Tres muertos y 50 heridos costó a los habitantes de la sureña provincia peruana de Islay, departamento de Arequipa, que el gobierno finalmente decidiera rechazar el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto cuprífero Tía María, perteneciente a la empresa Southern Peru Copper Corporation, de capitales mexicanos. Miles de pobladores del valle de Tambo iniciaron […]
Tres muertos y 50 heridos costó a los habitantes de la sureña provincia peruana de Islay, departamento de Arequipa, que el gobierno finalmente decidiera rechazar el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto cuprífero Tía María, perteneciente a la empresa Southern Peru Copper Corporation, de capitales mexicanos.
Miles de pobladores del valle de Tambo iniciaron una huelga indefinida a fines de marzo contra el proyecto que afectaría más de 12,000 Ha de cultivo, además de contaminar el río Tambo, cuyas aguas son usadas para el consumo humano y riego agrícola.
Tras duros enfrentamientos entre policías y manifestantes el 8 de abril, el Ministerio de Energía y Minas declaró inadmisible el EIA que había sido evaluado por la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS) encontrando numerosas observaciones.
«Hemos anunciado la emisión de una resolución directoral que declara inadmisible el proyecto e igualmente dispone que la empresa debe abstenerse de ejecutar cualquier actividad minera en la zona», dijo el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez. Igualmente ordenó a la empresa el retiro de equipos, maquinaria e insumos que ya había instalado en la zona.
«Cuando la empresa presentó el estudio, nosotros lo trasladamos a la UNOPS y esta emitió un conjunto de observaciones», agregó el ministro, señalando que habían esperado que la empresa resolviera dichas observaciones, pero tras revisar los documentos encontraron «elementos que son insalvables, lo cual declara su nulidad».
Un problema similar se produjo en junio del 2009, cuando indígenas amazónicos protagonizaron una masiva protesta demandando la derogatoria de una serie de decretos legislativos que permitían el reparto inconsulto de la Amazonia en forma de grandes concesiones hidrocarburíferas, mineras y madereras sobrepuestas a territorios indígenas y reservas naturales. Los choques en la localidad de Bagua, en la selva norte, entre policías y manifestantes indígenas dejaron 33 muertos.
El problema de fondo de la mayoría de los conflictos sociales vigentes en el Perú -alrededor de 250 según la Defensoría del Pueblo- está relacionado con la inexistencia de mecanismos de consulta a las poblaciones indígenas y campesinas sobre las concesiones mineras e hidrocarburíferas otorgadas por el gobierno en sus territorios.
En mayo del año pasado el Congreso aprobó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblo Indígenas u Originarios, en respuesta a la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado a iniciar un proceso de participación y consulta a las poblaciones originarias respecto a cualquier medida que afecte sus derechos colectivos.
Sin embargo, dos meses después el Ejecutivo devolvió la ley al Congreso con una serie de observaciones, incluyendo que debe quedar explícito que los pueblos indígenas no tendrán derecho a veto. El gobierno sostiene que el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT no otorga derecho al veto y que en caso que no se llegue a un acuerdo o consentimiento, se privilegiará el interés nacional sobre el derecho de los pueblos indígenas con el fin de «evitar todos los efectos negativos en el clima de inversiones del país». Hasta el momento el Legislativo no ha discutido la ley incluyendo las observaciones.
Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6359