El centro social y cultural Matadero de Madrid acogerá los días 19, 20 y 21 de febrero unas jornadas europeas «contra la austeridad y por una Europa democrática, sostenible e igualitaria», cuya programación se concretará próximamente. Las jornadas contarán con debates, grupos de trabajo y exposiciones abiertas a la participación ciudadana. El objetivo de la […]
El centro social y cultural Matadero de Madrid acogerá los días 19, 20 y 21 de febrero unas jornadas europeas «contra la austeridad y por una Europa democrática, sostenible e igualitaria», cuya programación se concretará próximamente. Las jornadas contarán con debates, grupos de trabajo y exposiciones abiertas a la participación ciudadana. El objetivo de la iniciativa es, según los promotores, generar un espacio de confluencia entre personas, movimientos y organizaciones que se oponen al actual modelo de Unión Europea. «Se trata de romper con el régimen de austeridad de la UE y democratizar radicalmente las instituciones, además de ponerlas al servicio de la ciudadanía», explican.
La iniciativa se convoca después de una entrevista al exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, publicada por el diario italiano L’Espresso el pasado 23 de diciembre, en el que el economista anunció el lanzamiento de un movimiento «paneuropeo» para democratizar la UE y superar la fragmentación actual de la izquierda. De acuerdo con esta idea, el próximo 9 de febrero está prevista la presentación del «Democracy in Europe Movement» (DiEM 25) en el Teatro Volksbühne, emplazado en la Plaza Rosa Luxemburgo de Berlín.
El llamado a la confluencia viene aguijoneado por palabras como las del actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker: «No puede haber decisiones democráticas contra los Tratados Europeos». Recientemente Juncker ha pedido asimismo para el estado español un gobierno «estable» y que se constituya «lo antes posible», en sintonía con el argumentario del Partido Popular. Se da la circunstancia de que este curtido dirigente europeo (presidente del Eurogrupo entre 2005 y 2013) y miembro del Partido Popular Social Cristiano luxemburgués, tuvo que abandonar en diciembre de 2013 la presidencia del Gran Ducado por las diversas «irregularidades» cometidas por los servicios secretos, como escuchas ilegales y malversación de fondos públicos. Jean-Claude Juncker fue entre 2005 y 2013 primer ministro de Luxemburgo, país que que pese a no ser considerado por la Comisión Europea un «paraíso fiscal», ha suscrito acuerdos secretos con más de 300 multinacionales para que aligeraran su carga impositiva, según las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Anunciadas el 15 de enero, las jornadas incluyen un llamamiento por un Plan B contra la austeridad y los recortes en el viejo continente, al que puede adherirse cualquier ciudadano con su firma en http://planbeuropa.es/
La necesidad de un espacio de confluencia frente a la actual UE se apoya en «el ejemplo de Grecia», subraya el llamamiento, que afirma defender una visión «solidaria e internacionalista». Frente a la austeridad se plantean, además, diferentes propuestas: una política fiscal justa; el cierre de paraísos fiscales; la remunicipalización de los servicios públicos; el reparto igualitario de todos los trabajos (incluyendo los cuidados en condiciones de dignidad); un modelo productivo basado en las energías renovables y reformar o abolir el pacto fiscal europeo (denominado formalmente Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria). La adopción de estas medidas implicaría un giro en el paradigma dominante, contra el que ya se han impulsado movimientos como Blockupy, la Campaña No al TTIP, el Alter Summit, las Euromarchas y la huelga general europea de 2012, entre otros. Sin embargo, «es necesaria una mayor coordinación y cooperación práctica para la movilización a nivel europeo», afirma el llamamiento.
Rubricado por los eurodiputados de Izquierda Plural, Marina Albiol y Javier Couso; los diputados de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urban y Lola Sánchez; la diputada autonómica de la CUP, Anna Gabriel; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el primer edil de Cádiz, José María González «Kichi» y el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, el manifiesto por un Plan B se sustenta en el siguiente diagnóstico: «La actual UE está gobernada de facto por una tecnocracia al servicio de los intereses de una pequeña, pero poderosa, minoría de poderes económicos y financieros». Esta situación, agrega el documento, ha permitido el resurgimiento de los discursos de la extrema derecha y de planteamientos xenófobos y nacionalistas en muchos países de Europa.
Tampoco «el régimen de crisis de la UE» iniciado en 2008, «que privatiza los bienes comunes y destruye los derechos sociales y laborales», afronta las causas de la gran recesión, es más, se basa según el manifiesto suscrito por más de 150 políticos y activistas sociales en la privatización de los bienes comunes y la destrucción de los derechos sociolaborales, la desregulación del sistema financiero y la captura corporativa de las instituciones de la UE a través de los grandes lobbies y las puertas giratorias». Prueba de estas «soluciones falsas» y teñidas de opacidad son los Tratados de Libre comercio e Inversión (TTIP) como el que negocian actualmente la Unión Europea y Estados Unidos, el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA) entre Canadá y la UE; o el Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA) en el que participan 23 países.
Uno de los puntos de partida para el manifiesto y las jornadas es el análisis de lo sucedido en julio de 2015 en Grecia: «Un golpe de estado financiero ejecutado desde la Unión Europea y sus instituciones contra el gobierno de Tsipras». La consecuencia de ello fue que el pueblo heleno continuó sometido a las políticas de austeridad, que habían rechazado en dos ocasiones en las urnas. La conclusión del proceso, según los promotores del llamamiento por un Plan B, es que las instituciones actuales de la UE son «incompatibles» con la democracia y con el cumplimiento del rol de garantes de los derechos básicos que exigen los ciudadanos. Frente a la hegemonía de las políticas «austeritarias» se han alzado voces y movimientos como «Por un Plan B en Europa», «Austerexit» o «DiEM 25», que han denunciado el «chantaje» del Tercer Memorando de Entendimiento impuesto al país heleno. Otro de los puntos en los que insisten los activistas es la respuesta «insolidaria», incluso «xenófoba», de la Unión Europea y los estados miembros ante la llegada de refugiados de Oriente Medio y África. Oficialmente la UE sostiene una retórica favorable a los derechos humanos, pero el manifiesto por un Plan B subraya la «hipocresía» de este discurso, como puede apreciarse en las políticas comerciales o en la venta de armas.
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