El Salvador vive ahora una de las fases más fuertes de polarización a pocos meses de las elecciones legislativas y municipales. La izquierda, aun miembros del gabinete de gobierno, ven al país en camino de la militarización ilegal de la lucha contra las maras, principalmente, y del narcotráfico, ante el nombramiento de un militar en […]
El Salvador vive ahora una de las fases más fuertes de polarización a pocos meses de las elecciones legislativas y municipales.
La izquierda, aun miembros del gabinete de gobierno, ven al país en camino de la militarización ilegal de la lucha contra las maras, principalmente, y del narcotráfico, ante el nombramiento de un militar en la cartera de Seguridad Pública. Se visualiza al gobierno salvadoreño aplicando la fórmula de México: militarización, intervención foránea y la violación masiva a los derechos humanos.
La derecha, entre tanto, lo ve como un triunfo luego de más de dos años de fuego mediático en contra de que un miembro de la ex guerrilla dirigiera el Ministerio de mayor complejidad.
No ayudó al ex Ministro que la Fiscalía haya sido duramente cuestionada por su ineficacia y la fuerte presunción de que varios jueces están infiltrados por el crimen organizado. Se estima que más de un 90 por ciento de los crímenes quedan en la impunidad y las cárceles están cerca del 300 por ciento de su capacidad.
A principios de noviembre, los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos ratificaron un convenio llamado «Asocio para el crecimiento» mediante el cual, presuntamente, se eliminarán en 5 años los obstáculos para el nulo o bajo crecimiento de la economía, identificados por Washington como los altos niveles de delincuencia y la baja productividad.
El Presidente Mauricio Funes, quien llegó a la presidencia como candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el 2009, consideró el acuerdo una modalidad de cooperación sin precedentes.
Sin embargo, pronto renunciaría el Ministro de Seguridad Pública, Manuel Melgar, un ex guerrillero que no contaba con la simpatía del gobierno de Estados Unidos y quien denunció que el país del norte se negaba a compartir información sobre las redes principales del narcotráfico en El Salvador.
La realidad siguió al rumor y el 22 de noviembre, el Ministro de Defensa, General retirado David Munguía Payés, se convirtió en la cabeza de la seguridad pública, responsable de la Policía Nacional Civil, nacida con los Acuerdos de Paz hace casi 20 años.
Violación a los Acuerdos de Paz y la Constitución de la República
Los principales dirigentes del FMLN, incluyendo al actual Vicepresidente de la República y Ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén, así como el Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, se han expresado públicamente en contra de la militarización de la seguridad ciudadana.
Uno de los más importantes puntos de los Acuerdos de Paz firmados en México en 1992, fue arrebatar la seguridad pública de las manos de los militares quienes manejaban la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda, señaladas en la Comisión de la Verdad como los más fuertes protagonistas, junto a la Fuerza Armada, de masivas violaciones a los derechos humanos durante la guerra.
Se plasmaron en la Constitución de la República, luego, las funciones de la Fuerza Armada como responsable de la soberanía del Estado y de la Policía Nacional Civil, de la seguridad ciudadana «bajo la dirección de autoridades civiles».
Aunque el gobierno lo niega, algunos representantes de la izquierda ven fuertes coincidencias en que detrás del nombramiento del militar y de la planificación de otra «mano dura» (los últimos dos gobiernos de derecha ganaron las elecciones en parte por su oferta de la mano dura y súper dura) está la presión de Estados Unidos.
México quizá es el mejor ejemplo en América Latina de la militarización de la lucha contra los comerciantes de la droga, consumida principalmente por la población de Estados Unidos, en montos de miles de millones de dólares.
La intervención del Ejército y la Marina ha resultado en la muerte de miles y de convertir a las ciudades fronterizas entre las más violentas del mundo.
El aliado estratégico
El convenio, que carece de donantes reconocidos, fue una iniciativa del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante su visita en marzo a El Salvador. Siguen en la lista, Tanzania, Filipinas y Ghana.
Desde entonces, el gobierno de Funes ha enviado tropas a Afganistán y planea continuar haciéndolo, en oposición al partido que lo llevó a la presidencia.
En México, se ha organizado un movimiento que se opone a legalizar la intervención del Ejército en las acciones de seguridad pública.
En declaraciones durante una jornada de protesta, el poeta Javier Sicilia cuyo hijo fue víctima de los narcotraficantes, dijo «No queremos a los militares en esta guerra que ha dejado a miles de muertos».
Tal parece, por otro lado, que el modelo mexicano se seguirá reproduciendo con ganancias para los vendedores de armas, el narcotráfico que no disminuye y como perdedores la soberanía en seguridad pública, el crecimiento equitativo, los combatientes provenientes de los estamentos pobres y la población que se convierte en «baja colateral».
Felipe V. Ortiz es miembro del Sindicato de Periodistas Salvadoreños y Similares (SINPESS)
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