El exdirector de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) de la UE, entre 2015 y 2022, Fabrice Leggeri, anunció el pasado 18 de febrero su fichaje por el partido de extrema derecha francés Agrupamiento Nacional, entre cuyos líderes se halla Marine Le Pen; así, Leggeri figurará en las candidaturas de esta formación en las elecciones europeas de junio.
Tal vez la noticia pueda relacionarse con el acuerdo alcanzado por el Consejo de la UE y el Parlamento europeo, en diciembre de 2023, para la reforma del sistema de Migración y Asilo; “supone imponer aún más obstáculos para acceder al procedimiento de protección internacional”, criticó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Asimismo denunció el Pacto la directora de la Oficina de Amnistía Internacional (AI) ante las Instituciones Europeas, Eve Geddie: “Este acuerdo hará retroceder durante decenios el derecho de asilo europeo”.
En lugar de priorizar las actuaciones solidarias, añadió la portavoz de AI, “los Estados podrán limitarse a pagar para reforzar las fronteras exteriores o financiar a países de fuera de la UE para impedir que la gente llegue a Europa”.
Una muestra de las políticas de brutalidad sistemática que se aplican en el territorio europeo se recogen en el informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) Muerte, desesperación y desamparo: el coste humano de las políticas migratorias de la UE, presentado el 21 de febrero.
La ONG concluye que en regiones y países como Libia, los Balcanes, el Mediterráneo Central, Polonia, Grecia o Italia se desarrollan políticas “cada vez más dañinas” (en enero el Bundestag –Parlamento alemán- aprobó una ley que facilitaba las deportaciones; un mes antes, la Asamblea Nacional francesa dio el visto bueno -con el apoyo de la extrema derecha- a un endurecimiento de la legislación migratoria, aunque el Constitucional francés derogó una parte significativa del articulado)
El documento de MSF se basa en las acciones humanitarias de esta organización -entre agosto de 2021 y septiembre de 2023- en 12 países africanos y europeos, así como en el Mediterráneo Central.
El reporte subraya cómo “las personas que buscan protección, principalmente de países de África, Oriente Próximo y Asia, se ven atrapadas de forma violenta en países no pertenecientes a la UE sin acceso a asistencia sanitaria ni protección debido a los acuerdos de externalización”.
Ejemplo de las políticas de externalización fronteriza de la UE son el viaje del titular de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en diciembre de 2023, a Senegal y Mauritania “para reforzar la cooperación migratoria” (el ministro socialista Albares Bueno estuvo previamente en el Reino de Marruecos).
Médicos sin Fronteras alerta –en su informe- de la situación de los atrapados: “Las personas bloqueadas en Libia, Níger, Túnez y Serbia son objeto de niveles alarmantes de violencia y coacción, incluidas redadas, desalojos y ataques por parte de las fuerzas de seguridad”.
Diferentes formas de precariedad, como la falta de acceso a la atención sanitaria, afectan a las personas atrapadas en Serbia, Níger y Libia; en estos dos países, MSF atendió a personas que habían sido interceptadas por la Guardia Costera tunecina y que después fueron expulsadas a Libia y Argelia.
Además Médicos sin Fronteras publicó -en diciembre de 2023- el documento Vas a morir aquí: abusos en los centros de detención de Abu Salim y Ain Zara, en Trípoli (Libia); “miles de personas, entre ellas mujeres y niños, son detenidas de forma arbitraria”, denunciaron los trabajadores de la ONG.
Añadían que los guardianes de estos centros hacen uso –a menudo- de la violencia “masiva” e “indiscriminada”, en muchos casos por la desobediencia de órdenes, el requerimiento de atención médica, demandar más alimento, o como represalia ante protestas o intentos de fuga (las personas privadas de libertad “sufren ansiedad, depresión, autolesiones e intentos de suicidio”).
Según la coordinadora general de MSF en Libia, Federica Franco, en los centros de detención “cientos de personas estaban hacinadas en celdas tan superpobladas que se ven obligadas a dormir sentadas, con vertidos de aguas residuales procedentes de fosas sépticas desbordadas y retretes atascados”.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó, el pasado 30 de enero, que cerca de un centenar de personas han muerto/desaparecido en el Mediterráneo Oriental y Central durante 2024, lo que supone más del doble que en enero de 2023 (se trata de la cifra más elevada desde 2016).
Según MSF, algunos supervivientes en el (barco de salvamento) Geo Barents afirmaron que habían emprendido en siete ocasiones la ruta marítima desde Libia; Médicos Sin Fronteras atendió a las personas que sobrevivieron a 12 naufragios frente a las costas italianas y griegas “que, en su conjunto, causaron hasta 875 muertos o desaparecidos”.
Además de los ahogamientos, rescates y naufragios en los mares Mediterráneo y Egeo, el informe Muerte, desesperación y desamparo menciona el resultado de las atenciones de MSF en territorios fronterizos; así, en la frontera de Polonia, en torno al 40% de los pacientes presentaba lesiones originadas por la infraestructura del muro.
Asimismo, “en las fronteras de Grecia, Bulgaria, Hungría y Polonia tratamos heridas y daños causados por la violencia con la que se acompañaron las prácticas de expulsión”.
Denuncias similares fueron planteadas, en marzo de 2023, por el Comité Europeo contra la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, que durante 2022 realizó visitas periódicas a Croacia, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal y San Marino; y nueve para el examen de cuestiones específicas en Azerbaiyán, Bélgica, Chipre, Grecia, Montenegro, Reino Unido, Moldavia, Rumanía y Turquía.
El informe del CPT recuerda que, desde 2009, ha recibido “numerosas alegaciones de malos tratos infligidos por la policía y los guardias fronterizos a los extranjeros, y ha visitado centros de inmigración cercanos a las fronteras que presentan condiciones deplorables”.
Médicos Sin Fronteras denuncia la situación de las personas que se ven forzadas a vivir en la calle o bien ocupar casas, después que se les niegue el asilo y los derechos vinculados a la acogida; los equipos médicos de la ONG han atendido a víctimas de esta forma de exclusión en Bélgica y Países Bajos; también, en Francia, a centenares de menores privados de la atención estatal.
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