La Comunidad Andina de Naciones (CAN) comenzó a negociar un «Acuerdo de Asociación» (AA) con la Unión Europea (UE) en septiembre de 2007. Bolivia se retiró de las negociaciones en 2008 y Ecuador siguió su ejemplo en junio de 2009. Solo Perú y Colombia asistieron a la VI ronda entre el 21 y 25 de septiembre en Bruselas, desesperados por firmar el acuerdo a fin de año.
Supuestamente el AA CAN-UE es más integral que un tratado comercial porque aborda asuntos políticos y de cooperación bilateral. Sin embargo, la médula del acuerdo siempre ha sido el componente comercial, y ahora los presidentes Alvaro Uribe y Alan García están a punto de firmar con Europa un tratado de libre comercio (TLC) común y corriente, tan o más peligroso que el TLC que suscribieron con Estados Unidos.
Este TLC beneficia principalmente a la UE, que está muy preocupada por eventuales déficits de materias primas en el futuro. La UE importa el 80 por ciento de la materia prima que requiere su industria para manufacturar bienes. Las materias primas representan un tercio del precio de los bienes industriales químicos, plásticos y madera, reveló el comisario de Comercio Peter Mandelson.
Eliminar las restricciones de acceso a energía, metales y materias primas, incluidos bienes agrícolas, cueros y pieles, es una de las prioridades de la UE, según el documento Europa Global, una especie de constitución comercial y política aprobada por la Comisión Europea (CE) en octubre de 2006.
Ahora más que nunca Europa necesita importar para poder exportar. Por ello el 5 de noviembre de 2008 la CE lanzó en Bruselas la Iniciativa en Materias Primas, un plan para eliminar impuestos, aranceles y otras medidas que encarecen las materias primas importadas desde los países del sur.
Algunos de nuestros socios comerciales restringen el acceso a fuentes de suministro provocando graves problemas a algunas industrias de la UE que pueden quedar fuera del mercado «de la noche a la mañana», alertó Mandelson e informó que la CE incluirá en todos sus TLCs cláusulas que prohíban las restricciones a las exportaciones (impuestos, aranceles y otras medidas), a no ser que estén justificadas por motivos medioambientales o de seguridad.
En nombre del «libre comercio», la UE exige a Colombia y Perú reformas legislativas institucionales, ambientales y laborales, nuevas políticas de competencia, propiedad intelectual y compras del Estado y otras modificaciones que trascienden el ámbito comercial.
La UE obliga a los países andinos a liberalizar servicios básicos; desregular mercados financieros «hasta lo máximo posible» y les compromete a no aprobar nunca más ningún tipo de medida política o económica «que restrinja el comercio» o la libre circulación de capitales.
Este TLC permite a los inversionistas de la UE patentar el patrimonio biogenético y cultural de comunidades campesinas e indígenas. Según la Directiva 98/44 de la CE, «un elemento aislado del cuerpo humano o producido mediante procedimiento técnico, inclusive la secuencia parcial de un gen, puede constituir una invención patentable, aún si la estructura de este elemento es idéntica a la de un elemento natural».
En otras palabras, las empresas europeas pueden adueñarse de elementos «copiados» de la naturaleza (principios activos de plantas nativas, elementos biológicos como la sangre y las hormonas) e inclusive conocimiento «genérico» como los algoritmos y las ecuaciones matemáticas.
Movilización popular
Se masifica la movilización popular contra los TLCs que han agravado la pobreza, han desplazado a miles de campesinos de sus tierras y han acelerado la depredación natural en América Latina y El Caribe.
Recrudece en la misma intensidad la represión y la criminalización de protestas sociales e indígenas en Colombia, Perú, Chile y Ecuador, se quejó la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de este año. (1)
En los primeros tres meses de 2009, 50 indígenas fueron asesinados en Colombia y más de 3.000 fueron desplazados forzosamente. Una veintena de indígenas y policías perdieron la vida en la insurrección contra los TLCs en la Amazonía peruana.
Los indígenas revoltosos y «quienes los instigan desde el exterior sabotean el desarrollo» de Perú, reclamó Alan García, y culpó al Presidente Evo Morales de la masacre en la Amazonía.
El gobierno peruano denunció que el 29 de mayo Morales envió una carta cargada de «conceptos de violencia» que «incitan a la rebelión», a la «resistencia» y a la «revolución» a la IV Cumbre del Abya Yala en Puno.
En la carta, Evo Morales rememora la historia de opresión y humillación de los pueblos andinos; convoca a la lucha por la igualdad de oportunidades entre todos los seres humanos, y a la «toma democrática del poder» para que indígenas, campesinos, obreros, jóvenes y trabajadores asuman su destino y construyan con sus propias manos el mundo que quieren para sus hijos.
No son cartas, libros o programas los que llevan a la gente a sublevarse, respondió el Vicepresidente Alvaro García Linera: «Ningún pueblo se rebela leyendo un documento; los pueblos se rebelan porque sufren, porque se sienten humillados, discriminados, arrebatados de sus riquezas, de sus recursos y de sus derechos».
¿A quién sirve el libre comercio?
Alan García, Alvaro Uribe y toda la derecha latinoamericana aseguran que el acuerdo con la UE multiplicará el comercio y la inversión y generará «desarrollo económico»; por tanto, rechazar el libre comercio significa obstruir la «modernidad».
Sin embargo, la lección de la crisis económica actual es que la lógica mercantil y el libre comercio no resolvieron los problemas sociales en el mundo, dice el Papa Benedicto XVI. Decenas de estudios de redes de la sociedad civil, ONGs y de la propia Comisión Europea confirman que el TLC con la UE no contribuirá al desarrollo sostenible de los pueblos andinos, agravará la inequidad social y afectará severamente a los derechos humanos. (2)
La economía global y el desarrollo están aquejados por desviaciones y problemas dramáticos: flujos migratorios frecuentemente provocados y no gestionados adecuadamente; efectos perniciosos sobre la economía real de una actividad financiera mal utilizada y en buena parte especulativa; y explotación sin reglas de los recursos de la tierra, reflexiona el Papa en su encíclica «Caritas in veritate».
El Papa advierte que el libre mercado ha estimulado nuevas formas de competencia entre Estados que flexibilizan leyes laborales, recortan gastos sociales y vulneran derechos fundamentales de los seres humanos, obsesionados por atraer inversión extranjera y mejorar sus «ventajas competitivas».
Está demostrado que los TLCs son instrumentos del capital financiero para saquear bienes primarios y explotar tierras fértiles en países pobres. Se ha comprobado en la práctica que el «libre comercio» socava la soberanía de las naciones en desarrollo y refuerza su matriz económica exportadora concentrada en unos cuantos productos con escaso o nulo valor agregado.
Las instituciones más importantes del Sistema de Naciones Unidas y prácticamente todos los movimientos sociales del mundo están plenamente conscientes de que el modo de producción capitalista multiplica la riqueza material y al mismo tiempo profundiza las desigualdades. La Iglesia Católica se escandaliza por «las disparidades hirientes» entre el superdesarrollo derrochador y consumista y la persistente miseria deshumanizadora.
La UE interpelada
Europa, «cuna de la civilización y de la democracia», recoloniza a los pueblos andinos con la tiranía del libre mercado y los condena a ser eternos proveedores de materia prima, dañando severamente no solo su prestigio internacional sino también la reputación de la democracia liberal occidental.
La UE «demócrata» negocia con los gobiernos peruano y colombiano sindicados de cometer graves violaciones a los derechos humanos para favorecer a sus compañías que también vulneran derechos humanos como Unión Fenosa, Repsol YPF, Aguas de Barcelona, BBVA, Banco Santander, Telefónica, BHP Billiton, Anglo Gold Ashanti, entre muchas otras. (3)
Europa destacó la importancia vital de fomentar la «integración» de la CAN, pero su TLC hizo añicos al bloque andino y quebrantó la estabilidad democrática en la región.
La UE servil con las transnacionales impone la «libre movilidad» de mercancías y capitales causantes de la crisis económica global, pero se niega a eliminar sus subsidios a la agricultura, reprime la libre locomoción de seres humanos, y persigue y encarcela a los inmigrantes de países empobrecidos por el saqueo europeo.
No es lícito deslocalizar recursos financieros especulativos únicamente para aprovechar particulares condiciones favorables, cediendo a la tentación de buscar únicamente un beneficio inmediato; peor aún explotar sin aportar una verdadera contribución a la sociedad local para el nacimiento de un sólido sistema productivo y social imprescindible para un desarrollo estable, sermonea el Papa a sus fieles.
La UE pisotea sus propios valores cristianos y vulnera brutalmente la soberanía de los Estados peones del capitalismo para garantizar el lucro de las transnacionales.
Notas:
1. De 2002 a 2008 se registraron 1.255 homicidios de indígenas en Colombia. Un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas investiga las ejecuciones extrajudiciales ampliamente documentadas. La CIDH condenó «enérgicamente los graves hechos de violencia» en Perú y sugirió al gobierno «adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos».
2. ALOP, Amigos de la Tierra Europa, Grupo SUR y Red UE-CAN.
3. En julio de 2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos Indígenas acusaron a las trasnacionales Ecopetrol, Oxy, Repsol, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Anglo Gold Ashanti, Bhp Billingthon, Anglo American, Glencore, Xtrata, Monsanto, Dyncorp, Maderas del Darien-Urapalma, Muriel Mining Corporation, Brisa SA, Empresas Públicas de Medellín, B2 Gold – Cobre y Oro de Colombia SA.