A tres semanas de las elecciones del 5 de junio, los sondeos de opinión arrojan un marcado empate en las dos opciones que postulan a la jefatura del Estado. Votos más, votos menos, unos dan la victoria a Pedro Pablo Kuczynski; y otros, a Keiko Fujimori. La distancia que separa, en ambos casos, al uno […]
A tres semanas de las elecciones del 5 de junio, los sondeos de opinión arrojan un marcado empate en las dos opciones que postulan a la jefatura del Estado. Votos más, votos menos, unos dan la victoria a Pedro Pablo Kuczynski; y otros, a Keiko Fujimori. La distancia que separa, en ambos casos, al uno de la otra, es singularmente mínima.
Como lo hemos dicho antes, los dos candidatos representan una misma opción: el Neo Liberalismo. Y ambos garantizan la continuación -casi inmutable- del «modelo» Neo Liberal, lo que satisface ampliamente a la derecha más reaccionaria y, claro está, a la «prensa grande». No obstante la similitud, que nadie niega; han asomado diferencias significativas desde el 10 de abril hasta hoy. Bien vale subrayarlas.
La Fujimori ha buscado «sumar fuerza» sin escrúpulo alguno. Ha apoyado, así, a los buscadores de oro, los mineros informales de Madre de Dios, que depredan a su antojo la selva y terminan con todo vestigio de vegetación y bio diversidad, alentando la tala ilegal de bosques enteros.
Al mismo tiempo, ha suscrito documentos vergonzantes con seudo Predicadores Evangélicos, comprometiéndose a cerrar filas contra el aborto por violación y la Unión Civil en cualquiera de sus modalidades. Y en el extremo, ha tendido la mano a extorsionadores y sicarios que crearon Mafias en el área de la Construcción, ofreciéndoles el oro y el moro a cambio de su respaldo, y sus votos. En paralelo, ha sumado nombres a su oferta electoral, presentando «asesores» que no estuvieron antes bajo su férula. No ha explicado, sin embargo, el costoso procedimiento seguido para lograr esas -algunas de ellas- sorpresivas adhesiones.
Elmer Cuba, economista de Pro Consult, defensor a raja tabla del «modelo»; confesó «haber estado a punto de ir a la Marcha anti Keiko del 5 de abril» antes de sumarse al carro del fujimorismo. Hernando de Soto, asesor de Fujimori en Las Bahamas (1992) y consejero de mandatarios corruptos en distintos países, admitió estar presto a dialogar con «ex terroristas», descubriendo que «no todos, son iguales». Eduardo Pérez Rocha, en su momento Director de la Policía Nacional, debió reconocer que bajo su gestión se hizo muy poco para enfrentar a la delincuencia.
Pero igual, todos ellos, se sumaron a la bolsa del Keiskismo porque a la candidata no le importa ni lo que traigan, ni lo que propongan. Le interesa, sólo, el que puedan aportarle algunos votos más para su talega.
Kuzcynski ha sido más formal, y más discreto. Prefirió entenderse con los Productores Agrarios, las entidades anticorrupción existentes, los defensores de los Derechos Humanos y los líderes sindicales de diversos gremios. Curiosamente, no les ha pedido nada; y, en cambio, se ha comprometido a trabajar con ellos contra la corrupción y la Mafia.
De ganar el 5 de junio, deberá responder, porque, sin ninguna exigencia, resolvió firmar compromisos, para no dejar palabras al viento. La incorporación a su equipo de Inés Tello Bonila y Avelino Guillén, calificados por la «prensa chicha» como «los sicarios de Alberto Fujimori», ha inquietado seriamente los predios de la Mafia.
El Keikismo se esmera por sembrar diversas mentiras en el escenario electoral. Dice, por ejemplo, que «ella no robó «. En todo caso, admite a regañadientes, que hubo «errores» bajo la gestión de su padre; pero ella no fue …
Independientemente del despropósito que implica llamar «errores» a delitos que consumaron la sustracción de más de seis mil millones de dólares de las arcas del Estado -a más de muchos otros latrocinios-; hay que subrayar que Keiko fue beneficiaria directa de ese dinero. Vivió de él, se alimentó, vistió, viajó, e incluso estudio con él. Y ahora, es ella quien dilapida esa fortuna, gracias a la cual es accionista de importantes empresas mineras, puede darse el lujo de vivir sin trabajar, y se ufana de «construir Partido» repartiendo millones de dólares en una muy onerosa campaña.
Otra falacia de su repertorio es la frase «los hijos no pueden ser culpables de las acciones de sus padres». La expresión, en frío, es cierta. Pero ocurre que no es a partir de palabras, que asoman las similitudes entre Keiko y Alberto. Son el resultado de acciones, de antes y de ahora.
De antes porque, como lo recordó recientemente el diario «La República», Keiko encabezó -como «Primera Dama de la Nación» la delegación peruana que concurrió, en1998, a la Cumbre Regional Internacional por la Infancia en América Latina y el Caribe, que se celebró en Cartagena de Indias. Y de ahora, porque ella misma -y su entorno- no trepidan en calificar como «terroristas» a los que la denuncian, o la objetan. Incluso, los amenazan abiertamente asegurándoles: «ya te queda poco tiempo. Los tenemos a todos ustedes bien marcados».
Esto último tiene que ver con la vieja escuela aplicada en el país sobre todo en la «Década Dantesca» -como se llamaran los especialistas- En aquellos años, hay que recordarlo muy bien, se aplicó una «política social» sustentada en seis procedimientos en extremo perversos: Las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de personas, las privaciones ilegales de la libertad, la habilitación de centros clandestinos de reclusión, la tortura institucionalizada y las penas expeditivas y crueles.
El Informe de la Comisión de la Verdad dio, en su momento, una pálida visión del páramo siniestro que configuró el régimen del padre, al que ella llama «El mejor Presidente del Perú».
Keiko, como se sabe, tiene 40 años. Asumió a los 18 el papel de «Primera Dama», reemplazando a Susana Higushi, que fue destituida, encarcelada y torturada en los calabozos del SIN, precisamente uno de los centros clandestinos de reclusión en el que fueran también encerrados el empresario Samuel Dayer, el periodista Gustavo Gorriti y hasta el narco traficante Demetrio Chávez Peñaherrera. Hoy, ella reivindica sus «más de veinte años de trabajo político», con lo cual asume sus vivencias y acciones desde 1996.
Es bueno recordar dos elementos muy concretos. En ese periodo se calificó como «delincuentes terroristas» a todos los que el régimen buscaba perseguir. Contra muchos de ellos se aplicaron los procedimientos citados. Los ejecutados -hombres, mujeres y niños- fueron miles. Y también fueron miles, los desaparecidos en Ayacucho, Huancayo, Lima y otras ciudades. 650 mil peruanos fueron detenidos en el Perú en 1996, y una cifra similar al año siguiente. El 90% de los detenidos, fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, frase eufemística que los organismos internacionales usan para aludir a la Tortura.
Los cuarteles, las bases militares, las oficinas del Ejército y hasta los buques de la armada; fueron usados como «lugares de detención», a más de «viviendas particulares» como la tristemente célebre «Casa Rosada», frente al Aeropuerto de Huamanga, en Ayacucho. En aquellos años -no hay que olvidarlo- miles de peruanos fueron sometidos a procesos expeditivos: juicios secretos, procedimientos sumarios, con jueces sin rostro, que dictaron sentencias anónimas y condenas -en horas- a Cadena Perpetua a muchísimos inocentes.
Y a quienes creen que «eso, es pasado» y que, en todo caso «respondió a una guerra que entonces existía», hay que recordarles tan solo que esa «guerra» en buena medida fue un truculento montaje de los servicios secretos para justificar precisamente una verdadera guerra de exterminio contra las poblaciones nativas. Por eso, los dos tercios de ejecutados o desaparecidos, fueron quechua-hablantes y vivían en el mundo rural, integraban las llamadas «poblaciones originarias».
Pero hay que advertirles también que los líderes fujimoristas han considerado «primos de terroristas» a los asistentes a la manifestación del 5 de abril, y han calificado como «delincuentes terroristas» a quienes los enfrentaron en Arequipa, Cusco, Puno y otras ciudades. Y hoy también, aupados en la ola de indignación por los asesinatos cotidianos de personas, proclaman la «Pena de Muerte» como procedimiento válido para «asustar» a la población. No es una «historia del pasado», sino una realidad presente la que se nos plantea.
De las lecciones del fujimorismo, también debemos aprender.
Gustavo Espinoza M., del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://nuestrabandera.lamula.
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