En 2011 una empresa de Tesalónica especializada en materiales de construcción suspendió pagos, y fue recuperada por los obreros. Dos años después, en febrero de 2013, Vio.Me empezó a funcionar de modo horizontal y autogestionario, a recibir el calor de movimientos sociales y trabajadores de todo el mundo. Pasaron de utilizar abundante material químico en […]
En 2011 una empresa de Tesalónica especializada en materiales de construcción suspendió pagos, y fue recuperada por los obreros. Dos años después, en febrero de 2013, Vio.Me empezó a funcionar de modo horizontal y autogestionario, a recibir el calor de movimientos sociales y trabajadores de todo el mundo. Pasaron de utilizar abundante material químico en la producción, a fabricar productos de limpieza, jabones y detergentes naturales. Además, la materia prima ya no se importaba, sino que en muchos casos se obtenía del territorio griego. Emprendieron también una batalla jurídica para legalizar la ocupación. Introduce estas pinceladas Theodoros Karyotis, sociólogo, traductor y activista de la campaña internacional de solidaridad con Vio.Me. Considera que el sindicalismo ha entrado en declive en las últimas décadas, pero también se trata de una «crisis de imaginación, de aprender a pensarnos a nosotros mismos fuera del capitalismo».
Entre el 19 y el 21 de febrero se celebraron en Madrid las jornadas por un Plan B contra la austeridad y por una Europa democrática, pero Theodoros Karyotis pone algún matiz: «A veces pedimos un capitalismo más justo, inclusión en el mercado laboral y pleno empleo, pero lo que necesitamos es una autoorganización de nuestras vidas, un cooperativismo radical basado en la igualdad». Por eso reclama, incluso, un Plan C para Europa. Vio.Me es un ejemplo de democracia directa, pero hay otras muchas que intentan ir más allá de las instituciones existentes. De hecho, anuncia, en octubre está previsto el segundo encuentro de empresas ocupadas en Europa.
En el taller sobre «Lucha por los derechos sociales y laborales: formas tradicionales y nuevas prácticas en conflicto», el activista Sebastián Franco se refiere a la iniciativa del «Alter Summit», en la que participa desde hace tres años en Bélgica. Son más de un centenar de organizaciones que actúan en 20 países europeos con el fin de construir resistencias al neoliberalismo. Llama la atención sobre las ventajas de la lucha a escala comunitaria: «así somos millones de luchadores, lo que representa un gran potencial». La oposición a acuerdos comerciales como el TTIP se puede plantear como un gran «objetivo común», pero lo decisivo es que su retirada, si se produce, pueda proyectarse como «una derrota política de la UE». El 7 de abril está convocada la Jornada europea contra la comercialización de la salud y la protección social, en la que se denuncia la apertura de los «mercados de la salud» a proveedores privados (seguros, operadores y clínicas), además de las lógicas de gestión privada en instituciones públicas (subcontratación o «management», entre otras). Sebastián Franco ha apuntado acciones en Bruselas, Madrid y varias ciudades francesas, que podrían ampliarse a Grecia y Alemania.
En los debates de las jornadas por un Plan B, han proliferado las críticas contra el sindicalismo mayoritario, generalmente por su mansedumbre frente al poder. Pero hay excepciones. Mikel Noval, del sindicato ELA, destaca que esta organización es mayoritaria en Euskal Herria, pero pidió el voto negativo cuando en el estado español se convocó el referéndum sobre la constitución europea (febrero de 2005). La CGT, dominante en Francia, apoyó también el «no» cuando la pregunta por el texto constitucional se planteó en este país (mayo de 2005). «No todos los sindicatos mayoritarios somos iguales». A escala más reducida, Mikel Noval considera necesario incrementar el poder sindical en las empresas. Se apoya en ejemplos como el de Kutxabank (un banco constituido a partir de la fusión de las cajas vascas), donde se ha anunciado un recorte de plantilla que afectará a 276 trabajadores por la vía de la prejubilación, que se agregarán a los 1.098 empleos destruidos en los últimos cuatro años. Noval ha señalado asimismo la situación de otros 170 empleados que laboran como «eventuales» y precarios.
Otro frente de lucha sindical ha tenido lugar en las residencias para personas mayores de Bizkaia, donde en 2014 se logró que el convenio no aplicara la reforma laboral aprobada por el gobierno del PP, además de subidas salariales por encima de la inflación. En la renovación del convenio, la patronal pretende modificar estas condiciones, explica el sindicalista de ELA. Después de varios años de conflicto en el grupo Celsa Atlantic, dedicado a la fabricación de tubos de acero en las plantas de Vitoria y Urbina (Álava), Noval recuerda la represión de sindicalistas combativos que se enfrentaban al ERE de extinción (352 empleados). Las movilizaciones se han extendido al comercio. Los sindicatos vascos han logrado, «tras una dura pelea», que las tiendas y superficies de más de 150 metros cuadrados no abran domingos y festivos. Estos procesos de lucha han cristalizado en una «carta de derechos sociales» en la que han participado 167 organizaciones y la elaboración de un «programa social».
Abogado laboralista durante 38 años en Comisiones Obreras y representante jurídico de los trabajadores en lucha de Coca-Cola, Enrique Lillo considera que la izquierda «peca en muchas ocasiones de timorata». Dos titiriteros fueron detenidos y pasaron cinco días en prisión acusados de «enaltecimiento del terrorismo», por la representación de la obra teatral «La bruja y don Cristóbal» en los carnavales de Madrid. O el caso de los ocho trabajadores de Airbus, para quienes la fiscalía pedía pena de prisión por participar en un piquete durante la huelga general de septiembre de 2010. Resultaron finalmente absueltos. «Todo esto es inaceptable», zanja el sindicalista. El ERE de Coca-Cola afectaba en un inicio a más de mil trabajadores, pero la movilización sindical y las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo anularon los despidos. Lillo recuerda también el proceder de la Inspección de Trabajo, que levantó acta de la sustitución de huelguistas (el trabajo de la planta de Coca-Cola de Fuenlabrada lo estaban realizando operarios de otras plantas, sobre todo andaluzas). «También hubo suerte con el juez», remata.
A los trabajadores del teléfono de emergencias sanitarias 061 de Málaga se les distingue por una camiseta naranja, en la que puede leerse: «SOS 061». Adscrito a la Junta de Andalucía, el servicio permanece durante 25 años subcontratado a una filial del grupo ONCE. Además, «nuestra situación laboral viene regulada por el convenio del telemarketing», explica una de las representantes, que habla desde la «fila cero» reservada a luchas, movimientos y organizaciones. A pesar de que la subcontrata les ningunea, según el relato de la activista, y hay jefes que tasan el tiempo de respuesta a las llamadas telefónicas en un máximo de minuto y medio, «nosotras salvamos vidas, estamos en el primer eslabón de la cadena de supervivencia». Han de tomar decisiones sin pasar por el facultativo. En marzo de 2015 comenzaron un «encierro», que hoy continúa, y para el que recibieron sólo el apoyo de la CGT. En junio del pasado año iniciaron una huelga. Del comité de empresa, integrado por doce personas, ocho resultaron despedidos. «Podemos nos tendió la mano para que nuestras reivindicaciones llegaran al Parlamento andaluz».
Asimismo han participado en el taller del Plan B contra la austeridad los trabajadores de Telemadrid, cuyo conflicto tiene como punto de partida la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la comunidad autónoma (noviembre de 2003). Son 12 años de lucha. Un ERE afectó a 861 empleados del ente público en 2013. «Empezamos a denunciar la manipulación informativa y las contrataciones a precios muy superiores a los de mercado mucho antes de que nos despidieran», señala un miembro del colectivo de afectados. «Nuestra lucha social se convirtió, con el despido, en lucha laboral». El Comité de Empresa de Telemadrid ha documentado que más de una docena de directivos perciben salarios superiores a los 100.000 euros anuales. También ha aireado escándalos como los pagos a la productora del escritor Sánchez Dragó, que facturó al ente público 2,8 millones de euros por diferentes programas. Cada programa «Madrid Opina», de contenido político, implicaba el abono de 45.000 euros a la productora «New Atlantis» (Telemadrid aportaba los medios técnicos). El periodista Ernesto Sáenz de Buruaga se embolsaba 4.500 euros por cada una de las emisiones. Además, el tertuliano Hermann Tertsch cobró 500 euros durante cinco años por cada intervención de dos minutos en «Diario de la noche».
Durante 20 meses, los 150 trabajadores de la planta térmica de ciclo combinado Elcogas de Puertollano han realizado manifestaciones, «encierros» y cortado carreteras para protestar por la clausura de la central. «Éste es un sector estratégico, que debería ser nacionalizado», afirman. También han aportado su testimonio en el taller de «nuevas prácticas en conflicto» los técnicos de las subcontratas de Telefónica. Y la plataforma de despedidos de Bankia, cuyo ERE tiene ya tres años de recorrido. Sostienen que en una década ha quebrado una entidad con 300 años de antigüedad (CajaMadrid). El balance son 4.500 despidos (539 forzosos), con una media de edad de 45 años y la mayoría con una antigüedad de 25-30 años en la empresa. «Juegan con la dispersión de los trabajadores, intentan como sea romper la unidad». «Hemos sido abandonados por los sindicatos mayoritarios, sólo hemos recibido el apoyo de la CGT», lamentan.
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