Los indígenas mayas-man guatemaltecos han conseguido después de siete años de denuncias que el Gobierno se comprometa a cerrar la mina Marlin de la transnacional de Canadá. La mina Marlin I en Guatemala se cierra. Tras siete años de lucha los indígenas mayas-man de los municipios de San Miguel de Ixtahuacán y Sipacapa en el […]
Los indígenas mayas-man guatemaltecos han conseguido después de siete años de denuncias que el Gobierno se comprometa a cerrar la mina Marlin de la transnacional de Canadá.
La mina Marlin I en Guatemala se cierra. Tras siete años de lucha los indígenas mayas-man de los municipios de San Miguel de Ixtahuacán y Sipacapa en el departamento de San Marcos, al oeste de Guatemala, han conseguido que el Gobierno se comprometa a paralizar esta explotación canadiense. Tras sufrir 36 años de guerra que se llevaron por delante la vida de más de 350.000 personas, y desplazó a miles de personas, Guatemala trata de volver a la paz con los acuerdos del 29 de diciembre de 1996. Pero con la paz llegaron también las transnacionales mineras que invadieron el país. Unos meses después, en 1997, el Gobierno del empresario Álvaro Arzú, defensor a ultranza de políticas neoliberales, abrió las puertas a las multinacionales mineras estadounidenses y canadienses.
Una ley a medida
El Gobierno confeccionó una ley a medida de los intereses de las mineras. La Ley y su decreto 48-97, no exige estudios de impacto ambiental para la explotación, tampoco recoge la necesidad de llevar a cabo consultas entre las poblaciones afectadas por la minera y permite la propiedad al 100% de la explotación, contradiciendo a la propia constitución guatemalteca en referencia a las tierras comunales propiedad de los indígenas. Además, concede el 99% de los recursos a las empresas y sólo exige una regalía (compensación económica al Estado) de un 1% del beneficio (declarado).
Roberto Madrini, de la Comisión Pastoral Paz y Ecología, formada por organizaciones indígenas afectadas y la iglesia católica de la diócesis de San Marcos de Guatemala, ha declarado a DIAGONAL: «El país es un gran queso gruyere entregado a las transnacionales, estas corporaciones invierten en armas, oro… Nuestra lucha es contra una mina pero hay muchas más». Guatemala cuenta con una extensión de 108.889 km2, una quinta parte del Estado español, existen 107 minas a cielo abierto que ya se están explotando, y otras 417 concesiones mineras, la mayoría dadas durante el Gobierno de Óscar Berger (2000-2004) del partido del dictador Efrain Ríos Mont.
La mina Marlin es propiedad de Glamis Gold (Goldcorp), una de las cinco transnacionales mineras más potentes, que se instaló en Guatemala en 1998 y opera a través de la compañía Montana, participada al 100% por la multinacional canadiense. Goldcorp es un fondo de pensiones de Canadá, que cuenta también con fondos de pensiones de Suecia, Noruega y el fondo nacional de pensiones de Irlanda. En la Goldcorp hacen negocio inversores privados como universidades, y bancos de Canadá y EE UU. «Mientras los trabajadores del primer mundo invierten 200 euros en fondos de pensiones para tener una jubilación feliz, no saben que es a costa del sufrimiento de otros pueblos», señala Madrini. Las consecuencias ambientales y sociales de la minería en Guatemala son desastrosas. La mina Marlin tiene una superficie de 500 hectáreas muy cerca de dos municipios muy poblados. Las casas más próximas sufren grietas por las voladuras, además de contaminación acústica.
Cianuro para extraer el oro
Para la extracción del oro se rompe la montaña, lo que provoca cráteres de hasta 150 metros de profundidad. Es habitual que se produzcan fugas de materiales pesados, que contaminan el agua, e incluso, drenajes, fugas continuas, cuya contaminación dura cientos de años. Los trozos de montaña se trituran, para lo que es necesario terreno que antes se ha deforestado. En la búsqueda de oro en la mina Marlin, de la que también se extrae plata, se emplea cianuro, un ácido mortal con el que se riega la roca para atraer el oro y facilitar su recogida. Pero, además, la mina precisa de grandes cantidades de agua, por eso se instalan cerca de los ríos. «Las comunidades se quedan sin agua porque la mina necesita 250.000 litros por hora. Los ríos se secan porque la Goldcorp se ha apropiado del agua construyendo diques y balsas ahora contaminados para siempre», denuncia Madrini.
A finales de 2003, los indígenas enpezaron a luchar contra la multinacional. En 2005 organizaron una consulta popular en la que 700.000 personas dijeron «no» a la mina Marlin. La Goldcorp y el Gobierno incumplieron el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obliga a la consulta. Ese mismo año las comunidades se manifestaron contra la llegada de una tuneladora para la mina con cortes de carreteras que costaron la vida a un campesino. Entonces el presidente Óscar Berger mandó 1.300 efectivos del ejército para salvaguardar los intereses de la Goldcorp. Tras varias denuncias internacionales, una de ellas en 2007 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de fallar contra Goldcorp, el Gobierno de Álvaro Colón se ha comprometido a paralizar la actividad de la multinacional minera. La contaminación de la tierra y el agua seguirán durante cientos de años.
El Banco Mundial con la mina
El Banco Mundial dio un crédito de 45 millones de dólares para apoyar el proyecto de la mina Marlin en octubre de 2004, sin atender a las denuncias de la Organización Internacional del Trabajo. La Goldcorp ha tratado de dividir a la población de la zona que se opone a la explotación, incluso ha llegado a ofrecer ocho millones de quetzales directamente a las comunidades necesitadas de recursos. Esto ha hecho aumentar los enfrentamientos, que se han agravado con la noticia del cierre. Durante el mes de julio dos líderes comunitarios contrarios a la mina recibieron varios disparos. La Goldcorp está presente también en Honduras, México y Argentina. La presidenta de Costa Rica ha pedido una moratoria de las explotaciones a cielo abierto.
DESPUÉS DE 7 AÑOS UNA LUCHA GANADA
1997, LEY DE MINAS
El Gobierno conservador de Álvaro Arzú pone Guatemala a los pies de las multinacionales mineras que se apropian del 99% de los beneficios.
2005, CONSULTAS
Se iniciaron consultas entre las comunidades afectadas por la contaminación de la mina y 700.000 personas dijeron «no».
2005, MANIFESTACIONES
Manifestaciones y cortes de carretera pacíficos que costaron la vida de un campesino. El Gobierno mandó a 1.300 militares para reprimir a los indígenas
2010, FALLO DE LA CIDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras una denuncia de 2007, solicita en junio de este año el cierre de la explotación al presidente Álvaro Colón.
Antes, el Tribunal Permanente de los Pueblos celebrado en Madrid condenó las actividades de la multinacional minera canadiense en Guatemala.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Los-indigenas-de-Guatemala.html