La tragedia de Hillsborough (en la que murieron 96 personas en 1989 a consecuencia de una avalancha humana en un campo de fútbol) no es el único suceso en el que la policía de South Yorkshire ha mentido e incluso calumniado a las víctimas para ocultar su propia incompetencia. A pocos kilómetros del estadio de […]
La tragedia de Hillsborough (en la que murieron 96 personas en 1989 a consecuencia de una avalancha humana en un campo de fútbol) no es el único suceso en el que la policía de South Yorkshire ha mentido e incluso calumniado a las víctimas para ocultar su propia incompetencia. A pocos kilómetros del estadio de nefasto recuerdo del Sheffield Wednesday, los antiguos trabajadores de los yacimientos de carbón de Orgreave recuerdan perfectamente como fueron falsamente acusados de atacar a las fuerzas del orden durante los piquetes de los años ochenta contra la nacionalización de las minas por el Gobierno de Margaret Thatcher.
«Cuando Thatcher muera recibirá todo tipo de panegíricos como una de las grandes estadistas de la historia de Gran Bretaña, pero aquí en Yorkshire habrá mucha gente que no estará de acuerdo -dice Cecil Lawson, un académico que ha estudiado el conflicto minero y la depresión postindustrial en el norte de Inglaterra-. La dama de hierro necesitaba que la policía estuviera de su lado, y fomentó una cultura de todo vale cuyas repercusiones todavía se sienten».
De las grandes instituciones del Reino Unido, la policía es la más desprestigiada. La BBC continúa siendo un modelo de televisión pública a pesar de los recortes, la monarquía se ha recuperado de los escándalos y el anquilosamiento que incluso cuestionaron su supervivencia tras la muerte de Diana, y hasta los autobuses de dos pisos y las cabinas rojas de teléfonos sobreviven al paso del tiempo. Pero Scotland Yard y fuerzas regionales del orden como la de South Yorkshire han protagonizado varios incidentes que cuestionan no sólo su competencia, también su integridad.
La fabricación por la policía de pruebas falsas para condenar a inocentes y ocultar sus propios fallos no es sólo cosa de las películas, y no se encuentra únicamente en los genes del LAPD (Los Angeles Police Department) y el NYPD (New York Police Department). Sus colegas británicos han aprendido perfectamente la lección, como se deduce de las flagrantes manipulaciones de Orgreave y Hillsborough, de las muertes injustificables del brasileño Charles de Menezes tras los atentados del año 2005 y del vendedor de periódicos Ian Tomlinson durante la manifestación del año 2009 contra una reunión del G-20, de la impunidad con que fueron tratados en el año 1993 los asesinos racistas del joven negro Stephen Lawrence, y de los republicanos norirlandeses inocentes que se pasaron largos años en la cárcel como chivos expiatorios de atentados del IRA en Birmingham y Guildford. Todo empezó con Thatcher, que ofreció impunidad a la policía de South Yorkshire, Lancashire y otros condados en su lucha contra los sindicatos y los mineros.
El ex ministro laborista de Interior Jack Straw dice que «el Gobierno conservador de los ochenta necesitaba una fuerza partidista que estuviera incondicionalmente de su lado en la gran batalla social que iba a librar, y para ello creó una cultura de luz verde a los abusos y a una total falta de responsabilidad».
Esa connivencia entre los responsables del orden público y el poder sigue viva y coleando en Inglaterra después de casi cuarenta años, como demuestra el escándalo de las escuchas telefónicas por parte del News of the World, cuya investigación ha sacado a relucir la alianza tácita (y a veces incluso expresa) entre la policía, la prensa y los políticos para promover determinadas agendas y denostar las ideas y los individuos que juegan contra el sistema.
La lealtad, el secretismo y una cierta camaradería de corte militar forman parte del comportamiento de las policías de todo el mundo, consecuencia en buena parte de un trabajo peligroso que a veces coloca a sus integrantes en primera línea de fuego, y alimentada por la obsesión de los Estados en preservar el monopolio de la fuerza y alimentar un espíritu de ley y orden con amplio calado entre los votantes más conservadores. La simbiosis entre los gobiernos y las fuerzas del orden es un fenómeno natural como garantes de la autoridad.
«Aún reconociendo que es así -dice el activista sindical de Yorkshire Patrick Little-, es una evidente exageración que de las 8.500 denuncias por excesos policiales presentadas en los últimos tres años, tan sólo trece casos hayan resultado en la presentación de cargos criminales, una estadística que desafía toda lógica y confirma la complicidad entre los distintos brazos del poder establecido». En un caso todavía pendiente, el ex policía Ryan Coleman-Farrow acaba de confesar que deliberadamente falsificó informes forenses, pruebas y declaraciones de testigos en once casos de violación.
Desgraciadamente, el caso de Coleman-Farrow no es un incidente aislado. Tras el asesinato racista de Stephen Lawrence en una parada de autobús del sur de Londres en 1993, y la decisión de la Policía Metropolitana de no presentar cargos por «falta de pruebas» contra ocho sospechosos blancos, un informe independiente denunció el «racismo institucionalizado de Scotland Yard». Tan sólo en el 2011, con la ayuda de nuevas técnicas forenses, dos de ellos fueron vueltos a juzgar y condenados a más de quince años de prisión tras comprobarse la presencia de su ADN en las ropas de la víctima.
Los atentados terroristas de Nueva York, Madrid y Londres (y la reacción del Gobierno laborista de Tony Blair) alimentaron el aire de invulnerabilidad de la policía, que en aquel clima de guerra acribilló a balazos en el 2005 al electricista brasileño Charles de Menezes, confundiéndolo por error con un posible terrorista. Los agentes especiales mintieron al decir que de su bolsa de trabajo sobresalían unos «cables sospechosos», que ignoró las órdenes de «alto» y que saltó la barrera de la estación de metro de Stockwell. Pero nadie ha pagado por ello. Al jurado se le prohibió un veredicto de homicidio, y al final la empobrecida familia de la víctima aceptó el pago de una compensación.
Los familiares de las víctimas de Hillsborough hacen presión para que los miembros de la policía de South Yorkshire con responsabilidades en la tragedia sean juzgados y castigados, una posibilidad que el primer ministro David Cameron no ha descartado. A lo mejor consiguen una justicia que a los mineros de Orgreave y a las familias de Stephen Lawrence, de Ian Tomlinson y de Charles de Menezes les ha sido denegada.