas». Comenzando por «dar vuelta la página» y terminar con los «desencuentros entre orientales». Ofreciéndoles a los «soldados de la patria» la «cancelación de sus deudas». Para ese objetivo, el papel de los exjefes guerrilleros ha sido fundamental, incluso la derecha no vacila en reconocerlo: «Paradójicamente, tuvo que llegar un gobierno encabezado por un extupamaro, como José Mujica, y un Ministerio de Defensa al mando de integrantes de las mismas filas -Eleuterio Fernández Huidobro y antes Luis Rosadilla- para que los militares lograran sentirse cómodos y encontrar interlocutores de la coalición de izquierda confiables, producto de una relación particular. [xxv]
Justo es decirlo. La espantosa metamorfosis de identidad no alcanzó a centenares de militantes del MLN, entre los cuales algunos del tronco fundacional. Por el contrario, prefirieron romper filas y mantenerse en la senda revolucionaria. No firmaron el acta de rendición. Sin embargo, también ellos, son la prueba viviente de una inocultable «derrota estratégica» que afecta no solo a miles de luchadores sociales, sino al proceso de reconstrucción de una izquierda anticapitalista en el país.
Evidente. Los tupamaros oficiales, que visten de gobernantes, no cargan con toda la culpa. Se especializan, es cierto, en todo tipo de intrigas fraccionales, operaciones conspirativas, métodos policíacos. Y, sobre todo, se sienten cómodos en el mundo subterráneo de las cloacas políticas, donde el pactismo y la traición operan y se retroalimentan. Pero esto, que no es nuevo, se sirve de un «acuerdo programático» que le da oxígeno: el compromiso del progresismo con la impunidad. Asumido (y remachado) en el Congreso del Frente Amplio de 2003. Por tanto, es este dispositivo antidemocrático el que resguarda tanto la impunidad del terrorismo de Estado, como el encubrimiento de las bajezas que se traman en las cloacas. El progresismo, como fuerza política del orden burgués, tiene toda la responsabilidad. Sin olvidar que, como en las dos administraciones anteriores, continúa con la mayoría parlamentaria. Es decir: podría, si se lo propone, derogar sin más la Ley de Impunidad. Ya lo sabemos, no es un tema de agenda. Aunque bien valdría preguntarles a los simuladores si, finalmente, rompiendo con la «disciplina partidaria», tomarán alguna iniciativa al respecto. Legisladores tienen. Solamente les faltan unos gramos, apenas eso, de valentía política.
El martes 30 de diciembre de 2014, una pequeña manifestación (poco más de 250 personas) se concentró ante el Ministerio de Defensa. Fue convocada por la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) y la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y acompañada por otras organizaciones sociales, como la Plenaria Memoria y Justicia y la Tendencia Clasista y Combativa. Exigió la renuncia de Fernández Huidobro y el fin de la impunidad. Protestó. Lo que tiene un indudable valor político. Sobre todo cuando una mayoría del electorado acaba de pronunciarse «a favor del presente» que ofrece el Frente Amplio. [xxvi] La imagen no podría contrastar mejor la perspectiva. El progresismo que gobierna, apoyado en la amplia conformidad social y el consentimiento político. La izquierda que resiste, muy minoritaria, aferrada a luchar contra la corriente del «sentido común».
[i] La marcha recuerda el 20 de mayo de 1976, cuando fueron asesinados en Buenos Aires los legisladores Zelmar Michelini (Frente Amplio) y Héctor Gutiérrez Ruiz (Partido Nacional), y Rosario Barredo y William Whitelaw (militantes escindidos del movimiento tupamaro). Todos ellos se encontraban exiliados. El crimen fue cometido por militares uruguayos y argentinos en el marco de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay), conocida más tarde como «Operación Cóndor».
[ii] Uno de los fundadores del MLN-Tupamaros, preso y rehén de la dictadura militar. A la salida de la cárcel (1985) y hasta principios de los años 1990, Fernández Huidobro era uno de sus principales portavoces. Abandonó el MLN y creó la Corriente Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L), aliada del Movimiento de Participación Popular (MPP, frente político electoral de José Mujica). Fernández Huidobro escribió «Historias de los Tupamaros» (varias ediciones en diferentes idiomas), una obra considerada por mucho tiempo como la historia semi-oficial del movimiento guerrillero.
[iii] Entrevista en Búsqueda, 24-12-2014.
[v] Adolfo Garcé, «Salió perdiendo», El Observador, 26-3-2011. Fue
miembro del Partido Comunista hasta después de la caída del Muro de Berlín.
[vi] La cárcel fue construida bajo el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010). Allí se encuentran alojados una docena de militares. Todos siguen cobrando íntegramente la jubilación y se les contempla el escalafón militar.
[vii] Ricardo Scagliola, «Ministro en el ojo de la tormenta», Brecha, 26-12-2014.
[viii] Ratificada por la mayoría del electorado en los Plebiscitos de 1989 y 2009.
[ix] Ibídem.
[x] Entrevista en Búsqueda ya citada.
[xi] Ricardo Scagliola, «Demasiado verde», Brecha, 2-1-2015.
[xii] La Corte IDH al pronunciarse en el caso de la desaparición de María Claudia García -nuera del escritor argentino Juan Gelman (1930-2014) y madre de Macarena Gelman, diputada electa del Frente Amplio-, sentenció que «la ley de Caducidad carece de efectos de incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos».
[xiii] Entrevista a Ignacio Errandonea, Gimena Gadea y Eduardo Pirotto, Brecha, 20-5-2011.
[xiv] Entrevista en Brecha, 25-2-2011.
[xv] Citado por El País, 16-7-2011.
[xvi] Citado por La República, 16-7-2011.
[xvii] Citado por Uypress (Agencia Uruguaya de Noticias), 27-7-2011.
[xviii] Declaraciones a El País, 19-7-2011.
[xix] Documento N° 5 del MLN, enero de 1971.
[xx] Dirigente histórico de los tupamaros, preso y rehén de la dictadura militar. Abandonó el MLN a mediados de los años 1990. Fue edil (consejal) municipal de la Corriente de Izquierda (Frente Amplio) y es autor del libro «Raúl Sendic, el tupamaro, su pensamiento revolucionario» (Letraeñe, Montevideo, 2010). Actualmente se ubica en el campo de la izquierda anticapitalista, en oposición al gobierno del Frente Amplio.
[xxi] Jorge Zabalza, «Relaciones Íntimas», Voces, 28-7-2011.
[xxii] Ibídem.
[xxiii] Alfonso Lessa, «El pecado original. La izquierda y el golpe militar de febrero de 1973», Sudamericana, Montevideo, 2012.
[xxiv] Entrevista en La Diaria, 19-3-2013.
[xxv] Fernando Amado, «Bajo Sospecha. Militares en el Uruguay democrático». Sudamericana, Montevideo, 2013. Es diputado del Partido Colorado.
[xxvi] En el balotaje del 30 de noviembre de 2014, la fórmula presidencial del Frente Amplio, Tabaré Vázquez-Raúl Sendic, recibió 1.229.983 votos (53,6%); y la del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou-Jorge Larrañaga, 943.524 (41,1%). Hubo 59.406 votos anulados (2,6%) y 62.789 en blanco (2,7%).
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