En forma ascendente, los servicios militares de compañías privadas se ofertan y demandan en países de América Latina. Según organizaciones civiles de los derechos humanos y ambientalistas colombianas, peruanas y mexicanas, las corporaciones militares de origen estadunidense, inglés e israelí mantienen filiales y subsidiarias en la región, dedicadas a promover una gama de actividades de […]
En forma ascendente, los servicios militares de compañías privadas se ofertan y demandan en países de América Latina.
Según organizaciones civiles de los derechos humanos y ambientalistas colombianas, peruanas y mexicanas, las corporaciones militares de origen estadunidense, inglés e israelí mantienen filiales y subsidiarias en la región, dedicadas a promover una gama de actividades de seguridad, entrenamiento, apoyo logístico, formación de combate y venta de armas ligeras y pesadas.
Empresas como SY Coleman Corporation, Risk Incorporated, Dyncorp, XeServices (antes Black Water), Global CST, entre otras, dominan el rentable mercado bajo la tutela y control de los órganos de seguridad de los Estados Unidos y países aliados en la llamada ‘lucha contra el terrorismo’ en el marco de la nueva doctrina de seguridad hemisférica.
En estos días, la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú dio a conocer la investigación sobre tres exministros del país sudamericano implicados en contratos secretos con la firma israelí Global CST, a partir de un decreto suscrito en 2009 bajo el segundo gobierno del expresidente Alan García, que consistió en «compra de servicios» de entrenamiento de fuerzas especiales de élite, seguridad y equipamiento por un valor de 16 millones de dólares.
También están implicados otros veinte exfuncionarios civiles y militares, presuntamente por formar parte de la red de gestores y consultores de servicios de entrenamiento vinculados a la corporación militar privada, que luego de varios años de investigaciones legales es que en 2013 sale por fin a la luz la trama de las ‘empresas privadas de la muerte’.
Global CST cuenta con un historial de venta de aparatos y servicios de tipo militar en países de la región. Por ejemplo, en Colombia suministró entrenamiento en contrainsurgencia a tropas del Ejército durante la gestión del actual presidente, Juan Manuel Santos, cuando fue ministro de Defensa (2009) y encargado de la lucha contra la guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Otras empresas israelíes como Alfacom, de radiocomunicaciones e inteligencia, y Security and Intelligence Advising, de capación en seguridad, mantienen operaciones en Colombia ofertando sus productos al Gobierno en un proceso de restructuración de la inteligencia y los cuerpos de seguridad convencionales.
Este tipo de servicios responden al proceso de transformación estatal de algunos países latinoamericanos con mayor alienación a las políticas de libre mercado y desregulación de Ejércitos y Policías, pero bajo un rígido control de los resortes del poder político. Se trata de la penetración privada gradual al uso del monopolio de la fuerza que ejercen los Estados.
En Colombia, los servicios de otras empresas similares se despliegan en rubros como la llamada ‘lucha antinarcóticos’, lo mismo que a proteger empresas extractivas, sobre todo mineras y petroleras. La estadunidense DynCorp mantiene base operativa en el país andino y recibe orientaciones desde su base central en Florida.
Se dedica a la búsqueda y destrucción de cultivos de enervantes bajo operaciones encubiertas. Desarrolla estrategias de cobertura a militares y da soporte técnico de movilización de tropas con helicópteros y aviones propios en alquiler.
En febrero de este año en curso, la firma enfrentó un proceso legal por torturas y violaciones a los derechos humanos por parte de familiares de las víctimas que se opusieron a las empresas mineras y a la explotación petrolera en zonas naturales del quinto país que más vende el energético a los Estados Unidos.
El control de sitios estratégicos de empresas multinacionales son objetivos de las firmas del ramo ‘new security and development’. Se combinan con hostigamientos a opositores sociales como sindicalistas, ambientalistas y campesinos.
En México, el Centro de Estudios sobre Seguridad Pública denunció el inicio de operaciones de SY Coleman Corporation, al abrir una convocatoria a exmilitares estadunidenses para realizar labores de vigilancia aérea en la zona petrolera del estado de Veracruz, en el golfo de México.
También, la organización civil registró las acciones de entrenamiento a policías del grupo especial táctico de la municipalidad de León, en el estado de Guanajuato, zona central del país azteca, por parte de la compañía Risk Incorporated, con sede en Miami.
Según la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Latinoamérica el mercado de bienes y servicios de la seguridad privada asciende a un 11% del total estatal y otra parte, sin cálculo certero, en contratos de ‘outsourcing’ (logística), armamento, sistemas tecnológicos de punta e inteligencia operativa y cibernética.
Mientras esto sucede en América Latina, los casos más sonados en el mundo sobre crímenes de lesa humanidad recientes cometidos por estas compañías bajo la cobertura estatal, sobre todo de Estados Unidos, siguen impunes en Irak y Afganistán.
Las corporaciones militares privadas suministraron sus servicios, antes, durante y después de las invasiones en 2001 y 2003 en los países asiáticos. Allí se emplearon alrededor de un contratista privado por cada soldado estadunidense. En realidad se trató de un ejército invasor con dos cabezas, la privada y la estatal, las mismas que se asoman hoy en el hemisferio americano.