En Costa Rica se ha creado un imaginario de «país de paz» y «país verde» que sirve para ocultar una realidad impresentable que contradice ese discurso. Una realidad que está lejos de ser paradisíaca y que está impregnada de sangre, agrotóxicos y destrucción de la naturaleza. De acuerdo con datos brindados por el movimiento ecologista, […]
En Costa Rica se ha creado un imaginario de «país de paz» y «país verde» que sirve para ocultar una realidad impresentable que contradice ese discurso. Una realidad que está lejos de ser paradisíaca y que está impregnada de sangre, agrotóxicos y destrucción de la naturaleza.
De acuerdo con datos brindados por el movimiento ecologista, en casi 40 años (1970-2019) se han registrado al menos 26 asesinatos de personas que luchaban por la tierra y los bienes comunes.
El crimen más reciente ocurrió en marzo pasado, cuando desconocidos asesinaron sin piedad a Sergio Rojas Ortíz, dirigente indígena y defensor de los territorios del pueblo Bribri.
Costa Rica posee también el récord mundial de mayor consumo de agrotóxicos por hectárea (18,2kg/Ha).
Según el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), durante el 2017 se importaron 18,6 millones de kilogramos de ingredientes activos, una tonelada más que el año anterior.
La Federación para la Conservación de la Naturaleza (Fecon) asegura que ese record tiene relación directa con la entrada en vigencia de los polémicos decretos ejecutivos 39995-MAG y 40059-MAG, actualmente impugnados en la Sala Constitucional1.
«Costa Rica sabe vender muy bien su imagen ‘democrática’ y ‘conservacionista’. Se ha metido de lleno a la ‘economía verde’ y se está proponiendo como laboratorio climático.
No es un caso que, entre octubre y diciembre, coorganizará con Chile la COP 252«, dijo a La Rel, Henry Picado presidente de la Fecon.
Sin embargo la realidad es muy distinta.
En Costa Rica el agronegocio es política de Estado. Las empresas que promueven monocultivos tienen asegurado todo tipo de subsidio, exención y exoneración de impuestos.
«Tenemos el caso de Pineapple Development Corporation – Del Monte (Pindeco) que recibió casi 3.400 millones de colones (5,7 millones de dólares), es decir cerca del 10 por ciento del total de subsidios otorgados al sector agroexportador», explicó Picado.
El activista ambiental recordó que el resultado de estas políticas siempre es el mismo: expulsión de poblaciones, acaparamiento de territorios, devastación ambiental y lavado de imagen a través del circo de la ‘economía verde’.
Represión de la protesta
Cuestionar el proyecto neoliberal y el agronegocio es peligroso.
El ejemplo más brutal que vivió Costa Rica este año fue el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, quien planteaba la defensa legal y legítima de las tierras de sus ancestros.
«Todo el mundo sabe que detrás del asesinato cobarde de Sergio están los terratenientes. Hay que identificar y castigar a los autores intelectuales y materiales del crimen.
Esto no puede quedar, como siempre, impune», exige Picado.
Hasta la fecha ninguno de los ataques mortales contra defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes ha sido esclarecido. Todos quedaron en la impunidad.
Movimientos campesinos y pueblos indígenas son los que más sufren los embates de una represión cada vez más profunda, que va de la mano con el estado de indefensión y la inacción de las autoridades.
Otros actores sociales, como el movimiento LGBT, que levantan reivindicaciones muy inconvenientes para el proyecto neoliberal, están sufriendo la misma criminalización y represión.
«Todo esto también tiene que ver con el ascenso de propuestas políticas y electorales vinculadas a sectas religiosas.
En este sentido, Costa Rica ha sufrido un viraje muy conservador que ha calado en amplios sectores de la población.
Hay todo un proceso de derechización cultural que crea las condiciones para una profundización de la criminalización de la protesta y de los ataques violentos a través de varios flancos», alertó Henry Picado.
La invasión de los agrovenenos
En el caso del registro, importación y comercialización de agrotóxicos, el presidente de la Fecon dijo que el gobierno está totalmente coludido con los sectores empresariales más conservadores.
«Los reglamentos de plaguicidas prácticamente están escritos de puño y letra por las empresas productoras y comercializadoras (de agrotóxicos).
Es por eso que estamos impugnando, ante la Sala Constitucional, dos decretos que pretenden propiciar la introducción de agrovenenos sin el control de las autoridades sanitarias y ambientales», explicó Picado.
La decisión final quedaría en manos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), generando un gigantesco conflicto de intereses.
«Lo que más nos preocupa es que la mayoría de estos productos genéricos son copias replicadas en China de plaguicidas, cuyos datos de pruebas y patentes han vencido.
Nadie tiene el control de cómo se producen y cuáles son sus efectos. Por esto insistimos que deben ser revisados bajo la ciencia y la técnica», sentenció Picado.
«Definitivamente que Costa Rica no es ningún país verde, ni país de paz. Es un país, como el resto de América Latina, lleno de contradicciones, pero con una clase dirigente muy hábil para usar elementos idiosincráticos y manipular la realidad», concluyó.
Notas:
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.