«Nosotras, todas somos ixiles»

El juicio que se estaba celebrando desde hace un mes y medio en Guatemala contra el golpista Ríos Mott y su jefe de inteligencia, Mauricio Rodríguez, se reanudó el 29 de abril, tras haber sido suspendido durante diez días antes por un juzgado de la capital. Un testigo protegido acusa al actual presidente Otto Pérez de coordinar las matanzas.

El juicio que se inició el pasado 19 de marzo en Ciudad de Guatemala contra el dictador golpista Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar, Mauricio Rodríguez Sánchez, señalados como máximos responsables de la masacre contra los indígenas ixiles, fue suspendido el 19 de abril por la Corte de Constitu­ciona­lidad (CC) de Guatemala, que dictaminó continuar con la vista el 29 de abril. La matanza de 1.771 indígenas ixiles y la violación masiva de mujeres de este pueblo, y otras aberraciones, se perpetró entre los años 1982 y 1983 por el Ejército, a las órdenes del golpista Efraín Ríos Montt, presidente del Gobierno de facto, y de su jefe de Inteligencia, Mauricio Rodríguez.

Más de cien testigos han declarado durante los primeros 30 días de la vista. La mayoría son mujeres ixiles supervivientes, que relataron a la jueza Jazmín Barrios cómo fueron violadas, en presencia de sus hijos e hijas, algunas menores de edad, que también fueron violadas por los mismos militares que después prendían fuego a las viviendas con bebés y adultos dentro. El relato de los hechos, ocurridos hace 31 años, ha sido respaldado por los informes independientes de 61 peritos: abogados y miembros de organizaciones no gubernamentales internacionales. Los testimonios durante el juicio, que incluyen a militares arrepentidos, han puesto al descubierto la política genocida de aniquilación de este pueblo ixil.

El actual presidente, Otto Pérez, implicado

Pero a la ultraderecha guatemalteca le ha preocupado especialmente este último mes la declaración de Hugo Reyes, mecánico militar que operó en el área ixil en ese tiempo y que ha declarado por videoconferencia que: «Los militares y los soldados a las órdenes del mayor ‘Tito Arias’, conocido como Otto Pérez Molina (…), coordinaban la quema y saqueo de la gente para luego ejecutarlos».

Tras este testimonio, Otto Pérez Molina, actual presidente de Guate­mala, negó ante los medios de comunicación que tuviera algo que ver con ese apodo. Días después, el 25 de abril, reconoció que Tito Arias era su «seudónimo de guerra» y que fue enviado a la zona en misión militar. Pérez Molina en 1982 apoyó el golpe militar de Ríos Montt. El actual presidente guatemalteco era entonces oficial del Ejército y fue destinado al departamento del Quiché, al norte, a la zona conocida como el triángulo ixil (municipalidades de Nebaj, San Juan Cotzal y Chajul) donde se cometió la masacre que hoy se trata de juzgar en Guatemala. Pérez Molina se formó en la conocida Escuela de las Américas, la misma donde fueron entrenados otros militares que cometieron crímenes de lesa humanidad en otros países de Latino­américa, como el general Videla en Argentina.

Violencia sexual La década de los ’80 fue la etapa más desgarradora de la historia centroamericana, aunque el conflicto armado en Guatemala se extendió 36 años, entre 1960 y 1996. En marzo de 1982 cuando la oligarquía militar guatemalteca obtuvo el poder político, económico y social a través de un golpe de Estado, encabezado por Efraín Ríos Montt. La represión se sistematizó a través de las Patrullas de Autodefensa Civil, controladas por los escuadrones de la muerte, que impusieron una política de violencia y tierra quemada. Durante este periodo, el Ejército y los paramilitares cometieron matanzas como las de Nebaj, en el departamento del Quiché, contra diferentes comunidades del triángulo ixil.

Los militares atentaron contra ciertos grupos indígenas, principal­mente ixiles. Todas las personas de esta comunidad fueron sometidas, torturadas, violadas y muchas asesinadas. Arrasaron sus pueblos parcial o totalmente; adoptaron medidas destinadas a impedir nacimientos, como agresiones a mujeres embarazadas a las que se les abría el vientre, se les sacaba el feto estrellándolo contra los árboles; se trasladaba por la fuerza a niños y perpetraron una violencia sexual sistemática contra las mujeres.

¿Por qué este genocidio?

Marta Casaús Arzú, politóloga e historiadora que ha investigado el racismo en Guatemala ha documentado los hechos, explica que el proceso genocida tiene varias fases. En el caso de Guatemala, la primera fase se establece por el desarrollo histórico del prejuicio racial y étnico en contra de los indígenas. La guerra trae nuevas formas de nombrarlos: «Subversivos, comunistas, guerrilleros o no normalizables». La intención es volverlos «normales», «borrarles lo ixil y ladinizarlos [hispanizarlos]», señala Casaús. Para eso, argumenta que se recurre a todas las tecnologías del poder para construir «este imaginario» sobre los indígenas. La segunda fase se da con una campaña de hostigamiento por considerar que el «otro» es el culpable de los males, asociando al indígena con la guerrilla. Los planes «victoria», «firmeza», «Sofía [centro administrativo]» consideran a las comunidades ixiles según la lógica de persecución del enemigo interno. La tercera fase se refiere al exterminio de un grupo étnico, y se lleva a cabo con «la protocolarización de la violencia». Casaús señala que la cuarta y última fase del genocidio trae una fuerte carga de racismo y de estigmatización del otro como ser inferior. Los testimonios y peritajes presentados en el juicio muestran que Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, al mando de las fuerzas militares, cometieron estos atropellos.

La sonrisa de los militares acusados por la muerte de más de 1.000 indígenas ixiles, en 16 matanzas colectivas diferentes, pone de relieve la impunidad de los responsables de las más de 200.000 muertes que dejó el conflicto en Guatemala según la Comisión de Esclarecimiento Histó­rico. La documentalista Lucía Cuevas, cuyo hermano y cuñada fueron asesinados en los años ’80, dice: «Cada caso es el eco del dolor de mucha gente, el eco de miles de historias similares». Así también han repetido otras mujeres en algunas pancartas estos días del juicio: «Su verdad es nuestra verdad, la violencia sexual es genocidio«. También el investigador Marko Chib’alam-Carrillo, de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, afirma: «Nosotras, todas somos ixiles».

«Aunque se les sentencie, no van a ir a la cárcel»

La investigadora guatemalteca Marta Casaús Arzú emitió uno de los 61 peritajes que se están siguiendo en el histórico juicio contra el golpista José Efraín Ríos Montt, expresidente de Guatemala, y contra Mauricio Rodríguez Sánchez, dirigente de la inteligencia militar. Casaús argumentó la relación del racismo de Estado con el genocidio perpetrado contra las poblaciones ixiles del país. Marta Casaús, catedrática de la Universi­dad Autónoma de Madrid, explica a DIAGONAL la importancia del juicio por genocidio que se desarrolla en Guatemala.

A un mes y medio del inicio del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y tras la suspensión del mismo, ¿cómo se ha desarrollado el proceso?

Para sorpresa de todo el mundo, estamos en una etapa enormemente avanzada. Ya han pasado los momentos más álgidos: las declaraciones brutales de genocidio, asesinatos masivos de las víctimas, también las declaraciones de los kaibiles [soldados de élite del Ejército de Guatemala], de los militares implicados y arrepentidos que han tenido que declarar como testigos protegidos y de un coronel que acusa no sólo a Ríos Montt, sino también a Otto Pérez Molina, actual presidente del Go­bierno de Guatemala, como directamente implicado en las masacres y genocidios del triángulo ixil

¿Cómo se puede definir el genocidio y cuáles son las evidencias que presentó para demostrarlo este juicio?

La definición de genocidio es muy vaga. La primera dificultad viene de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948) después de los juicios de Núremberg. Se plantea que genocidio es «todo aquel acto cometido en contra de un grupo nacional, étnico, racial o religioso con la intención de destruir total o parcialmente a ese grupo». Se precisa que es «todo aquel acto con la intención de». Se plantea que esos actos son «masacres colectivas y la intención del perpetrador es eliminar físicamente a un grupo étnico, el desplazamiento de niños y de población civil de un lado a otro».

Sin embargo, esta definición ha sido muy cuestionada por el concepto de la intencionalidad, que no se puede juzgar por parte del Estado porque es un elemento subjetivo y encubierto, no puede ser probado de casi ninguna forma. Lo interesante es que Ríos Montt y la cúpula militar están siendo juzgados por el código penal guatemalteco, donde se cambia el término de «intención de» por el de «propósito». El «propósito» es mucho más asequible, medible y menos ambiguo. También se cambia la idea de «intencionalidad del perpetrador» por el «sometimiento», que es un elemento mucho más concreto en el que podemos probar quién fue sometido a vejaciones o a torturas. Estamos más cerca de juzgar a dos personas por genocidio en Guate­mala. Los juicios de la Corte Inter­nacional están trabados. Es insólito que no se hayan podido declarar como genocidio los casos de Ruanda o Bosnia.

¿Qué significa para la sociedad guatemalteca que al general Ríos Montt esté siendo juzgado después de tantos años?

Como guatemalteca, como persona implicada en que se haga justicia y que se sepa la verdad en nuestro país, me parece muy lamentablemente que hayamos tardado 31 años en llevar a cabo este juicio, porque en este tiempo los militares implicados en el geno­cidio se han ido muriendo, han enfermado o se han ido del país. Otro implicado es López Fuentes, que está tan enfermo que no ha podido comparecer, con lo que sólo quedan en esta primera etapa dos de los implicados, el general golpista Ríos Montt y el militar Mauricio Rodríguez Sánchez. Lo importante es que es un juicio emblemático y lo interesante es que por primera vez se juzga por genocidio a un exdictador dentro de su propio país. Lo que implica es un nuevo cambio, una nueva esperanza para las personas, sobre todo, para las víctimas, para que se haga justicia y se cuente la verdad.

Poder llegar a sentar al dictador en el banquillo, ¿lo relaciona con que en América Latina se está juzgando también a Videla y a Bignone en Argentina?

Aquí confluyen un montón de fuerzas, de instancias e instituciones que vienen luchando de una forma muy valiente y comprometida por el Derecho internacional, la justicia transnacional, el Derecho interno, etc. Es importante que se haga justicia porque si realmente seguimos permitiendo la impunidad que hay en nuestros países, la prevención del genocidio será imposible, es decir, mientras los militares argentinos, chilenos, guatemaltecos, los ruandeses, etc., sigan libres y puedan pensar que pueden cometer esas tropelías y esos vejámenes no se va a hacer justicia. Hay que dar las gracias a los jueces Baltasar Garzón y a Santiago Pe­draz porque empezaron a darle un impulso notable al Derecho y a la justicia internacional.

¿Cómo se explica que esto ocurra justo en el momento en que Otto Pérez haya llegado al poder como presidente de Guatemala?

Yo creo que Guatemala está siendo presionada por la justicia internacional. Los juicios contra la dictadura de Guatemala celebrados en España fueron notables. El hecho de que se lleve a cabo por un presidente que, por lo que dicen algunos testigos, ha estado implicado en el genocidio llama la atención. No está siendo juzgado porque no se metió su caso en estos momentos, puede estar implicado pero no juzgado. Por otro lado, es el ministerio fiscal el que por primera vez toma la decisión de escuchar a las partes querellantes, tanto a la ONG Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos como a los abogados de las víctimas, y abrió el juicio.

Sin la fiscal Claudia Paz y su grupo de mujeres esto hubiera sido imposible. Pero ¿por qué lo permite Otto Pérez Molina? Es una incógnita. Podemos pensar que es porque es la mejor opción para dar legitimidad a la justicia y cerrar un caso excesivamente doloroso como es el de esta vergüenza internacional. «¡Qué mejor que cerrarlo con generales que ya tienen más de 80 años!». Aunque se les sentencie por genocidio o crímenes de guerra, ya no van a ir a la cárcel y aunque les caigan 3.000 años no van a tener tiempo para cumplirla.

¿Qué espera de este juicio contra el dictador Ríos Montt?

Espero que se haga justicia. Lo que hemos ganado ya es más que importante, es decir: a esas mujeres que han callado durante 36 años, que han vivido con ese dolor, con esa tortura permanente de no poder decir su verdad, de no poder entender por qué fueron sometidas a esas vejaciones y esas violaciones sistemáticas, se les ha escuchado. Por primera vez en un juicio se han sentado, han visto al responsable directo de los genocidios, al responsable de los planes del ejército y le han podido contar lo que pasó. Ellas son absolutamente conscientes de que eso las ha liberado, desahogado, les ha hecho sentirse otra vez dueñas de su vida.
Cuando una les pregunta qué piensan que va a pasar dicen «para nosotras ya pasó, nosotras ya contamos nuestra verdad, esperamos que se haga justicia pero sólo el hecho de haber sentado en el banquillo a estas personas, a nosotras nos da la impresión de haber empezado otra etapa de nuestra vida». A mí me parece de una enorme generosidad, para mí no es suficiente. Es necesario juzgar a estas personas no por crímenes de guerra, ni limpieza étnica, ni crímenes aislados, eso sería una vergüenza. Hay que juzgarles por lo que fue: un genocidio de carácter internacional sólo comparable con el holocausto y el genocidio de Ruanda, por las características.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/genocidio-guatemala-nosotras-todas-somos-ixiles.html / http://www.diagonalperiodico.net/global/aunque-se-les-sentencie-no-van-ir-la-carcel.html