En el Perú se viene librando una batalla encarnizada entre el lobbie minero y la movilización social que recientemente se ha manifestado de forma contundente, siendo el principal escenario de este enfrentamiento la Reglamentación de la Ley de Consulta Previa. Para ayudar al entendimiento de la actual coyuntura política y los intereses económicos que se mueven, publicamos el presente artículo que explica la articulación de sus operadores que motivan decisiones y cambios o remoción de los enemigos de los intereses mineros, dentro del aparato del Estado.
Esta semana debe ser presentado el proyecto de reglamento de la Ley de Consulta Previa, norma que se encuentra bajo el acecho del lobbie minero que actúa sincronizadamente en los medios de comunicación, el aparato estatal y tiene como una de sus principales operadores a burócratas enquistados en el aparato del Estado, que actúan a favor de sus intereses.
Su presencia en la campaña electoral fue notoria con el respaldo que le otorgó la ONG «Reflexión Democrática», del propietario de Yanacocha Roque Benavides, a más de una treintena de candidatos al Congreso, muchos de los cuales ocupan cargos expectantes en el actual Parlamento.
El lobbie minero logró colocar además a la máxima autoridad administrativa del Congreso, la Oficial Mayor Guiliana Lastres, la misma funcionaria que cuando trabajaba como asesora de Martha Hildebrandt elaboró el dictamen que facilitó la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional durante la dictadura fujimorista.
Ella habría tenido un papel principal en el frustrado acceso de Javier Diez Canseco a la presidencia de la comisión investigadora de los latrocinios del gobierno de Alan García, tras señalar que el candidato de ese grupo de trabajo debería ser elegido por consenso. La decisión no solo provocó el aplauso de los apristas sino de los grupos mineros que temen ser investigados..
Pero hay otros personajes que tienen que ver con la crisis generada tras la caída del viceministro de Interculturalidad, el sociólogo Vicente Otta, quien fue dado de baja luego que declarara que los contratos suscritos sin previa consulta debían ser anulados. (La Primera. 25.10. Pág. 8).
Entre esos burócratas que planearon la salida de Otta se encontraría, según fuentes del nacionalismo, Cecilia Flores Castañón, asesora legal de Perúpetro y esposa del ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, quien movió cielo y tierra para que el encargo de elaboración del reglamento de la Ley pase, en la práctica, a manos de la Presidencia de Consejo de Ministros.
Otro de los promotores del cambio sería nada menos que el encargado de la Prevención de Conflictos de la PCM, Víctor Caballero, quien es conocido por ponerse de lado de las grandes empresas y no de los pueblos afectados por la minería o por la voracidad de grupos de poder.
Ambos personajes participaron en la comisión multisectorial que debió llevar adelante el proceso de reglamentación y que feneció tras la salida de Otta. Ahora el trabajo de redacción del documento se hace en total reserva. El objetivo sería darle el control de la elaboración del reglamento de la Ley 29785 a grupos cercanos a las empresas mineras, dejando a un lado al Viceministerio de Interculturalidad.
Dirigentes nativos conocen bien a este par de angelitos. A Cecilia Flores Castañón, muchos dirigentes la recuerdan como una de las más férreas opositoras a la aprobación de la Ley de Consulta, luego de ocurridos los sucesos de Bagua.
El año 2007 Cecilia Flores fue contratada por Perúpetro para desarrollar normas legales que permitieran el desarrollo de actividades de hidrocarburos «en zonas protegidas» por gobiernos regionales, locales, entidades del Estado y el SINAMPE. Es decir, zonas prohibidas para la explotación minera.
Como se recuerda una de las últimas medidas de INDEPA, durante la gestión Otta, fue anular el proceso de exploración otorgado durante el gobierno aprista a Pluspetrol en el lote 88 de Camisea, donde existen pueblos no contactados. Esta autorización provenía de la administración aprista y le había costado al Estado una serie de demandas ante tribunales internacionales en las que participó Eguiguren como abogado. Así lo indica la RM 482-2007-MEM que lo designó representante legal.
Desde entonces, la esposa del ministro se dedicó a acabar con todo el ordenamiento existente. El contrato 004-2007-MEM la autorizaba además a evaluar la normatividad sobre usos de suelo y zonificación establecidos en los planes de ordenamiento territorial y planes maestros para establecer compatibilidades con las actividades de hidrocarburos. También se le facultaba a coordinar con las autoridades ambientales la ejecución de actividades extractivas.
Sin duda, con estos personajes participando en la elaboración del reglamento de la Ley de Consulta Previas, los pueblos nativos tienen mucho que temer.
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