¿»Presionar» al gobierno o romper con un poder dispuesto a todo para imponer su reforma jubilatoria? Es la pregunta que se plantea abiertamente cuando, ante una movilización cada vez más fuerte y a una bronca creciente, Macron se mantiene inflexible, combinando la represión del movimiento social con múltiples propuestas de «diálogo» hechas a los sindicatos. […]
¿»Presionar» al gobierno o romper con un poder dispuesto a todo para imponer su reforma jubilatoria? Es la pregunta que se plantea abiertamente cuando, ante una movilización cada vez más fuerte y a una bronca creciente, Macron se mantiene inflexible, combinando la represión del movimiento social con múltiples propuestas de «diálogo» hechas a los sindicatos.
La pregunta cobra aún más pertinencia ante la «conferencia de financiación», que se abrió el 30 de enero, sobre el supuesto déficit del actual sistema de jubilaciones y pensiones: una conferencia cuyos objetivos son en sí mismos contradictorios con los de una movilización tenaz, a la vez cambiante y diversa en sus formas, que expresa una inmensa hostilidad hacia Macron y su gobierno.
RATP y SNCF: Los trabajadores «suspenden» la huelga (mediados de enero)
La conclusión unánime es que la huelga ilimitada, iniciada el 5 de diciembre en la RATP (buses y metro parisinos) y la SNCF (Ferrocarriles, sobre todo trenes de cercanías de la región de París), fue excepcional por su duración y encabezó la movilización general contra el proyecto de reforma jubilatoria del gobierno. Pero el agotamiento acabó por imponerse, y los huelguistas del ferrocarril y del metro parisino esperaron en vano que otros sectores profesionales se declararan en huelga reprogramable.
Finalmente el 18 de enero, después de 45 días de huelga, el sindicato UNSA-RATP (Unión Nacional de Sindicatos Autónomos – Ferroviarios) anunció la suspensión de la misma. El día anterior, sólo las asambleas generales de tres de las líneas de la red de metros de París habían resuelto continuar la huelga indefinidamente.
Esta declaración marca un punto de inflexión importante: este sindicato, el más grande de la RATP, desempeñó un papel principal en la organización de la huelga reprogramable, sobre todo si se tiene en cuenta que pertenece a una confederación sindical que apoya la esencia del plan del gobierno.
Así, en pocos días, terminó la huelga reprogramable en la RATP y en la SCNF, aunque hayan subsistido algunos focos de resistencia.
El gobierno podía entonces esperar que, rápidamente, el conjunto de la movilización se apagara, pero no fue así. La voluntad general de frenar la política de Macron permaneció intacta, lo que quedó de manifiesto el 24 de enero, el día en que la propuesta de reforma fue presentada al Consejo de Ministros bajo la forma de dos proyectos de ley, uno orgánico, el otro ordinario.
Viernes 24 de enero: un nuevo «punto fuerte»
Este nuevo «punto fuerte» de paros y manifestaciones fue más importante que el anterior del 16 de enero, pero sin llegar, sin embargo, a los niveles de diciembre: según la CGT (Confederación General de Trabajadores), hubo más de 350.000 manifestantes en París, y todas las manifestaciones en todo el país reunieron a 1,3 millones de personas (800.000 el 16 de enero). Incluso la policía tuvo que admitir un aumento claro del número de participantes. Tal fue el caso de Lyon (cerca de 20.000 manifestantes según los sindicatos).
El 24 de enero se produjeron aspectos observados ya antes: una presencia muy fuerte de la CGT, mucho menos manifestantes de FO (Fuerza Obrera), la presencia de muchos docentes, en gran parte detrás de las pancartas de la FSU (Federación Sindical Unitaria, sindicato de docentes, mayoritario), así como también una escasa participación de trabajadores del sector privado (con más paros parciales que huelgas). Una vez más, hubo un gran número de manifestaciones en todo el país (350 contadas), incluso en muchas ciudades pequeñas (en Bergerac – departamento de Dordoña – por ejemplo, con 650 manifestantes).
Pero estas manifestaciones mostraron al menos dos aspectos nuevos: la fuerte presencia de científicos, de investigadores y de universitarios, y la presencia -nueva por su importancia- de los abogados, en particular los menos acomodados (hay 70.000 abogados en el país y sus recursos son muy disímiles).
Otros sectores estuvieron presentes en las diferentes manifestaciones de manera significativa: trabajadores de las alcantarillas parisinas (mantenimiento de cientos de kilómetros de alcantarillas subterráneas), personal de los hospitales, trabajadores de la cultura, trabajadores ferroviarios (de nuevo en huelga ese día) y trabajadores del metro parisino. También fueron más importantes las manifestaciones de mujeres, las que denuncian que la reforma jubilatoria gubernamental empeorará aún más su situación, contrariamente a lo que dice el gobierno.
Movilización importante en la enseñanza pública
Los docentes se ven particularmente afectados por la iniciativa gubernamental, y la supuesta compensación prometida por el gobierno no cambiará la brutalidad de esta reforma. La caída del nivel de las pensiones de jubilaciones para ellos sería del 30%.
Por otra parte, los profesores de institutos y liceos se enfrentan a una profunda reforma del último ciclo de secundaria -que rechazan- y que se complementa con una reforma del bachillerato: en realidad, se trata de una verdadera destrucción de este diploma nacional, con la introducción de pruebas organizadas durante el año, instituto por instituto, las E3C (Pruebas comunes de evaluación continua).
Estos exámenes, que tienen lugar desde el 20 de enero, por primera vez, provocan la indignación de los profesores que rechazan la saturación permanente, la desigualdad de los alumnos frente a los exámenes (según el liceo y la zona socio-geográfica) y el cuestionamiento del carácter nacional del diploma.
En esta situación, en la que se combinan varias reformas para los profesores, se viene gestando el descontento profundo hacia la política del gobierno, descontento que se concentra contra esas E3C y muchos son los que intentan bloquear este nuevo sistema de evaluación.
A pesar de las afirmaciones del ministro de la Educación, Jean-Michel Blanquer, de que «todo va bien», la realidad es muy diferente. De un liceo al otro, en asambleas generales, luego a través de coordinaciones que adoptan diferentes formas (territoriales, sobre todo), los profesores resisten: negativa a supervisar los exámenes, negativa a elegir los temas o capítulos, retención de exámenes o de notas… Los estudiantes bloquean liceos e institutos, las iniciativas se multiplican. Muchas instituciones secundarias se ven afectadas de diferentes maneras, mientras que un sindicato de directores manifiesta su consternación por las dificultades a las que se ven confrontados.
La respuesta ministerial ha sido brutal: denuncias contra los profesores (por ejemplo, denuncias contra 13 profesores en Montbrison, departamento del Loira, en el Macizo Central), un dirigente sindical convocado en la comisaría, intervención policial brutal contra los alumnos de secundaria (intervención policial dentro del liceo Vaucanson de Grenoble), alumnos de secundaria detenidos por la policía, etc.
Todo esto no hace más que exacerbar la indignación de los docentes y alimentar las filas de los huelguistas y manifestantes.
Los investigadores se movilizan
Otro frente está emergiendo ante el proyecto de ley sobre la programación multianual de la investigación. En particular, los investigadores rechazan las nuevas formas de precariedad previstas por la Ministra (Frédérique Vidal), los contratos alternativos al estatuto de funcionario (como los contratos de tipo «tenure tracks»).
Así es como otras luchas empiezan a unificarse contra el proyecto de reforma de las jubilaciones. ¿Cuál es el punto en común? El profundo rechazo hacia el gobierno y de todas sus políticas, una lucha muy amplia en la que los trabajadores son la fuerza motriz, arrastrando detrás de ellos a otras categorías como, incluso, a los abogados.
Pero esos combates no pueden sustituir la lucha central contra el proyecto macronista de reforma de las pensiones y jubilaciones.
Paros sí, pero «presión» controlada
A partir del 5 de diciembre, y durante las largas semanas de huelga en la RATP y la SNCF, muchos esperaban que otros sectores considerados decisivos, en particular los estibadores portuarios y los trabajadores de las refinerías, se implicaran en la huelga: son sectores capaces de bloquear toda la economía, con importante afiliación a los sindicatos y que, en el pasado, han demostrado su capacidad de lucha. Esta expectativa era particularmente fuerte entre los trabajadores de los ferrocarriles y el metro de París. Otro sector que podía suponer una amenaza para el gobierno era el sector de la electricidad.
Durante semanas el aparato de la CGT (sindicato con fuerte presencia en la producción de energía eléctrica) manejó la posibilidad de que estos sectores se declararan en huelga, pero jugando contra reloj. Y durante los últimos dos meses, todo ocurrió como si el aparato hubiera querido «mostrar» al gobierno que podía llegar a bloquearlos… pero teniendo cuidado de no hacerlo.
Un ejemplo: ¿Qué pasa en los puertos? Se organizan acciones de «puertos muertos», acciones que duran un día o 72 horas seguidas. Así, del 15 al 17 de enero, luego del 22 al 24. Y una vez más el 29 de enero. En la práctica, en Marsella, por ejemplo, el puerto funcionaba al mínimo pero sin estar paralizado.
¿En las refinerías? La movilización ha sido real desde el 5 de diciembre, pero la situación varía enormemente dependiendo de cada sitio (ocho en total) y de cada momento. Y finalmente, durante dos meses, casi no hubo escasez de combustibles.
De hecho, si bien los huelguistas bloquearon la salida de combustibles, las refinerías siguieron funcionando. El ejemplo de Grandpuits (en Seine-et-Marne, a unos 50 km de París, propiedad de Total), una de las refinerías más implicadas en el conflicto, es ilustrativo: a partir del 5 de diciembre, los huelguistas bloquearon toda la producción, pero no cerraron la refinería, un procedimiento complicado pero clásico (para el mantenimiento, en particular). A partir de finales de diciembre, al estar saturada la capacidad de almacenamiento, los huelguistas, en lugar de detener toda la producción, dejaron salir una pequeña cantidad de producción. Finalmente, la huelga terminó el 27 de enero.
En Lavera, en cambio, cerca de Martigues (Departamento de Bouches-du-Rhône, sur de Francia), los huelguistas de Petroineos iniciaron el proceso de cierre de la refinería a finales de diciembre, luego lo suspendieron, y finalmente lo reanudaron el 7 de enero. El secretario de la CGT dijo: «Fueron los trabajadores los que decidieron ir más lejos, ni siquiera el sindicato».
Pero esto fue sólo una excepción. Por ejemplo, en otras dos refinerías cercanas a la precedente, incluida la refinería de Fos-sur-Mer (Esso), hubo bloqueos, pero no cierres.
El delegado de la CGT de la refinería de Fos reconoce, sin embargo, que el corte de la producción «es una buena idea para tener peso al crear escasez de combustibles, pero», justifica, «los trabajadores no están prontos todavía». ¿Los trabajadores o la dirección del sindicato?
¿»Presionar», «impresionar» o paralizar la economía?
En el sector de la generación de energía eléctrica, esta cuestión también se planteó. Las huelgas afectaron varios sitios, como la central nuclear de Chinon desde el 10 de diciembre. El 26 de enero, uno de los cuatro reactores de la central nuclear de Bugey fue cerrado por los trabajadores. Pero, en general, estas medidas no afectan la red de distribución ni el aprovisionamiento en electricidad.
En Isère (Departamento situado cerca de los Alpes del norte), el 21 de enero, por iniciativa de la CGT, los trabajadores de la central hidroeléctrica Grand’Maison votaron parar la producción y ocupar la planta. Como esta planta es la más grande de Francia, su cierre podría amenazar la red, al menos a nivel regional, en caso de un pico de consumo.
Pero esa no era la perspectiva de los iniciadores de la huelga (la CGT). Para evitar el colapso de la red, los huelguistas se pusieron en contacto directo con el gabinete del Ministerio del Interior y con el Comité ejecutivo de EDF (Electricidad de Francia), para lanzar la alerta en caso de emergencia. Y luego, en la noche del 21 al 22 de enero de 2020, restauraron parcialmente la producción.
El responsable local de la CGT fue muy claro: «No queremos molestar a los usuarios privándolos de electricidad, pero queremos presionar y decirles: Tenemos el control de la red eléctrica. Estamos dispuestos a resistir por tiempo indefinido, y somos capaces de pasar al acto, si fuera necesario ‘ir más lejos’, sería por la obstinación del gobierno». [1].
Claramente no se trata aquí de una lógica de ruptura con el poder, de avanzar hacia la huelga general, sino de una presión limitada frente al poder.
Aunque el derecho de huelga esté limitado en el sector de la generación de electricidad, esa limitación está a su vez sujeta a reglamentaciones: la dirección de EDF puede exigir a los empleados en huelga que garanticen la producción necesaria para equilibrar la red de distribución, pero el Consejo de Estado (decisión del 12 de abril de 2013) estipula que la dirección debe haber agotado previamente todos los medios necesarios para lograr ese equilibrio, en particular recurriendo al mecanismo del «borrado» (EDF pide en ese caso a ciertos grandes clientes que reduzcan su producción y por ende el consumo).
Con la misma lógica de «presión», en la segunda mitad del mes de enero hubo acciones «relámpago», que incluyeron cortes localizados de energía de unas pocas horas. Así, el 21 de enero, al sur de París, en Orleans, etc. ¿Con qué intención? El responsable de la CGT-Energía en el departamento Val-de-Marne explica que se trata de «impactar la opinión».
Esa táctica de «presión» sólo puede traducirse, en el mejor de los casos, en ajustes marginales del proyecto de ley, no en su retirada total. Para lograrlo e infligirle una derrota, es necesario enfrentarse al gobierno.
Riesgo de desbordes
Todo sucede entonces como si se tratara de canalizar el descontento de los trabajadores y trabajadoras.
Porque muchos trabajadores y trabajadoras están dispuestos a enfrentar al poder y podrían escapar al control de las direcciones sindicales. El movimiento de los chalecos amarillos causó una fuerte impresión, y algunos de ellos siguen estando presentes en las manifestaciones, a menudo encabezándolas. Los dirigentes sindicales deben tenerlo en cuenta.
Para esas direcciones, se trata de no ir demasiado lejos y de dosificar la presión sobre el gobierno. Por su parte, el Primer Ministro exige que los cortes de electricidad «salvajes» sean «sancionados».
Pero la voluntad de lucha de muchos trabajadores y trabajadoras sigue pesando sobre los sindicatos, con diferencias según los sectores y las empresas. Un representante sindical de la CGT del sindicato de trabajadores del alcantarillado de París, explica que «si hubiéramos bloqueado realmente nuestra herramienta de trabajo», las consecuencias habrían sido catastróficas, y añade: «No queremos llegar a ese punto. Pero puedo decirte que como sindicato, tenemos que frenar a los trabajadores, de lo contrario irían mucho más lejos.» [2] Esto puede llevar a fuertes tensiones dentro de las propias organizaciones sindicales. Ya se ha visto dentro de la federación sindical conciliadora CFDT (Confederación Francesa Democrática de Trabajadores), cuya dirección nacional tiene que hacer frente a una muy combativa CFDT-Rail (Trabajadores ferroviarios).
Lo mismo ocurre dentro de la también conciliadora federación sindical UNSA (Unión Nacional de Sindicatos Autónomos), cuya dirección nacional defiende los fundamentos del proyecto de gobierno, mientras que el UNSA-RATP (ferroviarios), por su parte, está fuertemente comprometido en la huelga contra este proyecto de reforma.
Y también lo vemos dentro de la propia CGT, donde algunos sectores minoritarios del aparato son críticos con la orientación de la dirección confederal y Philippe Martínez, el secretario general, siendo la divergencia esencial el nivel de «presión» que debe ejercerse sobre el gobierno, pero sin poner en tela de juicio la política de diálogo social aplicada por la confederación sindical.
En este contexto podemos apreciar una breve acción llevada a cabo el 20 de enero. Por segunda vez una incursión de sindicalistas entró en los locales de la CFDT. «Unas quince personas encapuchadas» (según la CFDT) supuestamente cortaron la electricidad durante «unos minutos». Esta acción simbólica fue reivindicada por 9 sindicatos de la CGT-Energía de Ile-de-France (Región parisina) que declararon: «con este corte de electricidad, es la conciliación de clases la que se ha quedado a oscuras».
La dirección confederal de la CGT tardó varias horas en desaprobar esta acción, la que también forma parte de las tensiones en el propio aparato de la CGT. Así pues, el objetivo de los que «invadieron» la sede de la CFDT no era sólo la CFDT…
Philippe Martínez (secretario general de la CGT), sin embargo, mantiene la misma orientación. La confederación CGT ha aceptado, durante dos años, participar en todas las reuniones de consulta relacionadas con esta reforma jubilatoria. Lo que quedaba por saber era qué haría después de la carta del Primer Ministro en la que se formalizaba (el sábado 11 de enero) la «conferencia de financiación» (de la caja de jubilaciones y pensiones) y se especificaba el mandato otorgado para esta conferencia, cuya apertura tuvo lugar el 30 de enero.
Durante más de quince días, la confederación permaneció en silencio. Se limitó a afirmar que la Conferencia no tendría margen de maniobra, sin especificar si participaría o no en la misma. El mismo silencio por parte de FO. Finalmente, dos días antes de la apertura de la conferencia, Philippe Martínez anunció que «sí», la CGT estaría presente…
«Vamos a ir a la ‘conferencia’ para decir lo que tenemos que decir»
Lo que quiere el gobierno -sin esperar la aplicación de su reforma- es introducir una «edad bisagra» destinada a retrasar la edad legal de la jubilación para ahorrar 3.000 millones de euros a partir de 2022 y 12.000 millones de euros anuales en 2027. [3].
La «conferencia de financiación», propuesta el 5 de enero por Laurent Berger, secretario general de la CFDT, y aceptada por el gobierno, tiene como objetivo encontrar otras medios para conseguir hacer los mismos ahorros (que permitan financiar la reforma gubernamental…). Y eso es lo que deben decidir los sindicatos que participan en la conferencia. El Primer Ministro ya estableció el marco: en particular, descarta cualquier aumento de la llamada «contribución patronal» para encontrar los miles de millones que se consideran necesarios…
Por lo tanto, esta conferencia debe considerarse como la cumbre y el objetivo final de toda la política de diálogo social llevada a cabo en los últimos dos años por el gobierno de Macron.
Con esto, resulta fácil entender que haya habido y que haya aún debates en el seno de la CGT y de FO y que haya sido necesario esperar hasta el 28 de enero para que Philippe Martínez anunciara [4] que la CGT participaría en esta conferencia, especificando que él no asistiría personalmente.
Un periodista que finge estar asombrado le preguntó a Martínez: ¿La CGT va a participar en una conferencia encargada de encontrar «medios para financiar una reforma de la que usted exige la retirada?» Respuesta: «Estamos presentes en todos los lugares donde podemos decir cómo mejorar nuestro sistema actual».
Más que claro está, perderemos por completo… excepto que, para los trabajadores, la participación en la conferencia (propuesta por la CFDT y apoyada por el gobierno) supone la idea de que, a pesar de todo, todavía habría una posibilidad de diálogo con este gobierno.
Para completar, unas horas más tarde, Yves Veyrier (secretario general de FO, Fuerza Obrera, desde 2018) anunció que participaría personalmente, en nombre de FO, en la conferencia.
En estas condiciones, se celebró el 30 de enero la primera reunión de la famosa conferencia, al final de la cual el Primer Ministro anunció una nueva reunión en Matignon (sede del gobierno) en «la semana del 10 de febrero», para tratar los temas del «trabajo insalubre», la «jubilación gradual», las «transiciones» y las «pequeñas pensiones garantizadas», todo en el marco de la reforma programada oficialmente.
Por lo tanto, ya no se trata sólo de discutir sobre la edad «crucial» o bisagra, sino de todos los puntos que la CFDT quiere abordar para dar su pleno apoyo a la reforma: es una discusión que se lleva a cabo sin salir del marco de este proyecto de pensiones por puntos.
De esta manera, el diálogo social, combinado con las huelgas y paros «para presionar», sólo contribuye a limitar la movilización.
Una movilización cambiante, heterogénea y duradera
El 29 de enero, hubo otro día de huelgas, paros y manifestaciones.
En comparación con el «punto culminante» o «punto fuerte» anterior, el número de huelguistas y de manifestantes fue significativamente menor, pero aun así significativo: en París, la mitad de manifestantes, según la CGT (180.000), así como en muchas otras manifestaciones en ciudades y pueblos del interior del país. En total y aun así, hubo en total varios cientos de miles de manifestantes.
Eso no significa que no habrá en el futuro nuevos movimientos. Por un lado, la huelga se está replegando en algunos sectores mientras que en otros empieza a desarrollarse. Es el caso de los sectores afectados por nuevos ataques anunciados por el gobierno, en los cuales la lucha puntual se combina con la movilización contra el proyecto gubernamental de reforma jubilatoria. Tal es el caso de la Universidad.
Así, en Guadalupe y Martinica (territorios franceses del Caribe), se llevó a cabo una huelga masiva y prolongada durante más de diez días en el sector de la educación.
Al mismo tiempo, continúan otras importantes luchas contra la política gubernamental, incluida la de los médicos de urgencias y los trabajadores de los hospitales, los que convocan una nueva manifestación nacional para el 14 de febrero.
La rabia crece; ¿Pero cuál es el objetivo?
Tanto el gobierno como algunos medios de comunicación se han alarmado por la creciente hostilidad hacia Macron. Llegaron a horrorizarse al comentar lo que gritaban los manifestantes: «¡Luis XVI, Luis XVI, lo hemos decapitado! ¡Macron, Macron, también queremos decapitarlo»!
Pero eso no es nada nuevo. Lo que quizás sea nuevo es la fuerza y la frecuencia con la que Macron y sus ministros son designados y atacados en las manifestaciones, pancartas y consignas, así como ocurrió en las múltiples manifestaciones relámpago, como los de los abogados.
El 45% de la población se declara «indignada» ante la situación social y en contra de la reforma jubilatoria.
El propio Laurent Berger, de la CFDT, está preocupado: «Si las negociaciones no avanzan, seguiremos en esta situación extremadamente explosiva», explicó el viernes 24 de enero.
El descontento social se transforma en bronca política y las diferentes reivindicaciones se entrelazan formando un rechazo total y profundo hacia el actual gobierno. «Estudiantes, ferroviarios, el mismo Macron, el mismo combate», rezaba una pancarta en una manifestación.
Pero el descontento y la indignación, no bastan para definir una orientación capaz de aislar, de debilitar y de vencer al gobierno.
Lo que es urgente para lograrlo es imponer a todas las direcciones sindicales que rompan con el diálogo social y que salgan ya de la «conferencia de financiamiento». La ruptura con el gobierno pasa por la ruptura con todo diálogo social. Este paso no es la solución final, pero nos permitiría deshacernos del primer obstáculo.
Notas
1. BFM TV, 22-1- 2020
2. Le Monde, 26-1-2020
3. Sobre la «edad bisagra», ver L’insurgé www.insurge.fr
4. Sur France Info, 28 enero 2020.
Serge Goudard es militante sindical, miembro del colectivo que edita el boletín L’insurgé http://linsurge-blog.blogspot.
Traducción de Rubén Navarro – Correspondencia de Prensa