Tras el suicidio del expresidente Alan García, acusado esta vez por corrupción, las elites peruanas y sus repetidoras de los medios de comunicación intentan que se imponga un discurso de impunidad y se eliminen de la memoria nacional y colectiva los distintos crímenes patrimoniales y contra la vida en los que ha estado inmerso en […]
Tras el suicidio del expresidente Alan García, acusado esta vez por corrupción, las elites peruanas y sus repetidoras de los medios de comunicación intentan que se imponga un discurso de impunidad y se eliminen de la memoria nacional y colectiva los distintos crímenes patrimoniales y contra la vida en los que ha estado inmerso en su calidad de dos veces jefe de Estado. Intentan convertir al corrupto y asesino en mártir.
Durante meses daba la impresión de que García podía torear con destreza las distintas imputaciones que se obtenían en su contra mediante las investigaciones del equipo fiscal especializado-por sus capacidades políticas, mediante entrevistas condescendientes, a través de su cuenta en Twitter, y por su facilidad de palabra.
El suicidio de García tiene que ver con los avances en las investigaciones por lavado de activos en casos de sobornos en la adjudicación y construcción del Metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011) y cobros de coimas de la trasnacional brasileña Odebrecht. Se estima que los montos de sobornos alrededor de este caso oscilan alrededor de los 45 millones de dólares. Es sintomático que todos los presidentes de la república elegidos en democracia estén siendo investigados por este caso.
García, el exsocialdemócrata devenido en feroz anticomunista, ya sumaba un historial de evitar las sanciones del sistema de justicia por diversos escándalos patrimoniales y de violación de derechos humanos perpetrados en su primer mandato presidencial .
Al inicio de la investigación Alan García apelaba a viajar con regularidad a Europa donde tiene departamentos y a distintas maneras de eludir la investigación judicial, hasta que pidió asilo político en Uruguay, el que le fue denegado. La justicia le impidió de inmediato la salida del país por 18 meses, mientras adelantaba las investigaciones por corrupción.
Sumaba a ello el bloqueo desde el Parlamento por parte de la bancada aprista (junto a la fujimorista) para entorpecer las investigaciones y la red de contactos a nivel de Poder Judicial que también fueron parte de otro escándalo en el aparato judicial en el primer semestre del 2018 y que fue denominado «Lava Jueces».
Pero el peso de las pruebas ya habían mandado a prisión al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y a Keiko Fujimori, hija del dictador y genocida Alberto Fujimori, Otro exmandatario, Ollanta Humala, y su cónyuge Nadine Heredia afrontaron nueve meses de prisión preventiva y el expresidente Alejandro Toledo sigue prófugo en Estados Unidos.
Entre las personas con orden de detención preliminar y allanamiento en la misma causa que García están dos personajes clave: Luis Nava Guibert (exsecretario general de la Presidencia durante su segundo gobierno y persona de confianza) y Miguel Atala Rivera (expresidente de PetroPerú durante el mismo mandato).
Mediante ellos se efectuaron pagos irregulares de parte de Odebrecht mediante transferencia de dinero a cuentas de la offshore panameña Ammarin Investment Inc. en la Banca Privada de Andorra (un 1.300.000 dólares) y pagos directos desde la famosa Caja 2 del Departamento del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht administrada por su representante en el Perú, Jorge Barata (cuatro millones de dólares referidos a los Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur). El camino del dinero se iba concentrando en un receptor: Luis Nava, el hombre de confianza de Alan García.
¿El tiro del final lo hace inocente?
Héte aquí que con la mera presentación del acta de defunción se archivan de inmediato todos los procesos en contra de García. En términos jurídicos muere como inocente. Este archivamiento no significa que los procesos contra los demás imputados se detengan, aunque desde los medios hegemónicos de comunicación se insista en victimizar a García y trasladar la atención a una supuesta y vergonzosa acusación de abuso de autoridad de parte del equipo de fiscales especializados en el caso Odebrecht.
Desde hace varios años se vienen generando disputas entre distintos grupos al interior del partido aprista, originariamente antiimperialista y luego defensor del modelo neoliberal, que de ser el principal grupo político del Perú pareciera estar en proceso de defunción, en especial entre los congresistas Jorge del Castillo y Claude Maurice Mulder. El futuro del Apra y del aprismo no está nada claro.
No se debe olvidar que García y el Apra privilegiaron la acumulación del capital por parte de empresas transnacionales minando los derechos de trabajadores y trabajadoras, criminalizando la protesta social como en la masacre de Bagua en el 2009, violando derechos humanos como la matanza de Los Molinos hace 30 años y socavando el medio ambiente y la naturaleza a favor de las industrias extractivas.
Durante la llamada guerra popular de Sendero Luminoso, a García se le acusa de ordenar la muerte de más de 300 militantes, muchos de ellos ya detenidos, y se lo recuerda por ser responsable de una de las mayores hiperinflaciones del país. Al final de su primer Gobierno apoyó la candidatura de Alberto Fujimori. Alan García retornó al poder en 2006, llamando a la unidad de las derechas, aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional, en alianza con los grandes empresarios, pero apenas logró el cinco por ciento de los votos. Sus partidarios en el Congreso se aliaron a los fujimoristas.
La corrupción y el lawfare
La corrupción no es meramente un fenómeno moral y/o cultural, sino un problema sistémico directamente relacionado con el modelo de acumulación de capital por despojo que se da en Perú desde hace 200 años. El poder fáctico quiere que las investigaciones se circunscriban al ámbito de los políticos tradicionales (mientras intentan promocionar una generación de recambio), sin que se profundicen en los grupos dominantes, sean éstos empresarios, políticos, magistrados o medios de comunicación, cómplices en toda la trama de corrupción.
Y por eso, como en Brasil, Argentina y otro países, apela al lawfare, o sea la judicialización de la política, una forma de dominación elitesca que tiende a la proscipción o muerte política de líderes populares (Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa).
Pero en Perú ni Alan García ni Keiko Fujimori, siempre aliados a los grupos de poder nacionales y trasnacionales, tienen el respaldo popular de aquéllos, su desaprobación a fines de 2008 era de 93 y 86 por ciento, respectivamente.
Las elites peruanas intentan ahora que se imponga un discurso de impunidad y se eliminen de la memoria los distintos crímenes patrimoniales y contra la vida en los que ha estado inmerso Alan García. La respuesta popular parece estar, por ahora, en la calle, donde se verifica la necesidad de abandonar la colonialidad de la no interpelación al poder y terminar con la impunidad de asesinos, genocidas y ladrones y avanzar para logar un Perú de todos.
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE,www.estrategia.la)
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