Mercosur camina tambaleante hacia este fin de mes, cuando Venezuela debiera recibir de Uruguay la presidencia pro témpore del organismo de integración regional, tal como lo ordenan los estatutos, tratados y reglamentos, pese a la campaña del Paraguay y Brasil para impedirlo a toda costa, las confabulaciones en curso y las mentiras. Varios hechos se […]
Mercosur camina tambaleante hacia este fin de mes, cuando Venezuela debiera recibir de Uruguay la presidencia pro témpore del organismo de integración regional, tal como lo ordenan los estatutos, tratados y reglamentos, pese a la campaña del Paraguay y Brasil para impedirlo a toda costa, las confabulaciones en curso y las mentiras.
Varios hechos se concatenaron en los últimos días:
1) Tras una fracasada y polémica reunión de los cancilleres de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay en Montevideo, el 11 de julio, Uruguay, a cargo de la presidencia pro témpore, habló de una reunión de cancilleres del grupo para el sábado 30 de julio en Montevideo. Se supone que en la reunión se entregaría la presidencia pro témpore a Venezuela.
2) En un documento transmitido desde Brasilia el 19 de julio, el canciller José Serra, informó a la presidencia pro témpore que Brasil no iba a asistir a esa reunión, insistiendo en su posición de alargar los plazos hasta agosto (sin entregar la presidencia a Venezuela, claro).
3) El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa «olvidó» informar de esta negativa brasileña a los senadores de su país, que lo interpelaban, y dijo que el traspaso de la presidencia del Mercosur a Venezuela se negocia de «manera discreta», en relación a la presencia de los representantes de este bloque en la reunión convocada para el 30 de julio en Montevideo. Uruguay se mantiene en la posición de entregar la presidencia pro témpore a Venezuela, Argentina está en una posición colaborativa con la continuidad jurídica, «y con Brasil y Paraguay estamos intercambiando», dijo el ministro tras su reunión con la comisión de Asuntos Internacionales del Senado.
4) La nueva embajadora estadounidense en Uruguay, Kelly Keiderling, entró en el ruedo con declaraciones fuera de orden sobre la situación venezolana.
Sin dudas, son otras épocas, muy diferentes a la de hace un año, por ejemplo. Esta realidad del Mercosur se desarrolla en medio de un clima áspero, con intentos desestabilizadores de alcance continental, con un fuerte giro de restauración conservadora en Argentina, con un golpe de Estado en marcha en Brasil, con fallos judiciales desestabilizadores en Paraguay, y presiones diversas, internas y externas, para un realineamiento derechista regional con las cancillerías paraguaya y brasileña (pese a su interinato) como caballito de Troya.
Dos mentiras detrás de una verdad
La reunión de los cancilleres de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, fue presentada por la prensa como una «reunión Cumbre de los socios fundadores del Mercosur». Ciertamente, el canciller uruguayo Nin Novoa complació la solicitud de su colega paraguayo, quien solicitó esta reunión para hablar de la situación de Venezuela, en el marco del protocolo de Usuhaia. Fue una reunión donde se excluía a Venezuela como Estado Parte, para evaluar la propuesta paraguaya de aplicarle la llamada cláusula democrática. Venezuela no fue invitada oficialmente.
Desde el punto de vista del marco legal del Mercosur (Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto), esta reunión estuvo al margen de la ley. En el andamiaje legal y normativo del Mercosur, no existe nada que se le parezca a una reunión de socos fundadores u originarios, coinciden los especialistas.
La canciller venezolana Delcy Rodríguez asistió a la misma sin invitación (lo aclaró la noche previa a dirigentes políticos uruguayos) y aguó la conspiración. También se presentó el embajador de Bolivia, que señaló que lo hizo por instrucciones de su canciller y porque la norma obliga a que sea convocado. El embajador boliviano no fue incorporado a la reunión, y declaró a la prensa que la cancillería uruguaya le aclaró que la misma no era una reunión del Mercosur.
La reunión de «los cuatro» del lunes 11 de julio, representó un hecho muy grave desde el punto de vista institucional para el Mercosur. a) Se llevó a cabo un acto de discriminación, excluyendo a unos de sus socios; b) sin abrir un proceso formal se le estaba condenando mediáticamente con la cláusula democrática, cuando ni el protocolo de Ushuaia ni el Tratado de Asunción sobre derechos humanos (2005), lo justificaban: c) Convocaron, hicieron publicidad mediática y llevaron a cabo una reunión al margen de la legalidad del Mercosur.
La responsabilidad de la falta de tacto político cae en Nin Novoa y es lo que le da la razón a la acusación de la canciller venezolana de que la burocracia de Mercosur está siendo infectada de un «almagrismo», en alusión a Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien ha intentado aplicar de forma ilegal la Carta Democrática a Venezuela. Lo que revela que es una estrategia continental, donde todo indicaría que desde Estados Unidos se está estableciendo la agenda
Y llegó la segunda mentira. De la rueda de prensa posterior a la reunión del «club de los cuatro» del lunes 11, Nin Novoa señaló el jueves 14 como posible fecha para fijar el día de la Cumbre de Cancilleres. Esto último significa que de entrada no estaba contemplado en el esquema de Nin, una cumbre de Presidentes, la que estila realizar cada semestre.
Tratando de enmendar el grave error legal, diplomático y político de Nin Novoa, el gobierno uruguayo circula el jueves 14 una nota donde convoca al Consejo del Mercado Común (donde se reúnen los cancilleres), para el 30 de julio. Normativamente el CMC es la mayor instancia político-administrativa del Mercosur. Con este acto, no sólo se retomaba la legalidad sino que era una reiteración de la voluntad política declarada por el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, de traspasar la presidencia pro témpore, tal como corresponde. El detalle es que la nota no dice explícitamente que se la traspasará a Venezuela.
A partir de allí se origina una serie de declaraciones y reseñas de prensa donde el presidente y el canciller (interinos ambos) de Brasil arremeten contra Venezuela. Utilizan el mismo esquema con que la derecha ha venido dando golpes de Estado, «preparando» a la opinión pública a través de la imposición de la mentira política. José Serra llega al extremo de afirmar que Venezuela no debería haber entrado en Mercosur, mientras la prensa privada intensifica su campaña diaria de mentiras contra Venezuela.
El 19 de julio, Itamaratí emite una nota firmada por el Serra, donde rechaza la convocatoria a CMC, hecha por la presidencia pro témpore para el día viernes 30. Los argumentos esgrimidos son totalmente vacuos: sencillamente se niegan a traspasar la presidencia a Venezuela y quieren posponer hasta agosto el «juicio sumario».
Sin embargo, Nin Novoa, en la interpelación que le hace el Senado uruguayo no informa a su poder legislativo de la existencia de esta comunicación, conocida por todas las cancillerías de los Estados Partes, y le dice a los senadores que se están haciendo todos los esfuerzos por celebrar la Cumbre el 30 de julio.
A no ser que Uruguay quiere desconocer la autoridad de Serra (lo cual es totalmente posible dado la situación en Brasil), arriesgarse a ocultar la respuesta negativa del Brasil, puede ser otro error consecuencia de la demostrada torpeza política del canciller. O que tiene una carta bajo la manga, en este juego donde las barajas están marcadas.
Más allá de lo que quisiera hacer, el canciller es consciente de que el partido de gobierno, el Frente Amplio, se opone a que se atente contra la continuidad del Mercosur, así como lo hacen los principales movimientos sociales del país, entre ellos la poderosa central unitaria de trabajadores PIT-CNT.
La cláusula democrática
El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, señaló esta semana en el Senado de su país que para aplicar el protocolo de Ushuaia «tiene que haber una ruptura institucional», y añadió que Uruguay «no considera» que exista este escenario en Venezuela.
Horacio Cartes, presidente paraguayo, apenas retornado de Israel habló sobre la condena a los campesinos de Curuguaty. «No estuve en el gobierno que cayó, no estuve en el que asumió tras el golpe». O sea, admitió que fue un golpe parlamentario el que destituyó del poder al presidente Fernando Lugo, líder del Frente Guasú.
Su afirmación cayó muy mal en el gobernante partido Colorado, factótum del golpe de 2012 y destruyó la estrategia de su canciller Eladio Laoyza, basada en solicitar la aplicación de la carta democrática contra Venezuela, pese a que no hubo ninguna interrupción democrática.
Tarde llegaron las disculpas. «En mis declaraciones cometí un error al utilizar una palabra que tiene un sentido político totalmente diferente a mis convicciones», señaló en un comunicado.
EEUU también presiona
La representación diplomática estadounidense en Uruguay estaba acéfala desde hace un tiempo, luego de que culminara su misión la jovial Julissa Reynoso, en épocas de Pepe Mujica. Las delegaciones diplomáticas nunca son inocentes. Y en medio de toda esta crisis en el Mercosur llegó la nueva embajadora, de Washington, Kelly Keiderling, alabando al presidente Tabaré Vázquez, presionando -con una visión por demás recortada de la realidad- contra Venezuela e incluso inmiscuyéndose en los asuntos internos uruguayos.
Keiderling anduvo en misiones en varios puntos calientes del planeta: Cuba (primera secretaria de Prensa y Cultura de la Sección de Intereses de Estados Unidos, SINA, desde donde financiaba a opositores a través del proyecto Génesis, denunciado por la agencia estadounidense de noticias AP), Venezuela (encargado de negocios, y fue expulsado en 2013 por conspirar con la oposición un «sabotaje económico y eléctrico»), y anteriormente en Irak, donde ejerció nada menos que la jefatura de la oficina del Estado Mayor.
Hoy soplan otros vientos. En medio de un clima áspero en el seno del Mercosur, con intentos desestabilizadores de alcance continental, con un fuerte giro conservador en Argentina, con un golpe de Estado en marcha en Brasil y presiones diversas para un realineamiento derechista regional,
Puñados de dólares
Algunos de los que trabajaban (ya no) con Luis Almagro en la secretaría general de la OEA señalan que más allá de posiciones ideológicas, la activación de la Carta Democrática de la OEA para sancionar el gobierno venezolano, tiene precio y límite de tiempo. Hay un puñado de dólares (bueno, se habla de un millón) por el «trabajito» y la fecha límite es la de las elecciones presidenciales estadounidenses, señala una nota del investigador Álvaro Verzi Rangel (ver http://www.alainet.org/es/articulo/179003).
Y cuando todo apuntaba a un enfrentamiento «ideológico», la prensa paraguaya informó que la estatal petrolera PDVSA recurrió a la Cámara de Comercio Internacional para iniciar un proceso arbitral reclamando el pago de 265 millones de dólares por provisión de combustible durante años, en base a acuerdos firmados de refinanciamiento de deuda y adendas.
En conclusión, la democracia está en crisis en Mercosur, no precisamente por la acosada democracia venezolana, sino porque se están imponiendo prácticas políticas que violan la legalidad, formas propias de la época de las dictaduras, y donde el fin pareciera ser la destrucción del Mercosur.
* Rubén Armendariz es investigador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (www.estrategia.la).